Cuando el señor Merino y su pandilla decidieron dar el golpe de Estado, ya sabían que el 80% de la ciudadanía estaba a favor de que el Presidente Martín Vizcarra permaneciera en su mandato e ir a las elecciones de abril de 2021. A pesar de ello acordó con los congresistas dar el golpe, un dato importante para entender el porqué, es que cerca de 68 de los 105 que votaron a favor de la vacancia, tienen abiertos juicios penales por crímenes que van desde la corrupción hasta asesinato. Decidieron caminar hacia esa opción, sabiendo que tendrían que enfrentarse a la población mayoritaria que repudiaría esta acción.

Uno: ¿De dónde y por qué esa convicción de impunidad?

Recibieron la bendición de los poderosos mineros, madereros y los grandes terratenientes nacionales y extranjeros. Los empresarios agrupados en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), el fujimorismo y el APRA, e indudablemente sectores de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, que están vinculados de una u otra manera a sus negocios (eso sí con pésima información de inteligencia). A estos hay que añadirle los intereses del crimen organizado a la cabeza el narcotráfico, que atraviesa tangencialmente casi toda actividad productiva en el país, sea vía la inversión directa y/o el lavado a través de la banca nacional y extranjera (Perú es el segundo productor de cocaína del mundo, después de Colombia).

Todos ellos previendo que unas elecciones cercanas podrían dar espacio a fuerzas progresistas o al menos restarle el poder que actualmente creen tener. Temor real o infundado, lo que les daría el gobierno de Merino, es la certeza de continuar gobernando en impunidad otro periodo. De todos ellos llaman la atención de los entendidos, el diputado Chacón, hombre de vieja trayectoria y el ex cura Arana del Frente Amplio, que con esta movida se evidenciaron, como uno más del montón que mueren por “el podercito” y que están envueltos en la corrupción.

Para mantenerse en el gobierno, Manuel Merino y compañía, utilizarán todos los recursos, incluyendo inventar el retorno de “terroristas”, lo que les permitiría profundizar hasta lo más duro la represión. Incluso pueden llegar a colocar coches bombas u otros inventos, tal como hicieron las fuerzas represivas durante el fujimorismo permitiéndoles reprimir, con toda impunidad, a las miles de peruanas y peruanos que han salido espontáneamente a protestar contra el Golpe de Estado. Es muy probable que ni ello les funcione porque estas multitudes pertenecen todas las clases sociales y están en todos los barrios desde la alta clase media hasta los populares desde donde han salido a repudiar el golpe.

Les va saliendo el tiro por la culata. El pueblo peruano, todas las clases sociales menos la oligarquía mencionada, le han dicho no a la impunidad.

Dos: ¿Por qué se fue sin batallar Martín Vizcarra?

En primer lugar por la falta de dimensión política e histórica. No saberse poner a la defensa de los intereses mayoritarios, al lado de la defensa de la Patria y la Soberanía. Quedándose tenía todas las de ganar o por lo menos de batallar con muchas probabilidades de éxito, incluso llegar con mejor pie a sus juicios por presunta corrupción. El otro tema y muy probable, es un tremendo temor sobre las acusaciones que tienen visos de chantaje con hechos mayores que no conocemos.

Para recordar a los lectores de Nuestramérica, seis presidentes peruanos comprometidos con crímenes y corrupción y ninguno ha sido capaz de evidenciar inocencia. Fujimori preso y condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción; Toledo, preso en EEUU esperando extradición; Alan García, tuvo como último acto, el coraje de quitarse la vida; Ollanta Humala y esposa, con juicios pendientes luego de pasar por prisión; Pedro Pablo Kuczynski (hombre de los EEUU, ex Gobernador del BID) extremadamente rico y en prisión domiciliar; y ahora Martín Vizcarra, a quien aún no se le probó nada, pero quien calla y sale huyendo parece que otorga. No dejamos de mencionar a la Candidata Keiko Fujimori, también comprometida con su marido estadounidense a actos de corrupción y lavado.

Tres: ¿Qué opciones hay por delante?

La opción legal es la intervención del Tribunal Constitucional, que puede desconocer la decisión del Congreso de mafiosos, y reponer a Martín Vizcarra como Presidente hasta el final de su mandato y las elecciones de abril de 2021. Requiere del sector patriótico y honesto de la Fuerza Armada, y de la decisión de Vizcarra de jugar a esta opción, aunque no parece probable dada su falta de coraje. La opción popular y democrática de continuar en la calle, con el alto costo en vidas humanas (un sector de la Policía está comprometida con la represión brutal, sembrando pruebas e inventando terroristas, ya hay tres asesinados y 40 desaparecidos) y no solamente por esta brutalidad, sino por la pandemia que se desarrollará inevitablemente.

Esta rebelión popular masiva y contemplada en la Constitución ante un gobierno ilegítimo, puede tener un final con la restitución de Vizcarra y la convocatoria a las elecciones de Abril y a convocar una Asamblea Constituyente o con la constitución de un gobierno de transición con los asambleístas que votaron en contra de la vacancia.

Alrededor de esta última opción es fundamental la UNIDAD de las fuerzas patrióticas y progresistas y por supuesto de la Izquierda honesta, capaces de encabezar el movimiento y dar la cara para las negociaciones que se requieren antes de llegar a la culminación de la creación de un gobierno de transición hasta las elecciones programadas. Esto se puede manejar desde el propio Congreso u otras fórmulas inéditas que aparecerán de la frágil institucionalidad peruana. Por ahora la consigna de que se vayan todos con Merino a la cabeza es la más inmediata.

15 de noviembre de 2020