México

Rectificación presidencial sobre Iguala, Guerrero

Eduardo Ibarra Aguirre

06/10/2014

Opinión

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Hasta que la masacre de Iguala, Guerrero, cometida el 26 de septiembre “conmocionó al mundo”, para decirlo en palabras de Amnistía Internacional, el titular del Ejecutivo fijó desde Palacio Nacional una posición comprometida, dejando atrás el errático mensaje de la “debilidad institucional” en Guerrero y el llamado que hizo al gobierno de Ángel Aguirre a que asumiera sus obligaciones, el pasado 2 de octubre, en un intento por deslindarse de los gravísimos sucesos. Y lo hizo desde Coacalco, estado de México, municipio conurbado al Distrito Federal y que padece una crisis de inseguridad, sin contar con el fusilamiento castrense de los 21 adolescentes y jóvenes en Tlatlaya, el pasado 30 de junio.

Enhorabuena que Enrique Peña Nieto produjo un viraje en su posición inicial y asume las responsabilidades que le corresponden. Él lo explicó así:

“Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana. Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y, sobre todo, que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala. La sociedad mexicana, los familiares de los jóvenes, lamentablemente, que se encuentran desaparecidos, demandan, con toda razón, el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia, que se encuentre a los responsables de estos hechos y que no quepa aquí impunidad alguna.”

Claro el reconocimiento implícito de que la tardía reacción presidencial, pero más vale tarde que nunca, obedece al clamor que circula por la aldea global, aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su presidente lo hicieron cuatro días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares a favor de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Quizá porque Raúl Plascencia está atareado buscando la reelección.

Lo principal del pronunciamiento de Peña es la instrucción dada al gabinete de seguridad “para que actuemos en el marco de nuestras atribuciones y podamos contribuir al debido esclarecimiento de estos hechos, a dar con los responsables y aplicar la ley de manera estricta. En el estado de derecho no cabe, ante estos hechos de violencia que se han suscitado, no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad.” Un compromiso de esta naturaleza no debió esperar 10 días en una investigación ministerial donde las primeras 72 horas son claves. Ni siquiera en el país donde 93.8 de cada 100 delitos permanecen impunes.

Mas la tardanza no es privativa del presidente. El gobernador dejó pasar cuatro días antes de pedir el desafuero del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y el secretario de Gobernación que actuó en forma oportuna y ejemplar frente a las demandas del movimiento del Politécnico, afirmaba que la masacre era “un asunto local”.

Omisiones que datan de mayo de 2013, en que fueron ignoradas las denuncias ministeriales sobre los vínculos de Abarca con Guerreros Unidos, grupo que envalentonado exige “liberen a los 22 policías” involucrados en la matanza “o aténganse a las consecuencias”.

La negativa de la Procuraduría guerrerense a investigar el secuestro y asesinato de los activistas Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez, presuntamente cometidos por sicarios de Abarca Velázquez, así como la abstención de la Procuraduría General de la República a iniciar una averiguación previa por delincuencia organizada, es preciso que formen parte del trabajo de las corporaciones federales instruidas por Peña Nieto.

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