Los gobiernos de Perú y Colombia se han inclinado por la firma del TLC con Estados Unidos a la mayor brevedad posible. Dada la sumisión a Washington que caracteriza a los presidentes Uribe y Toledo, eso no es extraño. Durante más de año y medio que duran las negociaciones del TLC han hecho toda clase de concesiones a Estados Unidos y han dado la espalda a los reclamos de sectores sociales y productivos que se oponen al mismo ¿Pero qué pasa con Ecuador?

El presidente Alfredo Palacio discrepa con Toledo y Uribe sobre los plazos para concluir el TLC, pero todo indica que en el fondo va por el mismo camino que los otros dos presidentes andinos. Cuando era Vicepresidente y al asumir la Presidencia, tras la salida de Gutiérrez el 20 de abril, Palacio se había mostrado un tanto crítico con respecto a las negociaciones del TLC, especialmente en lo que tiene que ver con el tema de la salud pública. “La salud y la vida no son negociables”, había dicho, agregando que “propiedad intelectual y patentes no se negociarán fuera de las disposiciones jurídicas establecidas internacionalmente en la OMC”.

Palacio ha olvidado sus palabras y apunta a la firma del TLC lo que le permitiría “reconciliarse” con los grandes grupos económicos del país y “normalizar” las relaciones con Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial. Con este mismo propósito, ha ido deshaciéndose de los ministros y funcionaros que planteaban políticas nacionalistas con respecto al manejo económico, el petróleo, la política exterior, el Plan Colombia, la base estadounidense en Manta.

Los ministros de Comercio nombrados por Palacio (el socialdemócrata Osvaldo Molestina que pasó al Ministerio de Gobierno y el actual titular Jorge Illingworth) son personajes ligados a los grandes grupos económicos guayaquileños y fervientes partidarios de suscribir el TLC con la primera potencia del mundo.

Illingworth, que ha sido vicepresidente de la Cámara de Industrias del Guayas y director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano, desde que asumió el Ministerio de Comercio se ha manifestado contrario a la convocatoria a una consulta popular sobre el TLC, como vienen reclamando organizaciones ciudadanas y movimientos sociales. “Yo no soy partidario de que (…) debe hacerse una consulta popular, porque es un tema tan complejo, tan técnico y bastante complicado que no se puede decir si es o no beneficioso para el país con una sencilla pregunta que lleve un si o un no”, manifiesta. Con esta lógica, vale preguntarse ¿Tendrán sentido los referéndum que hacen frecuentemente los países europeos sobre temas tan “complejos” como la aprobación de la Constitución europea?

Un proyecto de consulta popular que impulsa Palacio –y que ha sometido a conocimiento del Congreso- contempla 17 temas políticos cosméticos, pero no incluye asuntos de fondo, como sería el caso de la convocatoria a una Asamblea Constituyente o el TLC.

El presidente de la CONAIE, Luis Macas, cree que la consulta popular sería una burla si no se incluye el TLC y otros temas trascendentales. “Es un acto de perversidad –manifiesta- impedir el pronunciamiento popular de los ecuatorianos y ecuatorianas sobre un tratado que estará por encima de la Constitución Política del país, suprimirá todo derecho humano y colectivo y nos quitará irreversiblemente nuestros recursos naturales, y con ello nuestros territorios ancestrales, la cultura, la soberanía alimentaria y la dignidad del Ecuador”.

La Campaña Ecuador Decide y la Campaña contra el ALCA y el TLC – Ecuador han recolectado más de 150.000 firmas para demandar la realización de una consulta popular sobre el TLC, pero para Palacio, lo que digan los simples ciudadanos/as de la calle, no tiene la menor importancia. Como tampoco la tiene para Uribe o Toledo. Los gobernantes andinos solo tienen oídos para escuchar –y obedecer- las órdenes que vienen de Washington y de las minorías nacionales que esperan sacar provecho del TLC sacrificando el interés de las mayorías.

En Perú, Alejandro Toledo, cuyos niveles de popularidad están por debajo del 10%, es el más entusiasta defensor del TLC, llegando a afirmar que este va “si o si o dejo de llamarme Alejandro Toledo”. Por supuesto, como buen neoliberal, ha descartado convocar a un referéndum como vienen pidiendo los sindicatos, las organizaciones de agricultores y campesinos que argumentan que ni “el gobierno ni el parlamento tienen legitimidad para tomar esta decisión por el Perú”.

En Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha asegurado que firmará el TLC andino con Estados Unidos así “llueva rayos o centellas”. En su régimen, sustentado en las bayonetas y el poder de los medios de información, la opinión ciudadana, como en Perú y Ecuador, vale muy poco.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge Humberto Botero, ha llegado a descalificar a las consultas ciudadanas sobre el TLC que han llevado a cabo los cultivadores de arroz de Tolima, Huila, Meta y Casanare, los productores de trigo de Nariño, de cebada de Boyacá, y de leche y papa en Cundinamarca, los indígenas y habitantes del Cauca y del Tolima, las universidades de Antioquia y la Nacional en las que se han pronunciado abrumadoramente por el NO al TLC.

Más aún, varias manifestaciones universitarias contra el TLC han sido reprimidas violentamente por la policía y el presidente Uribe ha amenazado con convertir a los predios universitarios en objetivo militar. En una de las protestas, murió el estudiante Jonhy Silva A. de la Universidad del Valle en la ciudad de Cali. En una reunión con exportadores en Medellín, Uribe Vélez dijo con respecto al TLC: “Le hacemos unos ajusticos que estamos pidiendo, especialmente en el sector agrícola, y lo vamos a firmar, lo vamos a firmar rapidito”.

Pero no se trata solo de “ajusticos”. Luego de la XII ronda de Cartagena, oficialmente se informó que se han cerrado las mesas de servicios financieros, defensa comercial (salvaguardias), normas técnicas, a las que se suman otras ya cerradas anteriormente como: aduanas, cooperación, políticas de competencia y comercio electrónico. Sin embargo, quedan pendientes por finiquitar capítulos en 13 mesas, en las que se abordan temas muy controversiales como agricultura, asuntos laborales, asuntos ambientales, propiedad intelectual, inversiones.

Lo que no se ha hecho en 12 rondas, los negociadores lo pretenden resolver en consultas virtuales y minirondas en las próximas semanas, con el fin de finalizar el texto del TLC hasta fines de noviembre de este año, con el pretexto de que el 2006 será un año electoral en los cuatro países involucrados en el TLC.

Las negociaciones se realizan bajo el chantaje de Estados Unidos. La jefa negociadora estadounidense, Regina Vargo, ha reiterado que ve muy difícil que el Congreso de EE.UU. renueve la Ley de Preferencia Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA) que vencen el 31 de diciembre de 2006, que fue aprobada como “compensación a los esfuerzos y gastos que hacen los tres países en la lucha anti-drogas”. Los exportadores de los tres países a través del TLC quieren mantener estas preferencias arancelarias, pero ¿a qué costo?

Hasta el momento, EE.UU. ha mantenido una posición inflexible respecto a sus intereses fundamentales que tienen que ver con la propiedad intelectual, inversiones, agricultura y otros. EE.UU. se niega a desmantelar los enormes subsidios a sus agricultores, que, como señala el Informe sobre Desarrollo Humano 2005 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “tienen un impacto directo en los pequeños productores, ya que hacen caer los precios mundiales entre 9% y 13% y permiten que los productores de los EE.UU mantengan el dominio de los mercados mundiales de exportación con cerca de la tercera parte del total de las exportaciones del mundo. Estas exportaciones no serían factibles sin los subsidios".

Tampoco ha cedido en el tema de propiedad intelectual que es la nueva fuente de acumulación de sus transnacionales. Los TLC que ha firmado Estados Unidos en los últimos años con distintos países son utilizados para extender y ampliar lo dispuesto por la OMC en materia de patentes que establece una protección por 20 años. El TLC andino no es una excepción. EE.UU busca que las patentes tengan una duración superior a 20 años pues se “incluirán en el cómputo, las demoras que pudieran ocurrir en su concesión o, peor aún, las demoras en el otorgamiento del registro sanitario”, según sostiene el ecuatoriano Iñigo Salvador Crespo.

En el caso de Ecuador, esto traerá graves consecuencias en materia de salud pública: generará un aumento del 186% en los precios de los medicamentos protegidos por patentes y un 77% más en la restricción del consumo de medicamentos por datos de prueba. La ampliación del plazo de protección de patentes generará un costo de 151 millones de dólares para el Ecuador, mientras el costo para Estados Unidos de los beneficios que otorga a través de la ATPDEA es de solo 40 millones de dólares.

Además de las ventajas de orden económico, con el TLC Estados Unidos afianzará su dominación y expansión en la región, pues éste no solo es un acuerdo comercial sino un instrumento que permitirá elevar a norma jurídica y obligatoria las políticas neoliberales que se aplican desde hace mas de 20 años en la región. Por tratarse de un acuerdo entre países y economías sumamente desiguales, aumentará la dependencia y subordinación de nuestros países a la potencia del Norte.

Pero la batalla todavía no está perdida. Las próximas semanas serán decisivas para intensificar la presión sobre los gobiernos para exigir que, como en el caso de Sudáfrica, los negociadores andinos se levanten de la mesa, negándose a suscribir un tratado a todas luces lesivo a los intereses nacionales y populares y atentatorio a la integración regional. El próximo 12 de octubre, las organizaciones sociales del continente anuncian el inicio de una serie de movilizaciones que culminarán con la III Cumbre de los Pueblos, a llevarse a cabo en Mar del Plata, Argentina, del 1º al 5 de noviembre de 2005.