El Banco Mundial[1] viene cuantificando, desde principios de la década de los 90, una población indígena del Perú de aproximadamente un 41% de la población total del país, que en 1990 representaban 9 millones de personas.  Otras instituciones mundiales como Amnistía Internacional consideran que la población indígena peruana supera el 50% del total.

Existen en la sierra peruana los pueblos indígenas Quechua, Aymara y una pequeña población Puquina en los andes sur-occidentales.  En la selva amazónica son aproximadamente 60 los pueblos indígenas diferentes que juntos hacen una población total de aproximadamente 300,000 personas, es decir los indígenas amazónicos solo son un 2.5 % aproximadamente del total de la población indígena[2] peruana. 

Los ciudadanos indígenas del Perú conforman una mayoría poblacional en el total del país, que supera con creces el 50% del total.

Se suele “deslizar” dentro del discurso oficial peruano y en el de gran parte de la intelectualidad criolla, que los pueblos indígenas solamente son aquellos “grupos tribales” de la amazonía; esta apreciación interesada está cambiando lentamente y en algunos casos se agregan algunos sectores andinos, especialmente aquellos en donde se habla mayoritariamente el quechua o aymara.  En una exposición realizada en 1998 el Defensor del Pueblo manifestaba[3] que “la población indígena amazónica es aproximadamente 300,000 personas, pertenecientes a 48 pueblos indígenas o etnias que corresponden a 12 grandes familias lingüísticas de los cuales se han reconocido a 1,297 comunidades nativas.  Sin embargo (sic), más de 8 millones pertenecen a los pueblos indígenas, si consideramos (sic) a las comunidades campesinas o pueblos originarios asentados en la costa y en la sierra, de los cuales se han reconocido 5,680 comunidades campesinas (189 en la costa y 5,491 en la sierra y ceja de selva).  Todo ello hace que se estime que existen ocho millones de Quechuas y 603,000 Aymaras”.  Sin embargo en la Oficina de la Defensoría del Pueblo solo existe hasta hoy, un “programa de comunidades nativas” dentro de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.  Esta es una muestra clara de qué trato da el mismo Defensor del Pueblo a los mas vulnerables de “sus defendidos”, imaginemos el trato que las demás instituciones “peruanas” dan a los indígenas.  En base a estas informaciones se establece los siguientes cuadros.

CUADRO Nº 1

COMUNIDADES POR REGIONES

* Sierra y ceja de selva

Del cuadro 1 se infiere que la mayor concentración de las comunidades se encuentra en la región de la sierra (y ceja de selva).  Las comunidades son la organización básica de los pueblos indígenas del Perú y es importante reparar en este dato pues la región de la sierra sigue siendo la zona referencial y significativa para los pueblos andino-amazónicos del país no solamente por su constitución organizacional sino también poblacional.

CUADRO Nº 2

POBLACION INDIGENA SEGUN GRUPO ETNICO

(aproximaciones)

* Se indica líneas arriba que la población indígena en la selva es de 300 mil habitantes pero hemos descontado los 55,000 de la etnia Asháninka por ser la más numerosas.

** Este dato es consignado en el documento “El caso del Pueblo Asháninka de la Selva Central”.  En: Nosotros y los otros.  Defensoría del Pueblo.  1998.

El pueblo indígena más importante es el Quechua que se encuentra distribuido en diversos departamentos de la sierra centro y sur y parte de la costa y selva.  A nivel lingüístico los habitantes que hablan el quechua se diferencian por: Quechua sureño, Quechua norteño, Quechua central y Quechua amazónico[4].  De igual manera el aymara se diferencia como tronco lingüístico en: Aymara y Jaqaru.  Este grupo étnico se encuentra básicamente ubicado en el sur y sur-este del departamento de Puno.

Los Asháninka se ubican en los departamentos de Loreto, Ucayali, Huánuco, Junín, Cusco.  A diferencia de los grupos étnicos anteriormente mencionados, el idioma asháninka es una rama del tronco idiomático: arawak.  La relación entre idioma y grupo étnico es importante resaltarla porque aquél es parte importante en su identidad y es el medio por el cual expresa su cosmovisión[5]. 

El Estado peruano a través del Ministerio de Agricultura proporciona datos sobre la cantidad de comunidades a nivel departamental, aunque el criterio para su registro es su reconocimiento legal más allá de su existencia real.  Este criterio en alguna medida puede distorsionar el significado y la importancia de un gran número de la población indígena pues como se sabe los pueblos existen de per ser aunque no estén registrados en las cifras oficiales.  Es el mismo Estado a través de trabas burocráticas que impide la efectivización del reconocimiento y busca desindentificar a los miembros de la comunidad promoviendo la parcelación de las tierras comunales que trae por efecto el resquebrajamiento de otro factor importante de su identidad y procedencia indígena.  Teniendo esto presente usaremos la información disponible para continuar explicando la situación de los pueblos andinos-amazónicos del Perú. 

Como se observa en el Cuadro 3 el departamento de Puno destaca con el mayor número de comunidades a pesar de no registrar alguna comunidad nativa, como si lo tiene el departamento de Cuzco que ocupa el segundo lugar.  En el departamento de Loreto se encuentra el mayor número de comunidades nativas (amazónicas). 

CUADRO Nº 3

DISTRIBUCION POR DEPARTAMENTOS DE LAS COMUNIDADES

FUENTES:

* “Directorio de Comunidades Campesinas del Perú 1991”.  Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural.  Ministerio de Agricultura.

** “Directorio de Comunidades Nativas del Perú”.  Dirección General de Reforma agraria y Asuntos rurales.  Ministerio de Agricultura.  1986.

Del total de la población indígena, el 79% vive soportando condiciones de vida "por debajo del nivel de pobreza" (es decir su ingreso es menor a los dos dólares diarios).  En la década de 1990-2000 aparecieron tres "mapas de la pobreza", tanto el del Banco Central de Reserva, como el del Instituto Nacional de Estadística e Informática en 1994, llamado "Perú: Mapa de necesidades básicas insatisfechas a nivel distrital" y el último del PRES o "Plan de lucha contra la pobreza"; los tres, salvo una que otra diferencia irrelevante, señalan que los pobres, mas pobres del Perú, viven agrupados en distritos que en su generalidad llevan los nombres quechuas originales de las Comunidades Indígenas que les dieron origen, otros llevan un apelativo cristiano antecediendo al quechua, como San Miguel de Corpanqui o San Juan de Chacña. 

Es decir los tres "mapas" señalan que los peruanos paupérrimos están ubicados en el campo y en el interior del país, en pueblos Quechuas.  Solo el 46 % de las viviendas indígenas tienen servicio de agua potable, el 21% tiene desagüe o "servicio público de eliminación de desechos".  El 70% de las mujeres y el 63 % de los hombres indígenas trabajan la agricultura y en promedio reciben solo la tercera parte de lo que ganan los no-indígenas.  A esto debemos complementar que según datos de la OEA, el 79.8% de la población indígena es analfabeta.  Aun así estos datos no son confiables para los indígenas y se plantea la necesidad de avanzar en la identificación cuantitativa y cualitativa de información especializada al respecto.

En general en el Perú[6], los indígenas ocupan los niveles más bajos en los índices de pobreza, educación, salud, etc.  De acuerdo a estudios[7] recientes se tiene que en las zonas rurales –en donde se encuentra un gran porcentaje de la población indígena agrupada en comunidades- los niveles de pobreza y extrema pobreza son más elevados que en las ciudades.  Característica crónica y que explica en gran medida el relevante cambio de la composición poblacional entre lo urbano y rural.  Así tenemos el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 4

NIVEL DE POBREZA, 2000 (%)

Fuente: Pobreza; Medición, Evolución y Déficit de Consumo.  MEF

Estas cifras globales nos indican que en las zonas rurales la pobreza total y extrema están muy por encima del promedio nacional y que son en las regiones de la sierra y selva rurales en donde el porcentaje bajo estas condiciones de sobrevivencia, son más recurrentes. 

En otro estudio sobre el Mapa de Pobreza[8] en el Perú se señala que los departamentos considerados en el nivel de muy pobre son: Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Loreto, Huánuco, Amazonas y Cajamarca.  En el nivel pobre[9] se encuentra los departamentos de: Puno, Cusco, Junín, Ancash, Pasco, Piura, Ucayali, Madre de Dios y San Martín como se aprecia en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 5

NIVELES DE VIDA POR DEPARTAMENTO Y NUMERO DE COMUNIDADES (2000)

Del Cuadro 5 se infiere que el 57.2% de las comunidades se encuentran en los departamentos con niveles de vida pobre, mientras 23.79% están en los departamentos del nivel muy pobre.  Sumando ambos niveles el 80.9% de las comunidades están en departamentos con una situación crítica de pobreza y que si las unimos a lo señalado anteriormente sobre la situación de los niveles de pobreza en las zonas rurales tenemos condiciones pésimas para los pueblos indígenas del Perú.  Estudios posteriores nos podrán dar mejores aproximaciones y cifras más certeras ya que los pueblos indígenas por encontrarse a veces alejados o dispersos y sufrir marginación y discriminación, esto también se ve reflejado y distorsionado en la metodología y forma de recoger la estadística oficial.

Toda esta situación socioeconómica gravemente vulnerable, contrasta con la aparente preocupación del Estado y los gobiernos de turno, por la situación indígena.  El Perú ha ratificado en el año 1993, como ley interna Nº 26253, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.  Además el Estado peruano ha suscrito por lo menos nueve compromisos internacionales que apuntan al beneficio y bienestar de los Pueblos Indígenas, contrariamente a esto, las condiciones de vida, bienestar o subsistencia de los pueblos indígenas vienen deteriorándose gravemente, a pesar de los siguientes compromisos internacionales:

-                   El tratado internacional o Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, publicado en el peruano como ley interna 26253 el 2 de diciembre de 1993.

-                   El Perú suscribió la Agenda 21 en la Conferencia de Río realizada en 1992.

-                   El Perú suscribió el Tratado de Cooperación Amazónica, donde el Estado peruano es miembro de la Comisión Especial de Asunto Indígenas.

-                   El Perú participa activamente en las reuniones que vienen sucediéndose en la OEA desde 1989 donde se esta elaborando una Declaración Interamericana de Derechos de los Pueblos Indígenas.

-                   En 1993 el Perú, en el X Congreso Indigenista en Managua-Nicaragua, suscribe el Protocolo modificatorio de la Convención de Patzcuaro.  Además el Perú forma parte de la Comisión Revisora.

-                   Como miembro de la ONU, el Perú participa del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas y en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

-                   El Perú participa del Fondo para el desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el caribe, creado en julio de 1991, por iniciativa del representante boliviano en la Ira Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, en Guadalajara, México.  Formalmente se establece en julio de 1992, en la II Cumbre Iberoamericana de Madrid­ España, plasmado en un CONVENIO INTERNACIONAL que suscriben 17 países de América Latina y el Caribe; además de España y Portugal.

En el Perú, jurídicamente la persona indígena no existe, lo cual hace que se obvie oficialmente a esta mayoría poblacional cuyos índices socioeconómicos, a simple vista los ubican como los sectores de pobreza y extrema pobreza del país.  Esto viene originando hechos contradictorios como por ejemplo, el desorden e incompatibilidad en la legislación que afecta a los Pueblos Indígenas.  Desorden en donde varias leyes, como la Nº 26505, o Ley de Tierras, contravienen el Convenio 169.

Lo anterior ha merecido que una organización indígena: La Coordinadora Nacional de Comunidades Indígenas del Perú (CONACIP), organización integrante de la Conferencia Permanente de Pueblos Indígenas del Perú, haya presentado en el año de 1998, una denuncia formal ante la OIT.  Esta denuncia fue aceptada por las autoridades de la OIT y en los años subsiguientes se realizó el proceso de interpelación, investigación y las llamadas de atención respectivas.

El problema principal de los indígenas peruanos sigue siendo Tierra y Territorio.  La tierra y su posición son elementos destacados para entender a los pueblos indígenas.  Las comunidades campesinas y nativas establecidos sobre sus tierras tienen en ellas el soporte de su identidad, como así mismo su cimiento de organización social.  Se puede decir que la gran herencia material de los pueblos originarios es la tierra y de ella proviene su vida, explicando de por sí su derecho a respetarla.  Está concepción seguramente para muchos que no pertenecen a los pueblos indígenas no es entendida y ven en la tierra como un factor exclusivamente de producción y comerciable. 

En esta última concepción, en la década del 90 el gobierno promulgo el 17.07.95 la ley 26505 “Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas”, más conocida como Ley de Tierras, que derogó el Decreto Ley 17716.  Posteriormente, se dictó el Decreto Supremo 011-97-AG del 12.06.97 que la reglamentó.  Esta ley pone en suspenso la propiedad comunal que el mismo Estado venia estableciendo con el reconocimiento de muchas comunidades.  Ya en la Constitución Política de 1993 se había puesto en una situación inestable la propiedad de la tierra comunal.  En la Ley de Tierras se establece que existen tierras eriazas con aptitud agropecuaria y sin aptitud agropecuaria.  Las primeras pueden ser de propiedad del Estado, privada o comunal.  Las tierras eriazas de propiedad del Estado, pueden ser otorgadas a la inversión privada, en subasta o concesión, sólo para fines agrarios.  Mientras que las tierras sin aptitud agropecuaria no pueden ser otorgadas a la inversión privada.[10]

Con toda esta normatividad el mismo Estado se faculta en ser el gran distribuidor de tierras y determinar su necesidad pública, contradiciéndose en sus responsabilidades asumidas por la fuerza de la realidad y por la histórica.  Excusas para justificar tal evasión son la supuesta ineficiencia en el campo por la falta de capacidad del campesino o nativo de usar su tierra a raíz de la reforma agraria.  Olvidándose que ellos vienen trabajando en sus tierras por siglos con métodos que hoy se encuentran enmarcado en lo que el mundo occidental denomina desarrollo sostenible.  Muestra de esto son los productos vegetales y animales adecuados a nuestro clima y ricos en nutrientes, muy apreciados en los mercados internacionales.

Por otro lado, la defensa de los pueblos indígenas a su tierra no se ha contrapuesto a la utilización de los recursos naturales, llamados no renovables.  Su preocupación ha sido en la forma irracional de la explotación y el perjuicio irreparable que causa en el medio ambiente al hacerse en una lógica exclusivamente de ganancia, no observándose las consecuencias para la población que habita y depende de ellas, siendo además ellos quienes se quedan en esos lugares.  

Así mismo, los Pueblos Indígenas del Perú han tenido en estas últimas décadas serias confrontaciones con las Cías.  Mineras y Petroleras.  El establecimiento de compañías mineras y petroleras en tierras de los pueblos indígenas ha traído continuos problemas.  El territorio peruano siempre fue rico en cobre, plata, oro y otros minerales que conforman los denominados recursos no renovables y por ello agotables.  A la llegada de los españoles una de sus ambiciones fue el oro y la plata que se utilizaba en el Tawantinsuyo.  Al destruirse este sistema organizacional los colonizadores continuaron sacando esos minerales preciosos. 

Aún en la época contemporánea el Perú es considerado como uno de los países importantes del mundo en la producción de minerales.  La frase “El Perú es un mendigo en un banco de oro” es por todos conocida y da muestra de la gran paradoja de la riqueza de nuestro suelo y la miseria de nuestros pueblos.  Esta situación la conocen bien las comuneros indígenas de todo el país.

Los enfrentamientos entre indígenas y hacendados o compañías explotadoras de recursos no renovables no han tenido otro final que la expropiación y el despojo de las tierras y territorios, que por herencia ancestral les corresponde a los primeros.  El Estado en estas circunstancias más que actuar como arbitro ha creado leyes que en su gran mayoría han beneficiado y simplificado la usurpación, cuando no ha sido solamente observador esperando a que, por la lógica del más fuerte, se resuelvan las disputas.  Fuerza y abuso que es coincidente con la gran influencia que tienen esas empresas al ser las actividades extractivas muy significativas para la economía del país especialmente por el valor de las exportaciones y su participación en el aporte de divisas. 

Tenemos muchos ejemplos de problemas presentados en comunidades indígenas con empresas petroleras y mineras.  En los últimos años se han establecido diversos contratos (29 aproximadamente) en la amazonía del país para la exploración y extracción de hidrocarburos que ha originado la preocupación de los pueblos indígenas de la zona al estar muy incierta su situación y que posiblemente afectarán sus tierras, territorios y medio ambiente como lo indica la Defensoría del Pueblo[11].  En tal sentido se menciona: “… resulta difícil visualizar una intención de crear o reforzar la seguridad jurídica de la propiedad indígena.  En efecto, dicha norma (ley de tierras) pretende adecuar el concepto de propiedad de las comunidades indígenas a la concepción formal de nuestro derecho occidental.  Sin lugar a dudas, ello entra en contradicción con derechos constitucionales como el respeto a la identidad étnica y cultural, toda vez que la tierra constituye un componente básico y fundamental para el mantenimiento de la cultura de estos pueblos.”[12]

El caso de la Comunidad de Vicco, Cerro de Pasco, es representativo.  La Cía.  minera El Brocal pretende con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas expropiar 3,000 has.  de sus tierras para aumentar su producción de minerales.  Las consecuencias del establecimiento de mineras en las proximidades de la comunidad ya las vive al tener 5,000 has.  inservibles debido a los residuos de minerales y la imposibilidad de continuar con la producción ganadera que la caracteriza. 

El Congreso de la República agrupa a legisladores que en su gran mayoría pertenecen al grupo criollo y son de cultura occidental, desconocen el “problema indígena” y tratan de elaborar leyes para regir una realidad que desconocen, o que si la conocen, la quieren desaparecer.  Un ejemplo y problema grave, de lo que aquí decimos lo representa la Ley de fecha 30.04.97 que el Congreso aprobó como Ley de Titulación de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa en otra muestra de clara intención de continuar con la USURPACIÓN o expropiación “legal” de las tierras de los pueblos indígenas.  Esta ley tiene un trasfondo que ha sido denunciado desde el mismo momento de su aparición, veamos:

a)   Siguiendo la filosofía de divide y reinaras se promulga una ley especial para los comuneros de la Costa, con la firme intención de acentuar diferencias entre los pueblos originarios del Perú, ya no basta solamente con dividirlos con las denominaciones de comunidades campesinas y nativas; ahora existen “Comunidades Campesinas de la Costa”.  Parte del diálogo de sordos entre los indígenas y los criollos occidentales se encuentra en que éstos no reconocen el presente y menos el futuro de los primeros y para ello crean las condiciones para su “integración” a la occidentalización y no hay mejor arma que promover la diferenciación entre los pueblos originarios. 

b)  Las tierras comunales de la región Costa son de grandes extensiones y poseen algunas ventajas comparativas por el acceso a medios de transporte.  Estas características son relevantes para la codicia de inversionistas.[13] Lo importante aquí es la pérdida de esas tierras para satisfacer los apetitos privados apoyados por el Estado a través una legislación preparada para ello, con lo que se viola el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. 

c)   La ley intenta redimensionar las ideas de Costa y el peso de las decisiones de los sectores o anexos a la comunidad.  Como si se tratase de cambiar la realidad por decreto.  En la primera se especifica que la Costa es hasta los 2,000 m.s.n.m.  cosa que todos sabemos no es mas allá de los 500 m.s.n.m.  En la segunda, las decisiones de los anexos o sectores pueden tener un respaldo del Estado e imponerse a la comunidad quebrantando la democracia comunal y su derecho a participar en las Asambleas y asumir los acuerdos. 

d)  Se denomina comunero a quienes tienen residencia habitual.  No se refiere para nada que la identidad del comunero es un largo proceso heredado, viene desde los primeros años y contiene aspectos culturales; no siendo una situación circunstancial para acceder a la posesión de tierras y luego venderlas.

En síntesis y finalmente, haremos un breve resumen de los principales problemas que enfrentan los pueblos indígenas del Perú, podemos referirnos a cuatro plagas seculares que amenazan su destrucción.  Estos problemas crónicos son:

La persistencia de su extinción histórica de su población y presencia física, por los niveles de vida por debajo de la extrema pobreza que soportan las familias indígenas y por la migración masiva del campo a la ciudad, (“desplazados”).  Y por el deterioro crónico de la fuerza de trabajo en las comunidades indígenas, las altas tasas de mortalidad infantil y morbilidad en general.  Todo esto se suma a los planes y campañas de esterilización y reducción de la natalidad que en forma singular practicó de manera oficial el gobierno de Fujimori (1995-2000).

El despojo sistemático de sus tierras, territorios y recursos naturales, tal como lo hemos visto arriba, todo esto ocasiona la destrucción de las posesiones de territorios de las comunidades indígenas que son la base material de la identidad.  Debido a las nuevas políticas y leyes del régimen agrario constitucional (Constitución de 1993) que provoca en la práctica que las tierras, territorios y recursos naturales de las Comunidades Indígenas, dejen de ser inalienables, inembargables e imprescriptibles.

El exterminio cultural y educativo de los pueblos indígenas del Perú, que es provocado por la persistencia crónica de un solo sistema educativo nacional, que está sellado por una inercia histórica homogeneizante que nos conduce a todos a la castellanización en el idioma y a la occidentalización en la cultura.  Procesos anacrónicos que atentan no solo contra los pueblos indígenas sino contra la identidad y la soberanía del Perú.  Sin embargo los modelos educativos andino-amazónicos resisten a nivel familiar y comunal “informalmente” y sometidos a una clandestinidad forzada.

La falta de reconocimiento legal y la carencia de los espacios jurídicos y políticos para las instituciones indígenas por parte del Estado peruano.  A pesar que el gobierno de Toledo mediante el Decreto Supremo 111–2001-PCM, creó la Comisión Nacional de los Pueblos Andinos y Amazónicos, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, además de otras medidas a favor de los Pueblos Indígenas, la legislación peruana favorece totalmente a la sociedad no-indígena en detrimento de las sociedad indígena. 

El último punto que reseñamos es el que se refiere a la ORGANIZACIÓN INDÍGENA NACIONAL.  La situación actual es muy irregular, ha devenido del proceso de “campesinización” del gobierno del General Juan Velasco Alvarado, que bajo el pretexto de que el término INDIGENA era humillante y despreciativo, se borró del lenguaje jurídico y político la denominación de COMUNIDADES INDIGENAS sustituyéndolo por el de COMUNIDADES CAMPESINAS, quitándoles el único término de identidad justo cuando la comunidad internacional había comenzado a reconocer los Derecho de los Pueblos Indígenas.  Se pretendió con esto darles una "paridad jurídica formal", cuando en realidad no existe absolutamente una paridad jurídica real.  Esto sigue provocando la poca efectividad para la identificación de las organizaciones de las Comunidades como PUEBLOS INDÍGENAS, y gran facilidad para ser centralizadas por las centrales “campesinas” como son la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA), que dicho de paso son organizaciones agrarias gremiales cooptadas por partidos políticos de la izquierda socialista. 

En cuanto a la organización centralizada de los indígenas, la Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú –COPPIP- fue creada por acuerdo del Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Perú realizado en la ciudad del Qosqo, del 2 al 5 de diciembre de 1997.  Este fue un evento de gran trascendencia para el movimiento indígena peruano pues congregó a cientos de delegados de pueblos indígenas de todas las regiones del país: costa, sierra y selva.  Las organizaciones nacionales, regionales y locales, en sus distintas variantes o tendencias, confluyeron en este Congreso que inicio una nueva etapa para el movimiento campesino e indígena.

La Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú realizó su Acto Inaugural el 24 de abril de 1998 en el auditorio Raúl Porras Barrenechea ubicado en el Palacio Legislativo con el auspicio de la Mesa Directiva del Congreso de la República.  En esta oportunidad el Dr.  Jorge Santisteban de Noriega, Defensor del Pueblo, y el R.P.  Gustavo Gutiérrez efectuaron dos disertaciones magistrales tituladas “Los pueblos indígenas, el derecho a la tierra y a la autodeterminación” y “El derecho de los pueblos indígenas a la paz y la justicia”, respectivamente.  En dicha oportunidad se difundió la Declaración: ¿Por qué es necesaria y urgente la Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas en el Perú? .  Las actividades de la COPPIP prosiguieron con éxito hasta su II Congreso Nacional realizado en Agosto del 2000, convirtiéndose no solo en interlocutor válido y permanente de los pueblos indígenas, sino también como un singular espacio de organización y tribuna para los pueblos indígenas del Perú, en su diálogo y concertación con la sociedad nacional e internacional.

La COPPIP agrupó a organizaciones como la Coordinadora Nac.  de Comunidades Campesinas e Indígenas del Perú, CONACCIP; la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP; la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, la Asociación de Defensa y Desarrollo de las Comunidades Andinas del Perú, ADECAP; la Confederación Nacional Agraria, CNA; la Confederación Campesina del Perú, CCP; La Federación Puquina, La Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA; el Consejo Unitario de la Nación Ancara, CUNAN, La Federación Tupac Amaru del Cusco, FARTAC; el Consejo Aguaruna-Huambisa, la Comisión de Emergencia Asháninka, la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Huaral, la Federación Departamental de Comunidades de Pasco, La Organización Asháninka Nomachiguenga de la Selva Central, la Unión de Nacionalidades Yaneshas y Asháninkas; y muchas otras organizaciones; esta UNIDAD INDÍGENA conseguida en más de 10 años de trabajo permaneció hasta su II Congreso (Agosto del 2000), evento que constituyó el punto mas alto de la movilización y organización indígena en lo que va de la etapa republicana del país; y a partir del cual, en donde por influencias tanto del Gobierno de Toledo, como por la incidencia que lograron varias ONGs internacionales y “financieras antropologistas” que tienen una particular visión y destino para lo que ellos creen deberían hacer los indígenas peruanos, PENETRARON LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOGRARON DIVIDIR esta incipiente central indígena peruana. 

Quedando posteriormente la COPPIP-Coordinadora que la encabeza AIDESEP y por otro lado la COPPIP-Conferencia que esta encabezada por CUNAN; aunque esta división no expresa una diferencia ideológica de fondo, ni siquiera la presencia de caudillismos, puede expresar relativamente una diferencia de estrategias entre andinos y amazónicos; y en el fondo lo que en realidad delata es una diferente manera de MANEJAR LA AUTONOMIA INDÍGENA frente a las financieras internacionales y al gobierno.  Lo cual significa una diferenciación en los tiempos y velocidades del proceso de recuperación de la identidad, la conciencia y la organización indígena.

Lima 17 de Noviembre del 2003