Ante el rechazo al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) por varios gobiernos y por los movimientos populares de América Latina, Estados Unidos optó por negociar acuerdos bilaterales con los regímenes más serviles o débiles de la región. Este es el caso en América del sur del Convenio Andino de Promoción del Comercio, herramienta con la que el coloso del norte ha introducido una cuña a la libre integración suramericana, aherrojando a la vez a Colombia, Perú y Ecuador con los así llamados Tratados de Libre Comercio. Los gobiernos de los dos primeros países ya concluyeron las negociaciones, quedando pendiente la aprobación por los congresos respectivos y la firma, aspectos considerados de puro trámite. Ecuador, por su parte, está en trance de dar punto final a las tratativas. Sin embargo, tanto en este país como en Perú podría aguársele la fiesta a Washington. En Perú porque cada vez son mayores las posibilidades de triunfo en las próximas elecciones del candidato presidencial Ollanta Humala, que se proclama decidido opositor del tratado con Estados Unidos; en la patria de Eloy Alfaro debido a la movilización popular, que en los últimos días ha tomado un gran auge convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). Más de quince provincias se han sumado al movimiento y paralizado con cortes carreteros la región andina, el centro y el norte y ya comienza el desabastecimiento en los mercados. El movimiento no sólo exige la suspensión inmediata de las negociaciones sobre el TLC. También que Quito se distancie de los designios de George W. Bush y Alvaro Uribe de arrastrar a Ecuador al conflicto colombiano y la anulación del convenio sobre la presencia militar estadounidense en la base aérea de Manta así como la expulsión de la petrolera Occidental (Oxy) –acusada de violar las leyes y las normas contractuales-, la nacionalización del petróleo y la convocatoria urgente a una Asamblea Nacional Constituyente. La CONAIE quedó muy desgastada por su apoyo a Lucio Gutiérrez como candidato presidencial, que le impidió desempeñar un papel protagónico en el derrocamiento de este cuando se evidenció su traición a los compromisos de campaña y su alianza con Washington. Pero la veterana organización indígena, ahora bajo la dirección de Luis Macas, ha llevado a cabo una reestructuración y parece sentirse confiada en recuperar su anteriormente reconocida capacidad de veto a los gobiernos antipopulares, puesta de manifiesto desde que echó a Jamil Mahuad de la silla presidencial, e incluso ir más allá incidiendo en la determinación del destino nacional. Lo cierto es que la CONAIE ha anunciado que las protestas se ampliarán a todo el territorio y radicalizarán si no son satisfechas sus demandas. Uno de sus principales dirigentes, Humberto Cholango definió así lo que significaría el TLC con Estados Unidos: “…no sólo destruirá el sector agrícola nacional sino que es un robo al conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y un embargo a las riquezas del pueblo ecuatoriano, que en menos de dos años no podrá acceder a la salud, alimentación, servicios sociales básicos ni usufructuar sus riquezas”. Esto en un país donde la mitad de los niños indígenas padece ya desnutrición infantil. Macas ha advertido que si el presidente Alfredo Palacios aprueba el tratado se tendrá que ir a casa, traducido en la creciente consigna: TLC firmado, Palacios derrocado. Las demandas de la CONAIE van encaminadas a la defensa de la soberanía, la independencia y el bienestar no sólo de los indígenas sino de todo el pueblo ecuatoriano. Es sabido que Washington intenta involucrar al ejército de Ecuador en la lucha contra la guerrilla colombiana, en lo cual la base de Manta fue un primer paso. La exigencia de expulsión de la Oxy y la nacionalización del petróleo es simbólica del repudio de los pueblos indios ecuatorianos hacia el robo y depredación ecológica de sus tierras por las transnacionales petroleras y mineras, pero también refleja su conciencia de que el usufructo de los recursos naturales debe ser en beneficio colectivo. La Asamblea Constituyente es el instrumento concebido por el movimiento indígena y sectores populares ecuatorianos para refundar el Estado nacional sobre bases auténticamente democráticas en que se reconozca la condición plurinacional de Ecuador y, por lo tanto, los derechos culturales, políticos y sociales de los pueblos indios y de las grandes mayorías del país.