El recrudecimiento de la violencia en Honduras en el mes de diciembre en contra de los ambientalistas y activistas sociales en general, demuestra la incapacidad y del Estado para proteger a los ambientalistas y defensores de derechos humanos, a pesar que existan medidas cautelares asignadas para su supuesta protección

La muerte de los ambientalistas Heraldo Zúñiga y Roger Cartagena, integrantes de MAO (Movimiento Ambientalista de Olancho) y del abogado Dionisio García, el cual laboraba para ASJ (Asociación para una Sociedad Más Justa), además de las amenazas permanentes a los miembros de esas dos organizaciones, pone en sobresalto a los activistas y al pueblo de Honduras en general.

Honduras, según estudio efectuado por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), es seis veces más violento que el resto de Centroamérica, con una taza de 23.1 homicidios por cada cien mil habitantes. Con el repunte del asesinato de menores de edad, se le concede al país el vergonzoso primer puesto en el planeta en materia de ejecución de párvulos.

Mientras tanto la violencia de raíz económica sigue su repunte vertiginoso, y la represión en contra de organizaciones populares se recrudece, ejerciéndose de forma selectiva y con el propósito de usar el terror como arma de control social. Parece ser que las lecciones de la guerra fría nunca fueron interiorizadas por los miembros de la oligarquía nacional y sus fieras de ataque. La impunidad que prevalece sobre los desaparecidos de la década de los 80 se refleja en la actual actitud asumida por las administraciones neoliberales que vienen aplicando la Doctrina Rumsfeld, con el retorno de los militares en las faenas de orden público.

La incorporación de las agencias de seguridad como guardianes de orden público, tal como lo planteó el "Consejo de Seguridad" el pasado mes de septiembre del 2006, rompe los esquemas de garantías básicas y derechos humanos del pueblo hondureño, sirviendo la inclusión de las connotadas agencias en la represión sistemática en contra de nuestro pueblo.

Las agencias de seguridad han crecido de forma alarmante, siendo esto producto de la inseguridad económica y el saqueo al que se ha visto expuesto América Latina bajo la égida del neoliberalismo, el que ha incrementado la pobreza y violencia en el continente. Los 60.000 miembros que poseen las agencias de seguridad en Honduras se comportan como ejércitos privados al servicio de los intereses de la elite, los cuales les ha entregado un cheque en blanco a las agencias de seguridad para ejercer la represión.

La investigación realizada por los abogados de ASJ sobre la empresa Delta Security, propiedad del Sr. Richard Swasey, han sacado a flote los atropellos y el poder inusitado con que se desempeñan las agencias de seguridad, las que se encuentran fuera del alcance de la ley.

La Coordinadora de nuestra organización, Gregoria Flores padeció en la Ciudad de la Ceiba en mayo del 2005, una agresión perpetrada con un arma de fuego, a manos de un supuesto miembro de una compañía de seguridad de esta ciudad. Casualmente en ese momento se dirigía a Triunfo de la Cruz a recoger testimonios relacionados con un caso de derechos humanos presentado por nuestra organización ante la Corte Interamericana de Justicia, CIDH.

El ataque que casi le cuesta la vida, y fue categorizado contingencial, y nunca se prosiguió a persona alguna; además la investigación fue manipulada creando un ambiente total de impunidad. En ese año se decretó una persecución en contra de los miembros de nuestra organización, dado nuestro activismo en defensa del territorio ancestral garífuna y la lucha en contra del Proyecto de Administración de Tierras de Honduras (PATH) impuesto por el Banco Mundial como un vehículo para la atomización de nuestro territorio ancestral.

Ante el hostigamiento sistemático de parte de los organismos de seguridad del Estado de Honduras, nuestra compañera se vio obligada asilarse en los Estados Unidos, donde hace pocos días se le concedió el status de asilada política. Es triste como la situación de nuestro país está retornando al nivel del ominoso período de la década de los 80, cuando el imperio creyó someter la voluntad popular instigando guerras fratricidas para mantener su influencia económica y política

El Plan Puebla Panamá, el Tratado de Libre Comercio, el Corredor Biológico Mesoamericano, la explotación salvaje de la minería y la destrucción sistemática del bosque, proporcionan suficientes motivos para que el grupo de familias que se creen dueñas del país y sus socios extranjeros, procedan a aplicar su versión particular de "justicia".

Los muertos de los compañeros de MAO y ASJ a manos de los miembros de la seguridad del Estado de Honduras o de los sicarios a su servicio, no serán olvidados por nuestro pueblo. Las cicatrices de la bala explosiva que le disparó el ¨guardia de inseguridad¨ a nuestra compañera Gregoria, forma parte de los recuerdos indelebles impregnados de dolor y rabia que acompaña a buena parte del pueblo hondureño, los que de forma sumisa hemos venido soportando la explotación y derrame de sangre durante siglos.

La represión como respuesta al deterioro económico y social sólo sirve para crear más violencia, sin dar soluciones concretas a las problemáticas de Honduras. El incremento de la pobreza y de la violencia estatal, son ingredientes de un cóctel explosivo que tarde o temprano desembocará en un alianza total del pueblo en contra de nuestros verdugos.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Dado en la Ciudad de la Ceiba a los once días del mes de 2007