El Gobierno volverá a administrar las empresas concedidas durante la década de los noventa. Se trata de una medida a consensuar con las operadoras, aunque sin la posibilidad de excepciones. En el tortuoso camino hacia el cumplimiento de lo prometido en la campaña electoral, la administración de Evo Morales dio un paso más que importante. Bolivia planea asumir el control de las empresas que fueron privatizadas durante la presidencia de Gonzalo Sánchez Lozada (1993-1997), según afirmó el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas. El proceso de transferencia de activos públicos a la actividad privada fue llevado adelante gracias a un decreto dictado por Sánchez de Lozada. Empresas petroleras, eléctricas, ferroviarias, telefónicas y aéreas fueron vendidas en un plan de privatización parcial, en línea con las iniciativas que por entonces se llevaban adelante en todo el Cono Sur. Villegas anunció que el retorno del Estado a la producción en ciertas áreas es una de las medidas debatidas por el presidente boliviano y su consejo de ministros durante un seminario. La iniciativa debatida prevé que el Estado adquiera el 51 por ciento de las acciones de esas compañías. Para llegar a esa participación deben adquirir acciones a los socios menores o comprárselas a las empresas extranjeras que ahora las manejan. Este sin dudas es el punto más conflictivo. “Quisiéramos comprar. Si (las empresas) no quieren (vender), vamos a tomar decisiones de otra naturaleza para que el Estado boliviano ejercite su derecho de propiedad en el 51 por ciento. (La intención del Estado es) contar con una capacidad para tomar decisiones en cada una de las empresas en sus diferentes aspectos de inversión, impuestos y salarios”, aclaró en forma de advertencia el ministro Villegas. Se trata de diez empresas “capitalizadas” –así es como se las denomina a las privatizadas en Bolivia- que actúan en el sector aerocomercial, telecomunicaciones, electricidad, ferrocarriles e hidrocarburos. Las multinacionales tienen en estas compañías el 50 por ciento del paquete, mientras que el resto de las acciones se divide entre una parte que gestionan dos Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) en nombre del Estado, y otros socios menores. Ninguno de los participantes es un “nene de pecho”. La Paz debe lidiar con Repsol YPF, British Petroleum, Shell, la desgraciada Enron, por ejemplo, para que les cedan el control y se incorporen como socios de un negocio que no van a poder manejar. De esta forma, Bolivia recorre el camino inverso a lo ocurrido en la década pasada. Este proceso no va a estar exento de inconvenientes, y se prevé una dura discusión con las empresas y con los gobiernos donde tienen sus sedes. A ninguna compañía le gusta tener una participación en un emprendimiento que no va a administrar; a lo que debemos agregar que los objetivos de las mismas son divergentes con los del Estado. Por ejemplo, Argentina se adjudicó demandas ente el CIADI (Tribunal arbitral sobre inversiones dependiente del Banco Mundial) por 25.000 millones de dólares sólo por haber devaluado la moneda en 2002. Con posterioridad, algunas compañías retiraron sus demandas, pero sólo tras asegurarse mejoras en los contratos. Esta decisión va a tener consecuencias de indudable trascendencia, además de todos los inconvenientes que van a surgir cuando las empresas tomen real dimensión de lo que esta políticas les significa. Son esperables ataques feroces contra este proceso, tanto desde dentro como desde fuera de Bolivia, con rebotes en los demás países de la región. - Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR- APM | http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=1550