El lunes 15 de mayo, a las 18h00, el ministro de Energía del Ecuador, Iván Rodríguez, declaró la caducidad del contrato con la empresa petrolera Occidental (Oxy), para la operación del bloque 15 de la amazonía ecuatoriana, y de los convenios de operación unficada de los campos Edén-Yuturi y Limoncocha. La declaratoria de caducidad también plantea la ocupación inmediata de las instalaciones de los pozos petroleros operados por esta transnacional norteamericana, sin ninguna indemnización por parte del Estado ecuatoriano. Hay que recordar que el pedido de caducidad se produjo en agosto del año 2004, por pedido de la Procuraduría del Estado, cuando la empresa Occidental transfirió a la canadiense Encana el 40% de su participación en el bloque 15, contraviniendo expresas disposiciones contractuales que prohibían este tipo de operación. Es una decisión de profundas consecuencias políticas porque se había constituido en el elemento central de las movilizaciones sociales del mes de noviembre del año pasado y del mes de marzo del presente año. No solo eso, sino que significa, de hecho, que el Ecuador sale de manera definitiva de las negociaciones del TLC con EEUU por cuanto una de las exigencias que EEUU planteó al Ecuador como requisito previo para entrar al TLC era, justamente, resolver el litigio con Occidental a favor de la empresa. Es decir, esta decisión implica otorgar validez y perspectiva política a los movimientos sociales que habían hecho de la caducidad del contrato con Oxy, un eje fundamental de su convocatoria y movilización, al mismo tiempo que se enajena de la agenda norteamericana para la región. Puede decirse, y es una hipótesis muy plausible, que uno de los eventos que influyeron para que el régimen de Palacio haya adoptado esta decisión, estaría en la nacionalización del petróleo y del gas hecho por el gobierno de Evo Morales en Bolivia; sin embargo, y a no dudarlo, otro evento que contribuyó a esta decisión fue la constante presión social que la semana pasada movilizó a más de cinco mil personas desde la amazonía ecuatoriana hacia la capital de la república para exigir la caducidad del contrato con esta empresa, y los pedidos de enjuiciamiento político al Presidente de la República por el delito de peculado con fondos públicos, ya que la demora en la decisión de declarar la caducidad implicaba altos costos para el Estado, un juicio político que había sido planteado por algunos diputados socialistas y que de haberse producido una negociación con la empresa habría determinado la posible destitución del Presidente Palacio. Hay que recordar, de otra parte, que Oxy es responsable de la producción del 20% del petróleo ecuatoriano con un volumen diario de exportaciones que alcanza los 100 mil barriles. El volumen de negocios de la Oxy estimado a fines de año y con los nuevos precios del barril de petróleo alcanzaría al menos un mil quinientos millones de dólares. En primera instancia y en términos proporcionales y con todas las distancias del caso, la medida adoptada por el régimen de Palacio en Ecuador tiene el mismo alcance e impacto político que la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Ahora bien, el régimen tiene que dar una salida soberana a esta decisión porque existirían dos posibilidades, la primera sería la transferencia de los pozos petroleros a la estatal Petroecuador, con un plan de inversiones que implique la reactivación de la empresa estatal; y, la segunda, negociar estos campos con otras empresas transnacionales, en la ocurrencia, empresas de capitales chinos que son las que más han presionado por entrar al mercado ecuatoriano. Ha existido una fuerte presión por desmantelar a la empresa estatal, e incluso en el acuerdo que el Ecuador firmó con el Banco Mundial en el año 2003, consta el compromiso de terminar el monopolio de la empresa estatal de petróleos y abrir el sector para la participación de empresas privadas. De ahí que el espacio abierto con esta decisión, será de disputa entre una voluntad de recuperar la soberanía nacional como lo plantean las organizaciones sociales, o la presión de grupos transnacionales por entrar en un nicho de mercado con mejores garantías que aquellas que tuvo Oxy, con el apoyo de los partidos políticos de la derecha ecuatoriana. La mayor organización indigena del país, CONAIE, ha advertido ya al Presidente Alfredo Palacio, que estará pendiente de las decisiones que el régimen adopte a partir de la declaratoria de caducidad del contrato con Oxy, indicando que es momento que el Ecuador asuma la responsabilidad histórica de nacionalizar su industria petrolera y dedicar los recursos a la reactivación de la producción y a programas de equidad social. Caso contrario, la CONAIE ha amenazado al régimen con nuevas movilizaciones sociales.