En la frontera sur de la Unión Europea se están produciendo asaltos de centenares de inmigrantes a la vez a las vallas metálicas y con sistemas de protección electrónica. El debate se ha abierto porque ahora ya ha habido víctimas mortales entre los asaltantes. Es cierto que el derecho a la vida está por encima de cualquier otro derecho como el de propiedad o el de soberanía sobre un territorio. Pero lo que caracteriza a un Estado de derecho es que existan y se apliquen unas reglas de juego refrendadas por la mayoría en sus textos constitucionales. Las fronteras son una realidad y a las fuerzas de seguridad corresponde defenderlas por los medios adecuados. Si se exceden, deberán rendir cuentas pero también los inmigrantes tienen que conocer que una de las razones del atractivo que ejerce sobre ellos la vida en Europa se debe al respeto de un orden establecido, a unas leyes, a unos impuestos, a la igualdad de derechos para todos, a la no- discriminación por causa de género o de religión o de opción sexual, a la obligación general de asistir a la escuela, a la supremacía de la ley sobre la fuerza y un largo etcétera recogido en la Declaración de Derechos Humanos. Si en los países democráticos de Occidente rigiese la Ley de la selva no merecerían la pena los esfuerzos que muchas personas hacen por venir a trabajar, a vivir y a convertirse en ciudadanos de estos países. Las mafias que los engañan y los explotan, tanto al sur del Mediterráneo como en la frontera de México con EEUU, deben ser perseguidas y castigadas con todo rigor por los organismos correspondientes de los países de salida y de los de acogida. Al mismo tiempo, deberán funcionar comisiones mixtas para estudiar las causas que mueven a millones de seres a ejercer el derecho natural a emigrar y a escoger un domicilio para vivir con la dignidad que corresponde a todos los seres humanos por el hecho de serlo. Si en el país de origen existieran condiciones de vida justas nadie se arriesgaría a emigrar. Las personas emigran por necesidad, por un puesto de trabajo remunerado con justicia, por unas condiciones de vida dignas para el trabajador y para sus familiares. Nadie emigra por placer. Tanto en México como en Marruecos y en los países subsaharianos existen situaciones económico-sociales manifiestamente mejorables cuando no radicalmente injustas. Para transformar esas realidades deberán aplicarse no sólo los países directamente implicados sino aquellos a los que después se dirigen los inmigrantes. Por eso, la Unión Europea tiene la obligación irrenunciable de implicarse en la resolución del problema de la inmigración. Para ello, en toda Europa tenemos que reconocer que necesitamos a los inmigrantes para sobrevivir y poder mantener nuestras conquista sociales. Sería imposible mantener nuestro nivel de vida, nuestro desarrollo político y económico sin la ayuda eficaz de esos más de dos millones de inmigrantes que necesitamos cada año, de acuerdo con los informes más solventes de la ONU y de otros organismos internacionales. La curva demográfica en los países miembros de la UE lleva más de una década estancada y no cesa de descender. La razón es obvia: el mayor nivel de vida y el acceso de las mujeres a la educación y a los puestos de trabajo que les corresponden, que como mínimo son iguales a los de los hombres, han retrasado en casi diez años la fecha de nacimiento de los hijos, por lo que, las mujeres en la Unión Europea tiene uno o dos hijos a partir de los treinta años. En la frontera de México con EEUU se están produciendo muertes y situaciones inhumanas. En la frontera de España con Marruecos se ha producido un asalto por unos trescientos inmigrantes subsaharianos a la doble valla metálica, coronada con alambre de espino, que separa ambos países y que se han incrementado desde que España, urgida por la Comisión Europea, pretendió blindar este tradicional paso de entrada de inmigrantes con barreras y puntos de observación visual diurna y nocturna a lo largo de los 12 kilómetros del perímetro fronterizo. Lo nuevo es el carácter organizado del asalto; su ejecución simultánea en diversos puntos del perímetro vallado; el uso de decenas de escaleras de mano y, sobre todo, el hecho desgraciado y lamentable de la muerte de un inmigrante en circunstancias todavía no aclaradas. En la prensa se reconoce que este hecho pone de manifiesto que ninguna barrera, por sofisticada que sea, hará desistir a los inmigrantes que buscan una vida mejor en Europa. La Europa fortaleza que algunos defienden es una fantasía peligrosa. Los derechos políticos y sociales de los europeos a vivir con arreglo a sus ordenamientos jurídicos chocan de plano con el derecho de los habitantes de esos países a percibir la retribución debida por las materias primas que, en un 70%, Europa extrae de sus tierras. Es urgente reconocer que necesitamos esa fuerza de trabajo sin la cual no podemos sobrevivir ni mantener la Seguridad Social ni garantizar el cobro de las pensiones por una población en proceso de envejecimiento imparable: antes de una década en Europa las personas mayores de 60 años superarán a las menores de 20 años si no lo remedian los inmigrantes con su riqueza en hijos y en aportaciones que favorezcan un mestizaje vital y fecundo. - José Carlos García Fajardo es profesor de Pensamiento Político y Social (UCM). Director del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS). fajardo@ccinf.ucm.es