Jefe del Estado y del gobierno: Álvaro Uribe Vélez Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado Convención de la ONU sobre la Mujer: ratificada Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU sobre la Mujer: firmado En 2004, según los informes, como consecuencia de las negociaciones entre el gobierno y la coalición paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), respaldada por el ejército, tuvo lugar la desmovilización de más de 2.500 combatientes de las AUC. El proceso siguió generando una gran preocupación, sobre todo por la cuestión de la impunidad, las violaciones del cese de hostilidades de las AUC y la continuación de las violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos por parte de los paramilitares. También suscitó el temor de que se estuviera «reciclando» a los paramilitares para que continuaran participando en el conflicto. Amnistía Internacional siguió documentando estrechos vínculos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares. Aunque en 2004 disminuyeron algunos indicadores de la violencia por motivos políticos, como secuestros y masacres, aumentaron los informes sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas directamente por las fuerzas armadas. Siguió siendo elevado el número de casos de «desapariciones» y de tortura. Todas las partes implicadas en el conflicto armado –las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos armados de oposición– eligieron a los civiles como blanco de sus ataques. En la primera mitad de 2004 se dio muerte o se hizo «desaparecer» al menos a 1.400 civiles. Aproximadamente 1.250 personas fueron secuestradas y en torno a 287.000 fueron obligadas a huir de sus hogares durante el 2004. Las fuerzas de seguridad procedieron a la detención masiva, y a menudo irregular, de centenares de civiles. El gobierno siguió haciendo declaraciones en las que equiparaba la defensa de los derechos humanos con el fomento del «terrorismo». El gobierno indultó en diciembre a 23 presos pertenecientes al grupo armado de oposición Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero las FARC se negaron a liberar a ninguno de sus rehenes a cambio de este gesto. Continuaron las negociaciones para iniciar conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado de oposición más pequeño que el anterior. Las FARC y el ELN cometieron infracciones graves y generalizadas del derecho internacional humanitario, como la toma de rehenes y homicidio de civiles. Los paramilitares A pesar de que Carlos Castaño, dirigente de las AUC, siguió en paradero desconocido desde el 16 de abril, continuaron las negociaciones entre el gobierno y esta organización paramilitar con el presunto objetivo de desmovilizar hasta 20.000 combatientes de las AUC al finalizar 2005. El gobierno y las AUC firmaron el 13 de mayo el acuerdo de Santa Fe de Ralito, en virtud del cual se creaba una «zona de ubicación» en Tierralta, departamento de Córdoba. Las fuerzas de seguridad se retiraron de la zona y se suspendieron las órdenes de captura contra dirigentes de las AUC concentrados en ella. Una misión de la Organización de los Estados Americanos, enviada en enero para vigilar el cese de hostilidades de las AUC, supervisó la concentración de los paramilitares en la zona. Más de 2.500 paramilitares, según los informes, fueron desmovilizados en 2004 en varias zonas del país. Pero siguió preocupando la posibilidad de que se estuviera «reciclando» a los paramilitares para que continuaran interviniendo en el conflicto. El gobierno publicó el 31 de agosto el Decreto 2.767, que permitía a los paramilitares desmovilizados «cooperar» con las fuerzas de seguridad a cambio de dinero. A raíz de las críticas suscitadas tanto a nivel nacional como internacional, el gobierno retiró el proyecto de ley sobre justicia y reparación, que habría creado un marco jurídico para la desmovilización de los grupos armados ilegales. El proyecto de ley, que no respetaba el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, podría haber garantizado la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos. El gobierno se opuso a una propuesta de nueva redacción del proyecto presentada por miembros del Congreso, en la que se abordaban algunos de estos motivos de preocupación, y señaló que presentaría un nuevo proyecto en 2005. La mayoría de los paramilitares que, según informes, habían sido desmovilizados, se beneficiaron del Decreto 128, que puede haber concedido amnistías de facto a responsables de abusos contra los derechos humanos. El hecho de que este decreto continuara aplicándose suscitó dudas sobre el compromiso del gobierno para afrontar la impunidad. Asimismo, los paramilitares siguieron violando el cese de hostilidades declarado por ellos mismos en diciembre de 2002. Se atribuyeron a los paramilitares más de 1.800 homicidios y «desapariciones» ocurridos desde el cese de hostilidades. Los paramilitares fueron responsables también de graves violaciones de derechos humanos en zonas donde, según los informes, se habían desmovilizado, y siguieron actuando con el apoyo y la connivencia de las fuerzas armadas. * El 19 de mayo, en el municipio de Tame, departamento de Arauca, alrededor de 11 campesinos fueron víctimas de homicidio a manos, según informes, de paramilitares. * Presuntos paramilitares mataron el 18 de abril al menos a 12 miembros de la comunidad indígena wayúu en Bahía Portete, departamento de La Guajira. Aunque se informó a las fuerzas de seguridad de la posibilidad de que se produjera una incursión de los paramilitares y se las alertó durante el ataque, al parecer no se efectuó ningún intento para intervenir. Algunos informes indicaban la posibilidad de que se hubiera entregado a algunas de las víctimas a los paramilitares después de ser secuestradas por soldados del ejército. Impunidad La Fiscalía General de la Nación no hizo progresos en las investigaciones penales sobre la participación de oficiales de alta graduación en violaciones de derechos humanos. En enero dio por concluida la investigación del general Álvaro Velandia Hurtado, acusado de la «desaparición» y el homicidio de Nydia Erika Bautista en 1987; en 2003, el Procurador General de la Nación había resuelto que debían continuar las investigaciones penales contra el ex general. En marzo se dio por terminada también la investigación del general Rito Alejo del Río, acusado de tener vínculos con organizaciones paramilitares. El sistema de justicia militar siguió reclamando la jurisdicción sobre posibles casos de violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad, a pesar de que la Corte Constitucional había resuelto en 1997 que dichos casos debía investigarlos el sistema de justicia civil. «Antiterrorismo»: activistas perseguidos En agosto, la Corte Constitucional declaró nulo el estatuto «antiterrorista» aprobado a finales de 2003. El estatuto habría permitido al ejército detener a individuos, registrar domicilios y oficinas e interceptar comunicaciones sin orden judicial. El gobierno siguió desprestigiando a los defensores de los derechos humanos, emitiendo declaraciones en las que se equiparaba su labor con el fomento del «terrorismo». El presidente Uribe dijo el 16 de junio que «por […] no tener el valor de denunciar a Amnistía Internacional, hemos permitido que legitimen al terrorismo internacionalmente». Amnistía Internacional, otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y miembros de la comunidad internacional rechazaron públicamente estas acusaciones por infundadas e inaceptables. Como parte de la «guerra contra el terror» librada por el gobierno, las fuerzas de seguridad proce¬dieron a la detención masiva, y a menudo irregular, de centenares de civiles, en especial campesinos, defensores de los derechos humanos, dirigentes comunitarios y sindicalistas. Muchas de estas detenciones se llevaron a cabo exclusivamente en función de informaciones facilitadas por informantes a sueldo. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuestionaron el uso de las detenciones masivas. Se investigó a funcionarios judiciales que habían puesto en libertad a los aprehendidos en el curso de detenciones masivas. La Fiscalía General de la Nación ordenó en mayo la detención del juez Orlando Pacheco. En noviembre de 2003, este juez había puesto en libertad, por falta de pruebas, a más de 120 personas detenidas en el departamento de Sucre por cargos relacionados con el conflicto. En junio, la Fiscalía General de la Nación ordenó que se volviera a detener a las personas puestas en libertad por el juez Pacheco. Se amenazó o dio muerte a muchas de las personas a quienes se había puesto en libertad después de ser detenidas. * El 6 de octubre, presuntos paramilitares mataron a tiros a la dirigente comunitaria Teresa Yarce en el área de la Comuna 13 de Medellín. Las fuerzas de seguridad la habían detenido en noviembre de 2002 sin que hubiera contra ella ningún cargo, y posteriormente fue amenazada, todo esto después de haber informado sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante una operación efectuada por las fuerzas de seguridad en la zona. * Presuntos paramilitares mataron el 17 de septiembre al sociólogo Alfredo Correa en Barranquilla, departamento de Atlántico. Había sido detenido por las fuerzas de seguridad en junio y puesto en libertad en julio cuando se demostró como infundada la acusación de que era miembro de las FARC. Se siguió persiguiendo a los sindicalistas. Se dio muerte a más de 60, si bien el número de homicidios descendió en 2004. Siguieron sin disminuir las amenazas de muerte contra sindicalistas. En agosto aparecieron unos informes sobre la presunta conspiración, denominada Operación Dragón, para matar a sindicalistas y a dirigentes políticos de izquierdas. La investigación de la presunta conspiración emprendida por la Fiscalía General de la Nación dio como resultado el descubrimiento de un documento confidencial redactado, según informes, por la III Brigada del ejército, en el que se tachaba de subversivos a los sindicalistas de Cali. Las fuerzas armadas Las fuerzas de seguridad siguieron matando, torturando y haciendo «desaparecer» a civiles de forma directa o en connivencia con los paramilitares. Aumentaron los informes sobre ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo directamente por el ejército y se describía a menudo a las víctimas como guerrilleros muertos en combate. * Soldados de la XVIII Brigada mataron el 5 de agosto a tres sindicalistas en el municipio de Saravena, departamento de Arauca. El ejército aseguró que se trataba de guerrilleros muertos en combate, pero aparecieron pruebas de que no portaban armas y que les habían disparado por la espalda. * El 10 de abril, soldados del batallón Pijaos mataron a cinco civiles, un bebé de seis meses entre ellos, en el municipio de Cajamarca, departamento de Tolima. Los soldados aseguraron que las víctimas habían muerto en combate. Algunos informes sugerían que no se había producido ningún combate y que se había disparado a quemarropa al menos a una de las víctimas. * Soldados del batallón Boyacá mataron el 19 de marzo a siete agentes de policía del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal y a cuatro civiles en el municipio de Guaitarilla, departamento de Nariño. El ejército aseguró que los policías no se habían detenido en un control de seguridad y que habían abierto fuego contra los soldados, obligándolos a repeler la agresión. Se encontraron pruebas de que se había disparado a quemarropa al menos a una de las víctimas. El gobierno anunció en octubre que, de acuerdo con la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, adoptada en 1997, había destruido todo el arsenal de minas terrestres antipersonal del ejército. Los grupos armados de oposición Los grupos armados de oposición fueron responsables de infracciones graves y reiteradas del derecho internacional humanitario, como la toma de rehenes y homicidio de civiles. * El 15 de junio, según se afirmó, las FARC mataron a 34 «raspachines» (recolectores de coca) en el municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander. * Según los informes, el ELN mató el 15 de febrero a la profesora Janeth del Socorro Vélez Galeano y al campesino Robeiro Alfonso Urrego Ibarra en el municipio de Remedios, departamento de Antioquia. Asimismo, las FARC efectuaron ataques utilizando armas de forma desproporcionada e indiscriminada, lo que acarreó la muerte de numerosos civiles. * El 19 de septiembre, cuatro civiles resultaron muertos y otros 17 heridos, 10 niños entre ellos, cuando las FARC, según se afirmó, detonaron una mina y abrieron fuego contra un vehículo civil en el municipio de San Carlos, departamento de Antioquia. En octubre, el presidente Uribe se mostró dispuesto a negociar un acuerdo humanitario con las FARC que posibilitara canjear presos de las FARC por rehenes en poder de este grupo armado. Aunque al acabar el año no se había llegado a un acuerdo, en diciembre el gobierno indultó a 23 presos de las FARC. No estaba claro cómo se había asegurado el gobierno de que los indultados no habían estado implicados en abusos contra los derechos humanos. El ELN y el gobierno mantuvieron contactos, según los informes, para estudiar el inicio de conversaciones de paz de carácter formal. El presidente Uribe pidió en mayo al presidente de México, Vicente Fox, que actuara como «garante» de cualquier proceso futuro. En julio, altos funcionarios mexicanos sostuvieron conversaciones con el jefe del ELN, Gerardo Bermúdez, alias Francisco Galán, que se encontraba encarcelado. Violencia contra las mujeres Todas las partes implicadas en el conflicto violaron, mataron, hicieron «desaparecer» y mutilaron a mujeres y niñas. Éstas fueron elegidas como blanco por diversas razones, como sembrar el terror, vengarse de los adversarios y acumular «trofeos de guerra». * El 15 de julio, más de 10 soldados encuadrados en la IV Brigada violaron a dos jóvenes de 16 y 17 años en el municipio de Sonsón, departamento de Antioquia. Algunos de los soldados, según los informes, amenazaron a las jóvenes y a sus familiares cuando éstos dieron cuenta de la violación a la Fiscalía General de la Nación. * El 8 de octubre, según se afirmó, las FARC mataron a cuatro mujeres, una de ellas embarazada, y a un hombre en una casa del municipio de Colosó, departamento de Sucre. Según los informes, las FARC habían acusado a las mujeres de tener relaciones con miembros de las fuerzas de seguridad. Secuestros La mayoría de secuestros fueron atribuibles a los grupos armados de oposición y las bandas de delincuentes, pero los grupos paramilitares también fueron responsables de este tipo de actos. Se registró un nuevo descenso de los secuestros en 2004: de 2.200, como mínimo, en 2003 a unos 1.250 en 2004. Más de 400 de estos secuestros fueron obra de grupos armados de oposición, unos 350 de bandas de delincuentes y al menos 120 de paramilitares; en más de 300 casos no se pudo identificar a los autores. * El 24 de julio, según los informes, el ELN secuestró al obispo de Yopal en Morcote, localidad situada en el límite de los departamentos de Boyacá y Casanare. El prelado fue liberado pocos días después. * El 27 de junio, según los informes, unos paramilitares secuestraron al ex senador José Gnecco y a unos familiares suyos en una autopista en el municipio de Santa Marta, departamento de Magdalena. Los secuestrados fueron liberados pocos días después. * El 21 de mayo, según se afirmó, las FARC secuestraron a siete hombres y cuatro mujeres en el municipio de Algeciras, departamento de Huila. Los secuestrados fueron liberados el 10 de junio. Abusos contra civiles Los campesinos, los desplazados internos y las comunidades de indígenas y de afrodescendientes residentes en zonas donde los grupos armados se mostraban activos y había una fuerte presencia militar eran los que corrían más peligro de ser atacados. Más de 287.000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en 2004 frente a unas 207.000 en 2003. Aumentaron además los informes según los cuales los grupos armados que controlaban ciertas zonas trataban de impedir a la gente que abandonara sus comunidades, impidiéndoles a menudo el acceso a alimentos y a diversos servicios. Algunas medidas sobre seguridad adoptadas por el gobierno siguieron involucrando a los civiles en el conflicto. Entre éstas figuraba una red de informantes civiles –que contaba, según el gobierno, con más de 2,5 millones de personas en agosto– y un ejército de soldados campesinos, que a diferencia de los soldados regulares con frecuencia actuaban en sus propias comunidades y a veces vivían en sus domicilios, aumentando así el riesgo de que sus familiares fueran objeto de represalias por los grupos armados de oposición. * El 22 de agosto, según se afirmó, las FARC mataron a un soldado campesino y a su madre en su casa del municipio de Corinto, departamento de Cauca. Las comunidades indígenas siguieron siendo víctimas de una grave crisis de derechos humanos. * Presuntos paramilitares mataron el 3 de agosto al dirigente kankuamo Freddy Arias Arias, en Valledupar, departamento de Cesar. * El 6 de noviembre, según se afirmó, las FARC mataron a un dirigente arhuaco, Mariano Suárez Chaparro, en la Sierra Nevada de Santa Marta, departamento de Magdalena. Ayuda militar estadounidense Se calcula que la ayuda de Estados Unidos en materia de seguridad ascendió a 550 millones de dólares en 2004. El Congreso de Estados Unidos aprobó también otros 629 millones de dólares en concepto de ayuda en materia de seguridad para 2005, la cual incluía suministro de formación a las fuerzas de seguridad, armas y piezas de repuesto. En octubre, el Congreso de Estados Unidos aumentó el número máximo de soldados estadounidenses en Colombia de 400 a 800 y de 400 a 600 el de contratistas privados. El Congreso renovó también el proceso anual de certificación sobre derechos humanos en virtud del cual el secretario de Estado debía dar fe de los avances de Colombia en determinadas prácticas en materia de derechos humanos, como la investigación y el enjuiciamiento en casos de violaciones de derechos humanos atribuidas a las fuerzas de se¬guridad y los esfuerzos encaminados a eliminar los vínculos entre las fuerzas armadas colombianas y las fuerzas paramilitares. El Congreso no estableció limitaciones concretas a la ayuda estadounidense para el proceso de desmovilización de los paramilitares, pero indicó que la legislación en vigor en Estados Unidos prohibía la ayuda a «organizaciones terroristas extranjeras» como las AUC. Organizaciones intergubernamentales La Comisión de Derechos Humanos de la ONU condenó el incumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas de seguridad, los paramilitares y las guerrillas, así como el reclutamiento de niños por los grupos armados. La Comisión reiteró su preocupación por el clima de hostilidad generado por altos cargos del gobierno respecto a la labor de los defensores de los derechos humanos, condenó los informes sobre la continuación de la connivencia entre agentes estatales y grupos paramilitares y señaló el aumento de quejas sobre «desapariciones», sobre todo por parte de los paramilitares, pero también por las fuerzas de seguridad. La Comisión expresó también su preocupación por el aumento de los informes de detenciones masivas y arbitrarias, y pidió la aplicación de las recomendaciones sobre derechos humanos formuladas por órganos de la ONU. Informes y visitas de Amnistía Internacional Colombia: Un laboratorio de guerra. Represión y violencia en Arauca (Índice AI: AMR 23/004/2004) Colombia: Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado (Índice AI: AMR 23/040/2004) Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Colombia en marzo, mayo, agosto y octubre.