La contundencia del movimiento social colombiano cristalizado en su más reciente ciclo con las potentes movilizaciones del 21 de noviembre del 2019 y sus posteriores expresiones bien puede constatarse en el simulado repliegue del gobierno de Duque en lo relacionado con su “paquetazo laboral, pensional y tributario”. Fruto de la correlación de fuerzas constituida con la movilización popular fue la renuncia momentánea de la elite gobernante a su programa neoliberal para adecuar el mercado laboral a los nuevos requerimientos del capital financiero internacional para ampliar sus inversiones en la extracción minera, la explotación agrícola, la contratación de la infraestructura y el aprovechamiento de recursos naturales como el agua.

Pero el repliegue duró poco y tanto la reforma tributaria como las medidas para cambiar el mercado laboral y el régimen pensional se han retomado con ímpetu, atrincherando sus agentes en puestos claves de la administración para avanzar en los arreglos legales correspondientes. Me refiero al traslado de Arango al Ministerio de Interior y al nombramiento de Custodio Cabrera como su reemplazo en el Ministerio del Trabajo

Parte del juego político es la insistencia del gobierno, a través de la Vicepresidenta de la República y del Director Administrativo presidencial, de realizar los encuentros con el Comité Nacional de Paro para formalizar un negociación del Pliego de los 104 puntos, abanderado por las centrales obreras y otras organizaciones civiles, universitarias y agrarias, en ocasional disputa endógena por cargos y figuraciones que permitan el acceso a prebendas y privilegios que no corresponden a la demanda estructural de la multitud en favor de una transformación radical del modelo económico y político imperante en Colombia.

Negociar o resistir es el gran dilema que se plantea al emergente movimiento social.

Tanto el Comité del Paro como la “supuesta” disidencia de la Cumbre agraria integrada por asociaciones afines a Timochenko-Lozada-Alape, orbitan en el ámbito de las mesas de negociación no tanto para hacer valer los derechos universales de los trabajadores y la ciudadanía sino para obtener prebendas que favorecen el enriquecimiento de grupos familiares tal como sucedió en el paro agrario del 2013 cuya negociación y acuerdos terminaron siendo fuente de privilegios otorgados por Juan Manuel Santos e Iragorri a la familia Quintero en el Catatumbo; a Gil en el Magdalena Medio y Buenaventura; a Gómez y Jerez en Anzor; y a Ballesteros en Fensuagro, convertida en un fortín de pequeñas burguesías agrarias acomodadas, parasitantes y estigmatizadoras de los líderes independientes.

La experiencia del movimiento social, popular y agrario de los últimos 10 años es una evidencia de la poca eficacia y utilidad de las negociaciones con los representantes del Estado.

Hay bastantes pruebas de tal hecho. Basta con citar el caso de los maestros; el paro cívico del Choco; el paro cívico de Buenaventura; el paro agrario del 2013.

O el Acuerdo con las Farc en La Habana hecho trizas sin contemplación alguna. Su resultado más notorio ha consistido en el salto de una parte de sus antiguos dirigentes (Timochenko, Losada, Granda, Alape, Ramírez, Calarcá y Catatumbo) para convertirse en escuderos del régimen de dominación oligárquica.

Esas negociaciones privilegiadas por los movimientos sociales tradicionales han sido, por lo demás, el terreno adecuado para que se den procesos de “transformismo” tal como los caracterizo Gramsci en su momento. Destacados líderes sociales terminan saltando la baranda para convertirse en agentes del régimen como lo hemos visto con varios dirigentes sindicales de la CUT, que fueron nombrados como Vice presidentes, alcaldes, embajadores y ministros del Trabajo. Un desastre para el movimiento social. Ahora mismo con esta negociación, urgida sospechosamente por Ramírez y Molano, no es nada improbable que Julio Roberto Gómez y otros del lado sindical y agrario estén preparando su acomodo en la alta burocracia oficial y en la suculenta contratación otorgada a discreción por el uribismo en el asistencialismo del DPS.

Desde el punto de vista teórico e histórico esa inclinación a la concertación no es algo ajeno a los movimientos sociales que dicen liderar la poderosa protesta social del 21N.

Tanto las centrales obreras como los sindicatos agrarios corresponden a un obsoleto modelo de articulación del pueblo. Iglesias (Ver https://eprints.ucm.es/8458/1/T30518.pdf ) ha señalado que ese tipo de organizaciones bien se pueden inscribir en las teorías de un marxismo ortodoxo y dogmático (sindicatos y centrales obreras); de comportamiento colectivo (Killian y Turner); elección racional (Olson); de movilización de recursos (Zald); de estructuras de oportunidades (Tarrow); de análisis de marcos (Goffman); y de NMS (Melucci y Touraine). Las mismas tienen prevista las mesas de negociación que institucionalizan los movimientos sociales.

Ese tipo de movimientos sociales siempre cierran con su incorporación a las instituciones oligárquicas dominantes.

Al hilo de ese razonamiento resulta pertinente plantearse otro esquema de relacionamiento de la actual protesta social con el gobierno de Duque.

La resistencia y la potencia de la acción colectiva es la alternativa adecuada

La resistencia es lo que interpreta mejor la actual movilización social integrada en su mayoría por jóvenes y precarizados surgidos con la hegemonía del modelo neoliberal, que, al margen de fábricas y entidades públicas debilitadas, ha propiciado la pobreza y la miseria de millones de seres humanos no necesariamente integrados a las organizaciones sindicales tradicionales.

En ese sentido la propuesta planteada por el Senador Petro de asumir como tarea central de la actual protesta social la recuperación del eje social de la Constitución de 1991 derogando las Leyes 100, 50, 30 y otros instrumentos del neoliberalismo, es lo que resulta conveniente.

Una estrategia en ese sentido, incluyendo procesos asamblearios locales (Ver https://www.elnacional.cat/es/cultura/asamblea-toni-negri-michael-hardt_414983_102.html ), regionales y sectoriales es lo pertinente, evitando así la manipulación deliberada del Conversatorio de Duque, de doña Martha Lucia y de Molano.

Ese Conversatorio y su Mesa de negociaciones es una trampa de la cual estamos avisados para no caer allí.

Sacar a relucir el tema de la “unidad” entre moderados y ultraizquierdistas, como lo sugieren algunos, es una pifia que refleja lo arcaico de la mentalidad de quienes la plantean como la gran alternativa para la actual protesta. Es la vieja monserga del romanticismo social de quienes desconocen las ventajas de la polarización y el liderazgo autónomo.