De la excepcionalidad a la normalidad de una sociedad
Uruguay y sus estigmas del pasado
09/08/2006
- Opinión
Decíamos hace algunas semanas que si hay algo que los militares
que hoy que están en actividad quieren resolver es la situación que
viven las Fuerzas Armadas, como cuerpo, en razón de la falta de un
punto final para la problemática de los derechos humanos en que están
envueltos una serie de personajes protagonistas del peor pasado del
país.
Terminar con la “excepcionalidad” de que en nuestro país se
pueda seguir viviendo en una democracia imperfecta, en razón de que
las personas que han cometido los delitos más graves, establecidos en
el Código del Proceso Penal, son los que han sido “amnistiados” por
una Ley que no solo afectó a la sociedad en su conjunto, vulnerando a
la democracia, haciendo a los ciudadanos distintos ante la Ley, sino
que determinó una afrenta ética y una quebradura moral con la cual una
Nación no puede convivir.´
¿Cuándo se normalizará el Uruguay? La respuesta es clara y fácil de
comprender, cuando esos delitos, los más graves, cometidos por
funcionarios públicos, amparados por esa condición que debe configurar
un agravante, caracterizados como de “Lesa Humanidad”, comiencen a ser
sancionados.
Pero, ¿esto es realmente así o seguiremos eternamente recreando
el pasado para sumergirnos en ese odio insustancial realimentado por
la injusticia presente?
Tenemos claro que el gobierno del doctor Tabaré Vázquez tiene
una actitud distinta a la de los gobiernos anteriores, quienes en
lugar de buscar una solución a esa excepcionalidad que vivía el país
por ese régimen de impunidad, sometiéndose a la presión militar -
¿miedo, mediocridad o estrategias convergentes? – actuaron como
cómplices objetivos de los delincuentes de “lesa humanidad”.
El gobierno del doctor Vázquez está tratando ahora de hacer
algo. Aplica los extremos de la Ley de Caducidad de la Pretensión
Punitiva del Estado, con el fin de que, por lo menos, se investiguen
hechos y se marginen perfectamente quienes están amparados en la
norma, evidentemente antidemocrática, pero más que ello, inmoral,
quedando expuestos para ser sancionados quienes pierdan la impunidad
otorgada a rajatabla por la costumbre de los gobiernos anteriores de
amparar todos los hechos ocurridos durante la represión producida
durante la dictadura, en las normas de la caducidad.
Estas cuestiones están presentes siempre, casi a diario, con
laceraciones que vuelven del pasado todavía dolorosas, que no nos
dejan avanzar como país. Las efemérides trágicas se amontonan y
recrean hasta el desconcierto. En el 2006, Uruguay, por obra y gracia
de esa situación de injusticia, parece haberse congelado con las
intensas patologías de hace más de 20 o 25 años. Quizás contribuya a
ellos la grave indolencia intelectual de dirigentes que no se
atrevieron a diseñar un país de futuro.
Restañar las injusticias todavía presentes para poder diseñar,
en todo caso, el futuro debiera resultar más movilizador que
martirizar, con esclarecedores revanchismos por las turbulencias de la
dictadura. Quizás ello es lo que ha visto el gobierno del doctor
Vázquez, porque meterse en semejante utopismo titánico sería perder
el tiempo, especialmente cuando no existen mecanismos constitucionales
idóneos que permitan la anulación o derogación de esa Ley de
Impunidad.
El gobierno ha preferido tomar dentro de la misma Ley los
recursos que quedan para impartir esa justicia que hace falta para
terminar con la grave claudicación moral que existe en el país.
Los intelectuales (¿existen todavía en este país?) debieran
pensar en reeditar el desenfado de generaciones anteriores, donde la
creación sobresalía sentando las bases de toda una nacionalidad. En
el fondo, eran unos cuantos desdichados con iluminaciones que quedaron
para la mejor historia de las ideas. Que se entregaban al diseño de un
proyecto colectivo de sociedad, proceso que desembocó, como todos
sabemos, en los afanes mesiánicos de unos que creyeron que se podía
conquistar el poder con la fuerza de las armas lo que desembocó en una
respuesta que tuvo como marco (una especie de “anillo al dedo” para
algunos con afanes de poder) la política del Departamento de Estado de
EEUU, de los “golpes en cadena” en su llamado “patio trasero” (América
Latina), para facilitar el ingreso sin obstáculos del neoliberalismo
económico.
Claro, pero esos rencores del pasado que surgen cada día – como
dice Jorge Asis – debieran quedar hoy “para la decencia intelectual de
los historiadores”.
Porque, cuando la recreación del pasado no sirve siquiera para
enriquecer el presente, aquel pasado tiende, simplemente, a
reivindicar el improperio del retroceso con el pretexto de la búsqueda
de la justicia.
Cualquier balance de una existencia, probablemente hasta la más
mediocre, debiera ocasionar la idea que se deja, a los hijos y nietos,
un país en mejores condiciones que el que se recibió.
Es necesario reconstituir, a partir de la sumatoria de
fragmentos, la pertenencia estricta a una Nación, afectada por una
injusticia inmoral, estampada por la Ley de Caducidad. ¿Cuándo
dejaremos el país de la excepcionalidad e ingresaremos al país de la
normalidad? Un país donde puedan convivir sin traumas, en un marco
quizás de indiferencia, los nietos de un torturado con los de un
torturador, sin tener que estar recreando y justificando continuamente
el pasado.
Un país que en su presente logre que por lo menos algunos de los
peores delincuentes todavía vivos y sancionables, reciban el peso de
la ley por haber cometido delitos de “lesa humanidad” Así, si bien no
se dejará de estar en el marco de una “excepcionalidad”, se comenzará
a caminar hacia uno de sus bordes, para tender a normalizar la
situación que es responsabilidad de una clase política, la integrante
de los gobiernos de los llamados partidos tradicionales, pero más que
eso, que fue avalada Ley de Caducidad mediante – y ello también hay
que tenerlo presente – por la mayoría del pueblo uruguayo en un
recordado referéndum.
Estamos, por lo tanto, esperando que comiencen a aparecer los
caminos a la igualdad ante la Justicia. Es la hora, para cerrar otro
capítulo y que los militares envueltos en aquella terrible represión,
que sepan de lo ocurrido, comiencen a hablar, que digan algo, que no
se limiten a ese silencio medroso que han mantenido durante más de dos
décadas. Incluso la mayoría de sus camaradas, hoy en actividad, que
quieren un futuro digno e integrado para ellos y sus familias, se los
están reclamando.
Y que los que han elaborado informes grandilocuentes,
espectaculares, dejen de mentir.
- El autor es periodista. Secretario de redacción de Bitácora.
https://www.alainet.org/fr/node/116521
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