Jefe del Estado y del gobierno: Luiz Inácio Lula da Silva Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado Convención de la ONU sobre la Mujer: ratificada con reservas Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU sobre la Mujer: ratificado El grado de violación de los derechos humanos siguió siendo muy elevado, a pesar de algunas iniciativas adoptadas por la Secretaría Especial para los Derechos Humanos del gobierno federal. Algunos informes sobre casos de ineficacia, violencia y corrupción policial hicieron dudar de la efectividad de las propuestas del gobierno en favor de las reformas. La policía mató a centenares de civiles, quizá a miles, en presuntos tiroteos. Muy pocos o ninguno de estos casos se investigaron a fondo. Se recibieron constantes informes sobre la participación de la policía en «escuadrones de la muerte». Se utilizó la tortura de forma generalizada y sistemática. El hacinamiento, los motines y la corrupción caracterizaron el sistema penitenciario. Las autoridades federales y estatales no proporcionaron una protección completa a los defensores de los derechos humanos amenazados. Se siguió amenazando, atacando y matando a activistas rurales e indígenas. Los responsables de violaciones de derechos humanos continuaron gozando de una amplia impunidad. A raíz de algunas condenas nacionales e internacionales, el gobierno federal prometió empezar a abrir los archivos en los que se detallan las violaciones del antiguo régimen militar. Información general El gobierno siguió una rigurosa política fiscal con el fin de poder pagar la deuda externa. El país registró tasas de crecimiento récord en la primera mitad del año, aunque en gran medida a costa del gasto social. Aunque la lucha contra el hambre siguió siendo uno de los elementos esenciales de la política social del gobierno, éste fue objeto de críticas, entre otras cosas, por no cumplir los objetivos prometidos en materia de reforma agraria. La Secretaría Especial para los Derechos Humanos puso en marcha varios proyectos, entre ellos una nueva campaña contra la tortura. El gobierno impulsó propuestas legislativas, como la reforma del poder judicial, que recogían mecanismos para abordar los crímenes contra los derechos humanos en el ámbito federal. Los grupos de defensa de los derechos humanos temían que estas propuestas no pudieran aplicarse de forma efectiva por no contar con el apoyo político y económico suficiente. Además de promulgar leyes sobre el control de armas, el gobierno inició una campaña de desarme, que preveía el pago de dinero por la entrega de armas. Sin embargo, no persistió en el apoyo, expresado por el presidente, a la campaña internacional en favor de un tratado sobre el comercio de armas encaminado a controlar la venta de armas pequeñas. A raíz de una visita efectuada en octubre, el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados condenó la lentitud del sistema judicial, la exclusión de él de ciertos grupos y la vulnerabilidad de los niños y los adolescentes dentro del sistema. Seguridad pública y homicidios policiales Se recibieron constantes informes de todo el país sobre casos de corrupción, violencia y discriminación policial. Las operaciones de la policía en las favelas (barrios marginales) se consideraron por lo general que tenían un carácter desproporcionado y represivo. La intervención de la policía militar y civil agravó con frecuencia la violencia y la delincuencia en las zonas pobres y marginales, que siguieron siendo focos de una violencia armada extrema, relacionada a menudo con el tráfico de drogas. Según cifras oficiales, la policía mató a 663 personas en el estado de São Paulo y a 983 en el de Río de Janeiro. Ambas cifras eran inferiores a las de los últimos años. La gran mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes, pobres, negros o mestizos. Aunque se iniciaron investigaciones sobre algunos de estos casos, pocas fueron las que llegaron muy lejos. Se agredió o dio muerte a miembros de las fuerzas de policía estatales mientras realizaban su trabajo o cuando estaban fuera de servicio. En São Paulo y Río de Janeiro se mató a 82 agentes de policía estando de servicio. El plan nacional de seguridad pública puesto en marcha por el gobierno para reformar las fuerzas de policía estatales, basado según los informes en principios de derechos humanos, no estuvo a la altura de las expectativas que había generado. Aunque algunos estados empezaron a aplicar ciertos aspectos del plan, pocos fueron los que adoptaron sus elementos fundamentales. La reforma se vio obstaculizada además por las demandas de algunos medios de comunicación y del público en favor de más medidas policiales represivas contra los delitos violentos. La nueva fuerza de seguridad nacional, creada como parte del plan, se utilizó por primera vez en el estado de Espírito Santo, en noviembre, a raíz de unos ataques perpetrados, según los informes, por bandas de narcotraficantes. El gobierno del estado de Río de Janeiro falló de forma reiterada a la hora de suministrar protección a las comunidades marginales que padecían la invasión de bandas de narcotraficantes. La reacción de la policía militar con ocasión de las invasiones violentas de dos barriadas marginales, Rocinha en abril y Vigário Geral en octubre, fue tardía, y en el caso de Rocinha, violenta. Tras una de las invasiones, la gobernadora del estado solicitó a las autoridades federales autorización para desplegar unidades del ejército en las calles. La petición fue denegada de hecho cuando el gobierno de Río de Janeiro se negó a cumplir las condiciones exigidas por el gobierno federal. * El 3 de febrero, Flávio Ferreira Sant’Ana, dentista negro de São Paulo, fue ejecutado extrajudicialmente, según los informes, después de ser detenido por agentes de la policía militar que buscaban a un ratero. Los informes indicaban también que los agentes colocaron una pistola junto al cadáver y afirmaron que el hombre había muerto en un tiroteo. Existen sólidos indicios de que el homicidio se produjo por motivos raciales. Se inició una investigación sobre el caso. «Escuadrones de la muerte» Los «escuadrones de la muerte» siguieron participando en todo el país en ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes –tanto en acciones calificadas en ocasiones de «limpieza social» como en el contexto de la delincuencia organizada–, a menudo con la intervención directa de agentes de policía en activo o retirados del servicio. * Entre el 19 y el 22 de agosto mataron a golpes a siete personas sin hogar en el centro de São Paulo. Posteriormente se acusó de los homicidios a dos agentes de la policía militar y a un guardia de seguridad privada. Sin embargo, los cargos se retiraron después, alegándose que no existían pruebas suficientes. Se pusieron en marcha algunas iniciativas para afrontar el problema. En Bahía, una fuerza especial del gobierno del estado disolvió varios «escuadrones de la muerte» a lo largo del año. Un juez federal ordenó en diciembre la disolución de Scuderie Detetive Le Cocq, organización benéfica policial con características paramilitares que participaba desde hacía tiempo en las actividades de los «escuadrones de la muerte», en la delincuencia organizada y en actos de corrupción en Espírito Santo. En Pernambuco, un policía militar que era miembro destacado de un «escuadrón de la muerte» fue condenado a 14 años de cárcel por el homicidio de Josenildo João de Freitas Junior en 1999. Tortura y malos tratos La tortura se siguió utilizando de forma generalizada y sistemática en las cárceles, en las comisa¬rías de policía y durante las aprehensiones. El gobierno federal indicó que desde 1997 un total de 240 personas habían sido declaradas culpables de actos de tortura en primera instancia. Sin embargo, causó preocupación que siguieran sin aplicarse de manera efectiva las recomendaciones formuladas en el año 2000 por el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura. * El 21 de enero se detuvo al estudiante Rômulo Batista de Melo, acusado de haber robado un automóvil propiedad de un amigo suyo. El detenido murió después de sufrir graves lesiones cranea¬les mientras se encontraba bajo custodia. La policía civil señaló que las lesiones se las había causado él mismo. Se acusó del homicidio a tres policías. En las cárceles de São Paulo, según los informes, disminuyó el número de motines a raíz de la aplicación de unos nuevos sistemas disciplinarios: el Régimen Disciplinario Diferenciado y el Régimen Disciplinario Especial. Los reclusos informaron a Amnistía Internacional de que estos sistemas eran abusivos y que los directores de las prisiones los utilizaban de manera arbitraria. El director de una cárcel no pudo explicar a Amnistía Internacional las garantías jurídicas existentes en semejantes circunstancias. En el sistema penitenciario predominaban un gran hacinamiento, las condiciones insalubres, los motines, la violencia entre presos y el uso sistemático de la tortura y los malos tratos. Una gran corrupción y un sistema ineficaz de justicia penal agravaban el problema. * En mayo, siete adolescentes de edades comprendidas entre los 15 y 17 años murieron en un incendio que ellos mismos habían provocado en el Complexo de Defesa da Cidadania, centro de detención juvenil de Teresina, en el estado de Piauí. Según los informes, la policía les arrojó agua por la ventana de la celda, pero no les permitió salir. Se formularon cargos contra la madre de uno de los detenidos por facilitar cerillas a su hijo y contra un policía militar por no haberlas encontrado en un registro ordinario. Los cargos presentados contra el secretario de Seguridad Social del Estado, responsable del centro, se retiraron a raíz de una resolución judicial. * 30 detenidos resultaron muertos el 31 de mayo en un motín organizado por bandas de narcotraficantes de Río de Janeiro en la Casa de Custodia de Benfica, en la capital del estado. El motín estalló cuando se decidió poner juntos a miembros de distintas bandas dentro de la prisión. * La prisión de Urso Branco, en el estado septentrional de Rondônia, volvió a ser escenario de disturbios, abusos y torturas. En abril, unos presos mataron a 14 reclusos durante un motín. Como consecuencia de este hecho, el número de homicidios en la prisión se elevó a 78 desde mayo de 2001, lo que evidenció el incumplimiento por parte de las autoridades federales y estatales de las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002. Como consecuencia de este incumplimiento, el caso se remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el primero que Brasil ha tenido que afrontar en este organismo, el cual confirmó el incumplimiento de las medidas cautelares. Defensores de los derechos humanos Los defensores de los derechos humanos fueron blanco de amenazas, agresiones, calumnias y homicidios. Los mecanismos de protección existentes siguieron siendo muy poco sólidos. El gobierno federal puso en marcha en octubre su primer programa de protección de los defensores de los derechos humanos, que preveía el uso de unidades especiales de la policía estatal para proteger a los amenazados. El proyecto fue acogido favorablemente como un primer paso, pero numerosas organizaciones no gubernamentales expresaron su preo¬cupación porque transfería la responsabilidad de las autoridades federales a las estatales, que son a menudo las responsables de la amenaza. En mayo, la policía federal recurrió contra la orden de facilitar protección a Roberto Monte, Ruy dos Santos y José Veras Junior. Argumentaban que, al no ser ninguno de ellos empleados federales, la responsabilidad de protegerlos no correspondía a las autoridades federales, sino a las estatales. Roberto Monte, empleado del Centro de Derechos Humanos y Memoria Popular en Natal, en Rio Grande do Norte, siguió recibiendo amenazas por denunciar a los «escuadrones de la muerte» locales, en los que figuraban miembros de la policía estatal. En noviembre se hizo público un memorándum interno en el que se ordenaba a la policía civil de São Paulo vigilar a los sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales y a los movimientos sociales como el Movimiento de los Sin Tierra (Movimento Sem Terra, MST). Según los informes, el jefe de la policía civil del estado indicó que la orden de vigilar a estas organizaciones había partido de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública en Brasilia. El Ministerio Público del estado inició una investigación oficial del memorándum. Derechos sobre las tierras y derechos de los pueblos indígenas Siguió siendo un grave motivo de preocupación el número de activistas campesinos y de dirigentes sindicales víctimas de amenazas y homicidios. La Comisión Pastoral de la Tierra señaló que hasta noviembre se habían cometido 29 homicidios, 15 de ellos en el sur del estado de Pará. * El 29 de enero, en Redenção, en el sur de Pará, dos hombres dispararon, en presencia de sus familiares, a Ezequiel de Moraes Nascimento, presidente de una asociación de trabajadores rurales. Ocho días después, Ribamar Francisco dos Santos, tesorero del Sindicato de Trabajadores Rurales, fue víctima también de unos disparos delante de su domicilio en Rondon, en el sur de Pará. La presidenta del sindicato, Maria Joelma da Costa, siguió recibiendo amenazas de muerte. Se rechazó la propuesta de retirarle la protección policial tras una intervención de la Comisión Pastoral de la Tierra. * El 20 de noviembre, unos hombres armados y enmascarados mataron a cinco miembros del Movimiento de los Sin Tierra e hirieron a otros 13 en Felisburgo, Minas Gerais. Posteriormente se detuvo a cuatro hombres, entre ellos un terrateniente local. Los pueblos indígenas siguieron siendo objeto de amenazas, agresiones y desalojos violentos en su lucha por los derechos sobre las tierras. El no reconocimiento de los derechos sobre sus tierras los dejó en gran medida indefensos frente a las agresiones y las invasiones de tierras perpetradas, entre otros, por colonos ilegales, madereros y buscadores de diamantes. * Unos colonos invadieron en enero una misión católica en la reserva indígena de Raposa Serra do Sol, en el estado de Roraima, a raíz de un anuncio del gobierno según el cual el presidente iba a aprobar por fin las reclamaciones de tierras de los indígenas. Mantuvieron secuestrados a tres misioneros durante tres días y, según los informes, los sometieron a humillaciones y torturas psicológicas. Los colonos, que actuaron al parecer bajo las órdenes de terratenientes locales, bloquearon también algunas carreteras de la zona y amenazaron con proseguir los ataques contra las comunidades indígenas. Se aplazó el proceso de concesión de tierras a los habitantes indígenas. Posteriormente, el proceso fue objeto de otro aplazamiento a raíz de unos recursos de apelación presentados ante los tribunales, y al finalizar 2004 continuaban los ataques y las amenazas. La policía inició en abril una investigación sobre el homicidio de 29 hombres que habían estado extrayendo ilegalmente minerales en tierras pertenecientes al pueblo indígena de Cinta Larga, en el estado de Rondônia. En diciembre de 2003, una comisión de investigación, integrada por miembros de la asamblea legislativa de Rondônia, advirtió sobre el estallido inminente de actos de violencia y pidió la intervención de las autoridades federales, incluida la presencia del ejército, con el fin de evitar el conflicto y la extracción ilegal de minerales en la región. Esta intervención no se llevó a efecto. En noviembre, la policía anunció que iba a acusar de los homicidios a 10 miembros de la comunidad indígena. Según los informes, continuó agravándose el problema del trabajo en condiciones de esclavitud. El gobierno aprobó importantes leyes que permitían la confiscación de las tierras en las que se utilizase mano de obra en condiciones de esclavitud o en régimen de servidumbre. Se amenazó, agredió y dio muerte a altos cargos estatales y activistas de derechos humanos que trabajaban para erradicar el problema. * El 28 de enero mataron a tres inspectores del Ministerio de Trabajo y al conductor del vehículo en el que viajaban, en Unaí, Minas Gerais, cuando inspeccionaban algunas granjas de la región para comprobar si había personas trabajando en condiciones de esclavitud. Se acusó de los homicidios a cuatro hombres, entre ellos un terrateniente local. Violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado Aunque se lograron algunas condenas notables, la impunidad de los responsables de violaciones cometidas en el pasado menoscabó los esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. * En noviembre, ocho años después de que miembros de la policía militar del estado de Pará mataran a 19 activistas campesinos en Eldorado dos Carajás, se confirmaron las penas de cárcel impuestas a los dos mandos implicados en los homicidios. Se rechazó la petición para someter a un nuevo juicio a otros 145 policías militares involucrados en el incidente. Todos ellos habían sido absueltos previamente. Todas las decisiones judiciales relacionadas con el caso estaban pendientes de los correspondientes recursos de apelación. * Doce años después del homicidio de 111 reclusos en el centro de detención de Carandiru, no se había encarcelado a nadie por estos crímenes. El coronel de la policía militar responsable de la operación, que estaba en espera de que se celebrara la vista de apelación contra su declaración de culpabilidad y la pena de 632 años que se le había impuesto, trabajaba como diputado del estado de São Paulo. No se había juzgado todavía a ninguno de los 105 agentes de la policía militar imputados en el caso. * En noviembre, un tribunal de Pernambuco condenó a un hombre a 19 años de cárcel por ordenar en 1998 el homicidio del dirigente indígena Chicão Xucuru. Como reacción ante la publicación en octubre de una fotografía en un diario nacional, el ejército emitió una declaración en la que defendía las acciones represivas del régimen militar entre 1964 y 1985 y en la que señalaba que éste había puesto los cimientos del Brasil democrático. Aunque la declaración se retiró posteriormente, el escándalo producido acarreó la dimisión del ministro de Defensa. No dimitió ningún jefe militar. En diciembre, el Tribunal Superior de Justicia ordenó al gobierno que abriera los archivos en los que se custodiaban los expedientes de los que habían luchado contra la dictadura. Informes y visitas de Amnistía Internacional Una delegación de Amnistía Internacional visitó en julio y agosto São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul y Pernambuco.