El gobierno boliviano llegó a un acuerdo con los huelguistas de la región. Pocas horas después, los dirigentes cívicos ordenaron el levantamiento de los bloqueos. El próximo desafío será dialogar con los cooperativistas mineros.

Luego de ocho días de conflicto en la localidad santacruceña de Camiri, con paro, ocupación de plantas y bloqueos en la frontera que une el Chaco boliviano con Argentina y Paraguay, el gobierno de Evo Morales logró ayer ponerse de acuerdo con el Comité Cívico de esa ciudad y descomprimió, a través del diálogo y la concertación, una crisis que venía causando cuantiosas pérdidas económicas para el Estado.

La comisión encabezada por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, que llevaba a cabo las negociaciones con los huelguistas desde el sábado pasado, elaboró un documento que contempla las principales demandas de los pobladores de la zona para lograr una refundación consensuada de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB).

Se trata de un acuerdo por el cual el gobierno acepta la creación de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación de YPFB en Camiri, considerada la “capital petrolera” del país. Según el texto, la gerencia tendrá tres direcciones para controlar, a partir de 2008, la explotación, producción y reservorio de hidrocarburos.

También se construirá una planta separadora de líquidos con capacidad para producir mil toneladas métricas por día de Gases Licuados del Petróleo (GLP), obra a cargo de empresa Petroandina Gas, conformada por YPFB y PDVSA (Petróleos de Venezuela SA), en la que se invertirán 100 millones de dólares. Según estimaciones oficiales, el emprendimiento generará 100 puestos de trabajo durante su construcción, 80 en la fase de producción como mano de obra directa y más de 300 como mano de obra indirecta.

El acuerdo establece, además, la compra de las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder, que actualmente están en manos de Petrobrás, y la recuperación de los campos marginales de explotación, ubicados en Camatindi y Buena Vista. Aunque se aclaró que estas medidas respetarán los parámetros de la política de nacionalización implementada desde el 1º de mayo de 2006, rechazando de esta forma las expropiaciones que exigían los huelguistas.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguró que "el acta que se ha firmado en Camiri ratifica aquello que el gobierno ya viene haciendo en el tema hidrocarburífero y en aquellos puntos que hay diferencias con la dirigencia de Camiri".

Rada agregó que "el conflicto en Camiri fue resuelto por vía democrática” y expresó la “plena satisfacción” del gobierno por el convenio con los activistas carimeños, quienes en la mañana de ayer levantaron las medidas de fuerza que llevaban adelante desde el lunes 29 de enero.

Por su parte, el ministro Villegas criticó la actuación de los medios de comunicación de la localidad chaqueña, al considerar que éstos realizaron una cobertura unilateral del conflicto, excluyendo las propuestas y posiciones del gabinete de Evo Morales. El funcionario sostuvo, además, que el “cerco” mediático fue una de las causas que demoró la solución del problema.

En otro orden, el gobierno informó que se realiza una exhaustiva investigación sobre los enfrentamientos de la madrugada del sábado pasado entre manifestantes carimeños y uniformados, hechos que terminaron con un saldo de dos militares y ocho civiles heridos.

Como se recordará, los incidentes se originaron tras la toma de las estaciones de bombeo de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y de Transredes, donde los ocupantes lograron bloquear por unas horas el abastecimiento de combustible a Sucre, Potosí, La Paz y Santa Cruz, ocasionando pérdidas superiores a los 700 mil dólares.

Ahora el presidente Evo Morales procura un diálogo similar al de Camiri con los cooperativistas mineros que marcharán hoy a las ciudades de La Paz y El Alto para protestar contra la suba del Impuesto Complementario Minero (ICM).

Los ministros de Trabajo, Walter Delgadillo, y de Minería y Metalurgia, Guillermo Dalence, confirmaron que el ICM quedará en suspenso mientras duren las conversaciones y anunciaron diferentes gestiones para lograr un acuerdo con los dirigentes del sector, quienes prometieron movilizar a unos 55 mil trabajadores.

No obstante, Delance consideró en declaraciones a la prensa local que el movimiento minero es objeto de una manipulación por parte de ciertos intereses privados. “Me da pena decirlo porque en el seno de los cooperativistas está gente con la cual yo he compartido muchos años de lucha, y las bases de las cooperativas son compañeros por los que muchos hemos dedicado nuestra vida”, agregó el funcionario.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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