Salvatore Lucchese, italiano de nacimiento, es ex-director de la policía de San Diego en el Estado venezolano de Carabobo. También él ha querido salir a la luz para reivindicar en una entrevista a la Reuters su participación en el fallido atentado del 4 de agosto contra Maduro. Lucchese hace parte de la extrema derecha venezolana y, por su propia admisión, se siente “muy cercano” a la posición del ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, gran patrocinador del paramilitarismo, dentro y fuera de su país.

En el 2014, durante la violencia de calle organizada por las derechas para hacer caer al gobierno de Maduro (las guarimbas), Lucchese fue condenado a 10 meses de cárcel: se había rehusado a seguir la orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que instaba a las autoridades locales a permitir la libre circulación de las personas, impedida por los guarimberos armados. Con él, en base a la misma motivación, fue enviado a la cárcel de Ramo Verde otro italiano, Enzo Scarano, alcalde de San Diego.

Entonces, Lucchese fue expulsado de la policía y poco después también del partido Voluntad Popular (el partido de Leopoldo López, uno de los líderes de las guarimbas): “por divergencias con la dirección nacional”, ha dicho a la prensa Juan Guaidó, de VP. Cuando salió de la cárcel en el 2015, Lucchese ha permanecido activo en las esferas golpistas. Viendo llegar otra orden de captura, huyó a Colombia, donde ha continuado tejiendo las tramas entre Miami y Bogotá.

El arresto de seis personas, sospechosas de haber organizado el atentado con los drones explosivos, ha permitido evidenciar el organigrama de los Soldados de Franelas, el grupo armado que ha reivindicado el ataque. Una reivindicación que llegó desde Miami por boca de la periodista Patricia Poleo, prófuga por el homicidio del juez Danilo Anderson, encargado de investigar sobre el golpe contra Chávez en el 2002. También hacía parte de los Soldados de Franelas el ex-policía Oscar Pérez, que la oposición extremista ha tratado de transformar en un símbolo de la “resistencia” contra el chavismo.

A la “resistencia” y a la necesidad de volver a intentar otros atentados ha hecho referencia también Lucchese en la entrevista a la Reuters, precisando haber organizado el ataque junto a militares antigubernamentales y miembros de la “resistencia contra Maduro”. La fuerte presencia de la inmigración italiana en las filas de la extrema derecha venezolana, no es un misterio. Durante el linchamiento de Orlando Figuera, el joven afro-venezolano quemado vivo por los “guarimberos”, estaba visible la placa de una motocicleta, propiedad de un italiano presente.

Sólo la hipocresía de cierta “izquierda” italiana ha podido presentar estas figuras como “manifestantes pacíficos contra la dictadura” y hasta invitarlos al Parlamento, a costa de los contribuyentes. Y hoy, ninguna voz se eleva desde aquellos sectores para condenar el atentado contra Maduro, que pudo provocar una tragedia. La primera versión adoptada por los grandes medios italianos ha sido, como de costumbre, aquella difundida en Venezuela por los periódicos de oposición y por El País en España: insinuar que se trató de un montaje del “régimen” para distraer la atención de los problemas del país y “desencadenar la represión”. Y ahorita se preparan a denunciar.

Pero, ahora resulta que -sea en Miami como en Bogotá – muchos estaban en conocimiento de los preparativos del atentado. Jayme Bayly, otro tránsfuga de origen peruano que funge de periodista en Miami, además sostiene haber participado en la discusión organizativa del ataque, una semana antes del 4 de agosto. Uno de los arrestados, el ex-sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Carlos Monasterio, ha relatado en detalle la dinámica del atentado, ya programado en los meses precedentes, pero que falló porque los drones no llegaron a tiempo.

Monasterio ha reconocido todos los pasos y los reclutamientos, pasados por el Estado Carabobo, basados en Colombia y financiados por los Estados Unidos. El ex-sargento había sido arrestado el año pasado por el asalto al Fuerte Paramacay, siempre en el Estado de Carabobo. Atentado reivindicado con un video por militares de la “resistencia” encapuchados. Pero, recientemente Monasterio había sido puesto en libertad gracias a la amnistía concedida por “el dictador” Maduro. En su confesión ha involucrado a dos dirigentes de oposición, Julio Borges, de Primero Justicia, fugado en Bogotá, y el diputado Juan Requesens, que ha sido detenido ayer.

Ayer, la Asamblea Nacional Constituyente, instalada hace un año tras el voto de más de 8 millones de personas, se ha reunido en una sesión especial para discutir la abolición de la inmunidad parlamentaria a Requesens y Borges. El Parlamento (de mayoría opositora, y considerado “en rebelión” por los otros poderes de la República) por el contrario ha definido como “secuestro” la detención de Requesens y ha rechazado la tesis gubernamental.

Una tesis fundada, a más de las confesiones de los imputados y de los encuentros que han mantenido en los meses precedentes con representantes de la oligarquía colombiana y de las mafias de Miami, también por el incremento de declaraciones belicosas provenientes de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, que daban por inmediata la caída de Maduro. Una prueba de fuerza que, con aquella tragedia, habría provocado la situación adecuada para la intervención externa tan solicitada por las derechas y sus padrinos occidentales.

Traducción Gabriela Pereira