EEUU

Fuera del radar: vuelos secretos a la tortura y la “desaparición”

Amnistía Internacional

13/06/2006

Opinión

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Las “entregas extraordinarias” consisten en el traslado de personas de un país a otro al margen de todo procedimiento legal y administrativo. Su objetivo es mantener a los detenidos lejos de toda supervisión judicial que pudiera dificultar el interrogatorio y la recopilación de información mediante el uso sistemático de la tortura. “El envío de prisioneros al extranjero para conseguir información mediante torturas tales como sumergirlos en agua, arrancarles las uñas de los pies y de las manos, pegarles y aplicarles descargas eléctricas, todo ello a petición de altos funcionarios estadounidenses, es inhumano y debe cesar inmediatamente” Edmund Markey, congresista estadounidense (12 de marzo de 2005) En mayo de 2005, tres aturdidos y traumatizados yemeníes surgieron de una red secreta de prisiones administradas por Estados Unidos y diseminadas por varios continentes. Detenidos desde 2003, habían sido transportados de un sitio a otro en aviones que volaban en secreto, y no habían tenido contacto alguno con el mundo exterior. Amnistía Internacional fue a Yemen a entrevistarlos y sus duras historias aportaron algo de luz al turbio sistema de capturas, transferencias y detenciones secretas que Estados Unidos ha desarrollado para la “guerra contra el terror”. Muhammad Bashmilah y Salah ‘Ali Qaru fueron detenidos en Jordania y trasladados bajo custodia de Estados Unidos en octubre de 2003. Muhammad al-Assad fue detenido dos meses después en Tanzania y entregado a funcionarios estadounidenses. Por lo que a sus familias respecta, a partir de ese momento los tres “desaparecieron”. De hecho, estuvieron recluidos al menos en cuatro centros administrados por Estados Unidos, probablemente situados en tres países diferentes que, a partir de la información que proporcionaron posteriormente, es probable que se tratara de Yibuti, Afganistán y algún país del este de Europa. Según parece, tras ser detenidos en Jordania, Muhammad Bashmilah y Salah ‘Ali Qaru fueron trasladados a Afganistán y recluidos allí, al parecer en un centro de alta seguridad donde los internos permanecían a todas horas encadenados a una argolla fijada al suelo. A Muhammad al-Assad lo llevaron en una pequeña aeronave estadounidense a un lugar, probablemente en Yibuti, donde lo interrogaron unos agentes que le dijeron que eran del FBI. Luego lo trasladaron en avión a un sitio “muy frío” donde estuvo en dos centros de detención. A finales de abril de 2004, a los tres los hicieron desnudarse y ponerse calzoncillos de plástico absorbentes y unos monos azules. Los encadenaron y, con los oídos y los ojos tapados, los metieron en un avión. Aunque tal vez despegaron en vuelos diferentes, los tres dicen que pocas horas después aterrizaron y los metieron a empellones en un helicóptero con otros prisioneros. El vuelo en helicóptero duró unas tres horas y al aterrizar los llevaron en automóvil a un nuevo centro de detención. La ubicación de su prisión secreta definitiva, un centro de alta seguridad donde pasaron 13 meses, sigue sin conocerse. Sin embargo, según la información que proporcionan los tres, podría ser un lugar de Europa del este. Allí se hacían tremendos esfuerzos para que los detenidos no supieran dónde estaban: no los dejaban mirar al exterior, quitaban las etiquetas de los alimentos, etc, de manera que durante meses los tres hombres no supieron si era de día o de noche, si llovía o hacía sol o si en algún momento se acabaría su tormento de interminables días mirando a las blancas paredes o sometidos a interrogatorio. El vuelo que los devolvió a Yemen el 5 de mayo de 2005 duró unas siete horas sin escalas. Los funcionarios yemeníes afirman que las autoridades estadounidenses les avisaron de su llegada con sólo un día de antelación, y no dijeron nada sobre los delitos que se les imputaban, pero dieron instrucciones expresas a los funcionarios yemeníes de que los detuvieran y al parecer se comprometieron a hacerles llegar sus expedientes, cosa que nunca sucedió. El 13 de febrero de 2006, tras pasar más de nueve meses privados arbitrariamente de libertad en Yemen, y después de aproximadamente dos años y medio desde su detención, los tres hombres comparecieron ante un tribunal en Sana’a. Se acusaba a cada uno de ellos de falsificación en relación con la obtención de un documento de viaje falso para su uso personal. Ninguno fue acusado de delitos relacionados con el terrorismo. El fiscal especial jefe dijo a Amnistía Internacional que no se sospechaba su implicación en ningún delito de este tipo. Los tres hombres se declararon culpables, y el juez hizo constar en las actas que Estados Unidos los había mantenido detenidos en un lugar desconocido. El 27 de febrero, el juez condenó a cada uno de ellos a dos años de cárcel, agregando expresamente la siguiente instrucción: “Cuéntese el periodo que el acusado pasó en prisiones fuera del país como parte de la condena”. El juez calculó que, además de los nueve meses encarcelados en Yemen, el tiempo que habían pasado en detención secreta estadounidense había sido de al menos 18 meses, y ordenó su puesta en libertad. Muhammad al-Assad salió en libertad el 14 de marzo. Muhammad Bashmilah y Salah Qaru fueron trasladados a Aden, donde fueron puestos en libertad en torno a la medianoche del 27 al 28 de marzo. Se les ordenó que se personaran una vez al mes en dependencias de los servicios de seguridad política y que no salieran sin autorización de Aden. Muhammad al-Assad dijo a Amnistía Internacional al quedar libre: “Ahora he de emprender una nueva vida, pues nunca recuperaré la anterior”. Su negocio se fue a la ruina, tiene deudas y no sabe si le permitirán volver a Tanzania. Por su parte, Muhammad Bashmilah y Salah ‘Ali Qaru no saben si conseguirán el dinero y la autorización para volver con sus esposas, que han quedado en la miseria en Indonesia. Los tres creen que seguirán estigmatizados como peligrosos para la seguridad y nunca podrán llevar una vida normal. Todos siguen padeciendo las terribles secuelas físicas y psicológicas de la tortura y los malos tratos, incluidos los prolongados periodos de aislamiento y la detención secreta. Éste es el coste humano de las prácticas ilegales y secretas que comporta el programa de “entregas extraordinarias” de Estados Unidos, un coste que rara vez sale en los titulares de la prensa. “Entregas extraordinarias” Las “entregas extraordinarias” consisten en el traslado de personas de un país a otro al margen de todo procedimiento legal y administrativo. En el marco de la “guerra contra el terror”, normalmente esta práctica ha sido iniciada por Estados Unidos y llevada a cabo con la colaboración, la complicidad o la aquiescencia de otros gobiernos. Su objetivo es mantener a los detenidos lejos de toda supervisión judicial que pudiera dificultar el interrogatorio y la recopilación de información. La Agencia Central de Información estadounidense (CIA), utilizando aeronaves fletadas por empresas de fachada y compañías aéreas comerciales, ha trasladado en secreto bajo la custodia de otros Estados –como Egipto, Jordania y Siria, donde se sabe que la tortura es habitual en los interrogatorios– a personas detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror”. A través del programa de “entregas extraordinarias” también se ha entregado a personas bajo la custodia de Estados Unidos, bien sea en Guantánamo (Cuba), en centros de detención de Irak y Afganistán, o en centros secretos administrados por la CIA en todo el mundo, conocidos como “lugares negros”. En ocasiones, los funcionarios han presentado las “entregas extraordinarias” sencillamente como una forma eficaz de trasladar a las personas detenidas en el contexto de la “guerra contra el terror” de un lugar a otro sin necesidad de trámites burocráticos. Esta descripción es un intento poco convincente de ocultar la verdad sobre un sistema que sitúa a las víctimas más allá de la protección de la ley, y a los verdugos por encima de ésta. Las “entregas extraordinarias” suponen diversas violaciones de derechos humanos y prosperan gracias al secreto. Para empezar, la mayoría de las víctimas han sido detenidas ilegalmente (algunas han sido secuestradas, otras no han podido acceder a ningún procedimiento legal para impugnar, por ejemplo, su traslado a países donde la tortura está a la orden del día). Muchas de las personas que han sido detenidas ilegalmente en un país y transportadas ilegalmente a otro han “desaparecido” posteriormente, y esto ha sucedido también en el caso de personas que estaban bajo la custodia de Estados Unidos. Su paradero sigue siendo desconocido. Todas las víctimas de “entregas extraordinarias” que ha entrevistado Amnistía Internacional han afirmado que fueron sometidas a torturas o a alguna otra forma de maltrato. La detención secreta es la consecuencia lógica de las “entregas secretas”, que han permitido a Estados Unidos transportar a los llamados “detenidos de alto valor –personas que se considera que tienen información demasiado delicada como para confiarlas a Estados-cliente– a los “lugares negros” administrados por la CIA en diversos lugares del mundo. Estos “lugares negros” son tan secretos que, de hecho, se encuentran fuera del alcance de las leyes estadounidenses e internacionales. La magnitud del programa de “entregas extraordinarias” es, por definición, difícil de determinar, debido al hermetismo que lo rodea y a la “desaparición” de muchas víctimas. Los familiares suelen ser reacios a informar sobre la desaparición, temiendo que los servicios de información se les echen encima. Unos cuantos casos (en torno a 25) han salido a la luz cuando las víctimas han quedado en libertad o han podido acceder a un abogado, aunque ninguno de estos desenlaces es habitual. Basándose en estos casos y en información de muy diversas fuentes, Amnistía Internacional cree que las víctimas de las “entregas extraordinarias” se cuentan por centenares. Las “entregas extraordinarias” en las que están implicados países europeos han recibido una gran atención de los medios de comunicación y de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, la mayoría de las víctimas conocidas fueron detenidas originalmente en Pakistán, cuyo gobierno mantiene una estrecha relación de colaboración con Estados Unidos en cuestiones de información. El gobierno paquistaní ha afirmado que han sido detenidas unas 700 personas en el contexto de la “guerra contra el terror”, muchas de las cuales han sido entregadas a la custodia de Estados Unidos. Muchas de estas personas detenidas –hombres, mujeres y menores– han “desaparecido”. Estados Unidos reconoce su uso de las “entregas extraordinarias”, pero afirma que las lleva a cabo con arreglo a las leyes estadounidenses y cumpliendo sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Varios países europeos han abierto investigaciones oficiales sobre las presuntas actividades de la CIA en Europa y sobre la presunta complicidad de los gobiernos europeos en dichas actividades. El resultado de estas investigaciones está aún por conocerse. Transferencias para torturar Las personas que han sido objeto de “entregas extraordinarias” a otros países para ser interrogadas afirman haber sido golpeadas con las manos o con palos, haber tenido que permanecer de pie durante días, o boca abajo mientras les golpeaban las plantas de los pies, o privadas de comida o de sueño. El ex director del centro de contraterrorismo de la CIA contó lo que le ocurrió a un detenido que había sido entregado a Egipto: “Enseguida le arrancaron las uñas de las manos y comenzó a hablar”. En algunos casos, las condiciones de detención, como el aislamiento prolongado, equivalían a trato cruel. Sin embargo, nadie puede investigar estos abusos, y mucho hacer que paren, ya que la identidad, la situación y el paradero de la mayoría de las víctimas de las “entregas extraordinarias” siguen ocultos. El gobierno estadounidense ha afirmado que las “entregas extraordinarias” no generan riesgo de tortura. La secretaria de Estado estadounidense, Condoleeza Rice, ha dicho que, cuando es necesario, Estados Unidos “solicita garantías de que las personas trasladadas no serán torturadas”. Aun aceptando la premisa de que la “entrega extraordinaria” no pretende facilitar el interrogatorio bajo tortura, confiar en tales “garantías diplomáticas” no resuelve la obligación absoluta de todo Estado de no trasladar a nadie a un país donde corra el riesgo de ser torturado o sufrir cualquier otro tipo de maltrato (el principio de no devolución o non-refoulement). De hecho, la premisa en la que se basan tales garantías es absurda: si el riesgo de tortura o malos tratos bajo custodia es tal que Estados Unidos debe solicitar garantías de que el Estado receptor no actuará como suele hacerlo, obviamente el peligro es demasiado grande como para permitir el traslado. El caso de Mohammed Haydar Zammar, investigado por Amnistía Internacional, es uno de los varios que ponen de manifiesto la pauta de trasladar a otro país a las personas detenidas en la “guerra contra el terror”, aparentemente para interrogarlas bajo tortura. Mohammed Haydar Zammar, ciudadano alemán de ascendencia siria, fue interrogado por la policía alemana después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, pero no quedó detenido. A comienzos de diciembre de 2001, unos agentes de los servicios de información marroquíes lo detuvieron en el aeropuerto de Casablanca, al parecer por informes proporcionados por Alemania, y pasó más de dos semanas siendo interrogado por agentes de los servicios de información estadounidenses y marroquíes. Según los informes, después lo llevaron a Damasco (Siria) en un avión jet Gulfstream V de la CIA, al parecer para poder interrogarlo bajo tortura. En noviembre de 2002, seis agentes de los servicios de información alemanes llegaron a Damasco e interrogaron a Mohammed Zammar durante tres días. Según la revista Der Spiegel: “Ningún tribunal en un Estado de derecho aceptaría jamás un interrogatorio llevado a cabo en una cárcel de Damasco famosa por sus prácticas de tortura”. Ni la familia de Muhammad Zammar ni Amnistía Internacional conocen su paradero actual, aunque se cree que aún sigue en una cárcel Siria, y al parecer su aspecto es “esquelético”. Fuera del alcance del radar Los países que permiten atravesar su espacio aéreo y utilizar sus aeropuertos a aviones de la CIA suelen citar la Convención sobre Aviación Civil Internacional, también conocida como Convención de Chicago. Afirman que no tienen autoridad para cuestionar los motivos del vuelo ni para subir a bordo del avión en un aeropuerto porque en la Convención existe una cláusula que permite a aviones privados no comerciales sobrevolar un país o efectuar en él escala técnica sin autorización ni notificación previas. Ésta parece ser una de las principales razones por las cuales el programa de “entregas extraordinarias” de la CIA se basa en la contratación de aviones privados y no en el uso de aeronaves militares u oficiales. En algunos casos, estas aeronaves son operadas por empresas de fachada de la CIA que existen sólo sobre el papel, como la denominada Premier Executive Transport. Otras compañías sí tienen instalaciones y personal, pero parecen casi totalmente controladas por la CIA, como Aero Contractors. En otros casos, la CIA fleta aviones de compañías chárter normales, como Richmor Aviation, cuyo Gulfstream IV, (inicialmente registrado como N85VM y ahora como N227SV), ha hecho más de un centenar de viajes al centro de Bahía de Guantánamo. Sin embargo, el uso de aviones privados no da a la CIA ni a ninguna otra agencia de información el derecho a hacer su voluntad sin interferencias. La Convención de Chicago especifica claramente que todo Estado tiene derecho a exigir que una aeronave que sobrevuela su territorio aterrice en un aeropuerto determinado para inspeccionarla si hay motivos razonables para creer que se está usando para alguna finalidad que no concuerde con los objetivos de la Convención. Dado que las “entregas extraordinarias” violan el derecho internacional de los derechos humanos, trasladar a un detenido en esas circunstancias, o ayudar a su traslado, no puede considerarse una finalidad que concuerde con los objetivos de la Convención de Chicago. La amplia información que medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y organismos parlamentarios han dado sobre números de vuelos concretos y compañías de vuelos chárter que parecen implicadas en las “entregas” constituye un “motivo razonable” para sospechar, y por tanto da al país el derecho (y la obligación) de hacer aterrizar a cualquier aeronave sospechosa de participar en estas “entregas extraordinarias”. El uso de aeronaves privadas no es la única estratagema utilizada para intentar sustraerse al examen del programa de “entregas extraordinarias”. Las aeronaves y las empresas que se utilizan en estas entregas parecen cambiar constantemente. Cuando se relaciona con demasiada frecuencia a un avión o una compañía aérea concretos con traslados o detenidos secretos parece como si desaparecieran del radar. Amnistía Internacional ha elaborado una lista de compañías que probablemente han participado en alguna medida en “entregas extraordinarias” y otras operaciones encubiertas. La lista, publicada en el documento Fuera del radar: Vuelos secretos a la tortura y la “desaparición” , incluye a los propietarios u operadores de aeronaves que han sido detectados en casos conocidos de “entregas extraordinarias” y otras operaciones de la CIA, así como a algunas de las compañías –a las que se considera relacionadas con los servicios de información– que figuran en los permisos de aterrizaje en todo el mundo de la Agencia Aeronáutica del Ejército de Estados Unidos (Army Aeronautical Service Agency, AASA) y en los contratos de aprovisionamiento de combustible del Departamento de Defensa estadounidense. La lista fue la base de una relación de aeronaves de cuyos vuelos se siguió la pista entre 2001 y 2006. A Amnistía Internacional le preocupa el papel que las compañías privadas han desempeñado a la hora de ayudar a la entrega ilegal de detenidos, y cree que estas compañías se arriesgan a ser cómplices de violaciones de derechos humanos. La organización ha escrito a compañías cuyas aeronaves han estado relacionadas con “entregas extraordinarias” y les ha pedido información sobre vuelos concretos, incluido el itinerario y el objetivo del vuelo y detalles de los pasajeros. Hasta la fecha, no ha obtenido respuesta. Amnistía Internacional ha registrado casi un millar de vuelos relacionados directamente con la CIA, la mayoría de los cuales han utilizado el espacio aéreo europeo. Se trata de vuelos realizados por aeronaves que parecen operadas permanentemente por la CIA a través de empresas de fachada. Hay una segunda categoría, la de unos 600 vuelos realizados por aeronaves cuyo uso por la CIA, al menos temporal, se ha confirmado. Por último, el número de vuelos realizados por aeronaves propiedad de compañías vinculadas a la CIA, pero que no se sabe que estén relacionadas con ningún caso conocido de “entrega extraordinaria” supera con creces el millar. Los registros de vuelo, sin embargo, no muestran las actividades concretas de las aeronaves. Sólo demuestran si éstas estuvieron activas en cierta región en un momento concreto. Tampoco demuestran que una aeronave en particular haya estado implicada en una “entrega extraordinaria”. No obstante, en ocasiones proporcionan una pieza clave en el rompecabezas que más tarde completan las víctimas de “entregas” que han podido contar su experiencia. En los pocos casos en que pueden señalarse con exactitud los detalles y las fechas de un secuestro o traslado, Amnistía Internacional por lo general ha podido emparejar una “entrega” con un registro de vuelo. Aunque hace tiempo que se llevan a cabo “entregas extraordinarias” auspiciadas por la CIA, al parecer otras agencias estadounidenses están implicadas en el flete y la operación de los vuelos. Se han expedido contratos de aeronaves concretas relacionadas con “entregas extraordinarias a través de una oscura oficina de la Marina estadounidense, no de la CIA. También ha habido informes según los cuales en los equipos que llevan a cabo de hecho las “entregas extraordinarias” hay miembros de las unidades de las Fuerzas Especiales del ejército estadounidense, así como personal de la CIA. Amnistía Internacional tiene copias de informes de investigación de la policía sobre vuelos de la CIA en España, por ejemplo, que indican que los pilotos de los aviones utilizados para las “entregas extraordinarias” eran oficiales del ejército estadounidense. Conclusiones En general, los gobiernos no violan los derechos humanos ni el derecho internacional de forma abierta y arrogante. Lo hacen en secreto. Torturan a puerta cerrada. Promueven programas de represión en los que los opositores “desaparecen” por la noche. Establecen operaciones secretas para romper los embargos de armas, derrocar a gobiernos hostiles y detener a personas a las que consideran una amenaza para su seguridad. Al no ser un proceso transparente basado en el derecho y las normas internacionales vinculantes para todos los Estados, el programa de “entregas extraordinarias” y detenciones secretas está socavando la propia seguridad humana y el Estado de derecho que afirma proteger. De hecho, Estados Unidos ha creado una zona sin ley en la cual se suprimen los derechos humanos de ciertas personas. Es hora de detener este programa. Amnistía Internacional, en su informe Fuera del radar: Vuelos secretos a la tortura y la “desaparición”, aporta datos fundamentales sobre el programa de “entregas extraordinarias” de Estados Unidos e insta a actuar a todos los implicados. La organización pide: • a Estados Unidos, que ponga fin a su práctica de “entregas extraordinarias” y detenciones secretas. • a todos los gobiernos, que se aseguren de que las víctimas de las “entregas extraordinarias” gozan de protección contra la tortura o los malos tratos y que todos los detenidos en la “guerra contra el terror” son acusados formalmente y juzgados con garantías o, de lo contrario, puestos en libertad. • a todos los gobiernos, que prohíban la devolución o el traslado de personas a lugares donde corren peligro de sufrir torturas u otros malos tratos. • a todos los gobiernos, que se aseguren de que sus aeropuertos y espacios aéreos no son utilizados en “entregas extraordinarias”, y que promuevan la inspección de cualquier aeronave sospechosa de participar en “entregas extraordinarias”. • a todos los operadores privados de aeronaves y agentes que se dedican a fletar aeronaves, que se abstengan de hacerlo en circunstancias que indiquen que pueden ser utilizadas en “entregas extraordinarias”. - Este texto resume el documento titulado “Estados Unidos de América: Fuera del radar. Vuelos secretos a la tortura y la “desaparición” (Índice AI: AMR 51/051/2006), publicado por Amnistía Internacional el 5 de abril de 2006.

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