Ginebra.- La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas aprobó este 17 de abril de 2002, una resolución contra Cuba que, como desde hace 12 años, es de "factura norteamericana".

La resolución L.2. presentada inicialmente por Costa Rica, Nicaragua, Perú y Uruguay fue adoptada por 24 votos a favor, 20 en contra y 9 abstenciones. En ella se pide al gobierno cubano que reciba a la representante personal del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Sra. Christine Chanet, para que efectúe una inspección de la situación de los derechos humanos en la Isla y seguir examinando el caso el próximo período de sesiones de la Comisión. Previamente, la Comisión rechazó dos enmiendas presentadas por Costa Rica y por Cuba.

La propuesta costarricenses descartada por 31 votos, 15 a favor y 7 abstenciones pretendía "endurecer" la resolución de condena a Cuba por la "reciente detención, enjuiciamiento sumario y rigurosa condena de numerosos miembros de la oposición política", para los cuales se pide su liberación. Esta enmienda, redactada en inglés, habría sido transmitida directamente desde Washington a San José y luego a Ginebra. Los diplomáticos de la Misión costarricense en Ginebra solo la recibieron y cumplieron la orden, según fuentes diplomáticas.

La segunda enmienda presentada por Cuba exigía "el cese inmediato del bloqueo unilateral e ilegal contra Cuba impuesto por lo Estados Unidos de América, que constituye una flagrante violación de los derechos humanos del pueblo cubano, en particular de los derechos a la alimentación y a la salud". 26 países votaron en contra de la incorporación de esta enmienda a la resolución L2, 17 a favor y 10 se abstuvieron.

Al conocer los resultados de la votación, inmediatamente el embajador cubano Iván Mora expresó que "acaba de producirse, para vergüenza de esta Comisión, la desfachatez más grande que ha ocurrido a los ojos de la opinión internacional. Los que han votado en contra de denunciar el ilegal y criminal bloqueo que viola los derechos humanos de todo un pueblo, han reflejado la hipocresía y la doble moral con la que se tratan los derechos humanos en este foro".

 Con excepción de Venezuela que se pronunció en contra de la resolución L2 y Brasil y Argentina, que se abstuvieron, los demás países latinoamericanos que integran la CDH como son Costa Rica, Guatemala, Perú, Paraguay, México, Chile y Uruguay se sumaron a la posición de Washington.

 Fuentes diplomáticas cubanas indicaron que hubo fuertes presiones de Estados Unidos hacia estos y otros miembros de la Comisión. A Sierra Leona, la diplomacia norteamericana como la británica, le habrían amenazado con utilizar sus influencias en el Consejo de Seguridad para lograr la retirada de la Misión de Paz de Naciones Unidas, que ascienden a 14.900 efectivos.

Las presiones también se ejercieron sobre Armenia que recibe asistencia económica de Estados Unidos por 100 millones de dólares anuales. Sierra Leona y Armenia terminaron alineándose con la mayor potencia militar del planeta.

En el caso de Argentina, el presidente Eduardo Duhalde, al anunciar la posición de su país con relación a Cuba, dijo que no le parece oportuno condenar a un "pequeño país bloqueado". La embajada de Estados Unidos en Buenos Aires emitió un comunicado en el que expresó "su decepción" por la decisión de Duhalde.

Chile, al pronunciarse contra Cuba, no quiso que se estropee su tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos que estuvo tambaleando a raíz de que el embajador Juan Enrique Vega se abstuvo durante la sesión del 27 de marzo, en la se votó sobre la convocatoria a una sesión especial de la CDH para tratar la invasión de Estados Unidos a Irak.  Vega desobedeció la orden del presidente Ricardo Lagos de pronunciarse alineado a Washington. La "falta", considerada como "muy grave" por la ministra de Relaciones exteriores chilena, le costó el puesto al embajador Vega.

El diplomático cubano Juan Antonio Fernández denunció la doble moral que "algunos demuestran en esta Comisión". Y preguntó "¿Por qué los que intentan condenar a Cuba no han dicho una sola palabra sobre los presos que Estados Unidos mantiene en la Base Naval de Guantánamo, territorio cubano usurpado en contra de nuestra voluntad? ¿Por qué no se han pronunciado sobre los cinco presos políticos cubanos, de cuyo amañado proceso e injustas condenas en Estados Unidos informaron sus familiares a esta Comisión? ¿Por qué los que se declaran escandalizados por las penas de muerte impuestas a tres terroristas secuestradores de una embarcación no condenan en esta sala la imposición de la pena de muerte en Estados Unidos, incluso a menores de edad y enfermos mentales?".

 La adopción de esta resolución se produce en un clima de creciente hostilidad de la administración de George W. Bush hacia Cuba y tras una serie de rápidas, severas y polémicas medidas adoptadas por el gobierno presidido por Fidel Castro para sancionar a los disidentes internos.

A mediados de marzo, las autoridades arrestaron a más de 70 personas acusadas de ser "agentes de la subversión norteamericana en Cuba, trabajar a favor del bloqueo y la Ley Helms-Burton, cobrar cuantiosas sumas del dinero suministrado por el gobierno de Estados Unidos y obedecer las órdenes de los diplomáticos y los agentes de la inteligencia norteamericana". Tras ser juzgados, los disidentes fueron condenados a largas penas de prisión. Posteriormente se produjeron tres hechos violentos. Entre el 19 de marzo y 10 de abril, fueron secuestrados y desviados a Estados Unidos, dos aviones cubanos. Así mismo, fue secuestrada una lancha con decenas de pasajeros a bordo por varios individuos que pretendían alcanzar las costas de Miami. Tras ser arrestados y sometidos a un "juicio sumarísimo", tres de los asaltantes fueron fusilados en la madrugada del 11 de abril.

Los mencionados acontecimientos proporcionaron argumentos a los países que querían condenar a Cuba, a la vez que debilitaron la posición de Cuba en la CDH. Los países votaron de la siguiente manera en la resolución L2: A favor: Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Camerún, Canadá, Chile, Costa Rica, Croacia, Francia, Alemania, Guatemala, Irlanda, Japón, México, Paraguay, Perú, Polonia, Corea del Sur, Sierra Leona, Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Uruguay. En contra: Argelia, Baharain, Burkina Faso, China, Cuba, República Democrática del Congo, Gabón, India, Libia, Malasia, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Sudán, Siria, Ucrania, Venezuela, Vietnam y Zimbabwe. Abstenciones: Argentina, Brasil, Kenya, Senegal, Sri Lanka, Swazilandia, Tailandia, Togo y Uganda.