Amnistía Internacional está preocupada por el destino de las personas detenidas en Oaxaca desde el 29 de octubre de 2006. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Oaxaca han intentado recabar información acerca de más de 80 personas detenidas, incluso varios menores, durante este periodo. Sin embargo, ni las autoridades federales ni estatales han hecho público de modo oficial los nombres de todas las personas en custodia.

La falta de información oficial acerca de los detenidos, de su condición física y de los cargos que enfrentan podría significar que están sujetos a un régimen de incomunicación y malos tratos, las cuales constituyen violaciones graves de derechos humanos. Amnistía Internacional ha recibido informes en los últimos cinco meses sobre casos de tortura y malos tratos, e incomunicación de varios manifestantes detenidos por las autoridades estatales.

Amnistía Internacional urge a las autoridades a publicar los nombres de las personas detenidas así como los cargos que enfrentan. Del mismo modo, deben demostrar que estas personas hayan tenido acceso a familiares, atención médica, representación letrada de su selección, y que hayan sido presentadas ante un juez. Es imprescindible que las autoridades permitan el acceso de representantes de la sociedad civil, incluyendo los defensores de derechos humanos en Oaxaca, a los lugares de detención para constatar la situación de los detenidos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca deben coordinar sus esfuerzos para vigilar el respeto de los derechos de los detenidos en coordinación con la sociedad civil.

Las autoridades también deben hacer público información acerca de las personas que han muerto en el contexto del conflicto y las personas lesionadas, incluyendo a los miembros de la seguridad pública.

Amnistía Internacional expresa su consternación por los 17 muertos reportados desde el inicio del conflicto hace cinco meses, varios de los cuales al parecer fueron matados por individuos y grupos de personas armadas con aparente lazos al partido gobernante en el estado. La organización urge a que se realice una investigación federal e imparcial de estos crímenes. Asimismo, condena el aparente uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las policías municipales, estatales y federales en los varios operativos contra manifestantes y recalca la necesidad de investigar imparcialmente las violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional además condena la violencia usada por algunos sectores de la Asamblea Popular de Pueblo de Oaxaca (APPO) contra la policía estatal y federal y ha hecho un llamamiento para que los manifestantes respeten el estado de derecho durante sus protestas.

Antecedentes

El día 29 de octubre de 2006 más de 4000 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) entraron al centro de la ciudad de Oaxaca para desalojar a miles de maestros en huelga y simpatizantes de la APPO que llevaban varios meses ocupando la ciudad exigiendo la renuncia del gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz. El 2 de noviembre hubo más enfrentamientos cuando simpatizantes de la APPO y la policía chocaron en las entradas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la cual es todavía ocupada por simpatizantes de la APPO. El 7 de noviembre hubo otra manifestación en contra del gobernador del estado y en la que también pedían el retiro de la PFP de Oaxaca.

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