Cambio "al revés" El coronel Lucio Gutiérrez, ganador de las presidenciales del 2002 con una plataforma nacionalista y antioligárquica, juró como presidente el l5 de enero del 2003 ratificando su compromiso con la causa del pueblo. En su discurso de posesión subrayó: "Ochenta de cada l00 ecuatorianos están bajo la línea de la pobreza y, de ellos, la mitad está en pobreza crítica… Seguir lo mismo que han hecho en los últimos 30 años conducirá a los mismos resultados y el Ecuador ha votado por un cambio radical…Quiero decirle a mi pueblo que jamás le voy a defraudar, jamás le voy a traicionar… O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento". (El Universo, 16 de enero del 2003) No obstante, para sorpresa de tirios y troyanos, su propuesta de cambio apareció vertebrada desde los planteamientos con que la Nueva Derecha ha venido evangelizando a América Latina desde los años 80. Uno de tales socorridos planteamientos corresponde precisamente al del "combate a la pobreza" a través del asistencialismo. En palabras del ex golpista: "Yo lucharé contra la pobreza creando riqueza y distribuyéndola con solidaridad. Uno de los primeros actos de mi gobierno será mejorar el bono solidario". Obviamente, no podía faltar el tópico de la competitividad. "Mi gobierno ha examinado las recomendaciones del Foro Económico Mundial sobre la competitividad. Mi gobierno las apoyará, buscará los recursos para incentivar la inversión privada y mejorar los servicios públicos". Respecto del aperturismo apuntó: "Guayaquil será la más moderna vitrina del comercio mundial; Manta, eje de transferencia de mercaderías entre Asia y Europa... Esmeraldas será zona franca; Puerto Bolívar se convertirá en punto de la industrialización. La Costa ecuatoriana necesita un millón de empleos. ¡Allí está el millón de empleos!". Se comprometió, igualmente, a impulsar las autonomías provinciales bajo la modalidad de una "descentralización profunda". Ninguna propuesta concreta de redistribución de la propiedad y los ingresos emergió de su lírica pieza oratoria; las causas de fondo de la multifacética crisis que sufre paladinamente la República sencillamente brillaron por su ausencia. Un autorretrato pequeñoburgués marcó el viraje: "Si compartir y ser solidario, si combatir la corrupción, la injusticia social y la impunidad es ser de izquierda, pues soy de izquierda. Pero si generar riqueza e impulsar la producción es ser de derecha, soy de derecha". Congruente con su metamorfosis ideológica, designó un elenco ministerial hegemonizado por representantes de las altas finanzas y los monopolios, como Guillermo Lasso (supercanciller), Mauricio Pozo (Economía), Mario Canessa (Gobierno) e Ivonne Baki (Comercio Exterior), relegando a los líderes de la CONAIE-Pachacutik y el Movimiento Popular Democrático a posiciones poco influyentes, cuando no anodinas. Amén que su partido, Sociedad Patriótica, devino ab initio un retablo de clientelismo castrense, nepotismo e improvisación. El gobierno de Frente Popular y Antiimperialista que se "barruntara" en la campaña Comicios 2002 nunca llegó a nacer... El FMI impone el plan de gobierno Los sueños del coronel por cristalizar una suerte de "milagro" neoliberal tuvieron vida efímera. La propia lógica descapitalizadora del FMI se encargó de sepultarlos con la Carta de Intención sugerida-impuesta al flamante régimen en una fecha tan temprana como febrero del 2003, como condición para un préstamo stand by de 200 millones de dólares. El aludido convenio, aparte de convertirse en el verdadero plan de acción del gobierno, ha venido a remarcar la reestructuración neocolonial impuesta al Ecuador desde el "shock" de la deuda de 1982. Como se sabe, el FMI, en sus relaciones con las naciones periféricas, busca dos objetivos cardinales. El primero, el cobro de los créditos primermundistas; y, el segundo, la creación de condiciones para que las compañías transnacionales maximicen sus beneficios mediante la desprotección de los recursos naturales y energéticos y de la fuerza laboral de nuestros países. La última Carta plasma de modo radical tales propósitos del organismo multilateral. Pruebas al canto. El presupuesto del Estado para el 2003 –admitido por el Fondo- asciende aproximadamente a 6.700 millones de dólares y asigna la bicoca de 2.400 millones al rubro del servicio de la deuda pública externa e interna. La última cifra equivale casi al 50 por ciento de los ingresos ordinarios del Fisco y apenas puede ser cubierta en 1/3 con las rentas provenientes de las actividades hidrocarburíferas. En buen romance, un país petrolero al borde de la insolvencia. Por razones como estas, equilibrar el presupuesto global supuso programar nuevos préstamos por alrededor de 1.700 millones de dólares –préstamos para pagar préstamos- y generar excedentes financieros, ya mediante el incremento de los ingresos corrientes, ya a través de recortes de gastos e inversiones, es decir, por la mecánica recesiva de los ajustes fiscales que, en el acuerdo en vigor, asumieron formas como las siguientes: elevación de los precios de los combustibles en un 25% en promedio, congelamiento de las remuneraciones de los servidores públicos, despido de 30 mil empleados públicos (a completar hasta el 2004), congelamiento de las pensiones de los jubilados, suspensión de los créditos del IESS, reducción de la base imponible del impuesto a la renta de las personas naturales, eliminación del subsidio al gas de consumo doméstico, disminución en 100 millones de dólares del presupuesto de Petroecuador, entre otras. Y lo anterior no es todo. En la propia perspectiva de "saneamiento" de las finanzas públicas y, sobre todo, para profundizar el funcionamiento de la economía nacional conforme a las "leyes" o "fuerzas" del mercado y "premiar" al capital monopólico externo y nativo, el régimen gutierrista se comprometió con un maximalista paquete de reformas y condicionalidades de cuño liberal. Entre las reformas cabe señalar: la privatización de Petroecuador, el sistema de Seguridad Social, las eléctricas y telefónicas; la mayor flexibilización laboral; la aprobación de la Ley de Unificación Salarial; la reforma tributaria; la reprivatización de la banca estatizada después del "crack" de 1999, y la subasta de la cartera vencida por no-pagos a la Agencia de Garantía de Depósitos. Entre las condicionalidades conviene destacar las siguientes: el congelamiento de los salarios de los trabajadores privados; la renuncia a las ventas anticipadas de crudo (factoring petrolero); la utilización de los fondos del IESS para incrementar la reserva monetaria (y de ese modo garantizar todavía más a los Shylocks foráneos y nativos). Esta agenda de atentados contra el patrimonio nacional, la economía popular e incluso el capital viene siendo celebrada por el oficialismo casi como una hazaña de Lucio Gutiérrez. ¡Cosas verás, Sancho! Aplausos, reservas e impugnaciones Las visitas de John Snow, secretario del Tesoro norteamericano; Anne Krueger, la "dama de hierro" del organismo multilateral, y de otros capos financieros internacionales; así como las ofertas de créditos gigantes del Banco Mundial, el BID y la CAF por un monto superior a los 2.500 millones de dólares a ser desembolsados en los próximos cuatro años, resultaron sintomáticos del beneplácito del establecimiento con el rumbo de la administración ecuatoriana. Poco antes de tales visitas, ya con las credenciales de la Carta de Intención y de su alineamiento con la diplomacia de George W. Bush, Gutiérrez, en un peregrinaje a Guayaquil, obtuvo el aval de León Febres Cordero, personaje al que días atrás había identificado como al "político más nefasto del país". Los voceros locales del liberalismo no escatimaron aplausos para el otrora vilipendiado creador y líder del Partido Sociedad Patriótica. "Haber llegado a un acuerdo con el organismo multilateral –en apenas un mes de gestión- representa un gran acierto para el gobierno, toda vez que constituye el aval necesario sin el cual el país no tendría opción de acceso al sistema financiero internacional como tampoco a captar inversión extranjera.". (Valeria Barragán, Tiempos del Mundo, 20 de febrero del 2003). De su lado, las principales cámaras patronales acogieron de buen grado el convenio con el FMI, aunque insistieron en la necesidad de asegurar la estabilidad política y legal como medio de persuadir a los inversionistas foráneos. Esta postura, sin embargo, no fue unánime. Poco después, sin embargo, especialmente segmentos de exportadores y de empresarios volcados al mercado interno, comenzarían a recelar de los ajustes recesivos y del "mito productivista" publicitado por el oficialismo, tanto más que los intereses usurarios y la competencia externa, particularmente de los vecinos Colombia y Perú, han venido liquidando a cientos –si no miles- de empresas locales. Desde una perspectiva académica y crítica, Pablo Dávalos escribió: "Ecuador enfrenta graves problemas: la persistencia del déficit comercial externo, que ya supera los 1.600 millones de dólares (algo así como el 6% del PIB); la fuga de capitales provocada por la banca privada estimada en 1.500 millones de dólares durante el 2002, el incremento de los costos de producción debido al incremento de los combustibles, la profundización de la pobreza... El sistema ecuatoriano está al borde del colapso por pérdida de competitividad, inexistencia de líneas de crédito internas, altas tasas de interés, alta tasa de inflación y contracción de la demanda efectiva interna". (América Latina en Movimiento, 364, 11,02,2003) Al tiempo que valiéndose de la experiencia de Argentina presagió una elevación de la temperatura política. "Fernando de la Rúa heredó un enorme déficit fiscal de la época menemista, y su principal objetivo fue negociar con el FMI una línea de crédito de 41 mil millones de dólares… De la Rúa –igual que Gutiérrez- se concentró en el déficit fiscal cuando el problema estaba en el sector real, en la desarticulación del sistema productivo interno y en las presiones ejercidas por el cambio fijo basado en la convertibilidad. De la Rúa no tuvo capacidad de enfrentar esa crisis porque había agotado su capital político en las negociaciones con el FMI… ¿Tiene Gutiérrez la percepción de que su tiempo político se está agotando y de que la economía se encuentra al borde del colapso, un colapso que podría también arrastrarlo?". Los idus de junio Apenas cinco meses después de su arribo a Carondelet y luego de una efímera luna de miel con los sectores populares, Lucio el Traicionero –conforme a la crítica grafitera- tuvo que enfrentar la prueba de fuego de múltiples contestaciones. En efecto, y a despecho de sus acciones asistencialistas y diversionistas que hicieron recordar el esperpéntico estilo de Abdalá Bucaram, la inconformidad fue creciendo hasta alcanzar su clímax en junio, cuando confluyeron un paro del magisterio en demanda de mayor presupuesto, movilizaciones de los empleados de la salud y los judiciales con idéntico propósito, marchas de los pensionistas del Seguro Social, protestas de los productores bananeros que reclamaban la vigencia real del precio de sustentación de la fruta, así como las huelgas de los trabajadores de Petroecuador y de las eléctricas orientadas a bloquear la privatización de esas áreas. El malestar había fermentado, además, por el doble discurso del titular del Ejecutivo, la semiparálisis de la administración, las corruptelas de algunos de sus colaboradores más íntimos, su aproximación al ALCA y su obsesión por involucrar al país en la añeja guerra civil colombiana. "El Ecuador se cae a pedazos", comentó por esos días el ex mandatario Rodrigo Borja. Así las cosas, la CONAIE colocó más sal en las heridas de su socio político al convocar a la I Cumbre de las Nacionalidades, Pueblos y Autoridades Alternativas, cónclave que cerró sus deliberaciones aprobando un mandato con exigencias específicas como las siguientes: la remoción del frente económico; el mantenimiento del subsidio al gas; la auditoría de la deuda pública y la suspensión temporal de su servicio; la supresión de la estrategia de las privatizaciones de Petroecuador, las eléctricas y telefónicas; el archivo del proyecto de Ley de Unificación Salarial; la convocatoria a una Asamblea Constituyente para convertir al Estado en plurinacional, democrático y participativo; el incremento de los presupuestos para la educación, la salud y la agricultura; la no intervención en el Plan Colombia y el enjuiciamiento a Estados Unidos por las fumigaciones en las poblaciones fronterizas; la consulta popular sobre el ALCA; la revisión de los convenios de cesión de la Base de Manta. Al clausurar la Cumbre, Leonidas Iza, líder de la CONAIE, declaró: "No queremos adelantar nada, solamente le recuerdo al presidente que un recurso del pueblo es exigir sus demandas con movilizaciones o levantamientos". La derecha más recalcitrante, por cierto, no se mantuvo a la orilla de los acontecimientos, temerosa de quedar marginada del reparto del botín de las privatizaciones. Activó un plan conspirativo arremetiendo contra la Agencia de Garantía de Depósitos que, bajo la titularidad de Vilma Salgado, venía apremiando a morosos intocables del Estado; presionó a través del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, con la tesis del secesionismo provincial; echó a rodar rumores sobre un nuevo "crack" bancario y sobre la inminente quiebra de la dolarización, e incluso promovió el nombre del vicepresidente Alfredo Palacio para suceder a Gutiérrez Borbúa, reeditando la fórmula que posibilitó el recambio de Jamil Mahuad por Gustavo Noboa el 22 de enero del 2000. Aquello del plan conspirativo salió a la luz en un documento titulado "La caída de Lucio Gutiérrez", donde su autor, el investigador alemán Heinz Dieterich, aportó con informaciones completamente viables. "La Operación Recambio no es nueva. Desde la misma campaña electoral estaba que Lucio Gutiérrez iba a ser el Caballo de Troya de Washington y de la oligarquía ecuatoriana…La coyuntura que presentaba el Coronel para Washington y el partido oligárquico del Ecuador, el Partido Social Cristiano, encabezado por el viejo y sangriento cacique León Febres Cordero, era doble: consistía en la posibilidad de desgastar a dos de las principales columnas de la resistencia a la política neoliberal: el movimiento indígena y los militares patriotas del Ejército ecuatoriano". (Internet: "La página de Dieterich", 24 de mayo del 2003). Rehén de la oligarquía y el Imperio Al filo del abismo, Gutiérrez pudo reflotar su mandato mediante concesiones menores a los grupos inconformes, dilatorias, propósitos de enmienda, purgas en las cúpulas militar y policial, persecución y enjuiciamiento a líderes sindicales… Y, sobre todo, gracias al espaldarazo logístico de la "Embajada" y a negociaciones bajo cuerda con el socialcristianismo. Los entendimientos alrededor de la distribución del pastel petrolero habrían jugado un rol decisivo en el salvamento del régimen. "La táctica gubernamental (para desmantelar la huelga petrolera) fue hábilmente ejecutada. Promovió la salida de Petroecuador del sector nacionalista del ejército y del sindicato petrolero y de esa manera, precipitó la obvia reacción del gremio que se había distinguido por una tenaz defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano frente a las corporaciones multinacionales. Contribuyó además, en alianza con los sectores empresariales y los medios de comunicación colectiva, a crear una imagen falsa muy negativa de la huelga y logró derrotarla. Más aún, jugó cartas falsas como los engaños del Secretario de la Administración Patricio Acosta, desactivó el paro de la UNE y dio marcha atrás en el anuncio del alza del precio del gas, para de esa manera aislar totalmente a los trabajadores petroleros". (Alejandro Moreano, Tintají, primera quincena de julio del 2003) Todo esto, sin embargo, no era más que la punta del iceberg. Fernando Villavicencio, autor del estudio "La privatización del petróleo en el Ecuador", refiere: "La definición de la política hidrocarburífera del gobierno de Gutiérrez debe ser vista en el marco de la política global definida en los acuerdos con la administración Bush, el FMI, el Banco Mundial y en el contexto de las estrategias del capital transnacional y del imperialismo norteamericano a través de instrumentos de anexión y dominio como el ALCA, la dolarización y el Plan Colombia… El viraje o desenmascaramiento de Lucio Gutiérrez en materia petrolera tiene una explicación de fondo: el sostenimiento desesperado del esquema de la dolarización. El oxígeno para alargar la agonía del dólar en el Ecuador está en el petróleo, en la 'privatización invisible' del más importante recurso económico del país, que le permitiría a Lucio Gutiérrez la llegada de algunos cientos de millones de dólares para aliviar el dolor. En esta línea debe comprenderse el acuerdo con el Partido Social Cristiano para viabilizar un posible factoring petrolero, reactivando una vieja opción de ese partido". (alainet.org/active/show- text.php3?=4017, 11 de julio del 2003) Más al fondo del asunto: "En ese momento (del conflicto) – escribe Villavicencio- surge la propuesta de la empresa Global Petroleum Investments, que ofrece una inversión de entre 5 y 8 mil millones de dólares para los proyectos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), los cinco campos de Petroecuador (Shushufindi, Sacha, Libertador, Auca y Cononaco), refinerías, etc., es decir, prácticamente asegurándose el control total del recurso petrolero. La particularidad de la propuesta radica en los sectores que están detrás de Global Petroleum Investments. Según documentos oficiales de Petroecuador y conforme a la investigación realizada por el diario Expreso, Global Petroleum estaría directamente relacionada con el presidente de EE. UU., a quien Lucio Gutiérrez le habría asegurado los negocios en el Ecuador". Por lo demás, la amistad entre Gutiérrez y Bush habría significado ya un elevado costo para el atribulado Ecuador: recorte de un total de 360 millones de dólares de inversión propia de Petroecuador en los últimos meses, devolución a las transnacionales del IVA retenido por el SRI (200 millones de dólares), transporte del crudo pesado de Petroecuador por el OCP... Sorteados los obstáculos del "junio caliente", Gutiérrez Borbúa ha venido empeñándose en consolidar a su vapuleado régimen cortando los lazos que todavía le atan al movimiento indígena, afianzando un corporativismo militar de signo personal y, sobre todo, cumpliendo a pie juntillas con la agenda diaria dispuesta desde la Casa Blanca y El Cortijo. No es una opinión subjetiva. Pruebas concluyentes de lo afirmado constituyen los envíos al Congreso de los proyectos de Reforma Tributaria y de Unificación Salarial, así como el apoyo al inefable Nebot en su anticonstitucional propuesta de creación de un Seguro Municipal para Guayaquil que, a la par que propinaría el golpe de gracia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, detonaría una confrontación civil de imprevisibles consecuencias. Triste forma de preservar el poder de quien fuera adalid de la Revolución del Arco Iris. * René Báez. Facultad de Economía de la PUCE.