Por primera vez serían juzgados en Uruguay represores de la dictadura involucrados en asesinatos y desapariciones, si prospera el pedido de la fiscal Mirtha Guianze que está a consideración del juez Luis Charles. Los acusados tienen cuentas pendientes con la Justicia argentina que prefieren evitar, pero que un procesamiento en Uruguay no haría caducar, porque al término de la pena establecida en nuestro país se debería considerar el pedido de extradición de la Justicia del país vecino. Es un hecho más que significativo, con un hondo contenido y un significado que se entronca en las características de nuestra democracia que, desde la caída de la dictadura, vive una situación de excepcionalidad, con una Justicia llena de problemas, jaqueada por el poder político y – más allá de lo que se diga – limitada por condicionamientos objetivos de una realidad no favorable al castigo de los responsables de delitos de lesa humanidad. Se puede decir que la uruguaya ha sido hasta hoy una especie de democracia renga, con desigualdades manifiestas de los ciudadanos ante la Ley, porque justamente los autores de los peores delitos que se recuerdan en el Uruguay, viven una situación de impunidad otorgada por la actitud complaciente de gobiernos medrosos (¿o cómplices?) que prefirieron cuestionar el funcionamiento del sistema a arriesgar una posición valiente ante quienes habían cometidos fechorías de todo tipo, muchas de ellas crímenes de lesa humanidad, con el agravante de actuar en nombre del Estado nacional. La Ley de impunidad Por supuesto, no debemos olvidarlo porque es esencial en el análisis de la larga impunidad de estos lamentables personajes. Ha estado vigente la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, engendro ideado para dar una apariencia de legalidad a esa situación de injusticia institucionalizada, de privilegio inaudito de delincuentes que por años vivieron usufructuando las prerrogativas que les otorgó el Estado como retirados de las Fuerzas Armadas y policiales que, por supuesto, pagamos entre todos los demás que nunca tuvimos los mismos privilegios. ¿Alguien puede sostener lo contrario? Por supuesto que ellos mismos y muchos militares todavía “colonizados” por las ideas mesiánicas que endiosan a la dictadura, sostienen que los implicaron en lugar de ser delincuentes de lesa humanidad son “salvadores de la patria”, afirmación que, por supuesto, no resiste ninguna investigación histórica. De este modo, desde gobiernos que invocaban su carácter democrático, se contribuyó a fraguar, en el seno del colectivo militar, la idea que ellos estaban por encima de toda ley humana y divina. ‘La guerra’ les había otorgado la facultad de matar y perdonar, la suprimir la identidad a niños y la de desaparecer por treinta años a sus padres. La de matar sin siquiera un juicio sumario. A esta altura y ingresando en el análisis históricos, debiéramos preguntarnos, ¿Qué guerra?, ya que la guerrilla urbana ya había sido derrotada antes de la implantación del régimen de facto. Lo que quedaba era la persecución, a través del Plan Cóndor, de militantes marcados o personas que habían caído, por razones fortuitas, en los archivos de “inteligencia”, verdaderos monstruosos ejemplos de la más abyecta forma de persecución por ideas. Persecución que se extendió, por supuesto, más allá de las fronteras del país. Por algo se implementó en Buenos Aires el centro de torturas Automotores Orletti, manejado por militares uruguayos e integrantes de la Triple AAA argentina, encabezados por el sanguinario Aníbal Gordon. Sin embargo hay un punto en que su planteamiento coincide con la verdad, que es que estos señores actuaban dentro de un aparato represivo en que ellos no eran más que el vértice violentista, ya que muchos desde las sombras, tanto otros militares como civiles, fueron quienes manejaron las políticas que terminaron en esas expresiones bárbaras. Un espejo inadecuado Hay quienes manejan como espejo de la Ley de Caducidad a la Ley de amnistía, que liberó una vez recuperada la democracia a los presos políticos, que pagaban, mayoritariamente, en la cárcel su lucha por la democracia y contra la dictadura. Muchos de ellos - ¡la mayoría! - sancionados por una “justicia” flechada, la militar, por delitos de opinión. ¿Qué tiene que ver esa Ley de amnistía con la impunidad decretada para los responsables de delitos de lesa humanidad y sus cómplices civiles, que pese a no alcanzarlos la cobertura de la Caducidad, no han sido nunca mayormente tocados? La Ley de amnistía fue un acto de legítima justicia, pero que no restaño todas las heridas provocadas por la represión de los militares. Porque los miles de exiliados y perseguidos políticos que sufrieron situaciones de un dramatismo inenarrable, que determinaron la disolución de familias, muertes prematuras y de una diáspora sufriente de uruguayos que se desperdigó por el mundo, nunca fueron tenidos en cuenta. Los asesinos, violadores, secuestradores de niños, integrantes de los grupos de tareas que actuaban persiguiendo a todos los uruguayos que pensaran distinto a la dictadura, nunca fueron tocados y siempre atendidos por sus retiros servidos por las Cajas militar y policial. “durante los veinte años de gobiernos colorados y blancos, los militares gozaron de una impunidad absoluta. Desde el Estado se les brindaron toda clase de protecciones, reaseguros y zalamerías”, como sostiene Hugo Cores en un interesante trabajo. Una visión ética Tuvo que llegar al poder un gobierno distinto, representante de la izquierda, para que las cosas comenzaran a modificarse y los uruguayos podamos comenzar a pensar que nuestra democracia puede normalizarse, discurriendo que ahora nos introduciremos en el marco fundamental que establece que todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley. Por eso más que significativo, es esencial, lo que está ocurriendo a nivel de la Justicia, con la decisión de la fiscal Guianze que está a consideración del juez Charles. Es la primera vez que se coloca en el banquillo de los acusados a un grupo de violadores de los Derechos Humanos y – más allá de que el Juez todavía no ha tomado resolución sobre el punto – ya la realización del trámite es fundamental pues significa un cambio rotundo en el contenido de la democracia uruguaya. No podemos negar que existen suspicacias y que en sectores se estima que la acelerada gestión del Ministerio Público, tiene un objetivo coincidente con el del gobierno, de que los militares paguen sus culpas en el Uruguay, sin ser extraditados a otro país. Esa apariencia puede existir, pero quién conozca la honorabilidad de la fiscal Guianze, sabe muy bien que su decisión es producto de un análisis concienzudo de las pruebas existentes en el expediente y que su pedido de procesamiento debe estar claramente justificado. Sin embargo hay que mirar el problema desde otro punto de vista. ¿Es bueno o no para nuestra democracia que los violadores de los derechos humanos, aquellos militares y policías que fueron protagonistas de delitos de lesa humanidad, sean juzgados y castigados en nuestro país? Si esa es la estrategia del gobierno, entendemos, que no es inadecuada ni alejada a los mejores intereses de nuestro país, porque ese aire fresco serviría para que cambiara un estado de cosas absolutamente nefasto, totalmente negativo para nuestra democracia, que daba cuenta de la existencia de una clase privilegiada que con esta decisión dejaría de existir. Gracias a los políticos conservadores (y cómplices), los vencedores de la guerra fueron también los triunfadores de la paz. “Lo que ahora se publica muestra el poder y la ceguera de los antiguos represores. Muestra también el grado de chifladura que padecen ahora que sus soportes políticos ya no tienen la sartén por el mango. A los dispensadores del miedo les llegó la hora de probarlo”. Un grupo de “intocables”, responsable de crímenes atroces que en razón de visiones políticas claudicantes, cuando no cómplices, que durante más de dos décadas pudo sostear sin ninguna contingencia negativa su condición. Claro, debieron sufrir un continuo repudio social que no se mitigó durante el tiempo y que fuera una de las peores lápidas de estos lamentables personajes. .Es bueno para el país que sea aquí donde se comience a vencer a la impunidad, para terminar con la excepcionalidad en una sociedad que debe normalizarse de una vez por todas. Es necesario que aquí se juzgue a estos señores y es fundamental que aquí cumplan las penas de penitenciaría que le correspondan, teniendo claro que los reclamos de la Justicia argentina quedarán pendientes y no caducarán. Por ese camino se saneará al país y se quebrará la insoportable situación de injusticia que cuestionaba al funcionamiento mismo de nuestro sistema jurídico, de la democracia misma. - Carlos Santiago es periodista.