Las acusaciones y críticas cruzadas entre partidarios y opositores de la despenalización del aborto continúan en la capital de uno de los países con más católicos en el mundo. En tanto, la Iglesia llamó a desobedecer la Ley.

Luego del dictamen legislativo que despenalizó el aborto, la Arquidiócesis de la Ciudad de México pidió a sus fieles desconocer los cambios legislativos en el Distrito Federal. La Iglesia, respaldada por el papa Benedicto XVI, rechazó la medida legal dictada la semana pasada, y recordó a sus fieles una de las normas del Código de Derecho Canónico.

La normativa, que data de 1983, establece que serán “castigados con la excomunión” quienes promuevan o lleven a la práctica el aborto. Ese fue el castigo dado al alcalde Marcelo Ebrard y a todos los legisladores que votaron a favor de la despenalización del aborto.

Por otro lado, la jerarquía eclesiástica también hizo un llamado al personal de salud del Distrito Federal a no cumplir con sus obligaciones laborales, y a negarse a interrumpir embarazos.

Esa actitud fue considerada por varios sectores favorables a la despenalización del aborto como un paso más en la ofensiva lanzada por la Iglesia contra la legalización de la interrupción de la gestación, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el gobierno capitalino, y contra la vigencia de un derecho establecido en la Ley.

Es que la postura chocó con la constitucionalidad del país. El artículo 1° de la Ley de Asociaciones Religiosas establece que “las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país”. Así también nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. En el artículo 29 se instituye como infracción el oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas.

La Iglesia tiene el derecho y la obligación de excomulgar a quienes deserten de sus leyes católicas. Sin embargo, el cardenal Norberto Rivera Carrera solicitó a todas las personas de “recta conciencia a no hacerse responsables de ese acto abominable”. Y exhortó a médicos, enfermeras, asistentes de salud y todos aquellos que por la aplicación de “esta ley inicua” podrían verse involucrados en la interrupción de un embarazo, a invocar su derecho a la objeción de conciencia para no ser partícipes de lo que llamó un “execrable asesinato”.

Después de cinco meses de análisis, la Asamblea Legislativa aprobó el miércoles pasado con 46 votos a favor del Partido Revolución Democrática (PRD), Panal, Partido revolucionario Institucional (PRI) y Coalición Socialdemócrata, 19 votos en contra del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), y una abstención del priísta Martín Olavarrieta, la reforma del artículo 144 del Código Penal que establece la despenalización del aborto de la primera a la doceava semana. La norma obliga al gobierno a otorgar servicios de consejería médica y social gratuita en materia de atención a la salud sexual y reproductiva.

El aborto es una de las principales causas de muerte materna en ese país. De acuerdo al Consejo Nacional de Población, Conapo, cada año se practican en México 102 mil abortos clandestinos. Pero según cifras de organizaciones feministas, la cantidad supera los 500 mil.

Durante la sesión, hubo discusiones entre las líneas a favor y en contra de la despenalización del aborto. Los grupos conservadores llamados “pro vida”, unidos en el Partido Acción Nacional (PAN) y la jerarquía de la Iglesia Católica, anunciaron que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad.

En tanto, el sector favorable aseguró que están a favor de la vida y de un Estado laico que deje las decisiones y creencias personales en el ámbito privado. En ese sentido, insistieron que la Ley no obligará ni incitará a ninguna mujer a practicarse un aborto y que lo único que conseguirá es que quienes deciden interrumpir un embarazo puedan hacerlo sin riesgos.

El aborto es polémico en toda América latina. En Uruguay continúan los intentos de la izquierda por despenalizarlo, a pesar de la oposición del presidente Tabaré Vázquez. En Colombia, en mayo de 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto cuando el embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, por una grave malformación del feto o cuando el embarazo sea por una violación, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida o incesto.

Nicaragua penalizó completamente el aborto en octubre de 2006, incluso en los casos en los que el embarazo ponga en peligro la vida de las mujeres. Brasil sólo permite el aborto cuando la vida de la mujer está en riesgo o en el caso de violación.

En Argentina, el ministro de Salud, Ginés González García, insiste en avanzar en la despenalización del aborto para todas las mujeres violadas, y no sólo para las que, además, sufran una discapacidad mental, tal como lo autoriza el Código Penal actual.

De todos modos, la reforma constitucional mexicana significó una ampliación de los derechos individuales, en la medida en que coloca la decisión en el ámbito privado y en la conciencia de las mujeres que viven en carne propia la situación.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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