Declaración de la Asociación Americana de Juristas sobre la nueva situación política Argentina La mayoría de los legisladores participantes de las Asambleas Legislativas del 22-12-01 y del 1º-1-02, ovacionaron los compromisos fundamentales asumidos en sus respectivos discursos por los Presidentes designados (Rodriguez Saá y Duhalde), actitud indicativa de una decisión colectiva, con independencia de quien recibía el mandato de ejecutarlos: solución de los problemas sociales, mediante la generación rápida de un millón de empleos, el cumplimiento de la manda constitucional del salario mínimo, vital y móvil, la implantación inmediata de un plan alimentario para todos los excluidos, marginados y postergados, acompañado de un plan de austeridad en la función pública y especialmente la suspensión del pago de capital e intereses de la deuda externa, definida como "el más grande negociado económico que haya vivido la historia argentina", con el reconocimiento pleno de la facultad legislativa para decidir en la materia, de conformidad con el art. 75, inc. 7 de la Constitución Nacional y destinando los recursos así obtenidos al mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos afectados por el desempleo, la pobreza, la marginalidad y la miseria. En síntesis, un cambio total del modelo neoliberal vigente, que fue calificado de "perverso", y a "sentar las bases de un nuevo modelo capaz de recuperar la producción, el trabajo de los argentinos, el mercado interno y promover una distribución más justa de la riqueza". Sin embargo no hubo hasta el momento, cambios sustanciales. Desde luego en un tiempo tan breve nadie puede esperar cosechar los frutos del cambio prometido. Sin embargo es suficiente para visualizar la tendencia de su política. A medida que pasan los días el resultado es alarmante, porque diversas disposiciones preservan el modelo preexistente. En cuanto a los funcionarios designados, a titulo ejemplificativo, recordemos que el Ministro de Economía, más allá de matices y estilos, ha sostenido el "perverso" modelo neo-liberal, y que el Ministro de Defensa es un claro exponente de la claudicación ante los planteos militares y un defensor tenaz de la impunidad para los responsables de los crímenes del terrorismo de Estado. Se ha designado como Presidente del Banco Central, a un funcionario durante 20 años y hasta hace 7 meses del FMI, cuando fue importado por Cavallo para la vice-presidencia de esa institución. Y para las negociaciones con el FMI y del departamento del Tesoro de USA, se barajan los nombres de los mismos funcionarios que actuaron durante las gestiones anteriores, sirviendo los intereses de la banca contra los del país. El discurso presidencial ha ido cambiando y reaparece como eje la complacencia con los reclamos de continuismo del modelo económico del FMI y de la política de "relaciones carnales" con Estados Unidos. El último domingo el comentarista político de "Clarín", llega a decir que para agradar a Bush se repetiría el voto delarruista contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, repudiado por la inmensa mayoría del pueblo argentino. No sabemos si esa versión es una expresión de deseos, un globo de ensayo, del grupo multimedia, pero se requiere una inmediata desmentida presidencial ya que sería un acto indigno de bajeza y sometimiento. Las medidas adoptadas con relación al llamado "corralito" impuesto por Cavallo-De la Rua, a principios de diciembre, acentúan el privilegio a la banca en perjuicio de los pequeños ahorristas. Se argumenta que no hay que ser "fundamentalistas" porque si se levantan las restricciones se hunde el sistema bancario. Este tema merece un especial análisis. En los últimos años se ha producido un proceso de alta concentración en el sector financiero, que en su inmensa mayoría está en manos del capital extranjero, y que, junto a las AFJP, que ellos mismos controlan, las empresas privatizadas, los grandes supermercados y los acreedores externos, se han beneficiado, con la complicidad de la corrupción política, con pingües ganancias a expensas del esfuerzo del pueblo argentino. Los datos, ahora inocultables, revelan que casi la mitad de los depósitos de los ahorristas argentinos, han sido utilizados por los bancos para otorgar préstamos, a tasa preferencial, a 87 de esas empresas, demostrando la falacia de sus presuntas inversiones. Es una ignominia que se siga en la misma línea, y para no afectarlas, retener contra la Constitución y la ley el dinero de millones de argentinos, en lugar de imponer a la banca que opte por requerir la cancelación de los créditos a esos deudores, o se constituya un fideicomiso con esos créditos, o bien ingresen al país los fondos necesarios desde sus casas matrices, para respetar la intangibilidad de los depósitos de sus clientes. Además la indisponibilidad de los depósitos agrava la crisis al disminuir la ya deteriorada capacidad de consumo, con su secuela de quebrantos de las pequeñas y medianas empresas y creciente desocupación. La suspensión del pago de la deuda externa, no debe ser sólo la consecuencia de falta de fondos para hacerle frente, sino también porque su ilegalidad e ilegitimidad ha sido ampliamente comprobada y en base a los estudios existentes ha sido pagada con creces, por los intereses usurarios, comisiones y gastos indebidos aplicados. Pero aún cuando fuese legítima, que no lo es, los dos pactos internacionales de derechos humanos, el de derechos económicos, sociales y culturales y el de los civiles y políticos, en su artículo 1º, establecen que "todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación" y que "En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.". La Declaración Universal de Derechos Humanos, resume "los medios necesarios para el sustento de la vida humana" en su artículo 25: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales amplía y desarrolla estos conceptos. Particularmente importante es el art. 11, que establece el principio de progresividad, cuyo contenido es el de la intangibilidad de las conquistas y su constante acrecentamiento, y la cooperación internacional en la realización de los derechos. No podemos dejar de señalar nuestra inquietud sobre el proyecto del Ejecutivo de reforma política, que, con el argumento de reducción del gasto, pretende reducir la cantidad de legisladores. Somos muy críticos de los emolumentos que perciben, y esencialmente de la conducta de aquellos parlamentarios que violan el mandato de sus representados, pero en modo alguno podemos aceptar que por "economía" se cercene la democracia. Cuanto mayor es el número de representados por legislador, el alejamiento entre éste y su base electoral se acentúa, y además se perjudica el pluralismo político, favoreciendo a los grandes partidos, con lo cual una gran parte del electorado quedará sin representación. Para reducir el llamado "gasto político" se requiere una legislación que regule el período y el monto de la propaganda electoral, y que establezca el sueldo de los legisladores en un monto lo más cercano posible a los de cualquier trabajador. Hay que recuperar la ética en la política. Ser representante del pueblo ha de ser una vocación de servicio y una carga, nunca un privilegio. En contraste, resulta altamente estimulante el crecimiento multitudinario de la movilización popular, la calidad de sus contenidos y sus innovadoras formas organizativas, en reclamo del cumplimiento de las promesas de cambio. Es de esperar que ese proceso continúe y se profundice, neutralizando las provocaciones que intentan e intentarán, grupos consciente o inconscientemente al servicio del poder económico-financiero, desde dentro o fuera del aparato estatal. Así se crearán las condiciones para su transformación en órganos permanentes de participación y control democrático de la gestión gubernativa. En consecuencia la Asociación Americana de Juristas, reafirmando su permanente defensa de la Constitución, de los derechos y garantías que consagra, de la independencia y la soberanía nacional y popular, reclama al Presidente de la Nación, a los gobernadores, y a los legisladores nacionales y provinciales, terminar con la traición al mandato popular y la soberanía nacional limitando la democracia sólo a la periodicidad electoral, que ha sido la característica de estos últimos 20 años, y de la que muchos de ellos fueron participes. Para ello es indispensable: 1. Que el Congreso Nacional, en uso de sus facultades: a) disponga un subsidio inmediato a todos los desocupados;
b) apruebe un plan económico de emergencia que asegure alimentación, salud, educación y vivienda a todos los hogares;
c) realice la investigación de la deuda externa, en cumplimiento de las disposiciones del art. 75, inc. 7 de la C.N., y de los resultados de la causa judicial que determinó la ilegalidad e ilegitimidad de los actos generadores de la misma , así como la complicidad del FMI (sentencia del juez Ballesteros);
d) prohiba la salida del país de todos los funcionarios gubernamentales de las gestiones de Menem y De la Rúa, hasta tanto se determinen sus responsabilidades;
e) la aprobación de una ley de amnistía amplia para todos los procesados y condenados por motivos sociales;
f) denegar todo envío de tropas argentinas al exterior o el ingreso de fuerzas extranjeras al país;
g) definir una política exterior independiente, privilegiando la consolidación del Mercosur, sin alineamientos contrarios al interés nacional y a la unidad e integración latinoamericana y caribeña. 2. Que el Ministerio Público y el Poder Judicial impulsen la investigación de las causas generadoras de la situación de desfinanciamiento actual, y las responsabilidades de los funcionarios públicos y de la banca que intervinieron en su gestación, así como de los autores materiales e intelectuales de la represión policial del 20 de diciembre, y su procesamiento y condena conforme a la ley; 3. La depuración de las fuerzas armadas, los cuerpos policiales, de seguridad e inteligencia, de los funcionarios que hubieran tenido cualquier grado de participación en la violación de derechos humanos, y la adopción de la legislación necesaria para una política de seguridad ajustada a los principios de una sociedad democrática, incluyendo el control interno y externo ejercido por la ciudadanía sobre dichos organismos, tal como lo recomienda la Resolución Nº 5/95 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Asimismo, la investigación y enjuiciamiento de todos los casos de represión de las luchas sociales, y de "gatillo fácil". 4. La derogación del decreto por el cual el ex Presidente De la Rúa dispuso el incumplimiento de los pedidos de extradición de imputados por los crímenes del terrorismo de estado, sin "negociaciones" ni consultas con las Fuerzas Armadas, ya que ello implica el retorno a un estado deliberativo en su seno, en violación del principio de su sometimiento al poder civil. 5. La promoción por parte de la Procuración del Tesoro de las acciones civiles contra los responsables de actos ilegales en la contratación y renegociación de la deuda externa, con inmediata inhibición de sus bienes, a fin de que restituyan al erario público los perjuicios ocasionados. 6. La devolución de las imposiciones a plazo fijo, con los intereses correspondientes a la mora, y la libre disponibilidad de los depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro de hasta $/U$S 50.000 por cuenta; 7. El respeto por el Poder Ejecutivo de la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, y la promoción por la Cámara de Diputados de juicio político a los integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia, que han dado reiteradas muestras de sometimiento al Ejecutivo, convalidando sus reiteradas y graves violaciones a la Constitución Nacional. 8. Suspender toda negociación con el FMI, y con otros organismos financieros, hasta tanto concluya la investigación que debe realizar el Congreso Nacional respecto a la deuda externa. 9. Combatir severamente la corrupción y la evasión fiscal; 10. Gravar fuertemente al capital financiero especulativo e improductivo; 11. Facilitar a los campesinos y trabajadores del campo el acceso a la tierra fértil y crédito promocional para la incorporación tecnológica y la irrigación; 12. Establecer estímulos fiscales y crediticios a la pequeña y mediana empresa. Todavía se está a tiempo, si realmente se privilegia la satisfacción prioritaria del derecho a la vida, a la salud, la alimentación, la educación y la seguridad de todos los habitantes. La Asociación Americana de Juristas tratará de contribuir a la movilización y organización popular, única garantía de alcanzar los objetivos propuestos y construir una nueva sociedad justa y solidaria. Buenos Aires, Enero 24 de 2002 Beinusz Szmukler, Presidente Continental
Ricardo F. Molinas, Presidente Rama Argentina