En los últimos boletines hemos abundado en información y análisis de la problemática hidrocarburífera y de las diferentes posiciones en torno a la ley de Hidrocarburos que en estos momentos todavía se discute en el Senado. Incluso hemos enviado un boletín especial con el manifiesto de la llamada "Cumbre de la Indignación" que llama la atención sobre los problemas de fondo que la nueva ley parece ignorar. Sin embargo el tema de los hidrocarburos sigue siendo central en el país y en los últimos días se han generado noticias que merecen un análisis algo extenso. La ley en el Senado Al llegar al Senado el proyecto de ley aprobado en Diputados se han multiplicado las reacciones de las empresas petroleras y de sus representantes oficiosos (como el ministro de Hidrocarburos). Las observaciones de las empresas (que no fueron formalmente enviadas por escrito al Senado) han sido expresadas básicamente por la Cámara "Boliviana" de Hidrocarburos y se refieren al tema de la propiedad (ellas son verdaderamente dueñas, según los contratos firmados), al veto indígena (que consideran inadmisible), a la violación de la libertad de comercio, y al impuesto directo (que consideran equivale a "regalías encubiertas"). Ante estos desacuerdos amenazan con paralizar inversiones y con acudir al arbitraje internacional. British Gas denuncia que se ha violado 7 puntos del "Tratado con Inglaterra", mientras Repsol y Transredes se permiten afirmar que la nueva ley "no cumple el referéndu! m". Encima las empresas reclaman 132 millones de dólares que se les debe por concepto de "reintegro a las exportaciones" (un regalo adicional que les hizo el presidente Bánzer). A la posición de las empresas se suman, en el mismo tono, 32 siglas que se han manifestado como "Empresas Bolivianas de Servicios y Suministros Petroleros". Por supuesto esta andanada es aprovechada por el ministro de la Presidencia para asustar a la opinión pública y para presionar al Senado. Del otro lado el Senado sufre también la presión de los movimientos sociales, que más bien plantean que se modifique el Art. 52 y se vuelva a la versión original del 50 % de regalías (el MAS ha instruido una vigilia permanente en los domicilios de los senadores). En medio de ambas presiones los senadores parecían dispuestos a quitar el término "obligatoria" referido a la migración de los contratos, así como el derecho de veto de los pueblos indígenas (que entre tanto sólo es defendido por la CIDOB, ya que la CONAMAQ y la CSUTCB manifiestan que quieren ser consultados pero no con carácter "vinculante"). La nulidad constitucional de todos los contratos Ésta es la noticia de los últimos días. Un grupo de abogados patriotas presentó una demanda de inconstitucionalidad (ante un juzgado ordinario) contra todos los contratos firmados (entre 1997 y 2004) con compañías petroleras por incumplimiento del Art. 59 de la Constitución (inciso 5), que establece que todo contrato internacional debe ser ratificado por el Congreso, y ningún contrato lo fue. Con tal motivo se pronunció el Tribunal Constitucional, aclarando que el haber declarado constitucional el decreto 24406 (de nefasta memoria) no conlleva en absoluto la constitucionalidad de los contratos, y que este tema debe ser definido por el Congreso. Con lo cual a estas alturas está claro que todos los contratos con las petroleras son nulos. Ha sido una imprevista patada al tablero, que ha provocado diversas reacciones, desde propuestas radicales de que en consecuencia se vayan todas las transnacionales (el M! AS ha llegado a hablar de la toma de todos los campos), hasta propuestas conservadoras que arguyen que después de 8 años de vigencia fáctica no tiene sentido considerar nulos los contratos, pasando por quienes plantean que la nueva circunstancia no hace más que avalar la ley que se discute en el Senado, y también por quienes plantean la pertinencia de un juicio de responsabilidades a los gobernantes que, basados en la confidencialidad de los contratos, nunca los sometieron a la ratificación congresal (juicio que abarcaría a los cuatro últimos presidentes, incluido Mesa). Los partidos responsables del desaguisado intentan lavarse las manos y culpar a otros, y en estos momentos nadie sabe cuál será el desenlace final del problema. Lo que es evidente es que las empresas (y sus obsecuentes portavoces nacionales) se han quedado sin argumentos, y que el estado boliviano, si quiere, ahora sí que está en condiciones de cambiar drásticamente las reglas de juego. El contrabando de la Chaco y los ridículos aportes tributarios de todas Coincidentemente se ha comprobado que la empresa Chaco (vinculada con Amoco, Repsol-YPF y British Gas) ha exportado ilegalmente al Brasil cerca de 30 mil barriles de petróleo reconstituido (algunas noticias hablan también de petróleo crudo), y para que no queden dudas es la propia empresa la que, amparándose en el Art. 157 del Código Tributario, se ha presentado a Impuestos Internos para acogerse al "arrepentimiento eficaz", lo que implica reconocer el delito y pagar al fisco más de 1 millón de dólares para no incurrir en las penas previstas para el contrabando. El MAS anuncia un proceso penal contra dicha empresa, pero al margen de que el mismo avance o no, este escándalo acaba de desarmar los argumentos legales de las transnacionales petroleras. Lo que no quita que éstas, educadas durante muchas décadas en la prepotencia y la impunidad, intenten refutarlo todo (concretamente la Chaco ! ha anunciado que va a demandar del estado una indemnización de 11 millones de dólares por el daño infligido a su honorabilidad…). Pero eso no es todo. El matutino El Diario informa que en 2004 la actividad manufacturera ha aportado al Tesoro más impuestos (1.108 millones de bolivianos) que el sector petrolero (938 millones), pues si bien formalmente figura como impuestos procedentes del sector hidrocarburos la cantidad de 1.969 millones, resulta que más de la mitad de dicha cifra (1.031 millones) procede del IEHD, es decir procede de los consumidores internos; peor aún, el aporte que directamente procede de la explotación de petróleo y gas apenas alcanza a 313 millones de bolivianos. ¿Para eso tantos contratos, tanta propaganda y tanta inversión, para que el aporte al estado sea menos que el de la fabricación de muebles, jeans y orfebrería? El Diario no concurrió a la Cumbre de la Indignación pero con su oportuna información respaldó las afirmaciones de dicha Cumbre. A modo de conclusión En momentos en que los países que compran nuestro gas están más necesitados de él que nunca (Argentina necesita cumplir sus contratos de suministro a Chile y Paraguay), las circunstancias enumeradas hacen más imperativo que nunca que Bolivia recupere el control efectivo de sus recursos, sin ningún temor a los arbitrajes internacionales, ni al aislamiento ni a la bancarrota petrolera; y es posible que esta imperiosa necesidad se traduzca en una polarización social cada día más fuerte. Incluso se revitaliza la corriente "nacionalizadora", que parecía derrotada, o al menos resignada. Por supuesto seguirán las presiones del movimiento cívico cruceño y sus allegados para que las cosas sigan como están, pero con la desventaja para ellos de que "como están" es imposible que sigan. De momento están anunciadas diferentes movilizaciones en defensa de la recuperación efectiva de los hidrocarburos como única plataforma de despegue de la maltrecha economía nacional. Mientras tanto las Fuerzas Armadas parecen limitarse a pedir que el 2 % de los ingresos petroleros sean para su institución. Bolivia Press 2005, Nº 5 (14 de abril) Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)