El Cono Sur atraviesa situaciones contradictorias. Mientras el gobierno argentino sigue disfrutando el éxito del canje de su deuda externa, y se prepara para la dura batalla con el FMI en torno a las tarifas de las empresas privatizadas, el gobierno uruguayo afronta su primera dificultad –a escasos tres días de haber asumido Tabaré Vázquez- al declararse en quiebra el principal banco cooperativo del país. En tanto, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva enfrenta duros conflictos como consecuencia de las opciones económicas y políticas realizadas. Febrero fue un mes amargo para Brasil. El día 12 fue asesinada la monja estadounidense nacionalizada brasileña, Dorothy Stang, en el norteño estado de Pará, por pistoleros a sueldo de hacendados y madereros clandestinos. El 14, la Policía Militar del estado de Goiania desalojó a tres mil sin techo, que ocupaban 130 hectáreas de un parque industrial, con un saldo de dos muertos, 20 heridos graves y más de 800 detenidos. El 15, el Partido de los Trabajadores (PT) sufrió la mayor derrota política en dos años de gobierno: fue desalojado de la presidencia de la Cámara de Diputados por una circunstancial coalición, dejando al desnudo sus debilidades. El nuevo presidente de la cámara, Severino Cavalcanti del Partido Popular, un político corrupto y derechista, fue elegido con el apoyo del “bajo clero” (los diputados con escasa visibilidad y bajo presupuesto) con la promesa de aumentarles los salarios. Una derrota que es fruto de alianzas con fuerzas que antes el PT consideraba como nefastas, y que ahora se le vuelven en su contra, forzándolo a hacer más concesiones en la inminente recomposición del gabinete ministerial. Pero es en las áreas rurales y en las periferias de las grandes ciudades donde se acumulan los problemas más graves. “La muerte de Dorothy revela el universo de la región de Pará. La ocupación fundiaria desordenada es la culpable, y ella es hecha por hacendados, madereros y ahora también por los cultivadores de soja”, afirma el obispo Tomás Balduino, presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). La organización puso el dedo donde duele: en 2003 hubo 73 asesinatos en el campo en Brasil, 33 de ellos en el estado de Pará. De 1985 a 2004, hubo en todo el país 1.379 muertos en conflictos agrarios, 523 de los cuales ocurrieron en Pará. Sólo en diez casos hubo juicio, siendo condenados apenas cinco instigadores y ocho ejecutores de los crímenes. Además, la CPT denunció al agronegocio –al que define como “agrobandidos”- como culpable de la violencia actual, un sector productivo favorecido por la política de Lula, en cuyo gobierno ocupa una cartera ministerial. Según Tomás Balduino, en 2003 en Pará el agronegocio expulsó de sus tierras, legalmente tituladas, a 35.292 familias campesinas, y el año pasado a otras 34.850. Una semana después del crimen, el gobierno lanzó el Paquete Verde, un conjunto de decretos que intentan detener la ocupación ilegal de tierras por hacendados y madereras, y envió dos mil soldados para capturar a los asesinos y asegurar la paz. El ex diputado del PT y presidente de la Asociación por la Reforma Agraria, Plinio Arruda Sampaio, señaló en Folha de Sao Paulo del 23 de febrero, que para estos casos la clase política ha ideado un “kit masacre”, que consiste en “promesas de castigo implacable a los criminales, prisión de tres o cuatro sospechosos, y el anuncio de acciones destinadas a darle a la opinión pública la impresión de que el gobierno está actuando enérgicamente”. Sostiene que las medidas tomadas ahora por Lula son “una cortina de humo para esconder la falta de coraje de las más altas autoridades”. Los movimientos y la iglesia también desconfían, y exigen del gobierno una profundización de la reforma agraria como única forma de detener la violencia. En 2004, fueron asentadas sólo 30 mil familias, de las 115 mil que se había fijado como meta el Plan Nacional de Reforma Agraria. Sobran razones para la desconfianza. El gobierno recortó el presupuesto federal para 2005 en 16 mil millones de reales (unos 6 mil millones de dólares), con lo que el Ministerio de Reforma Agraria podrá asentar apenas 40 mil familias, la mitad de su objetivo, casi la misma cantidad que expulsan cada año los hacendados en un solo estado como Pará. Las alarmas se han encendido. La crisis social puede derivar en estallidos y crisis política. Joao Pedro Stédile, del MST (movimiento sin tierra) sostiene que Lula puede perder las elecciones de 2006 si no cambia el rumbo. Kennedy Alencar, columnista del conservador Folha, asegura que el gobierno dedica sus energías a “evitar una conflagración social”, apreciación en la que coinciden las agencias izquierdistas Carta Maior y Adital. “De este atolladero el gobierno no sale más”, asegura Adital, mientras Carta Maior teme que la reducción del presupuesto para reformas puede incendiar las áreas rurales. Un paso más en la peor dirección: el 4 de marzo el gobierno decidió la desregulación del mercado de cambios, lo que profundizará el modelo neoliberal. En 2004, la banca Itaú tuvo la mayor ganancia en la historia del sistema bancario de Brasil, que vive un proceso de concentración y aumento explosivo de beneficios gracias a las elevadísimas tasas de interés. Los sin tierra buscan canalizar un descontento que no parece encontrar rumbo. El año pasado, el MST ocupó 150 haciendas en una oleada de movilizaciones que denominaron “abril vermelho” (abril rojo). Este año están dispuestos a doblar la apuesta, y realizarán una gran acción de impacto nacional, una gran marcha nacional que confluirá en Brasilia, como la que el movimiento realizó en abril de 1997 por la reforma agraria y para conmemorar el primer aniversario de la masacre de Eldorado dos Carajás (también en Pará), bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Muchos campesinos que llegarán a pie a la capital, se preguntarán si ha habido algún cambio real en el país gobernado por la izquierda. *Publicado en La Jornada, 11 de marzo de 2005.