Para algunos países latinoamericanos y caribeños el rumbo hacia Cancún se ha anticipado considerablemente a través de las abundantes ratificaciones de Tratados de Libre Comercio (TLC) y las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Muchos de los aspectos que se buscan abordar en la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de septiembre de 2003, ya están vigentes o están en proceso de ser aprobados por los gobiernos de la región. Tanto en el borrador del ALCA como en los TLC se conceden importantes privilegios a las transnacionales estadounidenses, a través del tratamiento que estos acuerdos les otorgan en materia de inversiones, compras gubernamentales, liberalización de servicios, derechos de propiedad intelectual y políticas de competencia. La ratificación de estos acuerdos y tratados internacionales por parte de los parlamentos o senados, los convierten en leyes de la República, y por su jerarquía jurídica subordinan a toda la legislación secundaria, convirtiendo los privilegios para la transnacionales, en derechos exigibles ante tribunales internacionales privados -como el CIADI o el CNUDI- . Objetivos entre cruzados: OMC, ALCA y TLC En el ámbito regional las negociaciones combinan y simultanean la vía de la negociación regional -ALCA-- con la vía bilateral -a través de los TLC y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)-- . En este proceso el gobierno estadounidense encuentra en la región muy pocos o ningún contrapeso que pueda afectar su pretención de obtener ventajas absolutas, en desmedro de los intereses del resto de países del hemisferio, sobre todo de las pequeñas economías. A la falta de capacidad real para incidir en el cauce y contenidos de las negociaciones por parte de las pequeñas economías del hemisferio, se adiciona la actitud obsecuente de la mayoría de sus gobiernos, manifiesta en las posturas de los equipos negociadores, que lejos de buscar aquellas condiciones que contribuyan al bienestar y desarrollo de sus naciones, se limitan a la discusión de formalidades, sin que se incluya el cuestionamiento de los principios y contenidos fundamentales del ALCA y los TLC, desde donde se larvan los mayores perjuicios y efectos lesivos para el desarrollo de los pueblos. No obstante, vale destacar que en el cause de las negociaciones del ALCA han surgido importantes obstáculos derivados de la postura de algunos países -como Brasil y Venezuela-que han enfrentado el proceso de negociaciones afirmando sus intereses nacionales; lo cual les ha llevado a posicionarse críticamente frente al proyecto del ALCA, y sentar un importante precedente entre los países de la región al desmarcarse de la posición complaciente con Estados Unidos que mantiene el resto de gobiernos. Brasil se opone al tratamiento asimétrico que el ALCA le otorgaría en materia de acceso de bienes al mercado estadounidense, principlamente en bienes agrícolas y acero , y Venezuela ve en el ALCA una seria amenaza, por lo que expresamente ha planteado se considere la postergación del período de entrada en vigor del ALCA hasta el 2010. En este escenario Estados Unidos no debilitará su afán de firmar el ALCA, pues es obvio que tener un acuerdo tan amplio resulta estratégico para su gobierno , aunque no insustituible. Así, es de esperar que se mantengan las presiones hacia los gobiernos de Brasil y Venezuela para torcer su postura y concretizar el proyecto en el 2005; pero la apuesta más segura de los Estados Unidos se ubica en la vía bilateral, profundizando la suscripción de TLC y buscando ratificar más TBI. El énfasis conferido a los TLC se constata en la celeridad con que se busca completar en diciembre de 2003 el TLC entre Estados Unidos y Centroamérica (TLCEUCA); además, para la región centroamericana este tratado es equivalente al ALCA. Potenciando las ventajas regionales al plano multilateral Estos acuerdos "leoninos" logrados por el gobierno estadounidense a través de negociaciones bilaterales han estimulado el interés de un grupo de países de la OMC --lidereados por la la Unión Europea, Japón y Corea del Sur-que pretenden recibir en "bandeja de oro" los mismo privilegios de que ya gozan las empresas estadounidenses. La intención de estos países es "multilateralizar" dichas ventajas, convirtiendo a la OMC en el Foro que de tratamiento a los Nuevos Temas de Singapore . La táctica del grupo de países lidereado por la Unión Europea consiste en la inclusión de los cuatro temas en un solo "paquete", con lo cual se obviaría bajar la discusión a los grupos sobre los contenidos y los aspectos específicos. Aunque a la fecha resulte poco probable la aprobación de estas temáticas antes o durante Cancún, se prevé que la Unión Europea presionará para avanzar en la liberalización de los servicios y concesiones a sus inversiones en las economías subdesarrolladas. Esto equivale a trocar "libre acceso" a los mercados agrícolas de los países desarrollados a cambio de que se abran los servicios y las compras gubernamentales a las empresas transnacionales. Aunque vale decir, que esto se plantea para un horizonte temporal más largo plazo. En contraposición a la postura que busca multilateralizar las inversiones, existe una fuerte oposición de algunos países subdesarrollados, empujada por India, Malasya, Zimbabwe, Tanzania, Kenya, Belice, Uganda y Sri Lanka, quienes postulan que estos acuerdos operan a favor de las corporaciones transnacionales y llevarían "vaciar" las economías periféricas en tanto reducen las competencias del Estado en materia de inversiones; además argumentan que con estas medidas, lejos de apoyar a las pequeñas economías, se busca proteger jurídica y políticamente a las inversiones; que no existe reciprocidad entre el que invierte y el que recibe, como para poder compensar a los países receptores, estableciendo obligaciones a las empresas transnacionales. Las posturas de los gobiernos latinoamericanos y caribeños ante la OMC -en general-resultan ser tan faltas de transparencia y accesibilidad como las que tienen lugar en las negociaciones regionales y bilaterales; sin embargo, se puede encontrar en Ginebra -sede de la OMC-- alguna puerta para accesar a información. En materia de los Nuevos Temas de Singapore, se conoce que Argentina, Chile, México, Costa Rica y Colombia apoyan al grupo de la Unión Europea que busca promover la negociación de inversión en la OMC, aunque no necesariamente comparten las demandas en cuanto a plazos y niveles de implementación. En el grupo de países "oscilantes", que suelen estar silenciosos en los debates y que todavía están acomodando sus apuestas, figuran Brasil -que tiene la presidencia del Grupo de Discusión-- , Cuba, República Dominicana, Perú, Venezuela, Jamaica y Bolivia. Con excepción de Belice, que integra el grupo opositor de India y algunos países del CARICOM, que mantienen una "oposición silenciosa"; del resto de países del continente no se conoce su postura, aunque éstas podrían inferirse a partir del manejo que hacen en las negociaciones del ALCA. En materia de inversiones existe una enorme coincidencia entre los contenidos propuestos por el grupo de la Unión Europea en el seno de la OMC con los que se desarrollan en el capítulo de inversiones de los TLC y del ALCA. En ellos se garantizan los derechos de establecimiento para el inversionista frente a la prohibición de regulaciones por parte de los gobiernos de los países receptores; amparado en la búsqueda de un trato no discriminatorio para la inversión extranjera, se exige trato nacional, con lo cual en la prácica se da ventaja a los inversionistas extranjeros y discrimina en contra de los débiles y locales; además, de introducir la cláusula de inversionista- Estado y ampliar la definición de expropiaciones indirectas hasta considerar incluir cualquier regulación pública que pueda inhibir la potencial obtención de ganancias futuras. La OMC no es el foro idóneo, ni apropiado para el abordaje de temas como las inversiones , y un tratado multilateral de invesiones -a la usansa del fracasado AMI-resultaría altamente lesivo a los intereses de las pequeñas economías del planeta, quienes replicarían los impactos negativos que ya se están padeciendo en países como México, Canadá y Bolivia producto de acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Sólo en los últimos años hay más de 25 casos de demandas interpuestas por transnacionales contra Estados nacionales ante el CIADI y CNUDMI . Negociaciones en varios carriles Por otro lado, en esta maraña de negociaciones el plazo de presentación de las ofertas para liberalización en el ALCA venció el 15 de marzo de 2003; la mayoría de las ofertas no se hicieron públicas, salvo para Brasil y Estados Unidos; pero en general éstas se han centrado en servicios. Las ofertas en agricultura han resultado ser un fracaso, pues Estados Unidos ha trasladado el tema al escenario de negociación de la OMC, con lo cual evidentemente gana, mientras que el resto de países del hemisferio pierden porque las ofertas de apertura se han concentrando en servicios, con lo que se facilitaría la entrada de la inversión transnacional estadounidense. Los gobiernos ven en los TLC, el ALCA y la OMC la continuación natural del proceso de ajuste estrutural que llevó a la privatizaicón de las principales empresas públicas y a la venta de los activos del Estado. La falta de transparencia sobre las negociaciones -en general-y sobre la liberalización de los servicios que ofrece cada país -en particular--, pretende ocultar la inclusión de servicios públicos o de utilidad pública como salud, educación, recursos hídricos, energía, fondos de pensión, entre otros; y con ello evitar la generación de condiciones sociales y políticas que generen ruido al proceso que se lleva sigilosamente. Muchos de los países no pueden ir más allá de lo ofrecido en la OMC, que ya es demasiado. Hay países como Perú y Colombia que han propuesto listas de servicios a liberalizar en negativo, o Brasil que propone una lista en positivo; con ello se corre el peligro de abrir la posibilidad de liberalizar todo lo que no está incluído en la lista en negativo, o que en la lista en positivo se incluyan servicios públicos cuya liberalización pueda afectar negativamente a la población. La estrategia de negociación ALCA y TLC del equipo estadounidense, se basa en la utilización de información incompleta y ofrecimientos diferenciados a los países, con el propósito de generar divisiones y recoger mayores beneficios por la vía bilateral. Esto se hace patente en la 4ª. Ronda de Negociación del TLCEUCA, donde la propuesta estadounidense llevó a romper la posición conjunta de los países centroamericanos, con el desconocimiento de los acuerdos por parte del equipo negociador de Guatemala; también se constata en el ALCA en la reacción de Estados Unidos ante la oferta brasileña sobre aranceles, que otorga un trato diferenciado a los países -en perjuicio de Brasil--, en el orden que sigue: Caribe, Centroamérica, Región Andina y finalmente Mercosur; además, se están destruyendo algunas alianzas como el caso de la Comunidad Andina, donde cada uno actúa por su lado y no como bloque. La lógica de las negociaciones y la sociedad civil Como se confirma en el caso de inversiones, los TLC y el ALCA profundizan el tratamiento otorgado que se pretende dar en los acuerdos de la OMC. En general, las negociaciones bilaterales y regionales van más allá de los "logros" multilaterales; así, Estados Unidos plantea en el TLCEUCA, ampliar el plazo de protección para las patentes hasta 25 años ; busca una considerable apertura en materia de Compras de Gobierno -pese a que la legislación estadounidense establece importantes restricciones a las empresas extranjeras para participar en licitaciones públicas en los ámbitos estaduales y federales, en franca contravensión al principio de trato nacional--; además, se prevé que la lista de servicios a liberalizar en la región alcanza servicios de utilidad pública como los recursos hídricos y servicios públicos como la salud, seguridad social y educación. A juzgar por los contenidos y la lógica que transversalmente cruzan los TLC y el borrador del ALCA, estos representan auténticas cartas de derechos para las corporaciones transnacionales, todo apunta a garantizar y hacer prevalecer sus intereses, por encima de los derechos de trabajadores y trabajadoras, de las personas consumidoras, o de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la población, o de la misma sustentabilidad. Se dibuja nítidamente que estos tratados y acuerdos están cosidos con el hilo de la maximización de las ganancias, y constituyen instrumentos muy eficientes para generar las condiciones óptimas que permitan la acumulación del capital transnacional. Ni el TLC, ni el ALCA, ni los acuerdos de la OMC están diseñados desde y para los intereses de la población, sus impactos se concentran en afecciones a la población de menores ingresos, las empresas nacionales menos competitivas y en el deterioro del medio ambiente y los recursos naturales. Ni el ALCA ni los TLC son proyectos reformables, pues cada capítulo está cuidadosamente definido para garantizar transversalmente su lógica, en detrimento del cumplimiento de los DESC. La inclusión de cláusulas laborales o ambientales a estos proyectos no resuelve esta sustancial carencia, y sólo responde a la intención retórica de "dotarle un rostro humano" a los tratados, que favorezcan su "mercadeo" en el actual contexto en que están evidenciados sus profundos perjuicios sociales, económicos, políticos y ambientales. La coincidencia y complementariedad de los propósitos del ALCA, TLC y OMC hace que desde la sociedad civil se busque vincular y articular las tres problemáticas, visibilizando sus efectos convergentes a través de temas sensibles que afectan la cotidianeidad de la población, como son los impactos en la agricultura -y en la población rural-- y la privatización de los servicios públicos, especialmente del agua. Frente al hermetismo gubernamental y la exclusión de toda participación real de la ciudadanía en las negociaciones y la definición de las agendas -lo cual resulta coherente con los cometidos de estos proyectos--, se ha venido configurando entre las organizaciones sociales de la región una postura de rechazo al ALCA y los TLC, que encuentra su fundamentación en el análisis de los textos de los Tratados y en el estudio de experiencias claramente negativas --como la mexicana--. La Alianza Social Continental (ASC) representa un esfuerzo hemisférico de integración de los pueblos, desde hace varios años ha venido trabajando en la elaboración de propuestas alternativas al ALCA que se fundamentan en los principios de participación democrática, sustentabilidad, reducción de las brechas de desigualdad y afirmación de los proyectos nacionales de desarrollo. Las propuestas afirman el derecho soberano de los pueblos de definir el rumbo que decidan, se reconoce la necesidad de establecer regulaciones a las inversiones extranjeras en función de las políticas nacionales de desarrollo, la supresión de la cláusula de inversionista-Estado y el establecimiento de tratos preferenciales para las pequeñas economías, que superen la discriminación de facto para las empresas nacionales que genera el trato nacional. También recoge el carácter inalienable de los derechos humanos, que deben prevalecer ante las intenciones privatizadoras de los servicios públicos o la afirmación de los derechos de propiedad intelectual; reconoce la importancia de estimular la producción nacional en un entorno armonioso con el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. Paralelo al proceso de negociaciones regionales y bilaterales, los movimientos sociales han venido interiorizando los perjuicios derivados de los tratados y acuerdos comerciales, esto ha representado un paso en positivo en la lucha de resistencia de los pueblos, y podría significar para algunos gobiernos un hecho que les persuada de no abrir totalmente los temas ALCA por temor a brotes de descontento social, inclusive de carácter insurreccional en algunos casos. Las movilizaciones en contra del "libre comercio", han tenido especial énfasis en las regiones rurales de algunos países como México y Perú, y en general en todo el continente. Estas acciones han sido acompañadas de un mayor recrudecimiento de la represión, y se conoce que en el caso mexicano, el movimiento El Campo No Aguanta Más, ha generado una enorme presión que ha llevado al gobierno a reconocer la necesidad de renegociar el tema agrícola en el TLCAN. La postura de resistencia se va formtaleciendo en el hemisferio, y se hace cada vez más visible en el sin número de actividades coordinadas, Campañas y acciones ciudadanas que, desde una visión propositiva, empujan hacia la construcción de Otra América. * Raúl Moreno, economista salvadoreño, es Director de la Red Ciudadana Frente al Comercio e Inversión Sinti-Techan. El presente artículo fue publicado por la Fundación Heinrich Böll, Ver Cartas de Cancún, www.cancun2003.org