Presidente Alvaro Uribe cada vez más complicado por vínculos con paramilitares

EE UU mantiene fuerte apoyo al gobierno de Colombia

Emilio Marín

06/02/2007

Opinión

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El mandatario colombiano presentó como uno de sus logros la desmovilización de los paramilitares. Pero éstos, para mejorar su situación legal, han destapado algunos de sus vínculos con el presidente. Al escándalo se lo llama “la parapolítica”.

Bajo el inocente rótulo de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) funcionaron desde la década del ´80 organizaciones criminales cuya tarea prioritaria era secundar al Ejército en masacres contra las poblaciones campesinas acusadas de servir de apoyo a las FARC y otras guerrillas. Desde el vamos, junto a esa actividad sumaron otras más lucrativas, como el narcotráfico y la compra o apoderamiento de campos.

Con el tiempo, esas mafias de ultraderecha, como sus similares más simpáticas que han dado letra a Hollywood, hicieron sus inversiones políticas. Esto es, financiaron campañas presidenciales, compraron sus propios legisladores, etc.

En esa pléyade de relaciones también había generales de quienes recibían información de las personas a matar y se dividían el trabajo represivo en zonas rurales. La estrecha relación entre los militares y los paramilitares fue denunciada por Manuel Marulanda Vélez, jefe fariano, quien calificó a éstos como “hijos putativos” del Estado.

Las denuncias de años atrás alcanzaban al ex gobernador del estado de Antioquia y posterior Director de la Aviación Civil, un puesto clave para habilitar las rutas a los aviones de los narcotraficantes. Era Alvaro Uribe Vélez, que llegó a la presidencia en 2002 y fue reelecto en 2006, en ambas ocasiones con dinero y votos acarreados por los “paras”. Así lo testimoniaron algunos líderes desmovilizados de éstos, aunque ésta era una verdad a gritos en la política colombiana proclamada en los últimos años por el centroizquierdista Polo Democrático Alternativo, que se sumó así a las denuncias originales de las FARC.

El presidente no pudo aniquilar a la guerrilla en su primer mandato, tal como lo había prometido, ni en el segundo. En lo que avanzó fue en desmovilizar a sus amigos paramilitares, con los que desde 2004 comenzó a negociar un desarme y admisión de delitos a cambio de indultos masivos a sus elementos de base e intermedios. Las cúpulas obtendrían la seguridad de no ser extraditados a Estados Unidos y permanecer en cárceles colombianas un máximo de 8 años, pese a sus violaciones aberrantes a los derechos humanos.

Horribles matanzas

Las denuncias sobre la relación de las AUC con el Estado y las Fuerzas Armadas se fueron confirmando a fines de 2006. En octubre de ese año se supo que en la computadora de Rodrigo Tovar Pupo, uno de los cabecillas conocido como “Jorge 40”, se habían encontrado datos fehacientes sobre la relación de la entidad criminal con varios legisladores. Un mes más tarde fueron presos dos senadores y un diputado, que no sólo habían ingresado dinero sucio a la política sino que estaban implicados en matanzas de personas antes de acceder a sus bancas. Otro lote de once legisladores, entre ellos el senador Alvaro Araujo, hermano de la canciller Consuelo Araujo, están bajo investigación y en cualquier momento pueden ir también a prisión.

La causa la tiene una Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que formado una Comisión Especial de Investigaciones a nivel del Consejo Superior de la Judicatura para agilizar los trámites.

Para los colombianos no fue ninguna novedad esa relación del poder con los narcos. Estaba fresco el proceso llamado “Ocho mil”, instruido en 1995, demostrativo de que los paramilitares habían aportado 5 millones de dólares a la campaña del presidente Ernesto Samper (1994-1998).

Pero los escándalos posteriores, entre ellos el actual, tienen más gravedad. No se agotan en un financiamiento con dólares venidos del narcotráfico sino directamente de que hay legisladores, generales, embajadores, fiscales, jueces y hasta quizás un presidente nominados por esos intereses.

Para acceder a los beneficios de la ley de “Justicia y Verdad” los asesinos tenían que declarar la verdad de sus actos. Algunos empezaron a hablar y la Fiscalía General de Mario Iguarán pudo localizar hasta el 1 de febrero último 4.000 fosas comunes donde habían enterrado clandestinamente a sus víctimas. ¿Cuántas serán las tumbas descubiertas cuando hable el resto de los “paras”?

Por lo pronto, ante las oficinas de la Fiscalía General se han presentado 25.000 personas con acusaciones contra aquéllos de haber matado a sus parientes y robado sus tierras.

Tras un ajuste de cuentas interno en abril de 2004, donde el jefe máximo de la organización, Carlos Castaño fue asesinado por orden de su hermano Vicente y la plana mayor, la jefatura fue compartida por Vicente Castaño y Salvatore Mancuso. Este último hizo a mediados de enero último una declaración judicial y aunque seguramente escondió gran parte de sus crímenes, aún diciendo una pizca de lo que ocurrió, se hizo cargo de haber ordenado el asesinato de 336 personas.

Salpican a Alvaro

La desmovilización puede terminar siendo un fracaso político para el presidente Uribe. Esto por tres razones.

En primer lugar porque ha prometido grandes beneficios a gente vista como criminales seriales por la opinión pública. Les prometió penas de entre 5 y 8 años a paramilitares que ameritaban condenas de 40 años por masacres de civiles, asesinatos selectivos, narcotráfico, secuestros y torturas, etc.

El presidente firmó el indulto para 10.000 paramilitares y a los ex capos de las AUC los alojó en el complejo-vacacional La Ceja donde son presos VIP.

En segundo lugar, esas concesiones, mal vistas, se conjugaron con otro factor: Estados Unidos habría insistido en extraditar a algunos “paras” con causas de narcotráfico. Y la amenaza de ser extraditados, más la falta de seguridades de que sus condenas máximas se mantengan en pocos años, hizo que los desmovilizados dieran por roto el proceso negociador. Así lo notificaron en diciembre último al Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.

El jefe de Estado está tensionado por una presión que le llega de los “paras” y de Washington. La administración Bush pone 17,5 millones de dólares diarios para sufragar los gastos de la guerra contra las FARC, de modo que en la presidencial Casa de Nariño no se pueden hacer los duros.

En realidad los narcos no están en condiciones de patear el tablero y buscan presionar para que Uribe cumpla a rajatabla las promesas hechas en 2004.

Como parte de esa pulseada entre socios, los detenidos VIP están amenazando con que contarán todo lo que saben sobre la complicidad del Estado. Dos de ellos, los hermanos Miguel Angel y Víctor Manuel Mejía acusaron al presidente de haberles pedido apoyo para su reelección de 2006 a cambio de no extraditarlos. Así lo declararon a la revista “Cambio” fundada por Gabriel García Márquez, puntualizando que también aportaron financiamiento. “Pregúntenle a cada comandante (de las AUC) cuánto aportó para la campaña de Uribe porque la mayoría contribuyó con algo”, afirmaron.

Mancuso, en su declaración, también confirmó el apoyo financiero a varios candidatos presidenciales, lo que ilustra sobre la dudosa calidad democrática de ese país y otros del continente, cuyos líderes cuestionan tanto al sistema político venezolano y cubano. “Las AUC invirtieron mucho dinero en buses y logística para llevar a la gente a votar. Para el caso de Uribe todo fue más fácil, porque su discurso era similar al nuestro y sólo le recomendamos a la gente que votara por él”, admitió Mancuso.

En tercer lugar, el fracaso de Uribe se vislumbra en que muchos paramilitares desmovilizados no entregaron todas sus armas, sólo un tercio, y siguieron robando y asesinando. Una investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, citada por Prensa Latina, sostuvo que “actualmente operan 70 nuevos grupos paramilitares posdesmovilización”. Esto desprestigia más al pacto.

En suma, los cuestionamientos que tuvo Consuelo Araujo como canciller en su reciente visita a Bélgica y otros países europeos, van a incrementarse. El escándalo de la “parapolítica” está salpicando a quien los narcos llamaban “Varito” en Antioquia. Ahora dependerá más que antes de los millones de dólares y los 1.400 oficiales estadounidenses que colaboran con un plan militar que no ha logrado sus objetivos y era mentiroso en sus sucesivas denominaciones: “Plan Colombia”, “Plan Patriota” y “Plan Victoria”.

Fuente: www.laarena.com.ar

https://www.alainet.org/fr/node/119150