Tras un intenso trabajo de cabildeo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ha logrado una mayor receptividad a sus demandas, lo que abre el camino para que en la nueva Constitución, que elabora la Asamblea Nacional, se reconozcan algunos derechos de los pueblos indígenas.

La Asamblea fue electa con el fin exclusivo de reformar la Constitución y viene funcionando en forma paralela al Congreso desde el pasado 20 de diciembre de 1997, debiendo culminar su labor el próximo 30 de abril. Las propuestas centrales de los indígenas es que en la Constitución se reconozca al Ecuador como un "Estado plurinacional" y se incorporen los derechos colectivos de los pueblos indígenas como un paso para la reorganización del Estado. Así mismo, el movimiento indígena espera que el Congreso Nacional ratifique el Convenio 169 de la OIT.

Para tratar de ganar espacios tanto en la Asamblea Nacional, como fuera de ella, la CONAIE en conjunto con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Programa de Apoyo al Sistema de Gobernabilidad Democrática, organizó una mesa de concertación sobre pueblos indígenas que congregó, quizás por primera vez, a un amplio espectro de sectores políticos, intelectuales, gremiales y religiosos que discutieron, cara a cara, con dirigentes indígenas, antropólogos y miembros de ONGs. La particularidad de este evento es que estuvieron presentes, además de los asambleístas aliados de los indígenas, los representantes del Partido Social Cristiano, la Democracia Popular y el oficialista Frente Radical Alfarista que conforman la mayoría en la Asamblea Nacional y toman las decisiones finales.

Los consensos

En esta mesa de concertación se alcanzaron importantes consensos en los que se reconoce que la "cuestión de las nacionalidades o pueblos indígenas es un asunto de interés nacional, que debe ser tratado por todos los ecuatorianos, en el escenario de la democracia y resuelto en la institucionalidad del Estado y de la sociedad civil".

Así mismo se sugiere que la Constitución debe reafirmar el carácter plural del Estado ecuatoriano y que en ella se incluya una sección de derechos específicos así como de deberes de las nacionalidades o pueblos indígenas para con el Estado ecuatoriano. También se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, quienes deben ser actores de todos los procesos de desarrollo y de todas las decisiones políticas, económicas y culturales.

Los derechos específicos que deberían ser constitucionalizados son los siguientes: derecho a la identidad cultural; a la autonomía en sus territorios; a la participación plena en los organismos del Estado; al reconocimiento y utilización institucional de sus lenguas y al desarrollo de las mismas; al acceso a la educación y en particular al desarrollo de la educación intercultural bilingüe; a la propiedad de sus tierras y aguas comunitarias; al uso de los medios de comunicación; a participar en la administración y conservación de los recursos naturales renovables; a participar en los beneficios de los recursos no renovables; a la propiedad de su patrimonio histórico, cultural e intelectual; a servir a las Fuerzas Armadas voluntariamente; a usar símbolos y emblemas que los identifiquen; adopción de políticas permanentes de Estado para el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de las nacionalidades o pueblos indígenas.

El tema que, sin embargo, causa dificultad y resquemor es el realtivo a adoptar en el texto constitucional la denominación de "Estado plurinacional" por su connotación de un Estado formado por varias naciones. Los sectores que controlan la Asamblea estarían dispuestos a reconocer a los pueblos indígenas en los términos definidos por el convenio 169 de la OIT, no así la tesis del "Estado plurinacional".

Los pueblos indígenas, desde comienzos de la década de los ochenta, comenzaron a autodenominarse nacionalidades en la medida en que ocupan territorios, hablan lenguas propias, comparten una misma identidad así como costumbres y valores, y tienen una historia e idénticas aspiraciones de futuro. Así mismo, han señalado que las Constituciones del Ecuador han partido de una visión equivocada de un Estado uninacional y homogéneo, desconociendo la diversidad étnica y cultural. Sin embargo, han definido el alcance del término nacionalidad al señalar que con ello no pretende alcanzar la soberanía, y menos dividir al país o crear Estados dentro de otros estados, haciendo hincapié en la necesidad de reorganizar el Estado tomando en cuenta la diversidad de sus componentes.

Los consensos alcanzados en la mesa de concertación no son obligatorios, sin embargo ningún sector político se ha expresado en contra de los derechos indígenas. Lo que está pendiente es saber qué derechos específicos se reconocen en la Constitución y cual será el alcance de la reforma de la Asamblea Nacional.

Publicado en el Servicio Informativo # 269, ALAI, 30-03-1998, Quito