El Plan Colombia/IRA/Plan Patriota tiene una raíz poco explorada que se relaciona con el creciente vigor del capitalismo mafioso a escala planetaria. El fenómeno alude a la expansión de negocios negros controlados por lo que Michel Chossudovsky ha denominado organización transnacional del crimen (OTC), negocios entre los que se cuentan el narcotráfico, el comercio clandestino de armas, la trata internacional de prostitutas y travestis, la compraventa de órganos vitales, la industria de la “protección” y el secuestro, el juego clandestino, el contrabando de materiales nucleares, el mercado clandestino de divisas, la provisión de mercenarios, el coyotismo. Se estima que la OTC percibe ingresos anuales que se sitúan entre l.5 y 2 billones de dólares –aproximadamente la décima parte del PIB mundial- que se “blanquean” sustantivamente en la banca metropolitana y en sus agencias instaladas en los “paraísos fiscales”. Un producto de la financierización de la economía-mundo El capitalismo gansteril es producto del crecimiento desenfrenado del capital financiero, cuya avidez de ganancias le ha llevado a desbordar todos los diques legales y morales. Su evolución exponencial ha venido asociada a la desregulación de los flujos de capital, a la decadencia de los estados y a la ruptura de las formas tradicionales de funcionamiento y acumulación de las empresas. El investigador argentino Jorge Beinstein, en su ensayo titulado La gran mutación del capitalismo (ALAI, 2000), ha rastreado el surgimiento y diseminación de ese lumpencapitalismo, particularmente en lo que concierne al rubro de las drogas psicoactivas. En su estudio escribe: “La expansión mafiosa de los años 90 constituye un dato decisivo del proceso de globalización neoliberal. Un indicador claro de la misma es el tráfico de drogas cuyo ingreso anual mundial era evaluado a mediados de esa década en unos 500 mil millones de dólares, dicho monto ha estado aumentando de manera acelerada. Una estimación conservadora situaría el nivel actual de ventas mundiales de drogas en torno de los 700 mil millones de dólares”. Los países periféricos participan marginalmente del negocio. Colombia, conocida como la principal nación proveedora de cocaína a nivel mundial, percibe únicamente un 2-3 por ciento del gran pastel del tráfico de estupefacientes; ingreso que, sin embargo, ha permitido a la dirigencia de la hermana república sustentar una poco presentable “narcodemocracia”. ¿Cómo explicar la dinámica de la narcoeconomía? En cuanto a la demanda, raíz íntima del narcotráfico, la cuestión es inequívoca: se sustenta medularmente en las calles y bares de las megápolis primermundistas (Los Angeles, Londres, Tokio, etc.). El control de la oferta, en cambio, es más complejo, aunque resulta incuestionable que la cabeza del Leviatán se encuentra en las metrópolis y, específicamente, en el “planeta financiero”. En su libro Drogas y narcotráfico en Colombia (Planeta, Bogotá, 200l), Alonso Salazar abunda en informaciones sobre el rol de los poderosos e intocables sistemas bancarios de los países del G-8 en el tráfico internacional de narcóticos de origen natural. Dados estos antecedentes, ¿cómo explicar que la cruzada contra las drogas naturales se libre en países como los andinos y no en sus verdaderos santuarios? Plan Patriota: máscara para el control social y territorial Tres aproximaciones no excluyentes sirven para responder a esa interrogación. La primera, referida a la necesidad del capitalismo mafioso de preservar los siderales precios de las drogas restringiendo la oferta. El Plan Colombia/IRA/Plan Patriota –o como quiera denominársele- tendría esa teleología. La segunda tiene que ver con la confluencia de intereses –algunos investigadores hablan de metástasis- del capitalismo delincuencial con las gigantes corporaciones transnacionales y con el poder político metropolitano. Una simbiosis que apunta a profundizarse a la sombra de los TLCs que con tanta fruición impulsan Washington y Wall Street en nuestro subcontinente para el logro de inconfesables metas geopolíticas. La tercera se relacionaría con cierto pudor del establecimiento político mundial que le conduce a exorcizar sus culpas en el protervo negocio endosando la responsabilidad de las mismas a carteles tercermundistas caídos en desgracia o a los náufragos de la mundialización del capitalismo, como los campesinos e indígenas de los Andes. Sectores sociales estos últimos tipificados por el Gran Hermano y sus acólitos nativos como “criptoterroristas” después del memorable 11 de septiembre del 2001. - René Báez, International Writers Association