España: Un Estado de Derecho debe combatir la desigualdad y la injusticia

Benjamín Forcano

06/05/2014

Opinión

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Si no leo mal, nuestra Constitución diseña “Un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores la justicia y la igualdad” (art. 1), dentro del cual a nuestra vida individual y colectiva se les asegura una digna calidad de vida. Y son los poderes públicos precisamente quienes “deben promover las condiciones necesarias para que la igualdad del individuo y de los grupos sea real y efectiva “(Ar. 9,2).

Casi a diario podemos comprobar la befa a que es sometida la normativa de nuestra Constitución. El Gobierno podrá dar todas las explicaciones que quiera, pero los hechos pregonan una contradicción intolerable. Nos habla de la salida de la crisis y de haber dejado atrás la ruta amarga de la recesión. Y, sin embargo, los datos dejan al descubierto la cruda realidad: “Vivimos en un programa de inestabilidad que no dice cómo resolver los grandes problemas de la economía española. Europa vuelve a ser una ninfa, pero raptada por malos políticos, no por los dioses” (José Carlos Díez, “No dimitir”, El País, 2 de mayo de 2014). Y de este prestigioso economista y del mismo artículo suyo son los datos siguientes:

- Tenemos 6.000.000 de parados.

- 800.000 hogares no tienen ningún ingreso.

- Un 10 % de los trabajadores con salarios más bajos han perdido un 25 % de capacidad adquisitiva.

-Nuestra tasa de paro juvenil es la mayor en Europa después de Grecia. En lo que va de esta legislatura, el PP ha destruido el 25 % de empleo joven. ¡Cómo no van a marcharse los jóvenes de España!

-España cerró el 2013 con 17.000 millones de ingresos menos de lo previsto en su presupuesto.

-La presión fiscal es la segunda más baja de Europa.

- En el 2013, el PP dijo:

= El PIB crecerá un 0,2 % y cayó el 1,2 %.

= Se destruirá un 0, 4 % de empleo y se destruyó un 3,4%.

= La tasa de paro será de un 24 % y fue de un 26,4 %.

= El déficit público será de un 3 % y superó el 7 %.

= La deuda pública será del 82 % y está en torno al 100 %.

¿Alguien se cree que se van a construir en apenas dos años 700.000 viviendas y crear 600.000 puestos de trabajo?

Ni uno solo de los muchos capítulos económicos y sociales ha mejorado en esta legislatura, todos han empeorado. La brecha de la desigualdad y la injusticia lejos de aminorar se ha agrandado y consolidado.

Pero, hay otros hechos no menos indicativos de esta brecha creciente, siempre conculcando a sabiendas y ferozmente la Constitución.

La Constitución establece:

- “Todos los españoles son iguales ante la ley” (Art. 14) y “Tienen derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia” (Art. 35,1).

- “El respeto a los derechos de los demás es fundamento del orden político y de la paz social” (Art. 10, 2).

- “Queda prohibida la arbitrariedad de los poderes públicos (Art. 9,3) y “Los poderes públicos podrán realizar privaciones de bienes y derechos por justificación de utilidad pública o de interés social” (Art. 33, 3).

Antonio BRUFAU, presidente de la REPSOL (es sólo un ejemplo) decide recortar la mitad de su sueldo, que aun así le queda en 2,5 millones de euros, es decir, más de un millón de pts. Diario.

Teddy BAUTISTA, (es sólo otro ejemplo) denunciado y defenestrado de la SGAE (Sociedad General de Autores) después de 30 años de gestión, por delito continuado de apropiación indebida y administración fraudulenta e impedir a los socios el derecho de información y participación, pudiéndole caer hasta 10 años de cárcel, recibe alborozado la noticia de que:

-El 25 de marzo de 2014, el Juzgado de Primera Instancia Nº 9, de Madrid, desestima las alegaciones de la Aseguradora , de las Asociaciones y de la misma SGAE que lo denunciaron y sentencia que recupere la Pensión vitalicia pactada : 26.269 € mensuales y también las mensualidades no cobradas desde junio del 2012: 183.886 €.

Estamos en un Estado de Derecho, en que la ley es igual para todos, en que la vida y convivencia se rigen por los principios básicos de la igualdad y la justicia, donde los poderes públicos deben velar y hacer cumplir los derechos de todos los ciudadanos, donde miles de ciudadanos y de familias no disponen de recursos para satisfacer necesidades elementales, donde el Estado dispone de poderes para combatir el egoísmo, la arbitrariedad y la rapiña de ciudadanos indecentes. (El Sr. Batista cobra al mes por pensión lo equivalente a lo de 41 españoles por una pensión mensual de 630 € o lo equivalente a lo de 26 ciudadanos con una pensión de mil euros).

Esto es lo grave, y no son tan pocos los ejemplos que se podrían aducir. ¿Cuántos millones y millones podría el Estado recabar justa y legítimamente de estas y otras fortunas y acabar así con la crisis?

El Estado de Derecho, la Constitución, la Ética natural, las normas básicas del buen vivir, la solidaridad y el sentido común dictan que esto es intolerable e intolerable que los poderes públicos -administrativos, judiciales, políticos…- dejen impunes estos escándalos de lesa justicia y humanidad, que ponen en grave riesgo el orden económico y social de nuestra sociedad.

- Benjamín Forcano es sacerdote y teólogo.

https://www.alainet.org/es/articulo/85358?language=es