Los intereses creados, arraigados en el fundamentalismo de mercado predominante en las políticas públicas desde la década de los ochenta, se reprodujeron a partir de una estructura jurídica particular, la que instauró directrices y prácticas que se fusionaron con la corrupción, la impunidad y el patrimonialismo. México, a lo largo de estos lustros, fue un referente de esa forma de manejar los asuntos públicos.
 

El estira y afloja en torno a la Ley de la Industria Eléctrica a lo largo del primer trimestre de 2021, evidencia justo esa proclividad del empresariado privado transnacional a emplear las legislaciones para reivindicar sus intereses creados y para afianzar el patrón de acumulación con el cual amasaron importantes privilegios, ganancias y fortunas durante las últimas décadas.
 

Ahora se inaugura una nueva etapa, en la cual se incide en las políticas públicas desde los amparos concedidos por jueces, al margen del interés público o el de la nación. Se frenan proyectos de gobierno desde la incidencia que tiene la oligarquía en el Poder Judicial, a partir de ciertas interpretaciones interesadas y convenidas de la ley.
 

La falsa disputa entre las oligarquías empresariales, los resabios de las élites tecnocráticas y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se enmaraña con ese uso faccioso de la ley, que pretende preservar los espacios de acumulación por desposesión abierto desde lustros pasados. Lo que este gobernante -y la facción de la élite política que él encabeza- pretende, es recuperar la legitimidad del Estado socavada desde el agotamiento del modelo desarrollista. Y esa legitimidad recuperada redundaría en la pronunciación de la misma lógica del capitalismo mexicano edificado desde 1980, aunque con otros rostros y nombres.
 

Para ello es fundamental la rectoría del Estado en ciertas esferas de la vida económica (particularmente en los asuntos energéticos). La aparente confrontación es por un asunto de pesos y centavos, de condonación o no de impuestos, de la reducción de tarifas relativas al consumo de energía eléctrica en establecimientos comerciales e industriales. El actual gobierno mexicano no pretende, ni de lejos, nacionalizar o expropiar bienes de propiedad o concesionados a particulares. Ni siquiera existe la inclinación a reivindicar mínimos indicios de una política industrial que suelte al país de las ataduras que impone el T-MEC -anteriormente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)- o los Tratados Bilaterales de Inversiones. Estos mecanismos neocoloniales obligan a los gobiernos nacionales a restituir privilegios o protecciones a favor de los inversionistas extranjeros cuando éstos ven comprometidas sus ganancias ante leyes nacionales que velan por el interés público. Estas empresas pueden llevar a México a litigios en tribunales supranacionales para exigir compensaciones respecto a los privilegios puestos en predicamento.
 

El mismo gobierno mexicano, a lo largo de las últimas décadas, se muestra timorato para exigir impuestos a empresas como las mineras establecidas en el país. First Majestic Silver, una empresa minera canadiense, demandará al gobierno mexicano ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, porque dicho gobierno le exige el pago de deudas fiscales por 500 millones de dólares. Entre varios juicios se calcula que México está demandado ante este organismo internacional por un monto que sobrepasa los 8.000 millones de dólares, lo que representa una suma que colocaría patas arriba a cualquier administración pública del mundo.
 

En ese contexto, si la autodenominada Cuarta Transformación no logra desmontar el andamiaje jurídico que instauró el fundamentalismo de mercado, entonces el modelo económico que éste entraña se perpetuará. Si el llamado neo-liberalismo precisó de reformas sustanciales a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salir de su "larga noche" amerita una nueva Carta Magna que sea el fundamento de una urgente Reforma del Estado que logre contener el socavamiento de la vida pública y la apropiación de ésta por parte de la iniciativa privada. Hasta el momento el actual gobierno federal no está dispuesto a ello, siendo ésta una de sus principales limitaciones.

Para posicionar en el horizonte una nueva Constitución Política, se requiere pensar con cabeza propia y que impere, entre los tomadores de decisiones, una mirada de estadistas. Las tres grandes transformaciones anteriores -la Independencia, la Reforma y la Revolución- fueron acompañadas por nuevas Cartas Magnas y por sendos debates legislativos que incorporaron demandas de distinto tipo, entre otras aquellas que colocaron diques a los privilegios e intereses creados.

Si en verdad el actual gobierno está convencido de regenerar la vida pública de México es impostergable desmontar el aparato legislativo que afianzó el carácter destructivo y voraz del mercado y del régimen de privilegios, así como vertebrar un nuevo proyecto de nación que enfatice un modelo de desarrollo que tenga como base el mercado interno, la nacionalización de las decisiones estratégicas fundamentales y el abatimiento de las desigualdades extremas.
 

La misma crisis pandémica impone la urgencia de soberanizar industrias como la farmacéutica y de reorientar a la industria energética hacia el mercado interno y hacia los cimientos de una política industrial de nuevo cuño. Sin un amplio programa de infraestructura, la recuperación económica se alejará en el horizonte y no se incorporarán a las masas de trabajadores desempleados y a las clases medias depauperadas. De allí la urgencia de que en esa nueva estructura jurídica e institucional se le impongan límites al rentismo, al neo-extractivismo y al carácter depredador de las oligarquías desnacionalizadoras.
 

Isaac Enríquez Pérez es investigador, escritor y autor del libro “La gran reclusión”. Twitter: @isaacepunam