Ginebra.- El Consejo Europeo, reunido en Sevilla, España, el 21 y 22 de junio de 2002, resolvió la repatriación de tres millones de sin papeles y demandantes de asilo, reafirmando así el concepto excluyente de "fortaleza europea".

El presidente del gobierno español, José María Aznar, secundado por el jefe del gobierno británico Tony Blair, quería despedir su período de seis meses al frente de la Presidencia del Consejo Europeo logrando que en Sevilla se aprobara sanciones para aquellos países que incumplieran su compromiso de controlar los flujos de los "sin papeles".

La propuesta de Aznar no pudo concretarse, sin embargo, por la oposición de Francia y Suecia. El gobierno de Jacques Chirac, a través de su ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, había advertido que no se puede reducir la política de inmigración a un lenguaje negativo en el que "los ricos amenazan a los pobres con sanciones" y que los "xenófobos no deben fijar nuestro calendario". A última hora, Tony Blair también se echó para atrás. Solo dos semanas antes, éste último había propuesto desplegar navíos de guerra en el Mediterráneo para impedir el paso de las inmigrantes africanos y de otras regiones a Europa.

 Al final, en Sevilla se suavizó el texto y se adoptó una declaración de consenso en la que no se habla de "sanciones" sino de adoptar "medidas, sin menoscabo de los objetivos de la cooperación al desarrollo" para los "terceros países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal".

 Más allá de esta discusión, sin embargo, hay que resaltar que en Sevilla la UE adoptó varios cambios importantes en las políticas comunes de inmigración y asilo para "luchar contra la inmigración ilegal y gestionar en forma comunitaria las fronteras". Además acordó un programa de acciones, que va a ser aplicado en este mismo año, que contempla la repatriación de los sin papeles y la ejecución de operaciones conjuntas en las fronteras nacionales.

El programa

 La repatriación comenzará con aquellas personas sin papeles que hayan cometido delitos. Pero también abarcará a todos los que hayan entrado en forma ilegal y no haya regularizado su situación en la UE, aunque se admite que "puede haber clandestinos a los que se le aplique las fórmulas de integración o reasentamiento". El programa de expulsiones, inspirado en el Libro Verde, documento aprobado el pasado mes de abril por la Comisión Europea, afecta a más de 3 millones de inmigrantes indocumentados, cifra que anualmente se incrementa en 500.000.

 Del enfoque político y social de la inmigración se ha pasado el enfoque de seguridad y control. "No hay alternativa, hay que ser intolerantes con la inmigración ilegal" le dijo al periódico El Mundo Josep Piqué, ministro de Asuntos Exteriores de España, pocas horas antes de comenzar el Consejo de Sevilla.

La integración y la regularización de los sin papeles fueron temas de los que no se hablaron en Sevilla. Más allá de la complejidad que implica repatriar a tres millones de personas, la pregunta que muchos se hacen es ¿estará la Unión Europea dispuesta a prescindir de un ejército de reserva de mano de obra barata semi-esclava que hace los trabajos que los europeos no quieren hacer? El programa de repatriaciones, cuyo formato legal deberá ser elaborado en Bruselas el próximo mes de octubre, también abarcará a los demandantes de asilo cuyas solicitudes hayan sido rechazadas y que han optado por quedarse en Europa en forma irregular.

El programa también contempla la aceleración del retorno de los refugiados afganos, luego del cambio de gobierno en ese país. Entre 1999 y 2000, los países europeos (especialmente el Reino Unido, Bélgica o Alemania) recibieron 315.000 peticiones de asilo, pero solo concedieron 27.500. Una de las razones que frecuentemente invocan las autoridades para denegar las solicitudes de asilo es que se trata de falsos peticionarios de asilo y que más bien son "refugiados económicos".

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado estas políticas que consideran insolidarias con aquellas personas que sufren las consecuencias de la violencia, la guerra o la persecución. Human Rights Watch ha denunciado cómo "los países europeos, al igual que los de América del Norte y Australia, han diluido sistemáticamente sus responsabilidades hacia los refugiados en los últimos 10 ó 15 años". La omisión de ayuda también es un delito y, en este caso, los países más ricos tienen grandes cuentas pendientes con la justicia.

El tema de la inmigración no es nuevo en Europa y el mundo. Desplazamientos de poblaciones que se mueven por el mundo entero buscando salidas a situaciones difíciles. Españoles, italianos, irlandeses y otros, que huían de la pobreza o de las guerras, se instalaron en América, en los dos últimos siglos. Allí fueron bien acogidos, hubo trabajo para ellos, se les integró, sus hijos entraron a las escuelas siendo tratados sin discriminaciones. A nadie se le ocurrió discutir si su presencia era legal o ilegal. Pero, como dice un conocido refrán, la vaca no se acuerda que fue ternera. Ahora la inmigración proveniente de las regiones y países más pobres del planeta es presentada como una amenaza, una invasión, un peligro que hay que contener y reprimir.

Intolerancia

Luego del 11 de septiembre, el discurso anti-inmigrante y xenófobo que campea en Estados Unidos, especialmente contra musulmanes, se ha extendido hacia la vieja Europa que se precia de ser la cuna de las libertades y los derechos humanos. Las formaciones políticas de ultra-derecha que, si bien tienen particularidades propias en cada país, coinciden en utilizar un discurso xenófobo y racista para ganar respaldo electoral. Varios informes de prensa reseñan que en Austria, Italia, España, Dinamarca, Reino Unido, Portugal y en Holanda se han adoptado medidas -o están en curso de hacerlo- contra inmigración legal e ilegal.

El gobierno de José María Aznar ha prometido endurecer aún más la Ley de Extranjería de España mediante la supresión de las legalizaciones automáticas por arraigo y de las regularizaciones extraordinarias. Tony Blair propuso utilizar aviones militares para expulsar a los inmigrantes. Con respecto a los hijos de los asilados, Blair planteó que vayan a escuelas separadas, seguramente para que recuerden que viven en un país extranjero y que su estadía es temporal.

En Italia, la derecha parlamentaria que apoya al magnate Silvio Berlusconi va mas allá y se propone aprobar una ley que crea el delito de clandestinidad: un hombre o mujer sin papeles que haya sido expulsado y retorne a Italia puede ser condenado/a a varios años de cárcel. Los inmigrantes legales tampoco están seguros: si se quedan sin trabajo pueden ser expulsados del país. Quienes quieran regularizarse deben proporcionar sus huellas digitales. Aún antes de que entre en vigencia la mencionada ley las expulsiones de inmigrantes están al orden del día, como lo atestiguan las decenas de ecuatorianos/as que están siendo expulsados.

Italia, hasta hace pocos años, fue país de emigraciones: miles de italianos cruzaron el Atlántico y llegaron a Estados Unidos, Argentina y Ecuador. Otros marcharon a la próspera Suiza, un país que no pertenece a la Unión Europea, donde muchos sufrieron fuertes discriminaciones hasta ser aceptados. Cloude Eggs, un profesional de padre suizo y madre italiana, recuerda que en la entrada de algunos restaurantes suizos colgaba un rótulo que decía: "no se admiten a perros y a italianos".

Aunque las cosas han cambiado en Suiza y los colectivos de italianos, españoles y portugueses han podido regularizarse e integrarse, no corren la misma suerte los 200.000 extranjeros no europeos (kosovares, asiáticos, latinoamericanos y de otras nacionalidades) obligados a vivir en la clandestinidad. Las leyes suizas ya aplican lo que en Italia se está proyectando: no se permite, por ejemplo, que un profesional extranjero permanezca en el país cuando haya sido despedido. Es más, las plazas vacantes solo pueden ser ocupadas por europeos, aunque los patronos se quejen que cada vez hacen falta más manos, especialmente para los trabajos temporales del campo.

Sería largo detallar todas las medidas anti-inmigratorias que se están gestando para cerrar la "fortaleza europea". Sin embargo, se puede constatar que los controles y las rígidas políticas y leyes de inmigración no han podido detener los flujos migratorios.: "Un hombre desesperado va a intentar llegar a donde considera se puede resolver su problema de vida. Si ellos nos devolvieran una parte equitativa de todo lo que obtienen en sus negocios en América Latina, seguramente tendríamos mejores posibilidades de desarrollar nuestros países y vendríamos a Europa de turismo y no en busca de una plaza de trabajo para subsistir", dice el dirigente sindical ecuatoriano, Fernando Ibarra.

Es posible incluso que las corrientes migratorias se intensifiquen en los próximos años debido a las crecientes desigualdades Norte-Sur, los efectos perversos de la globalización neoliberal en gran parte de la humanidad y la propia necesidad de mano de obra que requiere Europa debido al envejecimiento de su población. "Las estructuras médicas de los países más ricos estarían en serios problemas si decidieran eliminar el personal médico inmigrante (no solo enfermeras, sino también doctores). Más aún, dado que la mayoría de los países ricos tienen tasas de crecimiento demográficas descendentes (el porcentaje de personas mayores de 65 años sigue creciendo) los nacionales no podría beneficiarse de las pensiones que actualmente gozan si no fuera por los inmigrantes (entre 18 y 65 años de edad) que expanden la base de sus contribuciones que permite financiarlas. Sabemos que en los próximos 25 años, si es que el número actual de inmigrantes no se cuadriplica, habrá recortes presupuestarios drásticos hacia 2025", escribe en La Jornada de México Inmanuel Wallerstein (17-06- 02).

Mientras se globalizan los mercados no ocurre lo mismo con la circulación de las personas. Las crecientes restricciones a la inmigración contrastan con la libertad de movimientos de que gozan los capitales y las mercancías. La Europa del capital insiste tanto en cerrar sus fronteras por una razón básica: la libre circulación de personas socavaría las tasas mundiales de ganancias puesto que éstas están basadas en la abismal diferencia de los costos laborales.

Publicado en América Latina en Movimiento # 355 (ALAI), p. 22, 02-07-2002, Quito