El Plan Colombia: una fementida campaña contra las drogas La aprobación por el Congreso norteamericano, a mediados del 2000, de una gigante asignación presupuestaria para el Plan Colombia, financiamiento destinado marginalmente al Ecuador, involucró aún más a nuestro país en la guerra civil que asuela a la hermana república desde hace medio siglo. El Plan Colombia, diseñado por el gobierno de Andrés Pastrana con el concurso de asesores estadounidenses y puesto en vigor por el presidente Bill Clinton en su visita a Cartagena de agosto de ese año, detrás del membrete de cruzada contra el narcotráfico, oculta oscuros intereses tanto de Washington como de la oligarquía “paisa”. Desglosemos tales propósitos. El objetivo geopolítico cardinal de EE. UU. después de la implosión del “socialismo real” europeo no es otro que consolidar su hegemonía unipolar. De ese propósito se derivan las metas específicas del Plan Colombia: reasegurar el control político-militar estadounidense del norte de Sudamérica; establecer bases militares para apropiarse de los recursos naturales, energéticos y bioenergéticos de la Amazonía; despoblar territorios; debilitar la gravitación geopolítica del Brasil; y, en fin, evangelizar a los “sudacas” en el culto al mercado y la democracia formal. En el terreno estrictamente económico, el Plan busca reforzar las columnas del capital financiero norteamericano, sustentando la producción y la venta de armas, apuntalando la industria química y mejorando los réditos para Wall Street provenientes del tráfico internacional de drogas naturales. Los beneficios del programa para los “los señores de la guerra” se manifestaron de inmediato dado que la fracción sustantiva de los fondos provistos por Washington tuvo como destino la compra de helicópteros Blackhawks, que solo se fabrican en EE. UU. Asimismo, un reporte del Nuevo Herald coincidente con la oficialización del Plan dio cuenta que las fumigaciones de los cultivos de coca y amapola se realizaban con el Roundup, un agrotóxico producido por la Monsanto. Intensificados los bombardeos químicos, se conoció que el precio del kilo de cocaína en Nueva York se disparó desde l20 mil a 240 mil dólares, para felicidad de los “blanqueadores” primermundistas que, en última instancia, son los mayores beneficiarios de ese colosal negocio de 500-600 mil millones de dólares, equiparable al del petróleo y al de la fabricación y comercio de material bélico. En tiempos de la administración de George W. Bush, el Plan Colombia fue redefinido con el sarcástico nombre de Iniciativa Regional Andina (IRA), con el abierto propósito de internacionalizar el conflicto interno de la nación fronteriza; y, después del fatídico 11-S, fue incorporado a la campaña mundial contra el terrorismo decidida por los “halcones” del complejo industrial-militar norteamericano como medio de “neutralizar” a los disidentes de la globalización corporativa. Como todo hecho histórico, el Plan Colombia se sustenta también en factores endógenos, en este caso, inherentes a nuestro vecino norteño. ¿A qué aludimos? Producto de una evolución contrahecha y subordinada, la crisis cafetalera colombiana de los años 70 derivó en una constelación de problemas económicos, sociales, políticos e institucionales cada vez agudos. Una trágica deriva de su crisis multidimensional ha sido que el país sudamericano se convierta, a partir del citado decenio, en un importante productor y exportador de drogas naturales al vasto mercado estadounidense, fenómeno inducido por el aperturismo comercial instrumentado por los gobiernos conservadores y liberales al tenor de las recomendaciones-imposiciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La apertura colombiana a la importación de bienes producidos por el poderoso y subsidiado “agrobusiness” norteamericano, a la par que provocó la ruina de los campesinos, forzó a estos al éxodo a las ciudades o a subsistir con cultivos no tradicionales. Esta “reconversión” de la agricultura colombiana resultó en la constitución de una matriz productiva con l00 mil familias establecidas en decenas de miles de hectáreas y dio paso a procesos de industrialización y comercialización del cáñamo, la coca y la amapola, actividades que representan réditos para un amplio espectro social interno que incluye desde candidatos presidenciales, legisladores, jueces y banqueros hasta capos de la droga de diverso perfil, proveedores de armas, oficiales y tropas del Ejército, paramilitares, raspachines y “pericos”. Las guerrillas izquierdistas, conforme a declaraciones de sus comandantes, perciben ingresos por tributos cobrados a los campesinos, refinadores y narcotraficantes. Además de defender su cuota en el gran pastel del narcotráfico, cuya fracción sustantiva es retenida e invertida en las metrópolis, la oligarquía norteña encontró en el Plan Colombia la mejor coartada para impulsar su reforma agraria “regresiva”, consistente en expulsar de sus asentamientos ancestrales a los campesinos y a las comunidades indígenas, apropiarse de sus tierras a través de los operativos del Ejército y las bandas paramilitares y, ulteriormente, integrar latifundios para el cultivo de la palma africana y otras producciones congruentes con la nueva división internacional del trabajo promovida por el capital transnacional desde hace un cuarto de siglo. El debilitamiento multifacético de Colombia que, incluso, le ha llevado a la pérdida del control estatal de vastas extensiones su territorio y de la mitad de sus municipios, abrirá un ancho cauce para el intervencionismo estadounidense que, blandiendo el mito de la “sociedad sin drogas”, ha criminalizado a la nación andina con el propósito de legitimar una guerra neocolonialista. La amarga experiencia colombiana no se circunscribe a sus fronteras. Precisamente los apartados siguientes de este trabajo historiográfico buscan dar cuenta de la progresiva inclusión del Ecuador en las redes de la estrategia del eje Washington-Bogotá. Mahuad entrega la Base de Manta Las relaciones colombo-ecuatorianas venían desenvolviéndose en el marco de una tradición de respeto mutuo a los principios de soberanía, autodeterminación, cooperación y solución pacífica de las controversias. La política exterior del demócrata cristiano Jamil Mahuad, presionada por la Administración Clinton, rompió con esa plausible trayectoria y dio inicio a la progresiva involucración del país en el conflicto de marras. Infamantes episodios jalonaron el viraje. El 26 de octubre de l998, después de múltiples ajetreos diplomáticos respaldados, cuando no impuestos, por las naciones garantes del Protocolo de Río de Janeiro, con los Estados Unidos a la cabeza, Mahuad y Alberto Fujimori firmaron los Acuerdos de Brasilia, que zanjaron el viejo litigio territorial ecuatoriano-peruano, que habíase activado con la Guerra del Cenepa de l995. Aspiración de los dos pueblos, la Paz de Brasilia fue mayoritariamente respaldada en el Ecuador, no obstante que para su concreción la cancillería, bajo la titularidad de José Ayala Lasso, tuvo que ceder en todas sus reivindicaciones y a que detrás de las presiones de la Casa Blanca podía vislumbrarse su nueva estrategia injerencista en la subregión andina. ¿A qué se alude? Esencialmente a la sustitución de la desgastada consigna del anticomunismo por la campaña contra el narcotráfico, operativo instrumentado a partir del viejo método imperial de criminalizar a los pueblos que se quiere desorganizar y sojuzgar. La invasión a Panamá de l989 –etiquetada como Operación Causa Justa- se hizo ya bajo la nueva pancarta. Para Colombia y las demás naciones andinas, la estrategia había cobrado carta de naturalización a lo largo de los 90 ya mediante exigencias a nuestros gobiernos para que endurezcan sus legislaciones antinarcóticos, ya por el chantaje de las descertificaciones, ya a través de una propaganda que asociaba mecánicamente la producción y el comercio de estupefacientes con las actividades de grupos insurgentes, ya por vía de apoyos logísticos para la persecución a carteles enemigos y a distribuidores marginales. Para los casos ecuatoriano y peruano, la instrumentación completa de la cruzada presuponía el arreglo de su añejo diferendo limítrofe, arreglo tanto más necesario cuanto que el propósito del Pentágono no era otro que fusionar a los ejércitos de los dos países sudamericanos para un operativo de “yunque y martillo” enfilado contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La táctica a dos puntas de Washington pudo vislumbrarse desde que la potencia mundial proveyó ayuda tanto al ejército ecuatoriano como al peruano en el conflicto del Cenepa. Un hito crucial en la incorporación del Ecuador a la guerra civil colombiana constituyó la cesión por parte del régimen de Mahuad de la Base Aérea de Manta a EE. UU. El investigador Marcelo Larrea precisa el sentido de esa entrega cuando escribe: “La base aérea de Howard en Panamá, involucrada en diversas operaciones de intervención militar de Estados Unidos en América Latina ha transferido y extendido sus operaciones al Ecuador, Aruba y El Salvador, a través de los llamados Forward Operating Location (FOLs) o Centros de Operaciones Avanzadas (COA). A través de las acciones del COA, sobre las cuales el Ecuador no tiene ningún control, Manta se ha transformado en una cabeza de playa de los Estados Unidos para intervenir militarmente en Colombia, involucrando al país en la violación cotidiana a los derechos de autonomía y autodeterminación del pueblo colombiano”. (ADITAL, Universidad de Cuenca, agosto del 2002). De su lado, el investigador Manuel Salgado recuerda: “En enero de l999, miembros de las fuerzas armadas de los EE. UU. establecieron contactos con altos funcionarios del Ministerio de Defensa del Ecuador para explorar la posibilidad de que les conceda la Base de Manta. En febrero realizaron las consultas entre la Embajada de los Estados Unidos en Quito y los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional. Entre el l7 y el l9 de febrero, una delegación, encabezada por el embajador Richard Brown, llegó al país, se entrevistó con los delegados de la Cancillería y del Ministerio de Defensa y, finalmente, analizó el Proyecto del Acuerdo… El 3l de marzo, la Embajada de los EE. UU. entregó a la Cancillería el proyecto de Acuerdo. Ese mismo día, con una velocidad supersónica, el Acuerdo fue remitido y consultado con el Ministerio de Defensa, que en la misma fecha comunicó, por escrito, que las Fuerzas Armadas no tienen objeción. Al día siguiente, l de abril de l999, la Cancillería contestó a la Embajada americana aprobando el proyecto. Mediante un simple intercambio de notas, casi telegráficas, imprecisas, se constituyó un Acuerdo por el cual se concedió ‘el acceso y uso de las instalaciones de la Base de Manta a personal militar y civil de los EE. UU., para la realización de operaciones ampliadas, que consistirán en el envío de aeronaves y personal militar de los EE. UU, en rotación temporal’”. (Drogas, terrorismo e insurgencia, Ediciones La Tierra, Quito, 2002, pp. 302 y 303). Los errores y las omisiones de ese primer convenio impusieron su reformulación y obligaron a su trámite en el Parlamento, donde -escribe Salgado- “cumplió un papel eficiente y siniestro Heinz Moeller, quien logró que la Comisión especial de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional, de la que era su Presidente, resuelva que el Acuerdo no necesita de la aprobación por parte del Congreso Nacional”. (Ibid., 303) El acta de la abdicación reza textualmente: “La Comisión Especializada Permanente de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional se reunió en sesión extraordinaria el martes 9 de noviembre de l999, presidida por Heinz Moeller y con la presencia de los diputados miembros Sixto Durán Ballén, Pascual del Cioppo, Elba González, Hugo Moreno, Clemente Vásquez y los legisladores Simón Bustamante y Marcelo Farfán. En la indicada sesión se escucharon los informes del Canciller Benjamín Ortiz Brennan y del Ministro de Defensa José Gallardo sobre el ‘Proyecto de Acuerdo, que se ha negociado entre los Gobiernos del Ecuador y los Estados Unidos, para la concesión por diez años del ejercicio del derecho de acceso y uso por parte de los Estados Unidos de las instalaciones de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Manta’. En la misma sesión se resuelve: ‘Considerar que este proyecto de Acuerdo no se enmarca en ninguno de los seis numerales previstos en el artículo l6l de la Constitución Política de la República y que, por tanto, no necesita de la aprobación por parte del Congreso Nacional, por lo que se ‘resuelve hacer conocer al señor Presidente del Honorable Congreso Nacional (Juan José Pons) su recomendación para que el Proyecto de Acuerdo… sea remitido al Ejecutivo para su debida suscripción’. Este Informe así como su resolución fue aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria del día l0 de noviembre de l999. La misma que contó con la presencia de los siguientes señores legisladores: doctor Heinz Moeller, arquitecto Sixto Durán Ballén, señora Elba González, ingeniero Clemente Vásquez, ingeniero Lorenzo Saa, así como en representación del bloque de la Izquierda Democrática, el doctor René Maugé Mosquera. Firman la resolución Heinz Moeller, Presidente y el Dr. Francisco Rocha Romero, Secretario de la Comisión”. (Ibid., pp. 303 y 304) Tiempo después, José Gallardo pretendió justificar la cesión del fortín manabita en razón de carencias fiscales para costear algunas instalaciones y adecuaciones. ¡La soberanía nacional a cambio del típico y despreciable plato de lentejas! La vindicta pública no tardaría en hacerse presente: la entrega de la Base de Manta y la conversión del país en “ojos y oídos” del Plan Colombia se convirtieron en detonantes adicionales del levantamiento popular que liquidó al régimen de Mahuad el 2l de enero del 2000, en las jornadas bautizadas por los shamanes como la Revolución del Arco Iris. Noboa y la “diplomacia del sombrero” Durante la administración de Gustavo Noboa Bejarano visitaron el Ecuador Andrés Pastrana, inquilino del Palacio de Nariño, y Raúl Reyes, vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Las visitas permitieron a los ecuatorianos conocer directamente los puntos de vista de los protagonistas de la confrontación armada colombiana, así como sus apreciaciones sobre nuestra nación en ese contexto. Denegada una entrevista con Noboa, el emisario de Manuel Marulanda, desde algún lugar de la capital ecuatoriana donde se reunió con juristas, líderes de organizaciones de defensa de los derechos humanos y periodistas, subrayó la índole interna y estructural de la violencia que, en su capítulo más reciente, desangra a la nación fronteriza desde el asesinato del caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán en l948, el memorable “Bogotazo”. “Nuestra lucha no es siquiera con el gobierno colombiano sino con el Estado, que mantiene condiciones desiguales para l8 millones de colombianos que están en la extrema pobreza”, habría expresado el vocero de los insurgentes, destacando además que el “enemigo número uno de las FARC son los Estados Unidos”. (El Comercio, 29 de septiembre del 2000). En la oportunidad, informó que su movimiento “no contempla extender los combates fuera de Colombia”; y por otro lado, que “las FARC respetan las decisiones soberanas del Ecuador” (alusión a la concesión de la Base de Manta a los norteamericanos). Siguiendo con la dialéctica interna del conflicto, vaticinó el fracaso de las conversaciones de paz FARC-gobierno, por cuanto, a su juicio, Pastrana buscaba únicamente utilizar al Plan Colombia como cortina de humo para profundizar la represión social y avanzar en la destrucción de las plantaciones de coca y amapola; es decir, para provocar una escalada de la “guerra en el Sur” (departamentos de Nariñoy Putumayo, colindantes con el Ecuador). Anticipó que su grupo tenía previsto utilizar “una guerra de guerrillas aún más diluida en toda Colombia”, sobre todo si tiene que enfrentar una intervención directa de tropas estadounidenses. En referencia a la espinosa cuestión del tráfico de estupefacientes, hizo saber de una posición virtualmente ignorada en nuestro medio: “El narcotráfico es el principal problema de Colombia, por lo cual las FARC han planteado un completo programa de sustitución de cultivos ilícitos”. Conforme era previsible, Pastrana publicitó un discurso apologético del Plan, presentándolo como una “iniciativa de paz y desarrollo social que no solo beneficiará a Colombia sino a la región”. En su intervención ante el Congreso apuntó: “Ecuador no tiene mucho que temer y si mucho que ganar con la adecuada aplicación del Plan Colombia, que mantiene mecanismos y programas para reactivar la economía, fortalecer la justicia, promover los derechos humanos, aumentar la inversión social”. Finalmente se preguntó: “¿Cuál sería el destino de la frontera colombo-ecuatoriana si no se hace algo a tiempo y se deja esta zona abandonada al imperio del narcotráfico?”. Fiel continuador de la política exterior de Mahuad, al punto que colocó a Heinz Moeller como titular de la cancillería, Noboa no solo que amplió las concesiones del control de la Base de Manta, sino que, coincidiendo con las demandas de Washington y Bogotá, reforzó el blindaje de la frontera norte, elevando hasta 6 mil la cifra de efectivos emplazados. Y luego de la visita de Pastrana, anunció un “Plan Ecuador”, preparado atropelladamente para regatear migajas del Plan Colombia. ¡La mendicidad elevada a la categoría de tesis diplomática! Después de la ruptura del diálogo entre Pastrana y las FARC, en febrero del 2002, rompimiento imputable tanto a una disposición de la administración Bush como a los incumplimientos del gobierno de Pastrana de la agenda acordada para los diálogos de pacificación, la lucha armada se extendió a las ciudades y subió en intensidad. Frente al nuevo escenario, Moeller endureció los adjetivos exclusivamente contra las guerrillas izquierdistas -“criminales”, “delincuentes”, “narcoterroristas”- descalificando aún más al Ecuador como eventual mediador en la añeja contienda. Postura tanto más irreflexiva del régimen de Noboa si se considera que, de los vecinos de Colombia, el Ecuador era el país que venía arrostrando los peores impactos, identificables en el incremento de los gastos militares, la caída del comercio, el castigo a la población fronteriza con las fumigaciones, la destrucción de sus cultivos de subsistencia, el aumento de la migración interna, la acogida a miles de refugiados, la escalada de la violencia y la delincuencia… Y que, por consiguiente, más allá de la malhadada cesión de la Base de Manta, el propio interés nacional obligaba al gobierno a fomentar espacios de no intervención y mediación. A juzgar por los hechos, sin embargo, más habría podido la lógica de protervos y mercantiles intereses. Cuando como corolario del 11-S, George W. Bush incluyó a las FARC en la lista de organizaciones terroristas del mundo, en un nuevo acto reflejo el régimen noboísta empezó a hablar de “narcoterrorismo”… y a proseguir con sus típicos “pases de sombrero”. Gutiérrez, peón de Bush y Uribe La intensificación de la guerra El triunfo de Álvaro Uribe en las elecciones de mayo del 2002, victoria que le confirió el mando sobre el semicolapsado Estado colombiano, preludió una escalada de la guerra civil en hermano país. No solamente porque el ex gobernador de Antioquia, en su campaña, quemó las naves para una solución negociada del conflicto, al condicionar el diálogo al cese de las acciones de los rebeldes armados, sino porque, incluso antes de posesionarse como titular del Ejecutivo, emprendió en una ofensiva diplomática en la perspectiva sustentar una salida militar. En un artículo titulado “¿Otro Vietnam?” (Newsweek, junio 26 del 2002), Joseph Contreras escribía: “Alvaro Uribe Vélez asumirá el cargo presidencial en agosto para declarar una guerra total a los principales adversarios de su nuevo gobierno: las FARC. Esta semana, Uribe buscará un mandato diferente cuando haga su primera visita a Washington. Él ha dicho que quiere mucho más ayuda estadounidense para combatir los flagelos del tráfico de drogas y el terrorismo. La Casa Blanca está pidiendo al Congreso ofrecer a Colombia otros 572 millones de dólares, adicionales a los l.300 dispuestos para el lanzamiento del Plan Colombia dos años atrás”. Acerca de esa misma gira, Alejandra Farfán, corresponsal de Tiempos del Mundo en Bogotá, reportaba sobre el periplo europeo del mandatario electo con los siguientes datos: “Uribe, quien sostuvo reuniones con altos funcionarios de Francia y España, les pidió cooperación y compromiso decidido para sacar adelante las estrategias contra el terrorismo. Durante su estadía en Madrid, sostuvo conversación con José María Aznar, quien le habría ofrecido el respaldo de la Policía española para coordinar diversas acciones represivas”. Desde el 7 de agosto del 2002, cuando Álvaro Uribe asume la presidencia, en medio de un atentado atribuido a las FARC que dejó decenas de víctimas mortales, la violencia en la república fronteriza ha venido alcanzando cotas paroxísticas, en una espiral donde –como en las tragedias griegas- cada cual pone lo suyo. A un radical programa fondomonetarista, Uribe Vélez ha añadido un implacable plan político-militar: la declaratoria del estado de conmoción interna con la consecuente anulación de los derechos civiles, la creación de un ejército paralelo de campesinos y paramilitares, la red del millón de informantes, la intensificación de los bombardeos de poblaciones, el establecimiento de aldeas estratégicas tipo Indochina, el incremento de los operativos de fumigación, la incorporación de tropas y mercenarios norteamericanos adicionales. La acción diplomática uribista ha sido infatigable. De vuelta a casa después de asistir al juramento presidencial de Lucio Gutiérrez, Uribe sorprendió al continente con su pedido para que la Casa Blanca “lidere un masivo despliegue naval y aéreo, similar al que moviliza en el Golfo Pérsico”. Poco después, alentó la “Declaración de Panamá”, por la cual los países del Istmo y la Argentina de Duhalde acordaron cooperar con el gobierno colombiano en su lucha contra los narcotraficantes y guerrilleros. En la ocasión, anticipó su intención de requerir a los países limítrofes la integración de una fuerza militar multinacional para que intervenga en su país. (Tiempos del Mundo, 20 de febrero del 2003). El l2 de marzo último (2003) reunió en Bogotá una Cumbre sobre Seguridad, a la cual asistieron cancilleres y altos funcionarios de ocho naciones latinoamericanas, además de observadores de EE. UU. y la Unión Europea; en la cita, la pretensión de Uribe fue forzar a que Brasil, Venezuela y Ecuador declaren “terroristas” a las FARC, decisión que la OEA había negado. No obstante, aunque no logró apoyo para su petición maximalista, obtuvo la firma para que los visitantes coordinen con las autoridades colombianas diversas acciones de control fronterizo. La doctrina de Uribe puede condensarse en su llamado a la internacionalización de la guerra civil colombiana. Posición, por cierto, nada original puesto que –conforme apuntamos- constituye la médula de la Iniciativa Regional Andina, nuevo nombre y nuevo alcance del Plan Colombia introducidos por Bush Jr. Semejante postura del mandatario colombiano fue cabalmente evaluada por el investigador panameño Nils Castro: “Los efectos transfronterizos de la violencia colombiana son cada vez mayores. Aparte que Bogotá ha perdido el control de extensas zonas del país, parte de su política contrainsurgente es forzar a los países vecinos a involucrar a sus fuerzas armadas en el conflicto. Procura realizar su guerra con ejércitos de otros. Bogotá piensa que si Panamá no tiene ejército bien puede pedir el retorno de las tropas norteamericanas. Esto es, convertirse en una plataforma del Plan Colombia, como ya sucede en el caso de la Base Manta, en Ecuador. Pero involucrar a los vecinos no es una forma de ganar la guerra, sino de extenderla. En últimas fechas, Uribe ha ido más allá. En el discurso que leyó en Davos, Suiza, demandó que su país reciba un tratamiento similar al de Iraq, solicitando que enseguida de la próxima guerra las fuerzas expedicionarias se muden del Golfo a Colombia. Extraordinaria situación: mientras la mayor parte del mundo procura evitar la hecatombe, Uribe pide que le sirvan la guerra a domicilio”. (Boletín de la ALAI, l5 de febrero del 2003). Sorpresas del tiempo: la extravagante postura de Uribe encontrará eco en el Ecuador. Lucio Gutiérrez, en su condición de candidato de “los de abajo” en las presidenciales del 2002, exhibió la tesis de la neutralidad frente al conflicto armado que flagela a la vecina Colombia. Instalado en Carondelet, a través de una zigzagueante diplomacia, ha conducido al Ecuador a una creciente injerencia en esa degradada confrontación. Su visita a Estados Unidos en febrero del 2003 marcó el viraje. En la ocasión, luego de dialogar con George W. Bush declaró: “Debemos apoyar, todos, de manera protagónica a Álvaro Uribe”. Del verbo a la acción, en plena austeridad fondomonetarista y pese a tener a la economía “encorsetada” a la dolarización, dispuso una descomunal alza del presupuesto de Defensa, luego ajustada por el Congreso; incorporó al servicio a 1.100 reservistas; anunció un aumento del 10 por ciento en la nómina castrense; elevó de 6 mil a 9.000 los efectivos emplazados en las provincias fronterizas, cifra esta última superior a la de las tropas que movilizara el país en la guerra del Cenepa; unificó el mando para operaciones de interdicción naval y aérea desde la Base de Manta; constituyó una zona especial de 10 km en la frontera norte; permitió que militares y diplomáticos extranjeros inspeccionen las guarniciones, y conforme a denuncias de los medios, habría aceptado la ampliación de la Base de Manta y tendría en carpeta la entrega de la isla Baltra a EE. UU. Gutiérrez se ofreció para mediar, sin pedido y, al tenor de las instrucciones del inquilino de la Casa de Nariño, en la Cumbre de Río (2003) requirió al secretario general de la ONU para que presione la rendición de las FARC. Otra prueba de la escalada de Ecuador en la estrategia del eje Washington-Bogotá se cumplió en agosto del 2003, con motivo de la visita de Uribe a Quito. En la oportunidad, el mandatario “paisa”, arrogante tras asegurarse con Donald Rumsfeld, jefe del Pentágono, un alza de la ayuda militar a su gobierno, ignoró una demanda presentada por nuestra Cancillería para que delimite las fumigaciones en los departamentos de Nariño y Putumayo. Cautivó al oficialismo anfitrión con una explicación subjetiva de la violencia en su nación (un choque entre “buenos” y “malos”), sino que comprometió al país a profundizar su rol de “ojos, oídos y yunque” contra las FARC y el ELN. Dócilmente, el ex adalid de la Revolución del Arco Iris suscribió las nuevas tareas y sorprendió a los ecuatorianos con su petición para que realicen un mea culpa por su tardío alineamiento con la oligarquía colombiana: una estrambótica forma de asumir la regionalización del Plan Colombia. En compensación por estos favores, el “Señor de las Sombras” –la identificación de Uribe según Newsweek- habría admitido negociar salvaguardias comerciales que presente Ecuador. Nuevamente el plato de lentejas… Un suceso ulterior, el pedido epistolar de los ex presidentes colombianos López Michelsen, Turbay Ayala y Samper para que Uribe y el líder guerrillero Marulanda –acogiendo el “clamor nacional”, reza la carta- inicien conversaciones pacificadoras, a partir de un Acuerdo Humanitario para liberar rehenes, vendría a subrayar los extravíos de Gutiérrez Borbúa. Después de la ruptura con el movimiento indígenas representado por la CONAIE y Pachacutik, en agosto del 2003, una constelación de deprimentes episodios jalonaron la acción diplomática del gobierno del Coronel de cara al eje Washington-Bogotá. Se alude a sucesos como los siguientes: ° La designación como canciller de Patricio Zuquilanda, en sustitución de Nina Pacari, a sugerencia de la embajadora estadounidense Kristie Kenney, según reportaron los medios. ° La firma de un acuerdo con Bogotá, en el marco de una nueva visita de Álvaro Uribe a Quito, instrumento por el cual el país cedió al Estado colombiano la gestión de un puesto de control migratorio. En la ocasión, el tándem Gutiérrez-Zuquilanda retiró, de facto, una demanda para que el vecino norteño delimite las fumigaciones en la zona fronteriza… a cambio de que se constituya una comisión científica binacional para que dictamine sobre los efectos perniciosos de los agrotóxicos! ° El silencio de Carondelet ante denuncias de la administración Bush enderezadas a doblegar la moral de las Fuerzas Armadas con imputaciones genéricas de “corrupción”, formuladas a propósito de ventas ilegales de armas a grupos irregulares colombianos; el mutismo oficial resultó tanto más irritante cuanto que coincidió con nuevas informaciones sobre aprovisionamientos de material bélico a las FARC por parte de la CIA, ventilados en el marco del “affaire” Montesinos. ° Las timoratas declaraciones de funcionarios del “gutierrismo” cuando la norteamericana DEA, Operación Aniversario mediante, colocó tras las rejas a narcotraficantes de los cárteles de Portoviejo y Sinaloa, entre ellos a César Fernández, un mecenas del oficialista Partido Sociedad Patriótica. El objetivo de Washington no era otro que chantajear al aliado “sudaca” para lograr un mayor involucramiento del Ecuador en la guerra civil colombiana con la velada acusación de sustentar una “narcodemocracia”. ° La pusilánime respuesta del mandatario a su colega Uribe cuando éste, por razones de política doméstica, embistió contra los uniformados nacionales por la supuesta entrega de un “rocket” a los seguidores de Marulanda, arma que habría sido utilizada en un atentado en contra del dirigente empresarial Jorge Visbal. Lejos del enérgico rechazo esperado por la ciudadanía, Gutiérrez se limitó a enviar a Zuquilanda a Bogotá virtualmente a pedir disculpas al afrentoso inquilino de la Casa de Nariño. ° La contratación a la estadounidense Dyncorp para el suministro de asistencia técnica a la FAE. La Dyncorp es mundialmente conocida por su “especialización” en guerra química, torturas, prostitución infantil, etc. El estupor que la noticia provocó en la opinión pública forzó al Ejecutivo a rescindir el malhadado convenio. No obstante, la tristemente célebre empresa continuó operando en la base de Manta supuestamente en otros menesteres. ° La suscripción de un acuerdo con el Pentágono para que, a pretexto de la instalación de estaciones de acopio de materiales sanitarios en las provincias de Guayas, Azuay y Sucumbíos, Washington se hiciera de nuevas bases militares en nuestro territorio, en una suerte de “sucursalización” del mencionado fortín mantense. Desatado el escándalo en el Congreso, el convenio fue anulado por temor a que se reeditaran en estas latitudes acontecimientos como los que, en Bolivia, se saldaron con la fuga a Miami de “Goni” Sánchez de Lozada. ° Las cantinflescas posturas de personeros oficiales, incluido el premier Raúl Baca, frente a la violación de la soberanía perpetrada en el operativo montado por la CIA, el FBI y la Policía norteña que culminó con la captura, en Quito, de Simón Trinidad, dirigente de las FARC. El incidente, difundido por The New York Times y Le Monde, a la par que evidenció el elevado grado “desnacionalización” de la Policía, inauguró en suelo ecuatoriano la segunda fase del Plan Colombia-Iniciativa Regional Andina. Según Kintto Lucas, la nueva fase –ulteriormente identificada como Plan Patriota- comporta “la entrada en vigencia de la coordinación operativa entre los servicios de inteligencia y las fuerzas militares y/o policiales de varios países, además de la entrada en combate en el Putumayo, primero de tres batallones del ejército colombiano adiestrados por instructores estadounidenses… y luego de dos batallones similares, conforme a lo dispuesto en la Iniciativa Regional Andina”. (Tintají, enero del 2004). ° La puesta en marcha de una “matriz de seguridad” fronteriza por parte de James Hill, jefe del Comando Sur, en su visita al país de enero del 2004. Respecto de esa instrumentación, el ministro de Defensa, general (r) Nelson Herrera, declaró no tener conocimiento alguno. ° La apropiación pretendidamente legal de la isla galapagueña Baltra por parte de la FAE, como paso previo a su arrendamiento a la potencia mundial. La presión de los medios y un informe de la Procuraduría bloquearon la aberrante enajenación. ° El “destape” del Plan Patriota por parte del oligárquico régimen uribista en reciprocidad a la reivindicación de los tradicionales postulados de la diplomacia nacional –respeto a la soberanía, autodeterminación de los estados, solución pacífica de los conflictos- realizada teatralmente por el mandatario ecuatoriano en su último periplo por la capital colombiana. En lo inmediato, el referido Plan colombo-estadounidense se ha concretado en la movilización de entre 15 y 18 mil efectivos norteños con la misión de empujar hacia el sur a los insurgentes de las FARC y el ELN, así como en el “reciclamiento” de los paramilitares de las AUC. ° Una denuncia de la ALDHU sobre el hundimiento a cañonazos de embarcaciones ecuatorianas desde el 2001 -ocho según la entidad internacional, alrededor de 50 conforme a otras fuentes- en los límites constitucionales de las 200 millas de mar territorial dio pábulo a nuevos episodios indignantes. El hecho es que, pese al reconocimiento oficial por parte de Estados Unidos de su responsabilidad en las exacciones impugnadas por la ALDHU, el inefable Zuquilanda requirió de “pruebas contundentes” antes de elevar la protesta, y, en una suerte de evasión surrealista, apuntó que actualmente “el Ecuador se encuentra jugando en las ligas mayores de la diplomacia y listo para ser miembro de las economías más grandes del mundo”. Cuestionado por su obsecuencia a Washington y Bogotá, justificó el viraje respondiendo que “hasta hace poco la diplomacia ecuatoriana estuvo al servicio de intereses de otros países”. (El Comercio, 27 de junio del 2004). Afirmación que le valió una pública reprimenda de los ex cancilleres José Ayala Lasso, Antonio José Lucio Paredes, Galo Leoro Franco y Luis Valencia Rodríguez. Palacio: ¿traición al nacionalismo? La “explosión” social que el pasado 20 abril dio al traste con el desgobierno de Lucio Gutiérrez y su lumpenizada “Sociedad Patriota”, eclosión policlasista bautizada por los medios como la Rebelión de los “Forajidos”, amén de un cuestionamiento contra el neoliberalismo y el autoritarismo, tiene explicación preponderante en el malestar que generara la “diplomacia arrodillada” de ese régimen frente al eje Washington-Bogotá. Al punto que el sucesor del “dictócrata”, el médico guayaquileño Alfredo Palacio, inició su gestión declarando que el Plan Colombia/IRA/Plan Patriota era un “problema de los colombianos”, como señal de un viraje radical de la política exterior. La influencia inicial del nacionalismo-“forajido” cristalizó en la designación como canciller de Antonio Parra Gil, un prestigioso tratadista de Derecho Internacional. Durante su breve gestión, Parra emprendió en aguerridas acciones para reposicionar al Ecuador frente al conflicto armado de nuestro vecino. Al anuncio de la revisión del inconstitucional acuerdo de cesión de la Base de Manta, añadió la declaratoria de neutralidad frente a la citada guerra civil, la impugnación del desdoroso rol de “yunque” asignado a las Fuerzas Armadas compatriotas por el recién lanzado Plan Patriota, la renuencia a identificar a las FARC como grupo “terrorista”, la negativa a firmar la inmunidad para los diplomáticos, tropas y mercenarios norteamericanos por crímenes y actos de corrupción que pudiesen cometer en estas latitudes, la disposición a enjuiciar a Bogotá en tribunales internacionales por las fumigaciones fronterizas con glifosato ordenadas por Uribe con devastadoras consecuencias en la salud y en los sembríos de los habitantes fronterizos... Las maniobras desestabilizadoras en contra del “canciller de la dignidad” no tardaron en llegar orquestadas por la Gran Prensa. A las presiones de Bush Jr. y Uribe, pronto se sumaron las acciones de los nostálgicos de Patricio Zuquilanda. En el frente parlamentario, el Partido Social Cristiano, tienda acaudillada por el ex presidente León Febres Cordero (a) El Padrino, encabezó la ofensiva. El relevo de Parra por Francisco Carrión, ex embajador en España, se cumplió en nombre de la “moderación” y el “pragmatismo”, viejas coartadas del rastacuerismo ecuatoriano, y llegó precedido de la destitución del premier Mauricio Gándara, decidida por Palacio para viabilizar acuerdos con en el desprestigiado Congreso en la perspectiva de avanzar en una cosmética reforma del Estado. Purgada completamente el ala nacionalista-bolivariana-“forajida” y envuelto en distintos “affaires” de corrupción, con la salida de Antonio Parra, el nuevo inquilino de Carondelet parece haber cedido también a las presiones de la Casa Blanca y el Palacio de Nariño. Esto explicaría que se hayan reanudado en el país las operaciones policiales conjuntas encaminadas a la captura y deportación de reales o supuestos insurgentes colombianos... y que el espectro de una guerra fratricida vuelva a asumir sus temibles formas concretas. (*) Ponencia presentada al III Congreso de Pensamiento Latinoamericano realizado en la Universidad de Guadalajara, México, entre el 17 y el 19 de noviembre del 2003. La presente es una versión actualizada. - René Báez es miembro de International Writers Association