Treinta y cuatro Ministros, representantes de casi todos los países de las Américas, se reunieron en Toronto (Canadá) del 3 al 4 de noviembre pasados, para avanzar en el desarrollo del gran Acuerdo que culminará con la creación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), prevista para el 2005. También lo hicieron para ratificar su creencia en que el libre comercio, regional y global, es la vía para generar el crecimiento y la prosperidad en el hemisferio y que, para lograrlo, hay que eliminar cualquier barrera, política o medida que pueda afectar al comercio y la inversión, e incentivar el comercio mundial. Con ese afán, desde el 1 de enero del 2000 se pondrán en marcha diversas medidas específicas para reducir los costos aduaneros de las transacciones y crear un mejor ambiente para el comercio. Se destaca entre estos pasos a seguir la eliminación de los subsidios a los productos agrícolas y la prohibición de su reintroducción bajo cualquier forma. Se espera lograr un acuerdo al respecto durante la próxima reunión de la Organización Mundial de Comercio. La Declaración de la V Reunión Ministerial sobre el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) reconoció las diferencias que ubican a los países en posiciones asimétricas ante el mercado y, para resolverlas, propugnó un trato diferencial para los países de economías pequeñas, los de la Región Andina, el CARICOM y Nicaragua. No obstante, aunque es explícita la unanimidad de criterios sobre las "bondades" del libre comercio, la reunión de Toronto visibilizó que las prioridades y procedimientos no lo son tanto. Tan es así que ciertas sesiones, como la dedicada a establecer un marco para el establecimiento de prioridades para lograr un acuerdo en el 2005, se vieron obstaculizadas o pospuestas por la ausencia de países tan importantes como México o los Estados Unidos, mientras los países del Mercosur se oponían a tomar decisiones sin estos participantes. Estados Unidos esperaba que se agilizara el acuerdo hemisférico sobre información y tecnología (propuesto por Clinton en julio de 1998), cuya aplicación entraría en vigencia a partir del 2000, así como el acuerdo sobre Propiedad Intelectual (TRIPs) y, la pieza clave de la demanda estadounidense: el establecimiento de sistemas de "control y flexibilidad" para habilitar a los importadores a obtener bienes antes de que hayan completado los requisitos administrativos o el pago de aduanas. Mientras que el Ministro canadiense Pierre Pettigrew, quien se reclama del post-modernismo, reconoció que "...la globalización puede ser una fuerza peligrosa, que descarte a los países pobres y los vuelva el botadero en el cual el mundo eche sus desechos tóxicos o se dediquen al comercio sexual", pero, agregó, es posible humanizar la globalización a través del fortalecimiento de la libertad comercial para lo cual es necesario que el hemisferio actúe unido para que la globalización sea benéfica para los pobres. El seguimiento de esta reunión ministerial se hará a través de nueve comités temáticos, entre ellos uno que se encargará de viabilizar la participación ciudadana. Se espera que un borrador de los acuerdos podría ya ser analizado en la próxima reunión, el 2001 en Argentina, apuntando a que en el 2005 el Area de Libre Comercio de las Américas sea una realidad. Entre las actividades externas que realizaron los Ministros figura el encuentro con el Foro "Nuestra América: hacia un acuerdo entre los pueblos", donde además de recibir el documento de propuestas, respondieron, según sus parámetros, a las preguntas sobre aspectos sociales, exclusión y de derechos humanos encaminadas por el Foro. El Foro "Nuestra América" La Alianza Social Hemisférica es un movimiento popular y sindical, que tiene la misión de vigilar la transparencia y la validez que tiene para los pueblos la creación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), prevista para el 2005. Con esos propósitos se realizó en Toronto del 1 al 5 de noviembre, el Foro "Nuestra América: hacia un acuerdo hemisférico de los pueblos", con el doble objetivo de: consensuar un documento de propuestas que fue encaminado hacia la Reunión Ministerial y delinear estrategias para las futuras acciones de la Alianza. Las propuestas de la Alianza se articulan en torno a la generación de propuestas ciudadanas para un desarrollo sustentable y justo, la vigencia de los derechos sindicales y laborales, el combate a la pobreza y la exclusión social. El documento que resultó de dicho Foro expresa diversas preocupaciones relativas al proceso de creación del Area de Libre Comercio de las Américas, la transparencia en las negociaciones para su constitución; y propone nuevas vías para que los acuerdos comerciales se establezcan bajo criterios respetuosos de los derechos humanos y con la participación democrática de las organizaciones ciudadanas. Como lo expresó Warren Allmand, del Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático, "El comercio no puede ser un fin en sí. A lo mucho es un medio para mejorar la suerte de un mayor número de personas en la tierra y, por lo tanto, deben ser concordantes con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos". Pues, enfatiza la Alianza Social Continental, "a través de las reglas de liberalización establecidas por los programas de ajustes estructurales y los acuerdos comerciales, nuestros gobiernos han ido perdiendo los instrumentos con los cuales podían proteger los derechos laborales y sociales y el medio ambiente. Los gobiernos han perdido la capacidad de defender la cultura, la capacidad de promover la seguridad alimentaria, la biodiversidad, y el desarrollo sustentable. Están perdiendo la capacidad de dirigir la inversión y el comercio de manera que éste beneficie a la población de cada nación y a la región como un todo". Conclusiones del Foro (extracto) Llamamos a nuestros gobiernos a asumir su responsabilidad con todos sus ciudadanos, y no solo con aquellos pocos que ya tienen los medios para beneficiarse de la creciente circulación de bienes, de servicios, y de capital. Les llamamos a analizar cuidadosamente bajo qué condiciones el aumento de comercio e inversión es beneficioso, y bajo qué condiciones es dañino, en vez de simplemente asumir que siempre es beneficioso. La seguridad alimentaria y el bienestar social de nuestros pueblos no pueden someterse a la lógica de la competencia comercial. Llamamos a nuestros gobiernos a privilegiar los derechos de los pueblos en vez de los derechos de las corporaciones. Los instrumentos comerciales deben servir como instrumentos para un desarrollo justo y sustentable, y no como un fin en sí. Creemos que el ALCA no debería existir a no ser que incluya una agenda social e incorpore la protección del medio ambiente y el respeto por los derechos humanos y laborales. Debe existir una amplia participación de la ciudadanía en las negociaciones de cualquier tipo de acuerdo. Cualquier acuerdo debe considerar el respeto a los derechos sociales y económicos de los trabajadores, mujeres, campesinos, pueblos indígenas y los trabajadores/as migrantes. Llamamos a nuestros gobiernos a terminar con la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a la educación, la erradicación de la pobreza, por la democracia, y el desarrollo sustentable utilizado en el proceso de la Cumbre de las Américas, y la práctica actual de articulación de los acuerdos comerciales entre ellos, lo cual privilegia los intereses de los inversionistas y las corporaciones transnacionales. La inversión, las finanzas y la deuda en las Américas "El comercio internacional juega un papel importante en la construcción del bien común, aunque no debe considerarse como un fin en sí ni como un mecanismo que aporte automáticamente al bien común", señala el documento "La inversión, las finanzas y la deuda en las Américas" producido por la Alianza Social Continental, a la vez que señala que lo que está en juego en las negociaciones del ALCA es la liberación de las posibilidades de las transnacionales de cualquier control estatal, sin establecer ningún compromiso de éstas hacia los pueblos. Este hecho tiene repercusiones concretas, tanto en la contratación de mano de obra como en el uso de materia prima o los criterios de producción, pues los inversionistas tienen la libertad total para ejercer las opciones que les sean más beneficiosas independientemente del contexto en el cual su producción o comercialización se realice. Los mercados tienen igualmente libre opción sobre la transferencia de tecnología o capitales, siendo que éstas no tienen que rendir cuentas a nadie sobre sus opciones de inversión. Más aún las reglamentaciones que se están negociando prohiben dichos controles y restricciones o cualquier exigencia dirigida a beneficiar a las poblaciones locales. De allí que las decisiones sobre las libertades comerciales inciden directamente en el destino de los pueblos y sus prácticas democráticas, en cuanto los efectos percibidos hasta aquí en ese proceso expresan claramente la tendencia hacia el debilitamiento de las iniciativas locales y la ampliación de los flujos de capital y un alejamiento de éstos del principio de creación de empleo desvinculándolo de las economías nacionales. A esto se suma la limitación creciente, impuesta por los propios gobiernos de los países más afectados, para establecer criterios que determinen el tipo de inversión que cada país requiere para responder a sus necesidades locales. El ingreso indiscriminado de capitales externos, propiciado por los gobiernos, ha generado en América Latina y el Caribe una significativa pauperización de las condiciones de trabajo y está en vías de hacer desaparecer las libertades y derechos sindicales. La inestabilidad en el crecimiento y los desequilibrios macroeconómicos producidos por esta forma de inversión extranjera se caracterizan por su carácter especulativo y volátil y, por lo tanto, contribuyen en poco o casi nada al crecimiento o desarrollo local. La mayoría de los países de la región han transitado en los últimos años hacia una mayor dependencia no sólo de estos capitales sino también de los flujos de mercancías -que incluye hasta los productos de primera necesidad-, organizados en base a los estrictos intereses del capital; muchos países viven bajo presión sobre los precios de sus productos de importación, principal fuente de ingresos de divisas. "El rol regulador del Estado en muchos países se ha restringido a ir ajustando la legislación y la institucionalidad económica a los intereses y propósitos de los grandes grupos económicos locales y de las empresas transnacionales, cuyos intereses han pasado a identificarse como si fueran los del país", relativizando cuestiones como la soberanía económica, los derechos colectivos e individuales, y hasta la propia libertad empresarial o la inversión de capitales locales menores, que son rápidamente absorbidos por los mayores. Recomendaciones de la Alianza (extracto) La inversión extranjera es bienvenida a nuestros países siempre y cuando adhiera a los reglamentos que garanticen los derechos económicos y sociales de los ciudadanos y promueva la sustentabilidad. Ningún tratado internacional sobre inversiones, tal como el ALCA, ni tampoco ninguna institución, tal como la OMC, debe impedir a los gobiernos de exigir los requisitos de desempeño cuando ellos sirvan al desarrollo económico, la protección del medio ambiente, u otros legítimos objetivos. Sostenemos que los gobiernos deberían gozar de la capacidad de exigir que los inversionistas cumplan con las metas nacionales, regionales o locales o con la compra local de insumos; el contratamiento de mano de obra local; la transferencia de tecnología apropiada; y los incentivos para la reinversión de las utilidades. Promovemos la idea de que los gobiernos deberían tener el poder necesario para fomentar las inversiones productivas capaces de incrementar los vínculos entre la economía local y la nacional -como también la mundial-. A la vez deben eliminar inversiones que no contribuyen al desarrollo, sobre todo la especulativa y la inversión de cartera de muy corta duración, la cual conduce a flujos rápidos de capital, creando inestabilidad y crisis económica. La exclusión social, el empleo y la pobreza Advirtiendo los peligros de una globalización desregulada, que se expresa en el incremento de los índices de la pobreza y las desigualdades, como también los trastornos sociales, la marginación, la degradación ambiental y, sobre todo, la exclusión social, provocados por la adopción de medidas orientadas a fortalecer la libre acción de los capitales, la Alianza Social Continental cuenta desarrollar propuestas y acciones para fundamentar una estrategia justa para la integración económica. Como paso previo se señala la reparación de la deuda social interna, la garantía del goce de los derechos humanos y las mejoras de los términos del comercio internacional para las naciones del Sur. Por eso la Alianza hace un llamado a los gobiernos a no avanzar en las negociaciones para expandir el comercio y la integración económica hemisférica hasta que no se hagan explícitas las metas en términos de democracia, sustentabilidad, y la erradicación de la pobreza, "Si el ALCA no va a favorecer dichos objetivos, debe ser rechazada o radicalmente modificada", pues "los gobiernos deben reconocer los vínculos entre la inversión y el comercio liberalizado y las limitaciones en promover el desarrollo humano sustentable", señalan. "Es excesiva la cantidad de gente simplemente excluida de la estabilidad laboral, empleos estables, acceso a bienes raíces, vivienda y crédito, y del acceso a la educación, servicios de salud y un medio ambiente sano. La exclusión social ha acarreado graves trastornos a la cohesión social, puesto que ha incrementado la inseguridad, la migración, la degradación ambiental. Somos demasiados los que estamos en la imposibilidad de ejercer nuestros derechos democráticos y contribuir a dar forma a las economías nacionales, de manera a que éstas cumplan con el objetivo de responder a las necesidades de la gente y no de un pequeño grupo de inversionistas", señala la Alianza Social Continental. Pobreza y exclusión (extracto de recomendaciones) La liberalización económica en nuestro continente no ha contribuido a la eliminación de la pobreza y la desigualdad. Creemos que con la expansión económica, el problema de la desigualdad seguirá creciendo si no es confrontado directamente. Es más las decisiones sobre la economía de la región no deben ser tomadas sin previa consulta pública. La opinión de la ciudadanía debe complementar a la democracia ejecutiva. Los gobiernos deben asegurar que los tratados de libre comercio del hemisferio, respondan a, y sean guiados por, una perspectiva de desarrollo humano y el principio de justicia social. Se debe incluir como objetivo principal en cualquier acuerdo de libre comercio del hemisferio, la eliminación de la pobreza y la reducción de las desigualdades dentro de, y entre, las naciones, al igual que entre los sexos y las razas. Como condición previa a cualquier acuerdo comercial hemisférico de libre comercio, las naciones otorgadoras de créditos deben condonar la deuda externa de los países en vías de desarrollo. Las naciones donantes de nuestro hemisferio deben implementar el compromiso de las Naciones Unidas para canalizar el 0,7% del PNB al desarrollo internacional. Los gobiernos deben tomar en cuenta las grandes diferencias en los niveles de desarrollo económico en el hemisferio cuando se entra en cualquier acuerdo comercial y se deben establecer mecanismos que compensen el desarrollo social. Los gobiernos deben reconocer su rol y responsabilidad en: - facilitar el debate democrático sobre acuerdos internacionales de libre comercio, asegurando la participación de la sociedad civil; - implementar políticas económicas y sociales que fortalezcan el bienestar de toda la ciudadanía; - responder a las necesidades específicas de las mujeres en el presupuesto nacional y en la ayuda externa.