Bolivia atraviesa una grave situación política, económica y social, resultado de la aplicación de las recetas impuestas por el FMI, el Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos. Se ha incrementado a niveles extremos la pobreza, la miseria y marginalidad de la gran mayoría del pueblo boliviano, en el país más pobre y económicamente atrasado de Sudamérica. En los últimos días en La Paz y en El Alto, fuerzas militares y policiales asesinaron a decenas de bolivianos y bolivianas, niños y ancianos, hirieron a un par de centenares, y muchos más fueron detenidos. La represión y masacre del pueblo que defiende los recursos naturales y la soberanía nacional, oponiéndose a la entrega del gas, es la respuesta de la administración neoliberal del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, apoyado por el de los Estados Unidos. Su renuncia se ha transformado en un clamor generalizado. Frente a la gravedad de la situación la Asociación Americana de Juristas reclama: 1) El cese inmediato de la represión y la matanza del pueblo boliviano, y la liberación de los detenidos; 2) La búsqueda de una solución dentro de los parámetros constitucionales sobre la base del diálogo responsable de la dirigencia política y social; 3) Una investigación independiente de las responsabilidades políticas y legales de la represión de las luchas populares y la masacre, y el enjuiciamiento y la sanción ejemplar de los autores materiales e intelectuales, conforme a la ley. 14 de Octubre de 2003.