Cuando todos los escépticos, como el autor y tenemos razones para ello, pensamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le iba a dar carpetazo a la investigación en contra del “gober precioso”, Mario Marín Torres, respecto de la flagrante violación que sufrió la respetable y estimada colega, Lidya Cacho, pues en abono a sus pocos aciertos, siete magistrados con su voto decidieron revindicar al más tribunal del país del que forman parte, al decidir la ampliación de la misma. En algunos momentos de la sesión pública que observamos por el Canal Judicial, todo hacía suponer que estaba cocinado el desagravio al todavía gobernador de Puebla, puesto que escuchamos razonamientos tan endebles como que las grabaciones del presunto pederasta, Kamil Naccif y el gobernante eran jurídicamente inaceptables, sin tomar los togados todos los antecedentes, como son entre otros el propio libro denuncia la periodista y las declaraciones de los agentes policíacos que realizaron la arbitraria detención. Detención que tuvo como refuerzo jurídico una orden de una procuradora a una juez para que obsequiara sin mayor trámite la orden de detención de la comunicadora. Por cierto la compañera colega en el momento de su arresto contaba con custodios que le había proporcionado la Procuraduría General de la República, por las amenazas de muerte que había recibido, pues dichos cuidadores, como si todo estuviera escrito en un guión cinematográfico entregaron a la deseada presa. Desde luego que extraña que la Suprema que es tribunal constitucional se rebaje a la categoría de investigadores policíacos, cuando para cumplir con su alto cometido debería de haber ordenado a la Procuraduría General de la República y a las demás procuradurías estatales que correspondan las pesquisas, que como determinaron, podrían llevar a indagar extensiones de red de pornografía infantil, la posible colusión de Mario Marín y demás funcionarios involucrados y la grave violación a los derechos de la niñez mexicana. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó, por siete votos contra tres, "ampliar la investigación" su investigación sobre la presunta violación de las garantías individuales de Lydia Cacho, con el propósito de determinar si existió una acción concertada entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y los titulares del tribunal superior de justicia y la procuraduría estatales en perjuicio de la periodista. Para tomar dicha determinación se produjo un larga discusión, y al terminó de la misma el pleno superó el "obstáculo legal" que representaba el uso de la grabación de la conversación telefónica entre Marín y el empresario Kamel Nacif -en la cual quedó en evidencia la intención específica del mandatario poblano "de satisfacer componendas privadas para perjudicar a la periodista"- como una "pista" que permita profundizar la investigación para determinar si el gobernador violó los principios constitucionales de federalismo y división de poderes, así como la independencia y autonomía judiciales. Explica en su nota el compañero Jesús Aranda del diario La jornada. Aquí se va a provocar otro problema de tipo legal, porque podría darse el caso de que dicha determinación sobre el uso de las grabaciones como prueba se considere ya como caso rumbo a la jurisprudencia Por lo pronto es de alegrarse el rechazo el proyecto elaborado por el magistrado Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, mediante el caul exculpaba al mandatario poblano, Mario Marín de la acusación de violación grave de las garantías individuales, los periodistas agremiados siempre hemos insistido en la necesidad apremiante de que se haga justicia en todos los casos de atentados a periodistas. No es posible que la impunidad sea la constante en cuanto a agravio a comunicadores. Ahora será el ministro, José de Jesús Gudiño Pelayo el encargado de elaborar el un nuevo proyecto. Esperemos el resultado final de este tribunal, que cuando menos hoy se revindicó, en ciertos aspectos, ante la sociedad. - Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.