Primero se crea el problema. La historia del narcotráfico en México está asociada desde sus orígenes a la demanda del ejército de Estados Unidos (EE.UU.) en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y luego de Vietnam. Los gobiernos de ambos países sostuvieron, soterradamente, acuerdos para los cultivos de marihuana en el norte del país.

Del florecimiento de cultivos en cientos de hectáreas en México, luego del procesamiento o empacado en su caso, el país se convirtió después en ruta de trasiego desde Sudamérica, particularmente Colombia, Bolivia y otros. Siempre con destino a Estados Unidos cuyo mercado demanda altas dosis, primero de marihuana ahora drogas sintéticas.

Las fronteras sur y norte de México se vieron saturadas, desde el paso hormiga, por carretera con los más audaces medios de transporte, hasta la circulación veloz por mar y no se diga los vuelos en avionetas capaces de aterrizar en pistas cortas de terracería, o los famosos túneles en la frontera norte.

No obstante, más pronto que tarde se descubrió que un negocio multinacional como este creció con la llamada “globalización” (de los años 90 a la fecha), que entre otras características derrumbó fronteras y pasó a ser más ágil —rápido en proceso de compra-venta—, al mismo tiempo que se volvió violento, porque de unas cuantas bandas del crimen organizado se pasó a palabras mayores.

Al crecimiento del negocio multimillonario como el de las drogas —sin dejar de lado otros como tráfico de personas y armas—, así como en Colombia se ideó el Plan Colombia que entró en vigor en 1999, en México se creó el Plan Mérida, de 2007-2008, los años de gestión del entonces presidente Felipe Calderón.

Con la estrategia estadounidense de pretendido “combate a las drogas”, que se adoptó para Latinoamérica en general, las agencias de “inteligencia” de EE.UU., como la DEA —sucesora de la CIA en materia de injerencismo en los asuntos de seguridad de la región—, se filtraron para tener el control del negocio de las drogas.

Qué decir del programa “Rápido y Furioso”, presuntamente con el fin de “rastrear” o dar seguimiento al destino de las 2,000 armas largas (sic) que se introdujeron a México desde la frontera norte, entre los años 2006 y 2011 que, claro, fueron a parar a manos de grupos delincuenciales.

Al grado que fue la Oficina de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), sí enfrentó desde el Congreso estadounidense el escándalo por “dejar caminar las armas”, una estrategia donde autoridades como Barack Obama, Hillary Clinton y el Departamento de Estado estaban al tanto, a fin, se presumió, de “rastrear las armas de fuego” al llegar a manos de los líderes de los cárteles de las drogas. Una forma de atizar la violencia.

En México, en cambio, ni entonces ni ahora se ha juzgado al menos al expresidente Felipe Calderón, quien debió estar informado así fuera por su entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna —hoy procesado por diversos delitos—, o precisamente por él quien tenía el control del país en materia de “seguridad”.

Dicho sea, porque al entreguismo de un presidente ilegítimo como Calderón fue obligado por EE.UU. adoptar posturas como de mayor injerencia de las agencias de seguridad estadounidense, para lo dicho: el control del negocio de las drogas, tanto en materia de cultivo como de trasiego y otras acciones “internas” de “control”.

El boyante negocio ha sido, si bien de los chapos, los zetas, los jaliscos nueva generación, o los hijos de aquél, finalmente y sobre todo de los grandes bancos estadounidenses y su mercado financiero; negocio de brazos internacionales.

Claro que el llamado “combate a las drogas” no ocurre en el propio mercado estadounidense, como en los demás países. Lo peor es que tanto en México como en Colombia es donde caen los muertos por el “control del negocio”, no allá, en EE.UU.

Es sabido que, durante los sexenios del PAN, con Vicente Fox, pero sobre todo con Calderón, y desbordado igual con Peña Nieto, los tres presidentes del PRIAN, al arribo de Andrés Manuel López Obrador el problema no tiene control. De igual manera los cárteles se han vuelto más violentos.

Claro que el “control” del problema, no digamos su fin, se ha vuelto todavía más complicado para el actual gobierno y su lógica de “abrazos no balazos”. Por eso no ha mejorado la seguridad, la primera promesa de todos los gobiernos, incluso de Obrador.

En la complejidad, el anuncio del presidente en el sentido de controlar a los agentes extranjeros como la DEA, a raíz de la detención del general Salvador Cienfuegos, titular de Sedena en el gobierno de Peña, aceleró las políticas de injerencismo y amenazas desde el Departamento de Estado, respecto a la política antidrogas de México.

La presencia de la Vicepresidenta Kamala Harris, así como otros funcionarios de las agencias de inteligencia, so pretexto de la migración y el desarrollo, entre otras promesas cosméticas, están terminando por forzar a México en seguir colaborando en materia de “seguridad” y el pretendido (fallido siempre, porque no se hace) combate a las drogas.

Claro quedó en el último acuerdo, de este 1 de julio, entre México y la DEA, en el sentido de fijar como “prioridad bilateral” la mejora de mecanismos para “compartir inteligencia contra el crimen organizado”. De poco o nada valió la pretendida “regulación” de agentes de otras naciones del Congreso de la Unión, porque ambas delegaciones se comprometen ahora a “reducir los daños del consumo y tráfico de drogas en la región” (Latinoamericana). Pero la cooperación sigue igual o más profunda.

Luego entonces, al parecer son dicho acuerdo la reforma reciente está rebasada. A partir de ahora la llamada “reducción de daños” implica retomar o hasta fortalecer los “intercambios de información” sobre actividades criminales. No porque no se haga de manera coordinada, solo porque en el arranque del tema de las drogas Washington presionó primero y ahora toma como pretexto para la injerencia.

Si se acepta que el problema de la inseguridad se creó por intereses ajenos a México —como del resto de países latinoamericanos—, al final se usa como excusa para violar la seguridad nacional de dichos países, México incluido.

El problema son las políticas derivadas de ello: es decir, cuando te acusa el Departamento de Estado por tu “incapacidad” para combatir a los cárteles, pero luego viene la amenaza de intervención directa. Te creo el problema, que es mi negocio, posteriormente de acuso y te amenazo violar la seguridad nacional.

1-2 julio 2021.