A un año del operativo policial en San Salvador Atenco, Estado de México, en el que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, tales como el uso excesivo de la fuerza, homicidios ilegítimos, torturas, detenciones arbitrarias, agresiones sexuales y violaciones al derecho a un juicio justo, la impunidad sigue rampante.

Amnistía Internacional expresa su honda preocupación por la falta de avances en la investigación y sanción de los responsables de estas violaciones de derechos humanos. Estas violaciones, que han sido incluso reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aún no han sido debidamente investigadas.

Amnistía Internacional reconoce la responsabilidad del Estado de garantizar el orden público y la necesidad de procesar a las personas responsables por los actos de violencia que ocurrieron en los disturbios en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo 2006. Sin embargo, Amnistía Internacional ve con preocupación las serias irregularidades en los procesos penales que se adelantan en contra de decenas de personas acusadas de haber participado en estos hechos de violencia.

En este sentido, el caso de la indígena Mazahua Magdalena García Durán es emblemático. A pesar de la falta de evidencia en su contra y con base en una serie de violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio justo Magdalena García Durán sigue encarcelada injustamente. La actuación del Ministerio Público y el poder judicial del Estado de México en este caso, así como en otros, indica una alarmante tendencia a instrumentalizar la justicia sin sustento legal. Según la información constatada por Amnistía Internacional, Magdalena García Duran no ha promovido ni participado en actos de violencia, por lo tanto la organización la considera una presa de consciencia.

La conducta del Estado y sus funcionarios siempre debería ser acorde a las normas internacionales de derechos humanos adscritas por México. El gobierno federal debería demostrar su liderazgo y cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos, garantizando la investigación de funcionarios federales, estatales y municipales de manera pronta, imparcial y exhaustiva.

Los pocos avances en las investigaciones para esclarecer las muertes de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea son motivo de preocupación para Amnistía Internacional.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres debería ejercer la acción penal en los casos de las varias mujeres que, como Bárbara Italia Méndez, con gran valor denunciaron haber sido objeto de tortura, incluyendo violencia sexual, por parte de policías. Estas mujeres aún no han recibido contestación adecuada.

Amnistía Internacional ve con preocupación que a pesar de la evidencia de las violaciones de derechos humanos cometidas contra detenidos/as, las autoridades estatales sólo han acusado a un policía de actos libidinoso y a otros 20 de abuso de autoridad, todos estos delitos menores. Tales acusaciones no reflejan ni la magnitud ni gravedad de las violaciones sufridas por mujeres y hombres detenidos.

La impunidad por violaciones de derechos humanos es uno de los factores más arraigados en México que obstaculiza la mejora en la protección de estos derechos. Los hechos de San Salvador Atenco no deberían ser otro caso más en esta larga historia de impunidad.

Información general

El 3 y 4 de mayo 2006 cerca de 3000 policías federales, estatales y municipales participaron en un operativo para terminar con protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El operativo policial resultó en la detención de 207 personas, la muerte de dos civiles, decenas de manifestantes y policías lesionados y varios policías retenidos como rehenes. Amnistía Internacional publicó el informe Violencia contra las Mujeres y Justicia Negada en el Estado de México, AMR 41/02/2006 documentado la violencia sexual sufrida por varias de las detenidas.

Al menos 165 de las personas detenidas siguen enfrentando procesos por el delito agravado de ataques a las vías de comunicación, 24 de los cuales siguen detenidas con el cargo adicional de secuestro equiparado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento está llevando acabo una investigación no jurisdiccional acerca de lo ocurrido.