Bruselas La suerte de quienes arriesgan la vida para promover los derechos humanos debe ser un asunto de primer orden en la cumbre entre la Unión Europea (UE) y Latino América y el Caribe, afirma Amnistía Internacional. Los representantes gubernamentales que se reúnen mañana en Viena se enfrentan a un preocupante historial: en esta región se han cometido más homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos que en cualquier otro lugar del mundo. "Los gobiernos deben hacer frente a estas cifras -ha señalado Dick Oosting, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante la Unión Europea-. Si no crean un entorno seguro, los defensores y defensoras de los derechos humanos seguirán sin tener a nadie a quien recurrir en busca de protección." Las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional han mostrado que quienes denuncian abusos contra los derechos humanos sufren un grado intolerable de hostilidad y amenazas. En los últimos años se ha perseguido a periodistas, a profesionales del derecho, a sindicalistas y a miembros de muchas otras actividades. "La UE se ha comprometido a proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo. Debe aprovechar la ocasión para pedir a estos gobiernos que tomen medidas concretas", ha manifestado Oosting. Una de las prioridades es poner fin a la impunidad. Son muy pocos los autores de abusos contra los derechos humanos que comparecen ante la justicia, y los que lo hacen suelen quedar en libertad. Este hecho refuerza el opresivo clima de miedo en que viven las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos. En los países con conflictos armados, no son sólo los activistas los que corren peligro, sino la población entera. En Colombia, por ejemplo, decenas de miles de personas han sido víctimas de homicidio, "desaparición", tortura o secuestro, y millones más se han visto desplazadas a la fuerza en los cuatro últimos decenios. Amnistía Internacional insta a que, en la tónica de la declaración de Guadalajara de 2004, dirigida aumentar la cohesión social, la UE y sus socios de Latino América y el Caribe, aprovechen esta oportunidad para: Poner fin a la impunidad de los abusos contra los derechos humanos ratificando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y promulgando la legislación necesaria para su aplicación. Reconocer la función decisiva de los defensores y defensoras de los derechos humanos y prestarles la protección que necesitan. Apoyar el establecimiento de un tratado global para regular el comercio internacional de armas.