Recientes noticias y testimonios dan cuenta que en América Latina la violencia contra campesinos e indígenas que luchan por la tierra, los territorios o la reforma agraria se ha recrudecido, sin que el fenómeno reciba la atención debida por parte de la comunidad internacional.

Cuando se oyen palabras como represión, torturas, persecución, presos políticos, asesinatos, generalmente las asociamos con las dictaduras militares que asolaron América Latina en las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado. Pero si se mira lo que está pasando ahora en el campo latinoamericano, vemos que estas no son expresiones del pasado sino una cruel realidad para miles de familias campesinas e indígenas.

El fenómeno no es reciente, pues las luchas y las rebeliones campesinas e indígenas a lo largo de la historia colonial y republicana han sido sofocadas a sangre y fuego por los latifundistas y los gobiernos que defienden sus intereses.

La situación poco ha cambiado con el advenimiento de los gobiernos democráticos: los conflictos sociales siguen siendo resueltos no con el lenguaje del diálogo sino con el de las balas, como lo demostró recientemente el caso de Bolivia, y como lo confirman Chile, Brasil, Guatemala, Honduras, Colombia y Venezuela, casos que vamos a reseñar a continuación.

 Chile: Represión a mapuches

El mapuche Juan Pichun cuenta que su padre, Pascual, un dirigente emblemático, guarda prisión y enfrenta varios juicios penales por "defender los territorios que nos corresponden ancestralmente". Como Pascual, 13 mapuches están presos en cárceles de Temuko, Concepción, Victoria y Angol, mientras otros cuatro se encuentran en arresto domiciliario acusados de asociación ilícita, incendios terroristas e infracciones a ley de seguridad interior.

A estos indígenas, se les ha aplicado una ley anti-terrorista elaborada durante la dictadura de Pinochet y que no ha sido derogada durante los gobiernos de la Concertación. En los procesos judiciales se han cometido varias irregularidades como torturas, compra y utilización de testigos sin rostro, según señala Pichun.

El ex carabinero chileno Julio César Pino Ubilla que pidió asilo en Gran Bretaña a finales del 2002 debido a la persecución de que era víctima en la institución policial, ha denunciado cómo han sido torturados dirigentes mapuches en dependencias de los carabineros. Tras las ocupaciones de tierras y movilizaciones en la zona de Truf Truf, comuna Padre Las Casas, siete mapuches fueron arrestados arbitrariamente por un contingente fuertemente armado de efectivos de la Tercera Comisaría de Carabineros, siendo violentamente golpeados e interrogados. A tres de ellos se les aplicó el denominado "submarino seco" que consiste en introducir la cabeza en una bolsa hasta provocar ahogo, según el cabo César Pino, quien tuvo que desertar y huir tras ser tildado de comunista por oponerse a los malos tratos que daban los carabineros no solo a los mapuches sino a personas pobres y minorías sexuales.

 Este caso, sin embargo, es uno más de una larga cronología de encarcelamientos, persecuciones, muertes y actos racistas que han sufrido los mapuches. Solo durante la dictadura de Pinochet 41 de ellos fueron ejecutados y 80 desaparecidos.

¿Cuáles son las razones de fondo por las que el Estado chileno les ha declarado una guerra a muerte a los mapuches? En un país que sirve de vitrina para el modelo neoliberal y se precia de otorgar un trato especial al capital extranjero, los mapuches han ocupado fundos de empresas transnacionales forestales, se han opuesto a que sus territorios sean convertidos en basureros o sean arrasados por megaproyectos hidroeléctricos como el impulsado por Endesa- España en el Alto Bío Bío. Por otro lado, sectores de las Fuerzas Armadas consideran "peligroso para la integridad del Estado chileno" la reivindicación autonomista de los mapuches, cuya resistencia data ya de varios siglos.

Brasil: Violencia del latifundio

Con la subida al poder de Luiz Ignacio Lula da Silva en enero de este año, la violencia en el campo no se ha detenido. En los primeros 10 meses del 2003 han sido asesinados 56 campesinos (as) que luchan por la tierra, un número superior al del año 2002, en el que fueron muertos 43. Adicionalmente, 26 trabajadores rurales se encuentran presos en los estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná y Sao Paulo y 26 sufren persecución judicial.

¿A qué se debe este repunte de la violencia durante el gobierno de Lula que entró al poder con el apoyo de los movimientos sociales, incluidos los agrarios? Valquimar Reis, de la coordinación nacional del Movimiento Sin Tierra (MST) da la siguiente explicación: "recisamente, es partir del momento en que asume el gobierno prometiendo la reforma agraria, que los sectores conservadores, la burguesía, organizan y crean milicias paramilitares para perseguir a los trabajadores rurales; y los latifundistas se articularon con los poderes judiciales y locales para que impulsen procesos contra los campesinos (as). Entonces, Lula asumió una parte del poder en Brasil, pero hay otra parte que continúa en las manos de los conservadores que son los que se articulan conjuntamente con la prensa para criminalizar a los movimientos sociales".

Brasil es uno de los países en el que la concentración de la tierra es una de las más acentuadas en el mundo. El 1 por ciento de los propietarios rurales posee cerca del 46% de todas las tierras. De aproximadamente 400 millones de hectáreas tituladas como propiedad privada, tan solo 60 millones son utilizadas para la agricultura. Según datos del Instituto de Colonización y Reforma Agraria hay cerca de 100 millones de hectáreas ociosas. Mientras tanto, existen cerca de 4.8 millones de familias sin tierra en Brasil.

Para remediar un poco esta situación de desigualdad, en la Constitución se dispuso la expropiación con fines de reforma agraria de toda propiedad rural que no esté cumpliendo su función social, pero este artículo no ha sido cumplido por los gobiernos de turno, por lo que han surgido organizaciones como el MST que presionan por el cumplimiento de la ley mediante ocupaciones de tierras ociosas. La reacción de los latifundistas -que muchas veces cuentan con la complicidad de la policía y el poder judicial- ha sido furibunda, según se desprende de estadísticas elaboradas por la Comisión Pastoral de la Tierra. Entre 1985 y 2002 se registraron 1280 asesinatos de campesinos, abogados, técnicos, líderes sindicales y religiosos vinculados a la lucha por la tierra.

Guatemala y Honduras: Suelos ensangrentados

 Los campesinos e indígenas de Guatemala fueron las principales víctimas del conflicto armado que dejó, en tres décadas, más de 200.000 muertos y desaparecidos, por lo que se puede hablar de un verdadero genocidio. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 la violencia ha continuado en un contexto de escasez y mala distribución de la tierra y agudización de la crisis cafetalera y pobreza rural. Hasta ahora no se cumplen los elementos referidos a los derechos a la propiedad de la tierra, contemplados en dichos acuerdos.

Durante el actual gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, el blanco de los ataques han sido líderes e integrantes del Comité de Unidad Campesina (CUC), de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas (CNOC) por su trabajo a favor de la reforma agraria. Durante este año, líderes como Daniel Pascual, Juan Tiney, Rafael Chanchavac Cux, Gilberto Atz y Elizabeth Cabrera recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de asaltos, robos, allanamientos, hostigamiento e intimidación, según denunció Amnistía Internacional. Tres de ellos tenían órdenes de captura por cargos de "usurpación de tierras", siendo la parte acusadora los terratenientes agrupados en la Cámara del Agro.

Entre mayo del 2001 y noviembre del 2002 fueron asesinados, en distintas circunstancias, por grupos paramilitares o policías, los campesinos Pedro Méndez, Teodoro Saloj Panjoj, Sarbelio Ramos, Eugenio García, José Benjamín Pérez, Edgar Gustavo Cáseres, Ervin Manuel Monroy, René Augusto Pérez. A pesar de las denuncias realizadas por el CUC al Ministerio Público, autoridades y policía los autores de estos hechos de sangre gozan de plena libertad y continúan amenazando a campesinos.

La criminalización de quienes luchan por la tierra también es un fenómeno constatable en Honduras. Entre otras organizaciones, la represión se ha dirigido contra la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC). El pasado 16 de julio, los campesinos de la organización Unidos Venceremos, perteneciente a la CNTC, municipio de Victoria, Departamento de Yoro, fueron desalojados de sus tierras y 30 de ellos encarcelados en condiciones infrahumanas, incluido un menor de edad. Tres días más tarde, en el Municipio San José, Departamento de la Paz, fueron asesinados por guardias Fabián Gonsales y José Santos Carrío, mientras José Natividad Gonsales quedó herido gravemente. Los campesinos ocupaban un predio bajo dominio del Instituto Nacional Agrario y fueron desalojados cediendo a las presiones del terrateniente José León Argueda, quien alega ser propietario del mismo.

Colombia: La impunidad es la regla

 Colombia merece unas líneas aparte, pues luego de la subida al poder de Álvaro Uribe Vélez se ha desatado una cacería contra líderes sociales, indígenas, campesinos, afrodescendientes, a quienes se acusa, la mayor parte de veces sin fundamento, de ser "auxiliadores" de las fuerzas guerrilleras. Numerosas son las víctimas de los grupos paramilitares que actúan con total impunidad, mientras se han recrudecido fenómenos como el desplazamiento interno, los allanamientos a sedes sociales, la persecución y el encarcelamiento.

 "En ningún momento hemos visto en todas estas detenciones masivas que cojan a un comandante de la guerrilla, son campesinos, son líderes, son defensores de derechos humanos que nada tiene que ver, pero el Presidente Alvaro Uribe Vélez tiene que mostrar resultados ante la opinión pública nacional e internacional y sobre todo tiene que responder a Estados Unidos para que invierta recursos en la guerra que se libra en Colombia", dice Lidia Vargas de la Corporación de Apoyo al Trabajo Social y Campesino, CORPAC. Ella es esposa del líder campesino colombiano Francisco Cortés, quien fue detenido hace más de 6 meses en Bolivia junto con los dirigentes cocaleros bolivianos Carmelo Peñaranda y Claudio Romero acusado de "terrorismo, narcotráfico y espionaje". "Esas acusaciones son falsas porque el propósito era involucrar el Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige Evo Morales, con la insurgencia colombiana", dice Lidia Vargas, quien reclama la libertad de su esposo. La violencia contra los pueblos indígenas reviste características alarmantes a tal punto que muchos hablan de un "etnocidio que es urgente detener". Un ejemplo de esto es el caso de los kankuamos, que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.

 El pasado 16 de octubre cinco líderes de este pueblo fueron asesinados supuestamente por la Autodefensas Unidas de Colombia, según la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Desde 1993 hasta la fecha se han cometido 180 crímenes. El objetivo de esta violencia patrocinada por el poder económico es construir un megaproyecto multipropósitos (represa, riego, producción de electricidad, etc.) en territorios indígenas.

Venezuela: "Hemos perdido el miedo"

 En el caso de Venezuela, desde que se iniciaron los procesos de reforma agraria impulsados por el Presidente Hugo Chávez, se han registrado 162 muertos cuya autoría se atribuye a sicarios al servicio de los latifundistas. El recrudecimiento de este fenómeno ha llevado a conformar la Asociación de Víctimas del Sicariato, siendo sus objetivos lograr que se haga justicia e impulsar una ley de protección a los familiares que hayan sido víctimas del sicariato.

 Esta reacción de los terratenientes se debe a que la Ley de Tierras que está en vigencia ha tocado los más profundos intereses de los latifundistas, según manifiesta Jorge Rodríguez miembro de la Coordinadora Agraria Ezequiel Zamora (CANEZ). El Instituto Nacional de Tierras (INTI) ha entregado a los campesinos 1 millón 30 mil hectáreas. El 50 % de ellas pertenecían al Estado pero estaban en propiedad de los terratenientes. 39.000 familias campesinas se han beneficiado con la entrega de las Cartas Agrarias, es decir de los títulos de propiedad. Adicionalmente, el gobierno de Chávez puso en marcha el Plan Zamora, que señala que no solamente se debe distribuir la tierra a los campesinos, sino que debe desarrollarse “un proyecto de vida sustentable” que incluye crédito, asistencia técnica, maquinaria, vivienda y servicios conexos como salud, educación y recreación. Para estos propósitos, el INTI destinará para 1994, 1000 millones de dólares.

"Los líderes campesinos nos sentimos amenazados, pero últimamente vemos cómo las organizaciones agrarias están desplazando a la violencia terrateniente y hemos perdido el miedo, estamos dispuestos a ir contra lo que sea con tal de defender el proceso revolucionario bolivariano", dice Jorge Rodríguez.

En la mayoría de los países de América Latina, la regla es la impunidad y la denegación de justicia. Los culpables de la violencia contra indígenas y campesinos rara vez son investigados o castigados. El poder judicial casi en todos los casos está el servicio del poder económico, es decir de los latifundistas. Los procesos judiciales, cuando los hay, son muy engorrosos y los familiares de las víctimas, por ser personas pobres, no pueden sufragar los elevados costos que implica presentar acusaciones particulares.

Generalmente los conflictos de tierras son vistos como asuntos de crónica roja y los cientos de campesinos e indígenas que están en las prisiones son tratados como presos comunes. Por ello, las organizaciones agrarias y campesinas expresan que éstos deben ser considerados como presos políticos o presos de conciencia pues el motivo de su encarcelamiento es la defensa de causas sociales o la defensa de derechos colectivos como la tierra, los territorios, la reforma agraria, la identidad cultural o la oposición a las actividades de las transnacionales y a las políticas neoliberales que lesionan los intereses de los pueblos.

Publicado en América Latina en Movimiento # 377 (ALAI), p. 16, 4-11-2003, Quito

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