Es de sabios, en forma previa a una decisión, recopilar toda la información posible sobre el tema, más tratándose de la “libertad de expresión”, derecho fundamental limitado por una serie de realidades pasadas por alto, conciente o inconcientemente, o simplemente desconocidas, por lo que ameritan ser develadas en apoyo a la mejor decisión posible.

La “libertad de expresión” el derecho que supuestamente tenemos todos los ciudadanos para expresar nuestras opiniones, nuestras posiciones ideológicas, políticas, religiosas, culturales, nacionales, etc., data desde mediados del siglo XIX, como elemento de lucha de la burguesía progresista contra la iglesia, los feudales y terratenientes que mantenían el privilegio de la expresión. Privilegio que asume la burguesía cuando asume el poder, a través de la compra y control de los medios de información, de la compra de escritores, lo que le permite fabricar la opinión pública a favor de sus intereses.

Capacidad de compra que conforma una realidad restrictiva irrefutable, hasta tal punto que permitió a Louis Molle, Editor del Washington Daily News, ante la pregunta de “¿Quien disfruta de la libertad de prensa?, contestar tajantemente: “Los propietarios de los periódicos y sus semejantes”. A lo que añadía que: “la libertad de prensa es la propiedad”. Verdad extensible a todos los grandes medios de información, por lo que podemos afirmar que la “libertad de expresión”, se restringe, se limita a sus propietarios.

En consecuencia, la “libertad de expresión” no es una realidad que existe para el conjunto social, sin discriminación alguna, y que, por lo tanto, deban realizarse todos los esfuerzos por mantenerla incólume. Es solamente un recursos ideológico del poder económico que la controla, a través de convencer a los ciudadanos de un país de que el derecho a la “libertad de expresión” existe con el carácter de general, cuando la realidad objetiva señala que ese derecho se restringe a los propietarios de los medios y, cuando más, a quienes laboran en los mismos. Trabajadores que, por cierto, gozan sólo de una autonomía relativa, dependiente de la agenda, de la direccionalidad establecida para las distintas ediciones por el poder económico que los controla, en suma de las decisiones del poder económico oculto tras los medios.

Así planteado el problema vale preguntarse ¿Quienes controlan los grandes medios de información en el Ecuador? La respuesta es brutalmente decidora: nueve (9) grupos familiares, controlan todos los grandes medios de televisión abierta y por cable; de radio FM y AM; de prensa escrita: periódicos, semanarios, revistas; Internet por cable y satelital, etc. Sí, solamente nueve familias: los Isaías, los Eljuri, los Vivanco, los Egas, los Alvarado, los Mantilla Mosquera y Mantilla Anderson, los Pérez y los Martínez. Grupos familiares que mantienen nexos entre sí, conformando grandes alianzas: Isaías-Eljuri-Vivanco; Vivanco-Pérez-Martínez [1] , que limitan aún más la “libertad de expresión” que reclaman airadamente.

La aseveración de Louis Malle, nos permite entonces afirmar que en el Ecuador gozan del derecho a la “libertad de expresión” nueve grupos familiares, en tanto que a las familias restantes se nos ha conculcado este derecho. La defensa de la “libertad de expresión”, ante la evidencia mencionada se convierte, entonces, en una defensa de un privilegio de nueve familias antes que el de la Nación en su conjunto, puesto que los: “Derechos para algunos, por más numerosos que éstos sean, no son derechos son privilegios”, como bien lo afirma Cándido Grzibowski, del Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico.

Desde otra óptica, vale recordar que dado el grado de control monopólico que mantienen los grupos familiares antes mencionados, el comunicado de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) tiene por objetivo el defender el privilegio del que disponen esos grupos familiares y no de la “libertad de expresión” como derecho de todos los ecuatorianos. Valga revisar quienes conforman la AEDEP para confirmar que todos, sin excepción, son miembros de las familias que controlan todos los grandes medios de información.

Finalmente, señores Diputados, siempre es importante investigar sobre los antecedentes de quien o quienes son, explícita o implícitamente, las personas a las cuales defendemos, por quienes elevamos nuestras banderas al aire. En este caso es sugerente investigar las causas por las cuales el defendido de hoy fue defenestrado de la Subsecretaria de Cultura en el gobierno del ingeniero Febres Cordero. Conocer quienes eran parte de la oficina de abogados que operaba en el cuarto piso del edificio del ex Banco la Previsora de la ciudad de Quito, ubicada en la calle Río de Janeiro y avenida 10 de Agosto, y, principalmente, cuales eran los defendidos y las causas que defendían. No olviden el adagio popular que dice “dime con quien andas y te diré quien eres”. Eviten que se los impute.


Quito 16 de mayo del 2007.

[1] Véase Navarro Jiménez, Guillermo: “ Los poderes fácticos”, ediciones Zitra, Quito, Ecuador, diciembre del 2006, páginas 115 a la 174.