A qué le temen?
01/05/2007
- Opinión
Lo que hemos sostenido en el sentido de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es simplemente una ley mordaza ideada por el anterior desgobierno de Vicente Fox Quesada, ha quedado nuevamente demostrado con informaciones oficiales y con decisiones autoritarias. Baste saber que el guanajuatense dejo en calidad de información reservada la estratosférica suma de 4 millones 718 expedientes y en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, han quedado clasificados otros 255 mil.
Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó el acceso a las boletas del pasado proceso presidencial a la periodista, Delia Angélica Ortiz y a la revista Proceso, con una serie de argucias legaloides, en el propósito a la Jefe Diego, de acortar los tiempos para destruirlas.
¿A qué le temen? ¿Qué esconden? ¿Dónde quedó aquel discurso del fracasado “gobierno del cambio” de favorecer la transparencia y la rendición de cuentas? No nos equivoquemos, nuevamente se demuestra que al pueblo de México se le impuso una brutal ley mordaza.
Lo que hemos sostenido en el sentido de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es simplemente eso, una norma engañosa y en la realidad es una ley mordaza ideada por el anterior desgobierno de Vicente Fox Quesada, se ha demostrado con informaciones oficiales y con decisiones autoritarias que el propio instrumento de marras facilita.
En una investigación del diario El Universal, se da a conocer que en cuatro meses la administración pública federal a cargo de Felipe Calderón Hinojosa, ha clasificado como "confidenciales" 255 mil expedientes, los cuales sumados a los reservados en la gestión de Vicente Fox ascienden a la estratosférica suma de 4 millones 255 mil 718, según se desprende del Índice de Expedientes Reservados, proporcionado por las 240 dependencias federales al Instituto Federal de Acceso a la Información IFAI.
En su última edición, la Revista Proceso, denuncia lo que titula como “Otro Portazo” a la transparencia. Con un fallo del Tribunal Electoral, se lee en la misma, le canceló la posibilidad a esa publicación a tener acceso a las boletas de la pasada elección presidencial y en esa forma asestó un golpe seco a la transparencia y al derecho ciudadano a la información.
En verdad que resulta escandalosa la reserva de la información pública gubernamental, observemos sino: Las instituciones que encabezan la mordaza son el Servicio de Administración Tributaria SAT, y el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, con alrededor, cada uno, de medio millón de expedientes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, con 360 mil expedientes cada uno.
Y lo más grave, destaca el Gran Diario de México, en el caso del SAT, la gran mayoría de los expedientes reservados se refieren a "Observaciones y recomendaciones realizadas por los órganos fiscalizadores" en torno a las actividades que se llevan a cabo en las aduanas establecidas en el país, vinculadas con la empresa Integradora de Servicios Operativos, S. A. ISOSA, la cual fue desaparecida por el gobierno foxista luego de que salieron a la luz diversas irregularidades que causaron daños al erario por más de 10 mil millones de pesos.
Por su parte la Revista Proceso, indica, que no todo está perdido, recurrirá de nuevo ante el Tribunal, fortalecerá el amparo que tendrá que resolver la Suprema Corte, o ampliará los argumentos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos OEA.
Al solidarizarnos con los colegas, no podemos comprender que los que redactaron y se adhirieron en la conjura para se aprobara y se promulgara la mencionada ley mordaza, hoy la critiquen y hablen de opacidad. Ante todo este enjambre de intereses es de insistirse en las preguntas: ¿Dónde quedó aquel discurso del fracasado “gobierno del cambio” de favorecer la transparencia y la rendición de cuentas? ¿A qué le temen? ¿Qué esconden?
- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
www.ciap-felap.org, www.fapermex.com
Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó el acceso a las boletas del pasado proceso presidencial a la periodista, Delia Angélica Ortiz y a la revista Proceso, con una serie de argucias legaloides, en el propósito a la Jefe Diego, de acortar los tiempos para destruirlas.
¿A qué le temen? ¿Qué esconden? ¿Dónde quedó aquel discurso del fracasado “gobierno del cambio” de favorecer la transparencia y la rendición de cuentas? No nos equivoquemos, nuevamente se demuestra que al pueblo de México se le impuso una brutal ley mordaza.
Lo que hemos sostenido en el sentido de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es simplemente eso, una norma engañosa y en la realidad es una ley mordaza ideada por el anterior desgobierno de Vicente Fox Quesada, se ha demostrado con informaciones oficiales y con decisiones autoritarias que el propio instrumento de marras facilita.
En una investigación del diario El Universal, se da a conocer que en cuatro meses la administración pública federal a cargo de Felipe Calderón Hinojosa, ha clasificado como "confidenciales" 255 mil expedientes, los cuales sumados a los reservados en la gestión de Vicente Fox ascienden a la estratosférica suma de 4 millones 255 mil 718, según se desprende del Índice de Expedientes Reservados, proporcionado por las 240 dependencias federales al Instituto Federal de Acceso a la Información IFAI.
En su última edición, la Revista Proceso, denuncia lo que titula como “Otro Portazo” a la transparencia. Con un fallo del Tribunal Electoral, se lee en la misma, le canceló la posibilidad a esa publicación a tener acceso a las boletas de la pasada elección presidencial y en esa forma asestó un golpe seco a la transparencia y al derecho ciudadano a la información.
En verdad que resulta escandalosa la reserva de la información pública gubernamental, observemos sino: Las instituciones que encabezan la mordaza son el Servicio de Administración Tributaria SAT, y el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, con alrededor, cada uno, de medio millón de expedientes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, con 360 mil expedientes cada uno.
Y lo más grave, destaca el Gran Diario de México, en el caso del SAT, la gran mayoría de los expedientes reservados se refieren a "Observaciones y recomendaciones realizadas por los órganos fiscalizadores" en torno a las actividades que se llevan a cabo en las aduanas establecidas en el país, vinculadas con la empresa Integradora de Servicios Operativos, S. A. ISOSA, la cual fue desaparecida por el gobierno foxista luego de que salieron a la luz diversas irregularidades que causaron daños al erario por más de 10 mil millones de pesos.
Por su parte la Revista Proceso, indica, que no todo está perdido, recurrirá de nuevo ante el Tribunal, fortalecerá el amparo que tendrá que resolver la Suprema Corte, o ampliará los argumentos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos OEA.
Al solidarizarnos con los colegas, no podemos comprender que los que redactaron y se adhirieron en la conjura para se aprobara y se promulgara la mencionada ley mordaza, hoy la critiquen y hablen de opacidad. Ante todo este enjambre de intereses es de insistirse en las preguntas: ¿Dónde quedó aquel discurso del fracasado “gobierno del cambio” de favorecer la transparencia y la rendición de cuentas? ¿A qué le temen? ¿Qué esconden?
- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.
www.ciap-felap.org, www.fapermex.com
https://www.alainet.org/fr/node/120836
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