“A la Maccih la quiere liquidar Juan Orlando Hernández y Almagro”.

El “Chele” Castro, diputado de LIBRE

Hay una creencia generalizada entre funcionarios de organismos multilaterales de crédito e incluso agencias de cooperación externa, que la compensación social es la principal política pública para reducir la pobreza extrema. Se habla no solo de aquella pobreza atribuida a la ejecución de programas de estabilización y ajuste estructural, sino también a la pobreza estructural en un tipo de economías que, como la de Honduras, enfrenta serian limitantes para generar rápido crecimiento económico y empleos de buena calidad en sectores dinámicos (agroalimentario, forestal, industrial).

Los argumentos a favor de esta política, visible a través de programas de ayuda monetaria condicionada, son varios. El primero es la focalización. Los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC), atienden a aquella población que enfrenta pobreza extrema, o sea personas que no pueden cubrir ni una canasta básica de alimentos con sus ingresos, o no satisfacen la mayor parte de sus necesidades básicas. El segundo es la información, en tanto los gobiernos tienen pleno conocimiento de los beneficiarios y de sus familias, como también de sus verdaderas carencias en forma detallada; no hay filtración. El tercero es la garantía que los recursos asignados llegan a los verdaderos carenciados, y no hay fuga. Esto evita el mal manejo de los fondos y la corrupción. Finalmente, los recursos se entregan a los benefiarios (padres de familia) y se evidencia pleno conocimiento del cumplimiento de metas establecidas en educación (asistencia de los niños y niñas a las escuelas) y salud (asistencia y atenciones en salud y controles de la desnutrición infantil y post parto).

Un estudio del BID que documenta buenas prácticas de los programas de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) a 20 años de implementación en ocho países latinoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Costa Rica, Jamaica y República Dominicana), destaca que los “PTMC invierten importantes recursos en sistemas de focalización y monitoreo, que apuntan a asegurar la transparencia y el uso eficiente de los recursos invertidos en las poblaciones más pobres de la región. Por un lado, se garantiza la elección objetiva de los beneficiarios; por otro, se asegura que el pago de la transferencia sea condicionado al cumplimiento de condicionalidades asociadas con la acumulación de capital humano. De esta forma, se establece un contrato implícito entre el estado y la población, en el que el primero se compromete a redistribuir recursos hacia los que más los necesitan, y quienes reciben dichos recursos se comprometen a cumplir con medidas que promueve la acumulación de capital humano”. (BID: 2016, pág., 107).

En el caso de Honduras, esta no parece ser la conclusión después de cerca de 30 años de ejecución de los PTMC, aun cuando se hayan invertido cuantiosos recursos en los sistemas de registro y control de los fondos asignados y los beneficiaros. Ello, aun cuando, el gobierno de la República que preside Juan Orlando Hernández (JOH), ponga como programa estrella y publicite dentro de los países cooperantes y población, al Bono Diez Mil en la lucha y reducción de la pobreza extrema.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), han denunciado el desvío de 11.4 millones de lempiras del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), que deberían destinarse a los beneficiarios del Bono Diez Mil que era coordinado por el Programa de Asignación Familiar (PRAF). Estos fondos se destinaron para contratar vehículos blindados para trasladar activistas políticos y pagar propaganda del partido de gobierno y JOH en 2013, no para distribuir dinero, comida y otros equipos entre los benefiarios del programa.

De acuerdo a las investigaciones de la Ufecic-Maccih, la empresa “fantasma” denominada Servicios e Inversiones AID, responsable de realizar estas transacciones dolosas, fue creada con autorización de la Ingeniera Hilda Hernández, hermana de JOH, ya que ella no podía aparecer directamente por ser funcionaria pública. Aunque el uso de los recursos públicos para campañas políticas es una de las prácticas corruptas en las últimas elecciones generales ganadas por el partido de gobierno, llama la atención el uso de recursos asignados a un programa de compensación social supervisado por organismos de crédito que, caso del Banco Mundial, BID e incluso BCIE, han otorgado prestamos al gobierno mayores a los 500 millones de dólares para su ejecución.

Otro cuestionamiento que se hace a los fiscales y Maccih es la tardanza en las investigaciones y “despolvamiento” de estos casos de corrupción donde están involucrados altos funcionarios del actual gobierno, ya que además de la hermana del presidente, recién fallecida, se involucra a un Ex/ministro de la Secretaria del Ambiente. El cuestionamiento es extensivo al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que no actúa con la celeridad debida cuando se involucra a funcionarios del gobierno, parientes y diputados al Congreso Nacional.

En Honduras, los PTMC han sido insufientes para reducir la pobreza, pero todavía el gobierno de la República y los OFIs, los siguen utilizado como el principal instrumento de política publica para ello, sin importar el creciente endeudamiento (la mayoría de los recursos provienen de préstamos que hay que pagar) y la corrupción que arrastra. Gran parte de la población migrante proviene de hogares pobres, por lo que la compensación social no ha funcionado en tanto no solo migran jóvenes, sino también mujeres y niños (as). La información que se tiene de los pobres que serán beneficiados, es utilizada además para fines políticos electoreros, ya que funcionarios públicos amenazan con no entregar el bono a las personas que no asistan a las concentraciones políticas ni voten por el candidato a diputado, alcalde o presidencia de la República.

Es urgente revisar estos programas a la luz de los efectos e impactos que provocan, pero, ante todo, los costos que implican para las finanzas del Estado, sin que los procesos ejecutados den cuenta de mayor transparencia y menos corrupción, en tanto los sistemas de control, monitoreo y seguimiento son “supuestamente” y/o se venden como los mejores del mundo.

Tegucigalpa, DC, 26 de septiembre de 2019