Campesinos y trabajadores rurales se movilizaron para protestar contra la política económica del gobierno presidido por el Gral. Hugo Bánzer y exigir tierra y territorios para los pueblos indígenas, y mejoras salariales para distintas ramas de trabajadores.

El 20 de enero, más de cinco mil campesinos de ayllus y cantones de las provincias cercanas a la Paz paralizaron momentáneamente la ciudad pidiendo al Gobierno que responda a sus demandas. La protesta fue reforzada por una marcha de trabajadores sindicalizados y comerciantes minoristas de los mercados.

El 21 de enero, las movilizaciones continuaron en Santa Cruz. Desde el día anterior, tanto del norte como del sur de esta ciudad, los campesinos salieron en sendas marchas denominadas "Por la vida, tierra y territorio", que llegaron al centro de la ciudad, en donde fueron recibidos por grupos de obreros con los cuales protestaron conjuntamente por las medidas implementadas por el gobierno. La movilización contó con la presencia del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Milton Gómez, quien se integró a la marcha a unos tres kilómetros del centro de Santa Cruz de la Sierra.

El objetivo de las jornadas, organizadas por la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y apoyadas por la COB, es el de exigir el cumplimiento del pliego único nacional de la COB y de los convenios suscritos entre autoridades y productores de hoja de coca, y reformas y enmiendas a la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, expedida en 1996. Los campesinos también exigen el reconocimiento de la propiedad de tierra a los pueblos originarios, atención a las zonas de desastre afectadas por el fenómeno de El Niño, y el incremento de co-participación tributaria. Los gremialistas (comerciantes minoristas), por su lado, rechazan la doble tributación y piden la anulación de un decreto referido a la reglamentación del Régimen Simplificado, que prohíbe la afiliación al sector de los vendedores de electrodomésticos, de cigarrillos y licores. "Estamos en la calle para forzar al gobierno hasta que atienda de manera positiva los reclamos de este pueblo.

En las campañas electorales, todos los partidos decían que iban a luchar por los pobres. Ahora, luchan contra los pobres", dijo Milton Gómez. El problema agrario La denominada "Ley INRA", que introdujo cambios a la reforma agraria implementada a partir de 1953, nuevamente es objeto de polémica e incluso de división entre las organizaciones campesinas e indígenas. Mientras la CSUTCB, con las movilizaciones, plantea al gobierno la inaplicabilidad de la "Ley INRA", porque abre paso a un período de mercantilización de la tierra, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), anunció que defenderá los logros contenidos en esta Ley y no permitirá su derogación. La "Ley INRA" fue objeto de un largo proceso de negociación entre el sector oficial, los empresarios y la CSUTCB, la CIDOB y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB).

En dos ocasiones, las partes interesadas llegaron a un consenso sobre el contenido de la ley, sin embargo este acuerdo no fue respetado por el gobierno de Sánchez de Lozada, quien introdujo nuevos cambios al momento de enviarla al Congreso. Esto dividió a las organizaciones indígenas y campesinas: mientras la CIDOP llegó a un entendimiento con el régimen para aprobar la ley, argumentando que ésta posibilita el proceso de titulación de los territorios indígenas, la CSUTCB se opuso. En la actualidad, la CIDOP enfatiza que asumirá una actitud intransigente para defender la Ley, pese a las presiones de empresarios, madereros, ganaderos, traficantes de tierras y otros sectores, que tal vez sin desearlo les "siguen el juego" y propugnan la derogación de esa ley. Reglamento a "Ley INRA" La CSUTCB, por su lado, también cuestiona el reglamento de la misma Ley, expedido el 31 de julio de 1997, justo antes de que el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada concluya su mandato.

Este reglamento, no garantiza la reversión de tierras para los indígenas y campesinos, por el contrario permite la consolidación de los latifundios. En el caso de expropiación a medianas y empresas agrícolas por el no cumplimiento de la función económica social, el reglamento establece que ésta se determinará a través de inspecciones de campo que son fácilmente corrompibles por quienes detectan el poder económico. En lo que se refiere a las dotaciones de Tierras Comunitarias de Origen, en vez de basarse en las prácticas tradicionales de uso de suelos y recursos naturales de las comunidades y pueblos indígenas, el reglamento establece que se sometan a los criterios gubernamentales de uso de la mayor cantidad de la tierra y "extensión espacial necesaria", lo que favorece a los ganaderos.

La Ley INRA y su reglamento está ocasionando problemas y conflictos entre campesinos y "nuevos patrones", dijo Román Loaiza, secretario ejecutivo de la CSUTCB. En varias comunidades de Cochabamba, San Julián (Santa Cruz) y Caranavi o Palos Blancos (La Paz) se han producido enfrentamientos por la posesión de las tierras. Por ello, agregó Loaiza, se ha recomendado a los campesinos a nivel nacional no permitir el ingreso de "gente extraña" a sus comunidades de origen. Titulación de tierra indígenas Oficialmente a los 32 pueblos indígenas se les ha reconocido más de 14 millones de hectáreas como territorio, sin embargo, éstos aún no son propietarios de esas extensiones en tanto no concluya un proceso de "saneamiento", previsto en la actual legislación agraria.

Los indígenas temen que el anunciado "saneamiento" consagre la ilegalidad en la distribución de las tierras, porque no garantiza la nulidad de los títulos fraudulentamente obtenidos y de los procesos agrarios irregulares, lo que impide la recuperación de tierras para su posterior entrega las comunidades indígenas.

En los territorios reconocidos en favor de los indígenas habitan ganaderos o colonos a quienes se les reconocerán los derechos que expongan, en tanto que a los indígenas, en caso de que el territorio que sobre no garantice su supervivencia, se les compensará en otros lugares, según han anunciado las autoridades del INRA. El dirigente indígena Valentín Muiba señaló que la mayoría de familias del Oriente, el Chaco y Amazonia continúan sufriendo violaciones de derechos humanos y depredación constante de su territorio.

Los madereros, ganaderos y empresarios mineros continúan con sus actividades que atentan contra el medio ambiente, en contraste con los indígenas que han convivido por siglos con la naturaleza y han utilizado de manera apropiada los recursos renovables y no renovables. En caso de que no sean atendidos por el régimen de Bánzer, en particular en lo que se refiere al pliego único nacional de la COB y al cumplimiento de los acuerdos suscritos por los campesinos con las autoridades, los dirigentes de la CSUTCB anunciaron que iniciarán un plan nacional de bloqueo de caminos.

Publicado en el Servicio Informativo # 266, ALAI, 28-01-1998, Quito