¿Volvió, realmente, la normalidad a la frontera?
Kirchner trata de imponer sus condiciones en negociación
31/03/2006
- Opinión
Finalmente los piqueteros argentinos pusieron fin a la ilegalidad de
los cortes de rutas en la provincia de Entre Ríos, una insoportable
afrenta a toda la legislación común que se establece en el acuerdo de
integración que formó el MERCOSUR y, por supuesto, lo establecido en
la propia legislación argentina. Ello determinó que el gobierno
uruguayo, en un polémico camino de reciprocidad, negociara con las
empresas que construyen las obras en las inmediaciones de Fray Bentos,
la suspensión de los trabajos por un lapso de, al parecer, 90 días.
Claro, que para lograr el acuerdo – como ocurre tradicionalmente en
nuestro país – se deberán socializar las pérdidas emergentes de esa
paralización, por cuanto los salarios se seguirán pagando como
resultado de un evidente y tácito acuerdo, no informado pero notorio,
del que solo se conocen las palabras del ministro de Trabajo y
Seguridad Seguridad Social, Eduardo Bonomi, en el sentido de que
ningún trabajador dejará de percibir su salario durante la detención
de las obras.
De esta forma cayó sobre toda la sociedad la necesidad que tenía el
presidente argentino Néstor Kirchner, de que se suspendiera la
construcción de las plantas y de esa forma no quebrar,
definitivamente, su relación con los piqueteros de Entre Ríos que,
como mínimo, le reclaman tal extremo.
Pese a que se violaron, en definitiva, claras normas constitucionales
que hacen al funcionamiento democrático mismo de estos países. Y ello
ocurrió con el apoyo de un gobierno provincial y la "vista gorda" del
propio gobierno nacional argentino que incluso, en alguna oportunidad,
envió a un representante - el mismísimo jefe de gabinete Alberto
Fernández, que hoy negocia con el secretario de la Presidencia de la
República, Gonzalo Fernández, un acuerdo “definitivo” para solucionar
el diferendo – quién estuvo presente en una asamblea de los piqueteros
en Gualeguaychú.
El gobierno de Néstor Kirchner es el responsable central de toda una
situación que determinó graves perjuicios para Uruguay, para el
comercio exterior, cuyo ingreso y egreso, debió de modificar sus
conductos y, fundamentalmente, para el tránsito de vehículos y
personas. Quiérase o no el turismo se vio resentido por esta
situación, pues muchos visitantes que habitualmente llegaban a Uruguay
por vía terrestre, especialmente por automóvil, prefirieron no hacerlo
por temor a quedar varados en la frontera.
También se perjudicó al transporte, tanto a las empresas de carga,
como a las especializadas en pasajeros que debieron suspender
frecuencias y multiplicar costos por el alargamiento de sus rutas en
cientos de kilómetros, ya que debían pasar a la Argentina por la zona
de Salto-Concordia.
Una responsabilidad bien clara, evidente, que todos debemos tener
presente, no para enrostrar a cada momento y utilizar a cada paso,
sino para medir la seriedad de un gobierno, como el Argentino, que
está negociando desde una posición de fuerza, tratando de imponer
condiciones al gobierno uruguayo para lograr una salida favorable a
sus intereses de una situación que es transparente y que no tendrá
soluciones fáciles sin magullones, dolores y contradicciones
políticas. ¿Qué otra explicación tiene, entonces, la suspensión a
último momento, con “la comida caliente”, del encuentro presidencial
en la Estancia Presidencial de Anchorena?
Porque, por más que los técnicos que se designen para medir el impacto
ambiental sean probadamente imparciales y se atengan estrictamente a
sus mediciones, el informe final siempre disgustará a los piqueteros
de Entre Ríos, que siguen planteando el extremo de que las plantas
salgan de las inmediaciones de Fray Bentos, y que sean trasladadas a
otras zonas del país.
Quizás ocurra, porque a algún empresario turístico de Gualeguaychu, le
molesta que el bucólico panorama que se aprecia desde su complejo
turístico, sea mellado en el horizonte por la aparición de gigantescas
plantas industriales. Es el mismo empresario que les está dando
albergue a los militantes de la organización Greenpeace y, que dejó
atracar en el muelle de su balneario, al buque insignia de esa
organización. El mismo lugar de donde partieron los gomónes que
violaron la soberanía uruguaya, colocando sus tripulantes leyendas
provocativas en una de las obras en marcha. De allí también despegó el
helicóptero de la misma organización que tanto molestó a los
fraybentinos.
Entonces, ¿hay algo para negociar? Tabaré Vázquez, por imperio de las
circunstancias y como consecuencia de una imposición poco clara,
estaba dispuesto a quemar etapas hablando mano a mano con Kirchner
para, en el marco señorial de la estancia presidencial de Anchorena en
Colonia, se firmaran acuerdos sobre la construcción de las plantas.
Pero, ¿qué acuerdos? El gobierno uruguayo exigió a las empresas que
construyen las plantas que utilicen la más moderna tecnología que
evite la contaminación, tal como ocurre en los países de la Unión
Europea. Esto ya está decidido y en marcha, pues la construcción de
los emprendimientos que procesarán madera para convertirla en
celulosa, se realiza con estas características. Las plantas que se
levantan en Fray Bentos no contaminarán el agua ni el aire, esto está
bien claro.
Ello, entonces, no hay que discutirlo con Kirchner, porque es un
resorte enteramente del gobierno uruguayo, que en su momento impuso
ese criterio que fue de recibo de las empresas. El pasado ahora no
está en consideración, lo que sería un absurdo inadmisible y otra
inaceptable pretensión argentina.
Cuando estaba todo listo para la esperada reunión en el bucólico
paisaje, la “mesa tendida”, todo volvió a fojas cero. La versión
oficial es que se necesita una semana más para “redactar un documento
completo” sobre el conflicto bilateral por las papeleras acusadas de
contaminación. La información que trascendió en Buenos Aires, era que
Argentina quería un documento muy preciso para definir los alcances y
atribuciones de la comisión técnica y Uruguay no lo aceptó.
Es cierto que no se pusieron de acuerdo. Oficialmente se dice que las
negociaciones no fracasaron, si bien son delicadas y complejas. ¿Ello
es realmente así? Se debate, en rigor, sobre la comisión técnica que
definirá el impacto ambiental de las plantas. “La comisión
recomendaría soluciones para que no contaminen”, se dice en la
Argentina, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Hay fallas en los estudios
uruguayos?
Ello constituye el nudo del conflicto binacional que debían resolver,
políticamente, Kirchner y Tabaré, Pero el encuentro se canceló,
sorpresivamente, el martes a la noche, cerca de las 21. “El documento
que iban a firmar era tan breve, genérico y abstracto como inaceptable
para los asambleístas de Gualeguaychú, que iban a redoblar su
protesta. Es muy delicado el tema y ellos están muy duros”, dijo una
alta fuente gubernamental argentina.
Los ambientalistas exigen “contaminación cero” y los más duros
reclaman que las papeleras se radiquen en otro lugar. “Esta es una
postura de máxima”, relativizan cerca de Kirchner. Para el Gobierno,
hay que evitar el impacto ambiental; pero las plantas se harán y será
en Fray Bentos. Kirchner procuraba definir con mucha precisión los
puntos del impacto ambiental sobre los cuales la comisión técnica
debía definir y trabajar durante los próximos 90 días luego de que
Botnia y ENCE paralizaron sus obras por ese lapso para permitir un
acuerdo.
Para Uruguay aceptar discutir el tema es exponerse a que se plantee
una modificación del proyecto de construcción, a gusto y medida del
gobierno argentino, que obviamente, nunca ha pensado en recorrer un
camino ni siquiera parecido en la docena de fábricas de celulosa
diseminadas por su territorio.
Nuestro gobierno también ha sostenido la necesidad de crear una
comisión técnica binacional, de alto nivel, con el fin de hacer un
seguimiento permanente de cada etapa en la producción de las fábricas
de celulosa, para que las mismas mantengan los estándares de calidad
acordados y, por supuesto, no violenten con alguna trasgresión o
error, la preservación del medio ambiente. Esto también está decidido,
no hay porque discutirlo con el presidente argentino.
Lo que seguramente sobrevoló para la suspensión del encuentro fue el
hecho de que cualquier informe que surja de una comisión mixta, de
alto nivel, que mida el impacto ambiental, que si expresa lo que todos
sabemos y lo que han sostenido hasta el cansancio científicos
argentinos y uruguayos que han estudiado a fondo el problema, no
contentará a los piqueteros de Entre Ríos, que recomenzarán su
movilización.
¿Qué hará Kirchner ante esa alternativa que es bien posible? ¿Le dará
intervención a la Gendarmería para restablecer la legalidad en la zona
o, seguirá mirando para otro lado, buscando que los zapallos se
reacomoden por si solos en el carro? Más bien el Presidente argentino
no quiere enfrentarse a estas alternativas y prefiere, de antemano,
lograr un acuerdo “satisfactorio”, pese a que algunos sectores
piqueteros duros, estén disconformes.
Solo por el resultado de una presión indebida, metida en medio de una
mala negociación, se aceptó como contracara del levantamiento de los
cortes de rutas, que las empresas tuvieran que suspender por 90 días
las obras, con lo que ello significa con sus costes por lucro cesante,
salarios caídos, atrasos en los trabajos, etc. ¿Para qué detener los
trabajos, entonces?
No lo entendíamos. Y menos ahora, cuando al parecer el gobierno se
hará cargo de la situación de los trabajadores afectados por el cese
momentáneo de las actividades. A algunos analistas les pareció como
otra imposición inadmisible de argentina, una especie de piedra de
cambio que el gobierno de Kirchner trataba de utilizar para no romper
totalmente con los piqueteros. La suspensión de los trabajos se
anunció junto con la afirmación del ministro Bonomi de que los
operarios afectados no pederán jornales, costo qué, obviamente, no
estará a cargo del empleador multinacional.
Un tema que debería haber estado en la mesa de discusión a la que se
sentarían en Anchorena los dos mandatarios, es el resarcimiento a
Uruguay por los perjuicios provocados por los ilegales cortes de
rutas.
Ese tema no debía estar ausente, de ninguna manera, pues lo hecho por
el gobierno argentino tuvo una connotación demasiado grave, onerosa
para nuestro país y ahora, porque estamos "respirando de nuevo", no es
bueno olvidar todo aquel sufrimiento por la “falta de oxigeno” que
vivió todo el país.
- Carlos Santiago es periodista, secretario de redacción de Bitácora.
https://www.alainet.org/fr/node/114752
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