Ciudadanas para una nueva era
24/03/1997
- Opinión
A la cabeza de los avances realizados por la humanidad en este siglo que
termina, se ubican dos elementos trascendentes: el reconocimiento universal
de la calidad de sujeto histórico de las mujeres y la introducción del
concepto género, que ubica a los "sexos" como grupos socio-económicos
definidos, interrelacionados, históricos y, por lo tanto, sujetos a
transformaciones.
Estos avances, que rompieron con siglos de estancamiento en los cuales se
consideraba a las mujeres y a los hombres como grupos biológicos, naturales e
inamovibles, sólo fueron posibles gracias a un proceso político y
organizativo de las mujeres, quienes, a lo largo del siglo y a lo ancho del
planeta, articularon un marco propositivo, basado en el cuestionamiento de
las relaciones socio-económicas y de poder entre hombres y mujeres, cuyo
alcance abarca desde lo doméstico hasta lo global.
El postulado de que las desigualdades de género se construyen y se reproducen
en una relación social mediada por elementos económicos, ideológicos y
políticos, ha puesto en evidencia que la transformación de las relaciones
desiguales entre hombres y mujeres involucra dialecticamente a estos dos
grupos sociales, pues cada uno de ellos es condición y consecuencia de la
existencia del otro.
Políticamente, este proceso ha permitido la legitimación del movimiento de
mujeres, lo que ha posibilitado delinear una identidad colectiva, afirmar las
necesidades de cambio y proponer líneas de acción propias. Este avance
político está generando la adopción de políticas nacionales e internacionales
que significan, de manera implícita, el reconocimiento de la necesaria
transformación de un problema histórico y estructural.
Los derechos de las mujeres y las propuestas societales
Las luchas del movimiento de mujeres se han situado en todos los ámbitos,
cuestionando las estructuras pero también los comportamientos personales, y
de manera singular buscando su participación ciudadana en el quehacer común
de la sociedad y en el poder.
En la actualidad, América Latina y el Caribe se destacan en el panorama
mundial tanto por la vitalidad del movimiento de mujeres como por la apertura
creada para las propuestas de género en diversos sectores, movimientos e
instituciones. Pues hoy en día son muy pocos los actores/as y sectores que
no se han planteado aún, desde una diversidad de matices, la creación de
espacios de participación de las mujeres, en sus marcos generales o en rubros
específicos.
Y, es justamente, insisto, la demanda de participación y acciones concretas,
expresadas desde el movimiento de mujeres, el principal motor de estos
cambios. Así, por ejemplo, la historia reciente de la región registra la
inclusión de propuestas de género en el movimiento de derechos humanos quien,
al confluir con el movimiento de mujeres, fue encaminado a reconocer e
integrar en su cuerpo propositivo y reivindicativo, el postulado de que los
derechos de las mujeres son derechos humanos y que la violencia de género
constituye una vulneración de estos.
De igual manera, el movimiento campesino, indígena, negro, ecologista, y el
conjunto de los movimientos ciudadanos, están empeñados en el desarrollo de
respuestas específicas, para enfrentar la imbricación de las desigualdades de
género con cada una de las singularidades expresadas por ellos.
Este primer paso en el reconocimiento social de las desigualdades de género,
abre sin duda la posibilidad de ampliar, profundizar y concretar la igualdad
futura. De allí que el movimiento de mujeres, principal actor de estos
avances societales, contempla en su agenda global un amplia gama
reivindicativa, que podemos agrupar en los siguientes ejes centrales:
ciudadanía y participación; derechos humanos, principalmente reproductivos y
sexuales, económicos y sociales.
Problema número uno: enfrentar la pobreza y la exclusión
Aunque el movimiento de mujeres no ha desplegado aún acciones regionales,
acordes con la dimensión del impacto de los actuales procesos de exclusión y
agravación de la pobreza, su agenda enfoca invariablemente esta problemática,
desde diversas posturas.
En todos los países, las mujeres han hecho público que ellas afrontan, casi
exclusivamente, la responsabilidad de la subsistencia económica y
socio-afectiva de sus familias; mientras que, independientemente del grado de
formación profesional, el desempleo y el subempleo de género son permanentes.
En las áreas rurales, preocupa a las campesinas el desplazamiento de la
concepción de autosubsistencia y abastecimiento local, hacia una visión que
ubica exclusivamente a la exportación como eje de la producción, en beneficio
de la agro-industria mercantil. Ese cambio estructural de concepción,
implica para las campesinas y pequeñas productoras no sólo una exclusión
mayor del acceso a la propiedad de la tierra, a la capacitación y a la
tecnología sino que suscita la universalización de la categoría de
"obreras/os agrícolas" y, por ende, pone en riesgo la misma existencia del
campesinado como núcleo social y abastecedor.
Preocupa, igualmente, el éxodo de las mujeres hacia las urbes regionales y
hacia el Norte, tanto como su predominancia en el sector informal, problemas
ubicados como síntomas de la aplicación desajustada de un modelo de
desarrollo, que se sustenta en la verticalidad de género y otras formas de
discriminación.
En América Latina y el Caribe, la familia encabezada por una mujer constituye
la figura más frecuente en la mayoría de países, lo que obliga a las mujeres
a mantenerse en constante actividad, para generar ingresos fijos y obviamente
paliar con creatividad los efectos de la crisis.
También figura entre las preocupaciones, el hecho de que, en este proceso
de desarrollo desigual, se han redefinido las funciones socio-económicas de
las mujeres, particularmente aquellas relativas al cuerpo, llegando a
considerar al cuerpo femenino como mercancía asociada a un producto, como
actor privilegiado de producción y consumo y finalmente como propio objeto de
consumo. Y, en este sentido, desde la utilización publicitaria hasta la
venta misma de mujeres, pasando por la utilización pornográfica, responden a
la misma lógica: la cosificación de las mujeres y la atribución de su
consecuente valor mercantil.
En suma, la inserción socio-económica de las mujeres se ha modificado
considerablemente con el proceso mundial de modernización capitalista. No
obstante, la reubicación de la mano de obra, y hasta la participación de las
mujeres en las instancias de poder, tiende a seguir los patrones sexistas de
la división del trabajo, a la vez que mantiene la segregación laboral y
económica según el género.
Con estos antecedentes, el nuevo milenio despuntará para las mujeres con la
necesidad de plantear la lucha contra la pobreza y la exclusión como tema
número uno de su agenda propositiva.
La ciudadanía como eje de la vigencia de derechos
Las gigantescas mutaciones técnicas, las transformaciones aportadas por la
globalización, la omnipresencia del modelo neoliberal, entre otros, han
modificado los puntos de referencia culturales, geográficos, políticos y
éticos de la ciudadanía. En consecuencia, han condicionado el desarrollo de
enfoques innovadores del convivir humano, que plantean nuevos modos de
intervención y de propuestas sobre los contenidos de la vida cotidiana y las
proyecciones colectivas.
Es más el incremento de los procesos de exclusión social, plantea el
desarrollo de una nueva concepción democrática que encare, en su forma y
contenidos, las transformaciones resultantes de la globalización, del avance
científico, de la técnica y de la comunicación; y que encamine propuestas de
ciudadanía acordes con los desafíos de la época.
En lo político, mientras la lógica neoliberal de la reducción del Estado y de
las privatizaciones anula su potencial redistributivo y comercializa las
prácticas democráticas, se perfilan propuestas para la construcción de formas
democráticas participativas, que cualifiquen la intervención ciudadana en los
espacios locales, nacionales e internacionales.
En ese contexto, el movimiento de mujeres ha priorizado en su agenda el
desarrollo de propuestas de ampliación y/o reconceptualización del término
ciudadanía, que contemple elementos reales para la participación social y la
creación de nuevas modalidades de democracia.
Estas propuestas abarcan el reconocimiento de derechos individuales y
colectivos, relativos a la vida cotidiana, la cultura, la comunicación, el
medio ambiente, la reproducción, la sexualidad, el consumo, la dignidad
económica, el acceso a la tecnología y al saber, la libertad de
desplazamiento, la no violencia y diversas formas de auto-determinación.
Abarcan también, la apropiación de las decisiones personales y la
participación en las decisiones sociales, en el barrio, en la ciudad, en el
país y en la esfera internacional. En otras palabras, con estas iniciativas
de reconceptualización, el movimiento de mujeres, y otras organizaciones
ciudadanas, se proponen autodefinir sus posibilidades de intervención y
orientar sus propias motivaciones, desde múltiples facetas, alternativas y
nuevos criterios éticos.
Entre los requisitos señalados para la viabilidad de la nueva ciudadanía y su
participación, se destacan:
- el funcionamiento efectivo de una democracia participativa;
- la creación de instancias permanentes de información y evaluación, abiertas
a las organizaciones de la sociedad civil, para que éstas puedan intervenir
verdaderamente en las decisiones;
- la creación de instancias de control e intervención ciudadana;
- las consultas ciudadanas sobre las opciones económicas y sociales, las
prioridades, los equilibrios ecológicos, las decisiones relativas a la vida
cotidiana, etc.
- una mejor distribución de los recursos.
Los derechos reproductivos y sexuales
En esa misma línea, cuando los planificadores mundiales pretenden monopolizar
las decisiones sobre la reproducción, en base a criterios demográficos,
económicos, y hasta étnicos o morales, el movimiento de mujeres está
proponiendo el reconocimiento de derechos reproductivos y sexuales, que
comprenden la autodeterminación y la libre decisión de las personas frente a
sus cuerpos y opciones.
La formulación de los derechos reproductivos tiene como eje la defensa de la
vida de las mujeres, la autonomía de sus cuerpos y fundamentalmente la
libertad de decidir sobre la reproducción. Estos derechos también se
articulan al acceso a una sexualidad más humana, desvinculada del comercio
sexual y la violencia, que no se restrinja apenas a las actividades ligadas
al funcionamiento del aparato genital y transcienda las necesidades
biológicas, para dejar campo a la libertad de escoger el ejercicio de su
propia sexualidad.
Comunicación y tecnologías para el avance de las mujeres
En el plano tecnológico, el actual momento enfrenta la transición de una era
centrada en la utilización de la energía hacia otra que reposa sobre la
información, la informática, la telecomunicación, la bio-tecnología. Este
proceso no sólo modifica el quehacer en la industria, la agricultura, el
comercio y los servicios, sino que genera, por su propia naturaleza, además
de un reordenamiento económico y social, una reorganización del
funcionamiento político e ideológico global.
De cara a esta realidad, y como puntal de lanza para la participación
democrática de las mujeres en los desafíos de la nueva era, ha despuntado en
el movimiento de mujeres, principalmente desde las comunicadoras, la
formulación de propuestas en torno al derecho de las mujeres a la
información, a la comunicación y a su participación en la toma de decisiones
sobre las opciones científicas y tecnológicas, como requisitos básicos para
garantizar la vigencia de la democracia (Ver artículo de Sally Burch en este
número).
El desarrollo de estos enfoques representan en sí uno de los grandes desafíos
sociales para el próximo milenio.
Enfrentar el racismo y enfocar la diversidad
El desarrollo del feminismo y la ampliación del movimiento de mujeres han
conducido de manera inequívoca a la demarcación de diversas corrientes que
comparten un espacio de definición común, pero que se cualifican en torno a
otras filiaciones como la étnica, la socio-económica, la política, la
orientación sexual, los referentes nacionales, etc., que constituyen
singularidades determinantes en el momento de elaborar definiciones, delinear
estrategias y canalizar propuestas hacia el conjunto de la sociedad.
Entre las acciones que han visibilizado esta diversidad, merece mención
particular el despunte de procesos organizativos y reivindicativos impulsados
por las mujeres negras e indígenas, que se articularon en gran parte en torno
a las movilizaciones relativas a la Campaña "500 años de Resistencia
Indígena, Negra y Popular"(1992), principal catalizadora de los procesos
organizativos de las etnias discriminadas en el continente.
Figura en ese rubro, el desarrollo de los espacios de articulación de las
mujeres indígenas, proceso que se expresó en el I Encuentro Continental de
Mujeres Indígenas (Ecuador, mayo/96), del cual resultó la Declaración del
Sol, cuya propuesta contempla desde diversos elementos para dar solución a
los principales problemas que atañen a las mujeres, hasta una propuesta
general para el desarrollo de la sociedad, pasando por diversos aspectos
relativos a la discriminación étnico-racial que afecta a las mujeres
indígenas.
Por su parte, las mujeres de origen africano han emprendido un proceso de
articulación, que se ha expresado en convocatorias de carácter regional,
tales como el Encuentro Continental de Derechos Humanos de las Mujeres Negras
(Ecuador/96); la celebración del Instituto de Verano de la Mujer Negra
(Venezuela/93) y el II Encuentro de la Red de Mujeres Afro caribeñas y
Afro-latinoamericanas (Costa Rica/96). Procesos de los cuales se desprenden
propuestas políticas que imbrican las discriminaciones de género, etnia y
clase, y planteamientos para desarrollar, sobre esa base, una estrategia para
enfrentar la exclusión social y encarar la globalización.
Este desarrollo organizativo interpela al conjunto del movimiento de mujeres,
y demás actores sociales, a desarrollar prácticas más englobantes, que
sobrepasen el propósito liberal de "tolerar las diferencias" para llegar a
poner en práctica mecanismos que viabilicen un nuevo milenio basado en la
diversidad.
* Irene León, socióloga ecuatoriana, es Directora del Area Mujeres de ALAI.
https://www.alainet.org/fr/node/104711?language=en
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