Setecientos mil polacos deberán confesar si colaboraron con el régimen comunista que gobernó el país hasta 1989. Funcionarios, profesores universitarios, directores de escuela y periodistas, nacidos antes de 1972, se enfrentan a 10 años de inhabilitación si mienten. De no hacerlo antes de dos meses no podrán obtener su certificado de limpieza política y se atendrán a las depuraciones consiguientes. Lo más sorprendente es que el Instituto de la Memoria Nacional -utilizado por el Gobierno para su campaña de depuración ideológica anticomunista- cotejará los datos con los archivos de la antigua policía política. Todas esas personas nacidas antes de 1972 y que han desempeñado cargos de responsabilidad no política son sospechosos y presuntos colaboracionistas porque sobre ellos recae la carga de la prueba.

Los ciudadanos que no envíen su currículo o mientan sobre su pasado habrán cometido un delito, y se les puede prohibir que ejerzan su profesión durante 10 años. Ésta es la principal iniciativa en la caza lanzada desde su llegada al poder por los gemelos conservadores Lech y Jaroslaw Kaczynski (presidente y primer ministro), y que tiene pasmada a Europa. Bautizada como Ley de Lustración, qué sarcasmo, acaba de entrar en vigor y obliga a cientos de miles de polacos a responder: “¿Ha colaborado secretamente y conscientemente con los antiguos servicios de seguridad comunistas?”. Esta pregunta divide a los polacos. Los partidarios alegan que da transparencia al sistema y que no hay nada que temer. Los que se oponen creen que es inconstitucional porque viola el derecho a la intimidad y al propio honor. Más aún, entra de lleno en lo que todos los países de la Unión Europea han consagrado en sus constituciones, y que en Estados Unidos se llama la 5ª Enmienda, el derecho a no declarar en contra de uno mismo o de sus familiares y allegados. Paso este que todavía no se les ha ocurrido dar a esos extravagantes dirigentes polacos y que estaría en línea con la caza de brujas del senador McCarthy en EEUU, o de la Gestapo en la Alemania nazi o de la Stassi en la comunista.

Acabamos de ver en el cine “La vida de los otros” con la siniestra estructura de estos servicios secretos. Igual que sucedía con los de todas las repúblicas soviéticas al dictado del KGB. Todos los ciudadanos eran presuntos culpables, no existía la presunción de inocencia propia de los regímenes democráticos, y había que probar la falta de culpa por el propio denunciado. Aunque fuera de forma anónima como sucedía durante la Inquisición. Vale la pena leer El hereje, de Miguel Delibes.

Los medios de comunicación están divididos, las instituciones también. Lo más escandaloso es que la Conferencia Episcopal de ese país, católico por antonomasia, ha guardado silencio hasta ahora. Y eso que le ha tocado sufrirlo en sus propias carnes como le sucedió al arzobispo preconizado de Varsovia que tuvo que renunciar por su colaboración con el régimen comunista.

Decidir si la ley se ajusta a la norma será responsabilidad del Tribunal Constitucional, que puede tomar una decisión a principios de mayo, antes de que termine el plazo dado a los polacos para presentar su certificado, cuando esos funcionarios, periodistas y académicos ya han sufrido el calvario de la duda de si te han denunciado o si figuras en alguna ficha de la policía secreta. Los afectados han de rellenar un folleto y entregárselo a su jefe y éste al Instituto de la Memoria. El organismo, tras rebuscar en sus archivos, decidirá si emite el certificado que demuestra que ya han sido investigados.

Pero si no lo entregan o mienten, será considerado un delito que afectará a sus carreras profesionales. El gran periodista Kapucinsky no pasaría la prueba porque fue corresponsal de la Agencia comunista polaca de noticias.

No todos creen que la ley purificará a Polonia de sus vínculos con el pasado comunista. El primer ministro, Jaroslaw Kaczynski, llegó al poder con la promesa de derribar la antigua red de espionaje comunista. “La red aún existe y es más fuerte de lo que pensábamos”, dijo al diario Rzeczpospolita, partidario de la ley.

Los antiguos perseguidos se han convertido en perseguidores que obligan a demostrar la inocencia ante “las pruebas” de los archivos siniestros de un régimen totalitario. ¡Lo que padecieron en Polonia acusados por antecedentes judíos o cristianos o por ser demócratas! Parece increíble esta paranoia inquisitorial y contraria a los Derechos Fundamentales. ¿A qué esperan los dirigentes de la Unión Europea? ¿A que se suiciden más de uno por haber padecido chantaje o la intolerable presión para figurar como “colaboradores”? Esos archivos, como los del MOSAD, la CIA, la GESTAPO, el KGB o las SS no pueden probar nada porque les faltan las legitimidades de origen y de ejercicio.


- José Carlos García Fajardo
Profesor de Pensamiento Político y Social (UCM)
Director del CCS

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias  (CCS), España.

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