Si hay un escenario geográfico e histórico que refleje exactamente lo que ha sido la política de “seguridad democrática” del actual gobierno colombiano, son las (mil) fosas comunes “descubiertas” hasta hoy por la Fiscalía a lo largo y ancho de uno de los países del continente cuya historia está ricamente abonada con cadáveres.

Dice Marilú Méndez, directora del CTI de la Fiscalía, sin perder la serenidad ante el micrófono, que de julio del 2005 hasta septiembre del 2006 se han realizado 644 exhumaciones de cadáveres y otras mil se harán en el 2007. Eduardo Pizarro Leongómez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, hacía igualmente un llamado por la radio el pasado 27 de octubre a las víctimas del paramilitarismo (terrorismo de Estado) para que denunciaran los crímenes de éstos contra sus familiares. Se lamentaba de que muchas familias de las víctimas del paramilitarismo no denunciaban por temor a represalias. Que si no lo hacían, no iban a ser reparadas por el Estado. Impávido decía esto un funcionario de escritorio desde la capital. Es decir, que las familias de las víctimas serían reparadas por un Estado gobernado por los mismos que fomentaron el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente, como es el caso del presidente Álvaro Uribe quien financió e impulsó la creación de grupos de autodefensa, origen del paramilitarismo, desde mediados de los 80s. Claro, no sólo él.

Nomeolvides, memoria viva de los ausentes, voz de los asesinados en un recodo del camino, el monte, la noche, el día, contra el piso, en la calle, la escuela, la esquina del barrio, la cafetería, la universidad, el bar departiendo con amigos, la casa junto a mujer o esposo e hijos. Voz de los miles de muertos y desaparecidos de la estrategia de guerra de la oligarquía contra la oposición, que contempla tres premisas: a) preservar el poder e intereses como clase, b) el uso del terror y c), el olvido como drogas amnésicas que borren de la memoria colectiva la historia oculta de la represión en Colombia. Buscan con cada asesinato, masacre y desaparición que abandonemos el legado de lucha de toda una generación, enterrar su ejemplo, entrega y dedicación en el túnel eterno del olvido. En eso consiste la Ley de Justicia y Paz que promovieron con tanto empeño y abnegación gobernantes, legisladores y sus aliados: la embajada de los Estados Unidos, terratenientes, industriales, altos mandos militares y la mafia paraca.

Olvidar es lo que no podríamos hacer jamás; para que la muerte de toda una generación de opositores(as) y luchadores(as), políticamente calculada por la estrategia del terrorismo de Estado, sea exactamente eso, una muerte física y nunca lo que aspiraron los verdugos: borrar de nuestras mentes quiénes y por qué han sido exterminados. Porque si logramos alimentar con cada historia individual o colectiva, con cada fosa “descubierta” la imagen exacta de los sacrificados en nuestra memoria, jamás habrán muerto, estarán con nosotros, con sus voces agudas y críticas, con sus ojos claros u oscuros vislumbrando nuevos caminos, indígenas, maestros y estudiantes, campesinos y obreros, bajitos y altos, gorditos y flacos en esta larga marcha por una vida digna. Es el nomeolvides, retrato fiel de las fosas comunes que hoy “descubren” impávidas las instituciones de un Estado asesino.