- Las crisis financieras sudamericanas y los llamados fraudes corporativos registrados en Estados Unidos representan las dos caras de una misma moneda - La administración Bush los planeo y dirigió en su beneficio - Estados Unidos quiere en la región regímenes de democracia disciplinada - Washington apuesta a las bandas policiales y guarda la carta de la intervención militar - La Casa Blanca y el Pentágono elaboró pata ello su nueva doctrina militar: la bautizaron "swarm" El desastre argentino que culminó con el "corralito" y con 120.000 millones de dólares sustraídos del país entre marzo del 2001 y marzo del 2002 por los bancos supuestamente quebrados, así como las "crisis" de Brasil y Uruguay, todos fueron fenómenos funcionales o elementos consecutivos de la mega operación financiera que vienen realizando las grandes corporaciones norteamericanas desde hace una década. Esta operación alcanzó su cúspide con llegada de George W. Bush a la Casa Blanca. La reciente ola de "fraudes corporativos", iniciada con el caso Enron, en diciembre del 2001, formó parte de esa mega operación. Primero recordemos algunos datos. El viernes 19 de julio el diario The Wall Street Journal Américas decía que si World Com entra en bancarrota, sería la más grande de los Estados Unidos. Las principales bancarrotas desde 1980, por activos en millones de dólares fueron: World Com, 103.800; Enron, 63.400; Texaco, 35.900; Financial Corp. of America, 33.900; Global Crossing, 25.500; Adelphia Communications, 24.400; Pacific Gas and Electric, 21.500; Mcorp, 20.200; Kmart, 17.000 y NTL, 16.800. El sábado 20 de junio el diario The Guardian, en una nota reproducida en Buenos Aires por su colega Pagina 12, informó que el gigante mundial de las fotocopias, Xerox, admitió que había exagerado sus ganancias en 2.000 millones de dólares. Ese mismo día la moneda estadounidense estuvo a punto de desmoronarse frente al euro luego de que el Banco de Japón (BJ) consiguiera la asistencia de la Reserva Federal norteamericana y del Banco Central Europeo para un golpe multimillonario en el mercado externo de cambios. El domingo 14 de julio, un artículo del suplemento Cash del ya citado diario argentino sostiene que la Comisión de Valores de los Estados Unidos, organismo que supuestamente debe vigilar la transparencia de las operaciones financieras, estaba a cargo de Harvey Pitt, un impresentable ex abogado de firmas del Wall Street, especialmente de la infame Arthur Andersen, firma que estuvo detrás de casi todos los escándalos de falsificación de balances. Catorce días después, los principales medios periodísticos del planeta se hacen eco de una información más que interesante: la gigantesca corporación bancaria Citigroup estuvo involucrada en la caída fraudulenta de Enron. El 12 de agosto del 2002, la agencia de noticias Argenpress informó que los economistas norteamericanos Paul Krugman y Paul Erdman denunciaron que la ayuda que prestará el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Brasil -30.000 millones de dólares- encubre una operación política, ya que el dinero del Tesoro de los Estados Unidos iría a parar al Citigroup brasileño y esta poderosa institución utilizaría una porción de esos fondos para financiar la campaña de noviembre del Partido Republicano del presidente George W. Bush. Algo me huele mal -dice Paul Krugman en el The New York Times- y un motivo es que no se sabe exactamente a quien se está rescatando. El economista Paul Erdman escribió el hecho de que el rescate a Brasil también favorezca al Citigroup y a FleetBoston, que en conjunto tienen cerca de 20.000 millones de dólares en riesgo en Brasil, seguramente no pasará inadvertido cuando llegue la hora de recaudar fondos de campaña entre la elite de Wall Street. Ese mismo día, el diario El País, de Madrid, y también Página 12 escriben lo que sigue: la empresa que construye las barracas, limpia las letrinas y da de comer a los soldados en guerra de los Estados Unidos contra el terrorismo alrededor del mundo es la que dirigió el vicepresidente Dick Cheney hasta asumir su cargo. El Pentágono le ha otorgado contratos de miles de millones de dólares sin tener que pasar por un proceso normal de licitación, y además en unas condiciones inexplicablemente ventajosas, contrarias a la política de control presupuestario del gobierno. La empresa de servicios Brown & Root, subsidiaria de la petrolera Halliburton, fue elegida por el Pentágono a pesar de que la estaban investigando en California por fraude y de que la Oficina de Contraloría del Congreso (GAO) recomendara que no se la contratara porque anteriormente había pasado facturas infladas en decenas de millones de dólares. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ese bravucón que sufre incontinencia verbal y se llama Paul O`Neill, fue el principal ejecutivo de ALCOA, la empresa del aluminio más grande del mundo y asidua ganadora de licitaciones públicas en su país. El martes 30 de julio, cuando la "crisis financiera" estallaba en Brasil, Página 12 escribió la postura dura de las autoridades financieras estadounidenses promete provocar mayores estragos en la región. La corrida de ayer contra el real irradió la sensación de que la crisis arrastrará a todo el Cono Sur. La huida en masa de los capitales, en países con recesión o sin ella, dejó al desnudo las debilidades del modelo neoliberal. ¿En que radica la dureza de la secretaría del Tesoro? Esa es la gran pregunta, y hay dos caminos para llegar a su respuesta. O se acepta la lógica visible del poder, y quedamos atrapados entre los conceptos de "crisis" y posibles "salidas de la misma", o nos adentramos en la verdadera naturaleza del imperialismo en su actual etapa, la del Imperio Global Privatizado (IGP), en manos del corporativismo hiperfinanciero. Nosotros seguiremos el segundo camino, con la intención de demostrar que las actuales "crisis" financieras latinoamericanas fueron deliberadamente planeadas y ejecutadas por el gobierno de los Estados Unidos, y que en esa tarea contó con sus respectivos socios nativos. En primer lugar debemos decir que Estados Unidos ya ha privatizado buena parte de su poder y de su gestión político-administrativa. Como se explica en el libro Bush & ben Laden S.A. (Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2001), ese proceso de privatización comenzó a partir del denominado escándalo Irán-Contras, a principios de la década de los `80, mediante el traspaso a manos privadas de buena parte de las políticas de defensa y exterior. Ese mecanismo, que se perfecciona con la llegada de Goerge W.Bush a la Casa Blanca, implica necesariamente que los grandes grupos económicos y financieros ya no actúan como agentes de presión sino que ejercen el poder mismo, con sus principales ejecutivos sentados en los sillones oficiales. En Bush & ben Laden S.A. se relata con lujos de detalles, y por primera vez, el entramado que culmina con la puesta del gobierno norteamericano en manos de una sociedad comercial encabezada por las familias Bush y ben Laden. Instalados directamente en el poder, los conglomerados empresariales reemplazan al Estado hasta en el terreno bélico. De ahí que quedó probado -y posteriormente reconocido por la Casa Blanca- la hipótesis principal del libro que acabamos de citar: que los episodios del 11 de septiembre del 2001 formaron parte de la primera batalla de un nuevo tipo de guerra, de una guerra intercorporativa; y que en esa batallas hubo vencedores (el sector seguros y las compañías financieras de mayor concentración) y vencidos (especialmente la economía no vinculada al complejo bélico-industrial y los pequeños y medianos inversionistas). Si analizamos con detenimiento esa hipótesis y las informaciones que se han hecho públicas sobre la ola fraudes corporativos en Estados Unidos y las llamadas crisis financieras latinoamericanas -algunas de esas informaciones se citan en la primera parte de este artículo-, fácilmente llegaremos a la conclusión de que ambos fenómenos están vinculados en una relación causal. En esa puja por el control económico, político y militar de los Estados Unidos - la facción dominante del Imperio Global Privatizado (IGP)-, las grandes corporaciones en lucha debieron recurrir a un resorte financiero tan viejo por ser el que definió la acumulación primaria del sistema capitalista, y tan vigente y custodiado por la secretaria del Tesoro como lo es el sistema internacional de banca offshore o paraísos fiscales. En su libro El color del dinero, las rutas financieras del poder, el autor de esta nota revela, a través de infidencias de la propia secretaría del Tesoro, como el reaseguro financiero del IPG -y no sólo de los Estados Unidos- descansa sobre esa inmensa masa monetaria que se aloja en los paraísos fiscales. Se trata de sumas líquidas varias veces millonarias, provenientes de la fuga de capitales de los países en desarrollo, del delito internacional y de la evasión de impuestos de las grandes corporaciones, todas captadas, explotadas en términos de renta absoluta y puestas de vuelta en el sistema legal por los grandes bancos y fondos de inversión. Nadie en su sano juicio puede creer que algunas de las corporaciones más importantes de los Estados Unidos, como refleja el artículo ya citado de The Wall Street Journal Americas, hayan podido, durante diez años, defraudar a los inversionistas sin que el Estado se notificase de ello. La única explicación posible consiste en que esas maniobras fuero realizadas con la anuencia del Estado, y en ese sentido recordemos otra información volcada en la primera parte de este artículo: la Comisión de Valores de los Estados Unidos suele estar a cargo de personajes que representan a los propios defraudadores. En ese mismo sentido cabe recordar aquí que el libro El color del dinero incluye declaraciones de los servicios de inteligencia de la secretaría del Tesoro en las que se reconoce que la verdadera función de éstos en materia de lavado de dinero consiste en controlar que la ecuación entre masas monetarias legales y masas monetarias "en negro" o asistemáticas guarde una equilibrio estable, para que el sistema pueda seguir funcionando. Los norteamericanos Paul Krugman y Paul Erdman tienen razón cuando denuncian que la reciente operación de salvataje financiero de Brasil es una maniobra del Citigroup para financiar a Bush. Pero es muy probable que el análisis de ambos economistas haya quedado incompleto. La verdadera naturaleza de la maniobra de la secretaría de Tesoro y del FMI en Brasil, como la del vaciamiento de parte de la banca uruguaya -la banca offshore ni fue afectada, sino que favorecida-, como la del corralito en Argentina consiste en el traspaso multimillonarias sumas en dólares líquidos a los paraísos fiscales, para que de allí sean captados por las corporaciones financieras y empresarias que luchan por imponerse como hegemónicas en el seno del Imperio Global Privatizado (IGP). Como los episodios del 11 de septiembre del 2001 lo demostraron, este conglomerado corporativo está inmerso en una guerra sin cuartel aunque de nuevo tipo: es la guerra que libran las distintas facciones del IGP, y que se registra tanto en los terrenos financiero y comercial como en el militar. América Latina en la encrucijada Los países de América Latina se encuentran en una encrucijada histórica. Se dejan llevar por las mentiras de los neoliberales y los cantos de sirena de los "reformadores" o inician, cada uno desde sus peculiaridades nacionales, los respectivos procesos de transformaciones patrióticas y democráticas, procesos estos que, para su consolidación definitiva, deberán desembocar en un proyecto de integración regional de nuevo tipo. Esa integración latinoamericana de nuevo tipo debe construirse desde los intereses populares, organizados y representados por Estados democráticos y patrióticos, y no por el ALCA o sucedáneos, que no son otra cosa que herramientas de poder y control en manos de las grandes corporaciones financieras y empresarias. El desafío no es menor. Las dificultades serán enormes. Los enemigos son poderosos. En primer lugar habrá que tener claro que la conducción estratégica del enemigo, que pasaremos a denominar "bloque de poder", esta en mano del sistema de dominio de los Estados Unidos, facción hegemónica de la actual etapa del imperialismo, etapa que caracterizamos como Imperio Global Privatizado (IGP). La actual administración norteamericana, en manos de las más grandes corporaciones financieras, está embarcada en una política global de carácter bélico, desde la cual acaba de amenazar a todo el mundo, incluso a sus aliados de la Unión Europea (UE) con el envío de tropas a cualquier punto del planeta que ellos consideren escenario de actividades terroristas. Esto quiere decir que el sistema corporativo norteamericano está dispuesto a todo; también a elevar los niveles de enfrentamiento con la otra facción poderosa del IGP, constituida por los conglomerados financieros y empresarios con asiento en la UE. En segundo término habrá que considerar que a esa estrategia del IGP para América Latina se someten todos sus agentes nativos: la corporación de los partidos políticos tradicionales, los grandes grupos empresarios y muy especialmente el sistema financiero, dependiente y al servicio de su par estadounidense. Cumplida la era de los golpes de Estado tradicionales, en plena década de los `80, los "bloques de poder" en cada uno de los países de la región supieron construir sistemas de democracias controladas, desde los cuales se fueron tejiendo cerradas tramas de corrupción política y económica, con los servicios policiales, de inteligencia y militares, según los casos, trabajando de forma funcional. La facción dominante del IGP contó con algunas herramientas fundamentales: las operaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del sistema de agencias financieras globales, los grandes conglomerados empresarios y las gigantescas corporaciones financieras. En última instancia, ya sea para reeditar políticas golpistas, como estás sucediendo en Venezuela; para dirigir operaciones a gran escala, como en Colombia; o para crear escenarios represivos de baja intensidad, como en Argentina, Estados Unidos cuenta con su maquinaria bélica que, en la región, tiene epicentro en el Plan Colombia y sus derivaciones tácticas. La alternativa policíaco-militar Las luchas populares en Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, por ejemplo han puesto en tela de juicio el sistema de poder de las últimas dos décadas. Por consiguiente el régimen regional de democracias controladas ha sufrido una debacle institucional. Ante ese panorama, Estados Unidos se propone ahora un salto cualitativo en su estrategia. Ese salto cualitativo contempla tres opciones, intercambiables y funcionales: el paso de la democracia controlada a la democracia disciplinada, el golpe de Estado tradicional, y la ocupación militar; todas esas opciones se inscriben en el marco de la actual teoría militar del Pentágono. El mejor ejemplo de opción por la democracia disciplinada lo constituyen los casos de Argentina y Brasil. En Argentina se trata de imponer un gobierno de fachada democrática pero manteniendo en los sillones a los mismos representantes de la corporación política repudiada por la gente a través del clamor "que se vayan todos". Este plan se llevaría a cabo por dos vías complementarias: una convocatoria a elecciones de naturaleza fraudulenta que consagre una fórmula "reformadora" -que podría estar encabezada por la diputada Elisa Carrió- u otra más sistémica, procedente de la filas del partido justicialista, actualmente en el gobierno -¿podría ser la del ex presidente interino Adolfo Rodriguez Saá?-. En ambos casos se hara indispensable el mantenimiento y el fortalecimiento de un esquema represivo basado en las instituciones policiales, las que, para golpear a la creciente protesta popular, ya han montado un escenario de inseguridad urbana y temor colectivo por ellas mismas ejecutado, a través de sus propia constitución corrupta y delictiva (por ejemplo, las olas de secuestros extorsivos y las reiteradas matanzas). La ola de represiva y de matanzas indiscriminadas entre las distintas bandas de la policía de la provincia de Buenos Aires, de 40.000 hombres armados, hizo que algunos de los propios beneficiarios de la constitución mafiosa de los organismos de seguridad tuviesen que reconocer públicamente un hecho que habla a las claras sobre la funcionalidad de las agencias de seguridad para con el modelo de poder. Después de constatarse el bárbaro asesinato de un adolescente previamente secuestrado, sus amigos y vecinos del barrio pobre donde vivía tomaron por asalto e incendiaron la comisaría del lugar. Tienen la plena certeza, como la tiene la mayoría de la población de este país, de que detrás de ese y muchos otros actos delictivos está la mano negra policial. Fue entonces cuando el viceministro de Seguridad de esa provincia, Marcelo Sain, de alguna manera debió reconocer que el sistema ilegal de la policía, integrado por el narcotráfico, la prostitución y el juego, financia la actividad de los partidos políticos tradicionales, mandatarios del sistema de poder. Por su propia conformación y significado económico y político regional, Brasil es un caso que ofrece mayores dificultades. En una instancia primaria, el IPG apunta sus baterías contra el candidato a la presidencia por el PT, Lula, ya sea para entorpecer su ascenso electoral o para vaciar de contenido sus propuestas de cambio (por ejemplo, Lula ya se ha visto obligado a decir que el FMI es como el dentista, alguien a quien nadie quiere visitar ir pero que a su vez siempre debe ser consultado). Venezuela es el mejor ejemplo actual de golpe de Estado a la vieja usanza. Es que al revés de lo que dicen las usinas propagandísticas del IGP, ese país y otros como Ecuador, ricas reservas petroleras, tienen prioridad uno en la tabla estratégica del sistema de dominio globalizado. Por último, y con vigencia para toda la región conforme a las necesidades de cada escenario en particular, Estados Unidos se guarda la carta de la intervención militar. Esa opción tiene epicentro en el denominado Plan Colombia, financiado, armado y estratégicamente dirigido por el Pentágono, y que con la asunción al gobierno de Alvaro Uribe se propone integrar a la sociedad civil a través de redes de espionaje y delación. Puesta en práctica durante la reciente guerra en Afganistán -supuestamente iniciada para "capturar" al socio comercial de la familia Bush, Osama ben Laden, el Pentágono ofrece hoy su ultima creación doctrinaria en materia militar, de adaptación y aplicación perfecta para el teatro de operaciones latinoamericano. Esa doctrina, denominada swarm, fue creada por John Arquilla, profesor del Naval Postgraduate College de Monterrey, California, y por David Ronfeldt. investigador de la Rand Corporation, en Los Angeles. Literalmente, swarm significa enjambre, pero en este caso el vocablo inglés tiene sobre todo el sentido de "pulular y proliferar de manera fugaz". Como dice el periodista Francis Pisani en la revista Le monde diplomatique de junio del 2002, la idea evoca las langostas o, tomando la metáfora de Gilles Deleuze y Félix Guattari, "una jauría de ratas". Los propios autores de la nueva doctrina militar estadounidense -una verdadera vuelta de tuerca al concepto de confrontación bélica de baja intensidad-, explican que el swarming, actuando como una guerrilla elevada a la potencia mil, saca provecho de dos tendencias que se desarrollaron durante un siglo: la creciente capacidad destructora de los grupos pequeños, y el aumento de precisión de las armas (...) las más modernas tecnologías, si no son implementadas en el marco de una adecuada doctrina militar y según el tipo de organización que conviene, llevan a la catástrofe. Fue lo que nos ocurrió en Vietnam. Son también sus autores los autores de ciertas frases reveladoras. Felizmente, varios aliados de Estados Unidos ya combatieron contra diferentes redes: los singapurenses contra los piratas de los mares del sudeste asiático; los británicos contra el IRA; los italianos contra la mafia; los franceses contra los islamistas argelinos; y España contra la ETA (...). El desmantelamiento de los principales carteles colombianos no puso fin a la exportación de drogas desde ese país, sino que favoreció la proliferación de otros grupos más pequeños y mucho más difíciles de controlar. Subsiste además un problema que apasiona a los matemáticos y quita el sueño a los responsables de la lucha antiterrorista: ¿cuántos nudos (nodos) es necesario destruir para paralizar una red?. Según un análisis militar clásico, explica Arquilla, basta con causar al enemigo pérdidas materiales o humanas de un 30 por ciento. Pero esto es insuficiente en el caso de una red, a la cual hay que infligirle pérdidas al menos dos veces mayores (...). Para combatir esas redes, nutridas por la miseria del mundo, no alcanzan los medios militares. Ronfeldt estima que hay que atacar el problema de raíz, e intervenir también por medio de una ayuda económica impotantes. El análisis hasta aquí de la nueva doctrina militar norteamericana -que trataremos en forma detallada en un próximo artículo- nos propone una clara constatación. Cuando la administración Bush dice que su guerra es contra el "terrorismo" y que quienes no están con los Estados Unidos están contra ellos, en realidad quiere significar que, conforme a un lectura política del swarming, Washington ha decidido calificar de "terrorista" a toda alternativa que se oponga o cuestione sus intereses estratégicos. Por consiguiente nos amenaza a todos con un final que Arquilla y Ronfeldt definen de la siguiente manera: el único final del conflicto es la muerte de los terroristas. * Víctor Ego Ducrot, editor de La Otra Aldea, Boletín Electrónico número 12, Buenos Aires, 14-08-02