El 27 de septiembre de 2017, la audiencia preliminar contra cuatro de los acusados del asesinato de Berta Cáceres fue aplazada por tercera vez debido a que el Ministerio Público no proporcionó la información necesaria al equipo legal de la familia de Berta. Esto plantea serias dudas sobre el por qué la Fiscalía no ha facilitado la información pertinente ¿Están protegiendo a alguien?

Más de un año y medio después del asesinato de Berta, ocho personas han sido arrestadas, incluyendo a tres individuos con vínculos con el ejército y dos con vínculos con la compañía DESA. Sin embargo, los que ordenaron el asesinato de Berta siguen estando libres. Además, la represión contra los que continúan la labor de Berta persiste, lo que indica que la estructura de la violencia sigue vigente.

La audiencia preliminar contra el segundo grupo de acusados estaba originalmente prevista para el 21 de agosto de 2017. Sin embargo, la Fiscalía no proporcionó a los abogados de las víctimas, ni a los acusados, la información necesaria para participar en la audiencia.

El juez dictaminó entonces que la Fiscalía tenía 48 horas para entregar la información solicitada y suspendió la audiencia hasta el 6 de septiembre. 48 horas iban y venían. A medida que se acercaba el 6 de septiembre, la Fiscalía no proporcionó la información necesaria por lo cual la audiencia se pospuso nuevamente.

Este es un paso fundamental para cualquier proceso legal y priva a las víctimas del derecho a la verdad. Como resultado, Víctor Fernández, abogado de la familia de Berta y COPINH, solicitó al juez que ordene al Ministerio Público que proporcione la información necesaria.

El 27 de septiembre de 2017, la audiencia fue suspendida una vez más, ya que aún faltaba mucha información. Más de un mes después de la orden del juez de proporcionar la información en un plazo de 48 horas, sólo se había proporcionado una pequeña cantidad de información.

Esta flagrante falta de respeto por el fallo del juez y el estado de derecho plantea serias preocupaciones.

¿Qué información no ha proporcionado la Fiscalía? Para empezar, la información que se encontró en el allanamiento de las oficinas de DESA. Recordemos que DESA es la empresa que estaba construyendo el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca al que se opuso Berta Cáceres. Un ejecutivo de DESA y ex jefe de seguridad han sido acusados del asesinato de Berta.

¿Qué fue incautado en las oficinas de DESA? ¿Por qué el Ministerio Público no comparte la información relevante con los acusadores privados? Además, hubo irregularidades incluso en el allanamiento mismo. El equipo jurídico del Movimiento Amplio para la Dignidad y la Justicia (MADJ), que representa a la familia COPINH y Berta, ha señalado que durante el allanamiento la Fiscalía no se apoderó de computadoras, no aprovechó ni se molestó en revisar toda la documentación, y no impidió que gente entrara en las oficinas sin permiso antes de que los agentes revisaran las habitaciones.

Otro elemento que el Ministerio Público no ha facilitado es el conjunto de datos pertinentes de los teléfonos, computadoras y otros aparatos electrónicos de Berta confiscados por las autoridades después de su asesinato, así como otros datos telefónicos relacionados con el caso.

Se han proporcionado datos de teléfono seleccionados, pero otros datos de teléfono no. Berta informó haber recibido llamadas telefónicas y mensajes de personas afiliadas con DESA. ¿Por qué no se ha informado completamente de estos datos? ¿Qué más se ha excluido y por qué? Esto es especialmente importante dado que en las audiencias iniciales, el caso del gobierno, parecía estar basado principalmente en datos telefónicos.

Esta no es la primera vez que la Fiscalía ha intentado mantener la información en secreto. Originalmente el caso fue declarado secreto y en mayo, la audiencia preliminar contra los otros cuatro acusados, también fue aplazada dos veces porque no se había proporcionado la información necesaria. Tras una conferencia de prensa en el exterior de la Fiscalía, se facilitó información limitada.

¿Por qué la Fiscalía no quiere divulgar toda la información relevante? ¿A quién se está protegido por el secreto, por las irregularidades en el allanamiento de las oficinas del DESA, por la falta de cargos contra los autores intelectuales? ¿Cuál es la información que el gobierno tiene que no parece querer proporcionar al equipo legal de las víctimas?

Mientras tanto, la represión que Berta enfrentó cuando estaba viva continúa contra otros miembros de COPINH, incluyendo a la actual Coordinadora de COPINH, Bertha Zúñiga.

Bertha y otros dos líderes de COPINH fueron víctimas de un ataque contra el vehículo en el que viajaban; hasta la fecha no se han imputado cargos contra los responsables. En cambio, Bertha fue difamada por denunciar el ataque. Además, el pueblo Lenca, en Río Blanco, continúa enfrentándose a amenazas, destrucción de su maíz e intimidación sobre una base regular.

Aquellos que literalmente les apuntan con armas y tratan de amenazarlos para que abandonen sus tierras ancestrales, a orillas del río Gualcarque, están libres a pesar de las numerosas quejas presentadas por los miembros de COPINH.

Según los miembros de la comunidad, una persona a la que identifican como un sicario vinculado a DESA continúa operando la región, y los ha amenazado con matarlos.

A los poderosos intereses que buscan construir con el Proyecto Agua Zarca no han renunciado y las amenazas contra los miembros de COPINH no han cesado.

Hay muchas maneras de construir la impunidad, incluso mientras se lleva a cabo un proceso legal. Si los autores intelectuales del asesinato de Berta no van a ser responsabilizados y la estructura de la violencia desmantelada, entonces la comunidad internacional debe tomar el caso más en serio.

No podemos creer, ciegamente, que se ha hecho justicia porque ocho personas han sido arrestadas. Mientras continúan las irregularidades, la represión continúa.

La audiencia preliminar contra los cuatro acusados restantes se ha programado por cuarta vez para el 24 de octubre de 2017.

¿Se mantendrá la Fiscalía desobedeciendo la orden del juez o se entregarán finalmente la información necesaria para que el caso pueda avanzar?

Más allá de eso, ¿habrá alguna vez la voluntad política de arrestar y llevar ante el juicio a aquellos que ordenaron el asesinato de Berta?