El interés por los desastres naturales como el que ha sucedido en Haití y en República Dominicana es puntual. Después de enterrados los muertos, apenas algunos especialistas y algunas ONG seguirán preocupándose por las causas de la tragedia. Tradicionalmente, los desastres han sido considerados como hechos puntuales, inevitables e inesperados, generados por la acción extrema de la fuerza de la naturaleza y en consecuencia su estudio se ha centrado en los impactos causados, no en la prevención, así como en un enfoque fiscalista, es decir de observación y estudio de los fenómenos naturales considerados como causantes: crecidas de ríos, huracanes, maremotos, tifones, erupciones volcánicas, etc. Esta visión todavía está vigente, de forma interesada. En coherencia con esta visión simple del problema, los esfuerzos institucionales en la atención a las catástrofes se centran habitualmente en acciones de emergencia y respuesta a los daños, para volver a reconstruir, así como en el monitoreo y la vigilancia de los fenómenos naturales. Este enfoque es completamente insuficiente. No se pregunta el por qué del desastre ocurrido, a partir de un análisis que compare los daños causados por un mismo fenómeno en Estados Unidos o en El Caribe, por ejemplo. Una observación crítica nos da rápidamente la idea de que según el contexto nacional o regional, según los factores sociales, un mismo desastre natural afecta de muy distinta manera. La vulnerabilidad ambiental está íntimamente conectada a la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social se refiere a la condición en virtud de la cual una población está expuesta a sufrir daños por la ocurrencia de un fenómeno natural o con intervención humana. Pero la vulnerabilidad hace referencia, también, a la capacidad de una población para recuperarse de un desastre. La vulnerabilidad no es, por supuesto, algo estático, sino dinámico y cambiante en función de la atención que se preste a la superación de la pobreza, del desorden territorial, del ataque al medioambiente, de la acción de las constructoras, de los deforestadores profesionales y espontáneos, etc. Por otra parte, las amenazas de catástrofe son distintas: no son de la misma naturaleza las inundaciones que los movimientos sísmicos, una erupción volcánica que una epidemia, una sequía que un incendio, etc. Hay amenazas naturales como tornados, granizadas, sismos, etc. y amenazas tecnológicas como la contaminación, escapes de sustancias tóxicas, explosiones, etc. Lo ocurrido estos días en Haití y en República Dominicana con el desbordamiento del río Silié, tiene una dimensión socio-natural. El número de víctimas está vinculado a un modelo de desarrollo, pero también a la ineficacia de los gobiernos. Los cientos de casas enterradas en barrios de Jimaní, en Fond Verrettes, en Grand Goster y Mapou eran completamente vulnerables. Igual ocurrió hace unos años en Centroamérica con el huracán Mitch. En aquella tragedia murieron unas 20.000 personas de las que el 70% vivían en la extrema pobreza. No es que las catástrofes conspiren contra el desarrollo, sucede que son parte del problema de un determinado modelo de desarrollo que reproduce la pobreza estructural, la depredación ambiental y una inadecuada concentración poblacional derivada de la marcha del campo a las ciudades. En el Caribe como en Centroamérica se pueden señalar algunos factores o causas que hacen que veamos con claridad como en la base de la vulnerabilidad ecológica o ambiental se encuentra la vulnerabilidad social: Bajos niveles de desarrollo humano, en particular en las zonas rurales, con elevados índices de pobreza, desnutrición y analfabetismo. Esto implica bajo nivel de capital humano y de organización comunitaria. Inexistencia del Estado en las zonas rurales. Concentración de sus recursos, negativa a una descentralización con recursos económicos y técnicos que de a los municipios capacidad de prevención ante desastres y de acción social. Falta de ordenamiento territorial y de planificación urbana, y mal manejo de las cuencas hidrográficas. No hay normativas que impidan construir en zonas de riesgo, o si las hay son violadas sistemáticamente por las constructoras y/o la acción espontánea de migraciones procedentes de áreas rurales. Los asentamientos humanos carecen de infraestructuras, conductores subterráneos de aguas, falta de electrificación, ausencia de muros de seguridad, etc. Elevada deforestación y manejo no sostenible del territorio. Aquí se dan dos circunstancias: la acción espontánea de la población más pobre en busca de leña, y la permisibilidad con que grandes compañías talan bosques, hacen contrabando de madera, y empresas mineras excavan indiscriminadamente. Deforestación también de manglares costeros que protegían al territorio de maremotos. No hay sistema nacionales y locales para la prevención de desastres, en una región con 6 placas tectónicas, 25 volcanes en activo, fallas, periódicas visitas de tifones y tormentas, etc. Se actúa siempre posteriormente y dando el protagonismo a la empresa privada que tiene en cada catástrofe una nueva oportunidad de hacer negocios. Miles y miles de viviendas, barriadas, construidas en zonas de alto riesgo. En laderas de suelo inseguro, sobre antiguos cauces de ríos, en las cercanías de volcanes. Fuerte concentración de la propiedad tierra que empuja a nuevas migraciones hacia los suburbios de ciudades, e implica una explotación intensiva de tipo industrial. Para las ONG, por lo menos para un buen número, estos desastres abren una oportunidad: la de transformar el modelo de desarrollo. No se trata de una mera reconstrucción sobre los mismos parámetros. El Desarrollo Humano Sostenible no puede esperar. A él deben aplicarse los organismos multilaterales, las instituciones públicas y los gobiernos. Sucede, sin embargo, que para ello hay que partir de ver a las víctimas no sólo como gentes que piden ayuda desesperada, sino como personas que tienen derechos, que exigen derechos, frente a los cuales tenemos obligaciones. En primer lugar han de ser los gobiernos de sus propios países; los parlamentos que han aprobado cartas constitucionales y contratos sociales que no cumplen. En segundo lugar los países ricos encabezados por los gobiernos, así como las instituciones internacionales, todos ellos implicados en un orden injusto. En tercer lugar nosotros mismos, la sociedad mundial. Es desde esta perspectiva de los Derechos Humanos indivisibles que las ONG emplazan a los gobiernos y a Naciones Unidas y sus agencias a que den cumplimiento a los convenios y pactos internacionales (Cumbre del Milenio) para la erradicación de la pobreza, de la vulnerabilidad ecológica y social, además del alivio sustancial a la deuda externa y la consolidación de la democracia. Pero, somos escépticos. Generalmente los acuerdos internacionales en estos puntos, hechos bajo la presión de las ONG y de las sociedades civiles, caen en saco roto. Las gobiernos más poderosos y las grandes instituciones inter- gubernamentales y financieras no ven, no asumen los derechos económicos, sociales y culturales de las gentes. No desean combatir la polarización de la riqueza, el monopolio del suelo y de la tierra. No entra en sus planes, tampoco, que los estados haitiano y dominicano asuma responsabilidades frente a la vulnerabilidad si ello supone aumentar el gasto social.. En la región Centroamérica-Caribe las elites económicas dominantes son un 2%. Por debajo, hay un 23% con recursos. Hay como un 75% que sobrevive. Esto es lo que hay que cambiar para que el río Silié no vuelva a hacer tanto daño. * Iosu Perales es miembro de PTM-Mundubat